• EL MARTES ATENTOS A… LA REUNIÓN DEL ECOFIN Y INDICADOR QUE MIDE LA CONFIANZA DEL INVERSOR DE LA EUROZONA

    Joan Coscubiela : No dejan de sorprenderme los actos políticos que ignoran la ley de la gravedad. Me refiero a esa gran fuerza gravitatoria que atrae a la política hacia la realidad y la obliga a permanecer pegada al terreno que se pisa si se quiere andar. Se puede olvidar si no se tienen responsabilidades pero hacerlo cuando se está en el Gobierno suele tener consecuencias letales. Son muchos los factores que explican la lógica de la ley de la gravedad en política pero el más importante sin duda son los votos y los escaños –propios y ajenos- o sea la correlación de fuerzas parlamentarias

    https://www.eldiario.es/zonacritica/ley-gravedad-politica_6_1029657065.html

    “Aunque no solo, también inciden otros vectores de fuerza económicos, lo que algunos llaman las leyes del mercado. No hace falta ser un experto en Gramsci para saber el papel que también juega la hegemonía cultural. Que entre otras cosas explica como en España, sin disponer de grandes mayorías políticas de izquierda, se ha conseguido aprobar leyes muy avanzadas en materia de género y derechos civiles. Todos estos pensamientos me asaltaron al escuchar la noticia del acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu, en el que anunciaban el compromiso –que ya recoge el programa de los socios de gobierno- de derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del 2012 y además hacerlo en un tiempo récord. Mi primera reacción fue la de pensar que algún periodista se había liado, luego me decanté por creer que era algún spin doctor o un vicioso del regate en corto el que se había hecho un lío. Y al final he acabado convencido de que soy yo el que no entiendo la lógica de la política gaseosa .Saber qué ha pasado tiene su morbo, da juego para las tertulias y anima algunos debates políticos de vuelo gallináceo, pero haríamos bien en no perder de vista el núcleo de la cuestión. ¿Qué hacer con la Reforma Laboral del 2012 y cómo hacerlo? Creo que la ley de la gravedad de la política nos ofrece algunas pistas. Me parece ver que esa ley de la física nos indica que al Gobierno le interesa no despegarse ni un milímetro de la concertación social con sindicatos y organizaciones empresariales. Un proceso que hasta ahora ha dado buenos resultados para el país, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional y el acuerdo sobre los ERTEs. Y que ha conseguido evitar que la CEOE haga de infantería en la estrategia de acoso y derribo puesta en marcha por las derechas. El Gobierno haría bien en mimar la concertación social, que no puede ser una mascarilla de quita y pon, y tratarla como lo que es, la joya de la corona de la estabilidad, no solo la suya, sino la del país, que es más importante. Me atrevo a decir que en estos momentos puede ser tan importante como el BOE que no siempre tiene la capacidad de transformar la realidad como saben mis amistades juristas. También me parece intuir que al Gobierno le interesa mantener un vínculo fuerte con el PNV, que puede ser mayor después de las elecciones en Euskadi. Una opción que sin duda tiene su precio aunque igual sale más caro no pagarlo. Al Gobierno le interesa, creo, arrancar a Ciudadanos de la órbita gravitatoria de las derechas, Arrimadas igual no acaba en la órbita de Neptuno pero hay que impedir que se sitúe en la de Mercurio. Para ello hay que hilar muy fino porque Ciudadanos ha visto reducido su peso parlamentario, pero igual eso lo hace ser más ágil y flexible.

    Al Gobierno no le sobran socios y hace bien intentado conservar a ERC, pero mucho me temo que en estos momentos los republicanos han quedado atrapados en la órbita de los neo-convergentes de la que no saben escaparse. Además, el independentismo catalán ignora tanto el concepto de correlación de fuerzas que ha llegado a creerse su propia ficción de estar fuera de cualquier campo gravitatorio, lo que los deja aparcados en el arcén de la política. La ley de la gravedad también consiste en entender que la realidad socioeconómica de hoy no tiene nada que ver con la anterior a la pandemia. Por supuesto no se trata de renunciar a revertir la reforma laboral del 2012, pero ese no puede ser el único objetivo hoy, porque en estos ocho años han pasado muchas cosas y han aparecido nuevos problemas laborales que hay que abordar – como las empresas de plataforma. Además, la crisis del coronavirus nos ha movido a todos el terreno de juego. Los objetivos continúan siendo los mismos pero los caminos para alcanzarlos van a ser distintos y los obstáculos mayores. Creo que mirando al futuro puede haber un espacio de entendimiento que aborde algunas de las perversas consecuencias que tuvo la Reforma Laboral del 2012, especialmente en el terreno de la precariedad, la desigualdad social y la ineficiencia empresarial. Y que deberían interesar a trabajadores y también a las empresas serias para intentar superar esta gran catástrofe. Por citar algunas, las que han deteriorado la negociación colectiva dotando al convenio de empresa de prioridad sobre el sectorial, que solo ha servido para promover dumpings empresariales piratas. O los que han incentivado una externalización productiva vía subcontratación que agrava la precariedad y es profundamente ineficiente en términos empresariales. Tres millones y medio de personas en situación de suspensión temporal de empleo no es una anécdota insignificante, como no lo es el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo, y va a tener aún más, en la viabilidad de muchas empresas y sectores enteros. Tampoco parece baladí los esfuerzos realizados para dar protección al desempleo a personas que nunca antes habían sido protegidas, como los autónomos. O la próxima creación de una red de seguridad de último recurso, el Ingreso Mínimo Vital. En estos momentos el país tiene necesidades que superan en mucho las capacidades de la política y una de las primeras reglas del buen gobierno es saber escoger prioridades .A un servidor le gustaría que todos estos factores no condicionaran la derogación de la Reforma Laboral del 2012. Por cierto, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ya dijo, antes del coronavirus, que era impensable que se pudiera concretar en un solo momento político y legislativo. Pero mis deseos chocan con la ley de la gravedad y también con las matemáticas parlamentarias. Para hacer algo es muy importante querer, pero no siempre querer es poder. Estoy convencido de que estas reglas básicas de la ley de la gravedad las tienen muy presentes todos los miembros del Gobierno, lo cual no es incompatible con la necesidad de marcar perfil propio y usar la gesticulación política, siempre claro que no sea jugando con las cosas de comer. Llegados a este punto he de reconocer que hay un factor que se me escapa. ¿Qué sucede cuando algún actor político, convencido de su gran habilidad, decide abusar del dribling como hacen algunos futbolistas?. Todos hemos visto alguna jugada de estas en las que al final el habilidoso jugador tropieza con la pelota y termina cayendo solo al suelo. Lo que hasta ahora no había visto, al menos yo, es un equipo con varios jugadores habilidosos a los que les encanta driblarse entre sí.En todo caso, tengo el convencimiento de que al final el resultado de lo que pase va a depender más del conjunto de vectores que configuran en estos momentos la ley de la gravedad de la política española y europea que de las anécdotas de estos días”

     “Reforma laboral: cuando lo que importa no es derogarla sino quién manda aquí Quien siembra vientos, recoge tempestades”, arreciaba el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras anunciar Iberia un recorte de 4.500 trabajadores. Corría el año 2012 y no tenía duda alguna sobre dónde había que buscar culpables. “La reforma laboral invita a las empresas a despedir”, recalcaba. Antes de su aprobación, en la más clásica dialéctica sindical, había acusado a la patronal de enrocarse en la congelación salarial y en el abaratamiento general del despido, un temor que al menos tenía fundamento. La reforma laboral de 2012 que empezó a fraguarse en 2010, la que puede denominarse ‘reforma Bañez’, rebajaba el coste del despido improcedente a 33 días por año -desde los 45 anteriores- con un máximo de 24 mensualidades, además de contemplar salidas con 20 días y un máximo de 12 mensualidades en aquellas empresas que pudieran demostrar caída de la actividad durante tres trimestre consecutivos. Eran tiempos de crisis económica dura tras la debacle de las ‘subprime’ y el hundimiento de Lehman, con tasas de paro en el entorno del 23%. Y aunque la creación de empleo a cualquier precio fue el ‘driver’ del Gobierno, los sindicatos no dejaron de plantear una reflexión de fondo sobre el coste del despido. Como diría el castizo, nobleza obliga. Casi diez años después y con el debate sobre la reforma laboral abierto en canal, llama la atención cómo el marketing y el cálculo político han tomado el mando de la discusión. Resulta estremecedor ver a políticos en apariencia creciditos y supuestamente bien formados apostar por derogar la norma para después reconocer que, en realidad, no se puede. O ‘montar un patín’ de proporciones isabelinas con la idea de limitar a un 15% el porcentaje de temporales en las empresas para, a continuación, aparcar la cuestión y derivarla a la negociación colectiva. Una concesión, dirán algunos. Más bien la convicción -previa consulta con los servicios jurídicos- de que es una medida inconstitucional que no puede incluirse en una ley y apenas desarrollarse por acuerdo entre las partes. Y suma y sigue. Más valdría a Yolanda Díaz, ese mirlo blanco en busca de partido que tan bien cultiva entre bambalinas las relaciones con las élites, abandonar el discurso de las dobles lecturas y la política de los ‘globo sondas’ para analizar de verdad los cambios quirúrgicos que requiere una reforma que lleva una década en vigor y precisa retoques. Y hacerlo, como corresponde a su cargo, sin medir los réditos electorales de esas enmiendas. Hasta ahora, el juego del gato y el ratón que han escenificado patronal y sindicatos con los dos gobiernos que conviven en el Ejecutivo de Pedro Sánchez se concentra en algunas supuestos ‘casus belli’. Uno de ellos, por ejemplo, es la ultraactividad de los convenios que suspendió la reforma laboral de 2012 y que el ala morada del gabinete ha querido recuperar a toda costa desde el principio de los tiempos. Desde luego, la continuidad de los acuerdos firmados entre trabajadores y empresarios una vez vencido su plazo de vigencia incomoda a la patronal, pero no tanto como para bloquear un acuerdo. Saben las huestes de Garamendi que, además, al final del camino está la salida de un laudo arbitral, lo que dulcifica el ‘trágala’. Tampoco es insalvable en el credo de CEOE la intención gubernamental de dar prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa, ya que el planteamiento no provoca ni mucho menos un impacto masivo entre sus asociados. Solventada la cuestión de la temporalidad y si el Ejecutivo cede en las condiciones de las subcontratas -que pretende asimilar a las de la empresa contratista-, no sería una quimera pensar en un acuerdo relativamente sencillo con todas las partes implicadas posando sonrientes en los jardines de Moncloa. Claro que cuentan quienes de verdad conocen las entrañas de la ‘reforma Bañez’ que el corazón de ese ‘corpus’ normativo no se esconde en ninguno de los puntos actualmente en discusión. Ni siquiera en el coste del despido. La clave de bóveda radica en los cambios introducidos por la reforma laboral en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de los cuales la direccion de la empresa puede actualmente modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo del empleado cuando concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. “Se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”, se remacha en el articulado. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no eran ajenos al potencial impacto de esta redacción tanto en los salarios como en el día a día de los trabajadores, en tanto acordaron su revisión en los compromisos suscritos entre ambos partidos. Si Sánchez cumple y su ‘derogación’ se produce “en los términos que establece el acuerdo de coalición”, incluido ‘tocar’ el artículo 41, las cañas si podrían tornarse lanzas y descabalgar del acuerdo a los empresarios, un evento indeseado por todos y de consecuencias imprevisibles. En ese punto, aseguran fuentes al tanto de las conversaciones que son los sindicatos los primeros que han dado la voz de alarma. Más allá de los mandatos de Bruselas, ambas centrales son conscientes de cualquier reforma es papel mojado sin la patronal. Irónicamente, no sería la primera vez, además, que los propios sindicatos reclaman al Ministerio de Trabajo que rebaje sus pretensiones de máximos en aras a cerrar un acuerdo con CEOE. En efecto, no parece que ni al futuro ni a la independencia de la propia CCOO le convenga la perfecta simbiosis alcanzada entre las líneas argumentales del sindicato y la política que emerge del departamento de Yolanda Díaz. Tampoco las concomitancias entre los dirigentes de ambas instancias, aunque sea por una cuestión estética. Por ejemplo, adelantaba en este periódico Cristina Alonso cómo Carolina Vidal, secretaria de Acción Sindical y Formación en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, y a la sazón mujer del ‘número dos’ de la vicepresidenta, se incorporaba este pasado mes de octubre a la Ejecutiva de Unai Sordo. En plena negociación de la reforma laboral, no parece lo más higiénico que el árbitro del partido, a fin de cuentas quién tiene que dar validez los goles, atesore tanta afinidad con uno de los equipos. “En esta casa común me he criado y me reconozco”, arreció la ministra durante su intervención en el último Congreso de CCOO. Con ese cóctel, no es casualidad que ni Podemos ni PSOE, ni Díaz ni Calviño, incidan en el fatídico artículo 41. Al final, todos como hermanos pondrán tres parches a la reforma laboral de 2012 y zanjarán la cuestión. Eso sí, de una forma u otra argumentarán para consumo de los más recalcitrantes que la han derogado y no han dejado de ella ni las raspas. Lo harán así porque, primero, a nadie le interesa derogarla de verdad. Sánchez no hará nada que comprometa los fondos europeos y a Díaz, que debe haber disfrutado con el ensayo general de la ruptura de la coalición de cara al año que viene, todavía le interesa más aparecer ante el electorado como la ‘campeona’ de los acuerdos sociales. De hecho, en la construcción de esa imagen la foto de la reforma laboral con CEOE y sindicatos no tiene precio. En ‘petit comité’, con los comensales adecuados, seguro que ninguno de ellos tiene problemas en destapar esas cartas. Lo que nunca reconocerán, y es lo más triste, es que esa reforma laboral que tanto empeño ponen en denostar ha sido útil, por mucho que ahora necesite algo de chapa y pintura. Con el mérito para quienes la diseñaron de haber estado, años después, a la altura de una crisis tan devastadora como la provocada por la Covid. Todo un logro legislativo demasiado huérfano de alabanzas”  Daniel Toledo

    https://www.lainformacion.com/opinion/daniel-toledo/reforma-laboral-cuando-lo-que-importa-no-es-derogarla-sino-quien-manda-aqui/2852875/

     “Qué significa derogar la reforma laboral  Derogar, del latín derogare o, lo que es lo mismo, “dejar sin efecto una norma vigente”, según la Real Academia Española. Posiblemente, uno de los términos más controvertidos de los últimos meses en el seno del Gobierno de España, pero ¿a qué hace referencia en concreto la palabra “derogar” toda una reforma laboral? ¿Qué puntos son los más susceptibles de ser modificados? ¿Cómo influyen estos directamente en los empleados y en las empresas? La derogación de la reforma laboral ha marcado el enésimo choque de trenes en la confrontación entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Además de todo un quebradero de cabeza para el presidente Pedro Sánchez y hasta para Bruselas.Fue el pasado martes cuando PSOE y Unidas Podemos alcanzaban por fin una posición común para llevar a cabo las modernizaciones en la reforma laboral en una reunión que apenas duró 45 minutos. El compromiso fue derogar la reforma laboral, sí, pero no en su totalidad y hacerlo además en los términos pactados en el acuerdo de Gobierno. También teniendo en cuenta las peticiones de Bruselas para que la Comisión efectúe el segundo desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación. El deseo inicial de la parte morada del Ejecutivo, y que Díaz ha defendido vehementemente, era derogar la reforma laboral de 2012. Sin embargo, la realidad parece que será otra. Esta semana, Díaz acudió como invitada al programa El Objetivo de laSexta y fue clara: la reforma laboral técnicamente no se puede derogar, “porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”. Aunque sí se puede suprimir partes de ella, como ocurrió con la anulación del despido de un trabajador en situación de baja médica. Diaz recalcó en todo momento que el objetivo de las reformas siempre va a ser luchar contra la temporalidad y la precariedad. Fue tajante en la afirmación “no vamos a tocar el despido”, zanjando la posibilidad de recuperar la compensación de 45 días por año trabajado en casos de despido improcedente. Con la norma modificada por el PP se rebajó a 33 días por año cotizado en la empresa. También recalcó la promesa de “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. En el texto que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 no se hace mención explícita alguna a incrementar estas indemnizaciones, aunque se revisarán las causas del despido para hacer más precisa la definición de las mismas. La clave de lo que se negociará a partir de ahora está ya contemplada en dos textos: el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y uno de los temas que han generado más controversia, el componente 23 del Plan de Recuperación sellado y enviado a la Comisión. De dicho pacto queda por cumplir exactamente lo que es la “derogación” de los límites a la vigencia de los convenios colectivos (ultraactividad) y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre el sector. El citado componente 23 tiene como finalidad adecuar a la realidad y a las necesidades actuales el propio mercado laboral español cara a corregir las debilidades estructurales. Una reforma, abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil. A la vez que se corrige la dualidad se mejora el capital humano, se moderniza la negociación colectiva y se aumenta la eficiencia de las políticas públicas de empleo. Amén de un impulso necesario a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones de la economía. Derogar la reforma laboral de 2012 implica asimismo establecer una nueva regulación de las subcontratas. Aspecto que limitaría la subcontratación en las empresas exclusivamente a actividades que no sean las principales de dicha entidad. Además, limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. Es importante recordar que la no aplicación de los convenios en materia retributiva en las empresas en situaciones de crisis se estableció en la reforma del PP de 2012. Sin embargo, al hablar de derogar la reforma laboral hay otros muchos matices que cabe tener en cuenta. Esta incluye un “mecanismo de flexibilidad interna y estabilidad en el empleo y apoyo a la transición”, o lo que es lo mismo, la forma en la que se sustituirán los actuales ERTE. Así como una “modernización de la negociación colectiva”, citando claramente la recuperación de la ultraactividad y de la prioridad aplicativa del convenio sectorial, un punto clave para la parte morada del Ejecutivo. Igualmente, la vuelta a una negociación equilibrada entre la empresa y el trabajador en la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario—artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores—. Y la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales. Puntos calientes que Sánchez tendrá que negociar durante este mes también con los agentes sociales tras el rechazo mostrado hasta ahora al texto presentado por Trabajo para aprobar, en palabras del Gobierno, “una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012”. Y con las ansias de conseguir una solución a los problemas estructurales endémicos del empleo en España. Conviene tener en cuenta que aunque en estos textos solo se habla de derogar enfocados en la ultraactividad y la primacía de los convenios de empresa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que “cualquier nueva redacción normativa requiere la derogación de la anterior y no se puede derogar nada sin una norma alternativa a lo que se deroga”. “Fiabilidad” a las negociaciones abiertas en el diálogo social. Este ha sido el término utilizado por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, sobre este acuerdo entre PSOE y UP en la reforma laboral, añadiendo que “si lo que se dice es lo que se va a hacer, es perfectamente compatible con lo que el sindicato reclamaba”. Aunque, eso sí, ha pedido incorporar a la negociación la recuperación de los equilibrios en los despidos colectivos y dificultar el recurso al despido. Para CCOO, la reforma laboral abrió la posibilidad de que los convenios de empresa redujesen lo pactado en los convenios sectoriales y se redujesen así los salarios. Por lo que son partidarios de derogar algunos aspectos de la reforma laboral y buscar cómo se cambia el modelo laboral para que haya mejores empleos y que estos sean más estables, reducir la temporalidad en España y poner más trabas a los despidos así como buscar alternativas cuando las empresas se encuentren en situaciones comprometidas financieramente. El objetivo de la derogación de la reforma laboral es, cómo no, mejorar los alarmantes datos sobre precariedad e inestabilidad laboral en nuestro país. Y que se ceba principalmente entre los jóvenes. De media cada mes, solo un 6% de los contratos firmados por jóvenes es indefinido, por debajo del 9% de la media del total de contratos, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el SEPE, en septiembre de 2021, el 90,4% de los nuevos contratos fueron de obra o servicio, eventuales por circunstancias de la producción o de interinidad. Una de las razones de esta precariedad laboral se halla en el uso que se hace de los contratos temporales. Han pasado de usarse de forma casual o excepcional, como en ciertos casos de sustitución, interinidad o de incrementos circunstanciales e imprevistos del volumen de trabajo, a cubrir puestos de trabajo que son estructurales, es decir, estables dentro de la empresa.Dentro de la Mesa del Diálogo Social —que reúne a Gobierno con sindicatos y patronal—, el Ejecutivo renuncia a incluir un máximo del 15% de contratos temporales en una empresa de manera general dentro de la reforma laboral, tal y como pedían los agentes sociales. Por lo que no queda otra que presentar otra versión en la que no haya un tope de manera general, aunque sí en determinados sectores y con porcentajes aún por definir. A dicha mesa, Trabajo llevó una propuesta de limitar temporalidad a la justificación, o lo que es lo mismo a ciertas campañas como las de Navidad o de rebajas, en el caso del comercio. Algunas de las opciones que también se barajan es reformar la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT) o modificar los contratos de obra dentro del sector de la construcción. Una apuesta centrada en los contratos fijos discontinuos, que combina la estabilidad con la estacionalidad aunque los sindicatos avisan, ha de haber un porcentaje en función del número de trabajadores de la empresa. La CEOE sí habló de sectores, pero no hubo consenso entre las tres partes. El vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha mostrado su satisfacción en la retirada de ese 15%. “Lo agradezco porque es una idea magnífica sin criterio alguno del 15% que ponía en entredicho el futuro de la empresa”, en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 y ha añadido que “la temporalidad es necesaria en España, la estacionalidad es evidente. Lo que hay que analizar es qué ocurre con la temporalidad”. De momento, aunque ha habido avances importantes en dicha modernización de la reforma laboral de 2012, aún quedan muchos flecos por cerrar de la que será, según palabras de la propia Díaz en laSexta, la “mayor reforma del mercado de trabajo” en España”   Sergio Delgado

    https://www.huffingtonpost.es/entry/que-significa-derogar-la-reforma-laboral_es_618564dbe4b087e2ef97263c

    La reforma laboral: ¿se deroga o se modifica?

    I.- Se ha hecho omnipresente en los comentaristas -quizá para rellenar ratos perdidos- dilucidar si hay divergencia entre el propósito de derogar la Ley 3/2012 de Reforma Laboral (medida anunciada en el llamado “Acuerdo de Coalición progresista” de 30/12/2019 que dio lugar a la formación del actual Gobierno) y las llamadas “modificaciones” que el mismo ha remitido el 27 de abril último a Bruselas en su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, en cuyo texto se prevé sustituir medidas concretas de la repetida Ley del 2012 por otras a promulgar. La discusión es baladí, mucho tiempoacortaríamos si tuviésemos en cuenta un viejo precepto, simplemente el art. 2º del Código Civil español (¡año 1889!), donde se nos dice que “la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.” (¿No hemos aprendido que, salvo la obrante en “artículo único”, toda ley derogatoria es puntual, está íntimamente enlazada con modificaciones concretas?)

    II.-Uno de los temas del día, objeto de estas líneas, es el de la permanencia, abrogación o simple modificación de la llamada “prevalencia del Convenio de Empresa respecto al Colectivo o sectorial”. La Ley 3/2012 modificó el Estatuto de los Trabajadores al establecer en su artículo 84.2 -medianteuso de una indigerible terminología-la “prioridad aplicativa” de aquel tipo de Convenio interno sobre el externo o sectorial, habitualmente pactado con los Sindicatos. Tras persistente e innegable cruce de opiniones entre varios titulares de Ministerios, incluso de Vicepresidencias, del actual Gobierno, la posición actual del mismo es -textualmente- la siguiente: “El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (…) . (…) el Gobierno busca, a través del diálogo social un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación”[1]. Y el Componente 23 nos anuncia unas “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente (nota bene propia, ¿no abusamos de este adjetivo, creado por el divulgador Boris Cyrulnik?) e inclusivo”. Cuyo Componente queda explicitado como un modo de “abordar los distintos problemas que abarca el mercado laboral español, (…) modernizar la negociación colectiva, (…) favorecer la invención e impulsar la creación y crecimiento empresarial, (…) apoyo al emprendimiento y en particular a las startups tecnológicas, adoptando las mejores prácticas internacionales para hacer de España una Nación emprendedora” (más nota bene: ¿y dichas prácticas en los países de la UE no son las de prevalencia del Convenio laboral interno junto con sistemas -de que hablaremos- de cooperación capital/trabajo en el decisionismo básico de la empresa misma?). Y sigue el Plan: “La mejora del funcionamiento del mercado laboral español (exige) un conjunto de reformas que aborden la dualidad y resuelvan los desequilibrios arrastrados del pasado”. Y recordando que las empresas españolas con menos de 50 trabajadores representan el 93% del total y el 72% del empleo, el Plan concluye por la necesidad de “modernizar el marco normativo laboral, con el fin de adaptarlo a la realidad del siglo XXI y apostar por un marco de flexibilidad y seguridad que garantice la eficiencia económica y la calidad del empleo”. Por lo que, “en línea con las recomendaciones a España por las distintas Instituciones, este programa (…) incluye la modificación de las políticas activas de empleo y de la negociación colectiva, así como el desarrollo de un nuevo mecanismo de ajuste interno de las empresas alternativo al desempleo (para) adaptar el marco de las relaciones laborales y los mecanismos de concertación social a las necesidades del proceso de digitalización”.

    III.- ¿Y la atención a ese proceso de digitalización, teletrabajo, conciliación, inteligencia artificial, sostenibilidad y defensa de la biodiversidad, etc., no comportan un decisionismo -también en lo laboral- adherido al entorno de la empresa en sí, -más aún- a su interioridad?. Se hace imprescindible en cada empresa una cercanía decisoria entreaccionariado y trabajo. Derivada, a su vez, de una autosignificación de cada empresa, factor a reconocer porque la variedad de sus proyectos y realizaciones es lo que distingue la naturaleza -y previsible destino- de sus decisiones a tomar.Y ocurre que la famosa “prioridad aplicativa” de los Convenios sectoriales, genérica y absoluta, contraviene esa cercanía, ya que los órganos sectoriales -ej., Sindicatos- son, no obstante su permanente calidad, en gran parte ignorantes y por tanto ajenos a las medidas que, incluso en lo laboral, ha de tomar toda empresa orientada hacia el futuro. He aquí que no sea disparatado mantener una cierta prevalencia de Convenio de Empresa cuando atañe a varias e importantes facetas de la relación laboral, por supuesto no al simple “descuelgue salarial” unilateral que, ciertamente, pretendió la Ley de 2012.

    IV.- Pero precisamente es en el peso del asalariado en el campo interno del decisionismo empresarial mismo, a través de mecanismos como el de una democratización interna de sus órganos, donde radica la concertación más conveniente en pro del éxito de la empresa. Somos muchos y son varios los Ordenamientos jurídicos estatales proclives a mecanismos por los que, en proporciones prudentes, el accionariado y el asalariado tengan la representación adecuada, bien mediante el Consejo de Administración mixto, bien mediante la dualidad Consejo de Administración / Consejo de Vigilancia. Ello nos lleva a la recuperación de aquel término y aquella realidad de una “cogestión”[ , para tantos demodéeo fruto de caducas democracias cristianas de los años 60, pero que, curiosamente, es realidad en los países escandinavos (ej., Suecia) y Alemania, en manos de empleados (en sendos países, atribución del 1/3 y el 1/2 de los votos en Consejo) para las empresas a tenor del capital social y del número de los mismos, siempre a favor de más participación cuanto más envergadura económica. Sin olvidar el proyecto comunitario europeo contenido en el Reglamento 2157/2001 y la Directiva 86/2001, ésta conocida como la de “implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea”, proyecto malogrado por la oposición -era tema sometido a unanimidad- del entonces Presidente del Gobierno español José Mª. Y no se tachará de conservadurismo ni cabe aplicarle esos epítetos al economista francés Thomas Piketty, el promotor del socialismo participativo, cuando en sus recientes obras “Capital e ideología” y “¡Viva el Socialismo!” , afirma que “la cogestión se traduce en una mayor eficacia dentro de las empresas”, puesto que la “deliberación y participación no sólo en las diversas formas de vida cultural, económica, cívica y política” sino en la “gobernanza empresarial” lleva “a una mejor implicación de los empleados (…) y, en última instancia, a una mayor eficiencia económica y social”     Carlos María Bru

    LA AGENDA DE MÚSICA de Alfonso Alarcón

    CARTELES DE TOROS SIN TOROS EN MADRID (1)

    Gran corrida extraordinaria del 11 de junio de 1895, “a beneficio de los náufragos del crucero Reina Regente y familias de los fallecidos e inutilizados en la guerra de Cuba”. ESPADAS: Luis Mazzantini, Antonio Arana “Jarana”, Antonio Reverte y Ricardo Torres “Bombita”. Vean una amplia reseña de esta extraordinaria corrida benéficahttps://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10105845

    Bombita Chico, pasodoble por la banda del Regimiento Wad-Ras:

    El pañuelo de Reverte, por Concha Piquer:

    La novia de Reverte, por Juanito Valderrama:

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Descripción: Descripción: Libros de transhumanismo

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Félix Ovejero: Separatismo y democracia  

    Descripción: Secesionismo y democracia

    John Gray: Las dos caras del liberalismo. Una nueva interpretación de la tolerancia liberal

    https://www.redalyc.org/pdf/997/99717915012.pdf

    Olga Sanmartin entrevista a Iván Pozuelo: «No entiendo que se pueda dar el título con suspensos y a mí se me sancione»

    Descripción: El docente de Francés Yván Pozuelo, en Gijón.
    https://www.elmundo.es/espana/2021/11/08/617c61ece4d4d8203d8b45ef.html

    Andrea Ropero entrevista a Jeremy Rifkin: «Estamos en medio de una extinción masiva»

    Descripción: Jeremy Rifkin

    Raquel Bonilla entrevista a Adolfo García-Sastre   : Tarde o temprano se recomendará la tercera dosis de la vacuna a todos los grupos»

    Descripción: El virólogo Adolfo García Sastre es presidente del comité científico del primer Congreso Mundial de Pandemias, que se celebrará en Ifema Madrid del 19 al 20 de noviembre
    https://www.larazon.es/salud/20211108/tgdt66ooevdr7nzi6reirnyi6q.html

     Mil gracias por la lectura y difusión de esta Agenda  de Prensa y no sean cándidos. No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos

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