• Según dice el periodista Javier M. Gallego , la Comisaria Cecilia Mälmstrom afirma que, en el Indice de la percepción de la corrupción, nos autocalificamos por debajo de Chipre y Portugal y solo por encima de Lituania y Eslovenia. Un desastre que habla mal de nuestra capacidad colectiva de mirar para el cielo cuando vemos a un corrupto corromper a un corrompido

    http://www.elmundo.es/espana/2014/02/04/52f04cfc268e3e06358b4586.html

    Jordi Sardà & Gestha: La economía sumergida. El avance del fraude en España durante la crisis

    http://cd00.epimg.net/descargables/2014/01/29/323fc63650907548f7491c007d999b03.pdf

    Santos M. Ruesga & Domimgo Carbajo: El Tax gap en España, definición. Estimaciones y ,rdidas dinámicas para su reducción

    http://www.ecestaticos.com/file/43d01df1e2128133272bc70adbfe60ae/1382986540.pdf

    Entre los cinco años de retraso de la justicia en el caso Gürtel

    http://elpais.com/elpais/2014/02/02/opinion/1391364945_614236.html

    Order

    Y los 17 años de retraso del caso Hacienda. de José María Huguet & Josep Lluís Núñez

    http://www.diariogol.com/es/notices/2014/01/el-supremo-rebaja-de-6-a-2-anos-la-condena-a-josep-lluis-nunez-por-el-caso-hacienda-37572.php

    Ha habido una Amnistía Fiscal

    http://economia.elpais.com/economia/2012/12/03/actualidad/1354545669_643372.html

    Y 10.158 indultos

    http://www.elindultometro.es/index.html Order

    Parece que vivimos en un túnel del tiempo y que los escándalos de hoy son casi los mismos qur vimos en el pasado. Joaquín ZamoranoManuel Portela, siendo ya mayorcitos y habiendo visto de todo,  publicaron el 31 de Mayo de 1993 en «El País» de un artículo titulado Aproximación económica a la corrupción

    http://elpais.com/diario/1993/05/31/economia/738799210_850215.html

    «La  corrupción económica puede aparecer en cualquier transacción que se produzca en el ámbito privado o en el público; es conocida la existencia de determinadas operaciones financieras entre particulares que son auténticas agresiones a las más elementales reglas financieras y que suponen un enorme derroche de recursos; en cualquier caso, la responsabilidad de estas operaciones se dará a los respectivos consejos de accionistas o, en última instancia, a los tribunales de justicia.La corrupción que nos ocupa es la que aparece en las relaciones financieras entre el sector público y privado y que se puede definir como la venta o intercambio de favores por parte de funcionarios o políticos a determinadas personas del sector privado y del propio sector público. Su manifestación se produce a través de un número muy amplio de actividades con un carácter más o menos conspiratorio, abarcando desde actos puntuales realizados por individuos actuando de forma aislada hasta formas organizadas que pueden llegar a englobar departamentos gubernamentales enteros; el límite sería cuando el Gobierno en pleno ejerciera la corrupción, lo cual no sería sino un puro despotismo.

    En una economía abierta, la corrupción se instrumenta a través de las relaciones, los favores directos o indirectos y el dinero. El suministrador de vagones de carga ferroviarios para Transfesa (empresa privada) puede encontrar apoyos en cualquiera de esos tres instrumentos para conseguir el pedido, en parecidas condiciones de calidad, precio y financiación a los que ofrece la competencia. El mismo suministrador para Renfe (empresa estatal) cuenta con algún otro tipo más de argumento, tales como la defensa del empleo nacional, la demanda a fabricantes españoles, el pago del impuesto de sociedades en España, la imagen y desarrollo tecnológico, el aumento de dimensión, etcétera. Este esquema puede aplicarse a cualquier otro sector económico no cerrado a la competencia internacional, obras públicas, papel, alimentación, farmacéutico, consultoría, armamento, etcétera. Lo. que haga el empresario privado con sus contratos es irrelevante para nuestro discurso (salvo que genera un clima social), porque tiene capacidad de decidir sobre el dinero de sus accionistas, que le pueden exigir cuentas de la gestión del margen comercial.

    El administrador público, sujeto como está a la ley de contratos del Estado, siempre tiene elementos objetivos para tomar decisiones razonables, defendibles bajo el prisma coste-beneficio, para el gasto del dinero público. Si se produce corrupción es por la situación de monopolio que disfruta el sector público (sólo hay un MOPT, un solo Ministerio de Educación o de Sanidad … ) y porque el funcionario, o funcionarios en comisión, que decide tiene alguna posibilidad de actuación discrecional. «La madre de los huevos», que decía Roca, radica aquí, éste es el núcleo donde los funcionarios y/o políticos han asentado (en España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Móstoles, Reims o Amberes, por ejemplo) sus poderes: el suministrador puede obtener pedidos tan sólo porque hace favores o da dinero a quien puede decidir.

    Puede argumentarse que la corrupción así entendida no supone coste social alguno, pues no es sino una mera transferencia de renta al sector público. Sin embargo, la corrupción (como el robo en general) supone un enorme derroche de recursos cuando la renta se transfiere de la víctima al corruptor. Así, la decisión del presunto corruptor es una ponderación del beneficio que puede obtenerse si su acción no es detectada, del castigo asociado a si lo es y de la probabilidad de detección existente. El coste social de la acción de corrupción puede ser mucho mayor que el beneficio esperado por los corruptos, pero no es de su incumbencia. El coste social no forma parte de su cálculo, excepto cuando el castigo y la probabilidad de detección de su acto están asociadas al coste social que la corrupción provoca. El coste social del soborno puede tomar muchas formas, como, por ejemplo, la pérdida de beneficio potencial derivado del hecho de que determinada actividad sea concedida a la empresa menos eficiente, la reducción en el uso de un servicio a causa del aumento de los costes ante los sobornos necesarios, el perjuicio realizado a los consumidores de los servicios cuando las concesiones son realizadas a organizaciones no cualificadas y, en fin, quizá el más importante, el derroche de recursos en que incurren los agentes que pueden prever una fuente de renta de los servicios concedidos por el Gobierno y compiten por ella: las empresas que pujan por hacerse con los contratos públicos o compiten entre ellas; su comportamiento puede verse como parecido a cuando se participa en una lotería y en donde los recursos empleados para procurarse un boleto pueden ser enormes. Entonces, lo que parecería una transferencia del Gobierno a unas empresas privilegiadas se convierte en un derroche social de recursos, mayor conforme no existe límite al número de empresas licitadoras, éstas tengan un comportamiento muy parecido y el coste de aumentar sus oportunidades sea reducido. En definitiva, de mejorar su posición para recibir la renta que emana del sector público.

    Cuatro componentes

    Sin embargo, el posicionamiento no es la única forma por la que las empresas licitadoras pueden mejorar su chance. Su estrategia puede consistir en presionar de una u otra forma; su coste, entonces, incluirá, por ejemplo, el tiempo de las negociaciones con los funcionamientos o el soborno en forma de pago a los responsables últimos o en la forma de favores más o menos explícitos. Desde el punto de vista de la empresa licitadora, es irrelevante lo que tenga que hacer con tal de que adquiera o aumente su probabilidad de ser el adjudicatario. El único al que le importa la forma en que se hace es el oficial corrupto.En estas circunstancias, cuando los agentes del sector privado compiten por hacerse con un flujo de renta emanado del sector público, el valor de la renta puede dividirse en cuatro componentes: la ganancia o la empresa adjudicataria, las recompensas a los funcionarios y/o políticos, el derroche en el que se incurre y los beneficios al público que pueden desprenderse de la actividad de conseguir la licitación pública. A priori, no se puede decir nada respecto al tamaño relativo de cada uno de estos componentes en el total; sólo cabe señalar que el beneficio al público puede ser una parte muy pequeña y al derroche en que el proceso de licitación incurre, muy grande, y entonces el daño social producido por la corrupción es medible. El embalse de Riaño, las torres KIO, son ejemplos vivos. Pero el mejor es el círculo vicioso del caos circulatorio en Madrid: las industrias del automóvil, del refino y las aseguradoras han condicionado a la autoridad competente, el Ayuntamiento, para que no exista traba alguna a la circulación privada en automóvil, en contra del transporte colectivo, los ciudadanos solidarios, la salud y comodidad de niños, ancianos e impedidos y los menores costes para la distribución física y los negocios.

    La corrupción pública (negra, gris o blanca) siempre ha existido, forma parte del paisaje. Su disminución o irrelevancia sólo podrá conseguirse mediante la combinación del rechazo social, una inspección preparada, una legislación a la que acogerse y una publicidad de las penas.

    En cualquier caso, emergen dos consideraciones: la primera es que un despotismo ilustrado, al estilo del postulado por Breman y Buchanan, no sería corrupto en el sentido que se ha empleado en este artículo. La corrupción es como un impuesto establecido por los funcionarios y/o los políticos para su propio beneficio en lugar de contribuir a engrosar las arcas del Tesoro Público, pero, siempre, la corrupción será una manifestación de gobiernos inestables, con independencia de que sean o no despóticos en sus actuaciones.

    La segunda consideración se refiere a que el tamaño del Estado debería ser más pequeño cuando es corrupto que cuando es honesto. Aquellos países que están seguros de la integridad de sus gobiernos pueden asumir el riesgo implícito a una regulación abundante de la economía y a un elaborado sistema de redistribución de la renta; por el contrario, en países que no tienen la seguridad de la integridad de sus gobiernos sería más conveniente un gobierno reducido y con prácticas lo más parecidas posibles al laissez-faire»

    Nuestros ojitos, ya con unas incipientes cataratas, esperan ver publicada, antes de poder estudiar la reforma fiscal

    http://blogs.cincodias.com/por_la_calle_de_alcala/2014/01/rajoy-tiene-un-gran-l%C3%ADo-con-los-impuestos.html

    La famosa  lista de defraudadores a la Hacienda pública tantas veces prometida por el viejo amigo Montoro al que, deseamos que no vuelva necesitar ya más tener que recurrir a una segunda Amnistía fiscal llamada también proceso de “regularización de activos ocultos”

    http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/32632-hacienda-retrasa-la-publicacion-de-la-lista-de-defraudadores-que-anuncio-

    Si Montoro no publica ya la lista es porque Montoro manda mucho ahora: ya saben aquel famoso consejo que hereda cada inquilino de la Moncloa, desde Suarez a Felipe desde Aznar a Rajoy, «en caso de conflicto, dale siempre la razón a tu ministro de Hacienda» . Y eso, pesar que Rajoy mantiene todavía, suponemos ,que sin polillas, el colchón protector de la mayoría absoluta

    http://www.caffereggio.net/2014/02/01/las-malditas-mayorias-absolutas-en-espana-de-jose-antonio-zarzalejos-en-el-confidencial/

    Ahí nos verán, jubilados al 0,25%, esperando lista de morosos de Hacienda comiendo un huevo, patas fritas y un caramelo

    www.youtula lista de degraudadores be.com/watch?v=S2W9Rmv7IAI

    Quizás pronto haya cambio de Gobierno , pero no se engañen que da igual. La hoja de ruta reformista no la ha reescrito Moragas en Valladolid, que es una nueva moduretic nombre generico fotocopia de la que dejaron los inspectores de la Troika en su última visita. Ahora faltan algunas medidas legales de lucha contra el fraude fiscal, unas cuantas que abran la oferta aumentando la competencia y otras adicionales de reforma del mercado de trabajo. Las últimas medidas permitirán definir pronto quien es el último que paga por el ajuste. Lo cual que exige, tal como cuenta Ignacio Fariza, modificar la ley de quiebras

    http://economia.elpais.com/economia/2014/02/02/actualidad/1391361928_983094.html

    El FMI I sugiere que España facilite un mecanismo de salida limpia, preferiblemente ajena a los tribunales, para sus compañías endeudadas pero viables, y una rápida liquidación de las empresas inviables. Este planteamiento se alinea con la posición del Ejecutivo comunitario, partidario de cambiar la ley concursal con ciertas limitaciones —como cuando advierte de los problemas que podría acarrear a la banca una legislación autonómica antidesahucios—, y juega contra los intereses de los bancos. «Con sus balances ya tocados. deja entrever la necesidad de que el Gobierno tome medidas para facilitar el aterrizaje gradual. «al Estado español le ha costado mucho dinero colocar a los bancos en una situación decente como para volver a ponerlos en riesgo. Las leyes españolas deberían seguir el ejemplo de las británicas, donde las empresas pueden reestructurar su deuda de manera mucho menos solemne, sin juzgados de por medio». Gómez, por su parte, destaca la «buena disposición» del Gobierno —que en la Ley de Emprendedores flexibilizó algunas reestructuraciones— pero pide más cambios”

    http://www.elcaptor.com/2014/02/dos-consecuencias-macroeconomicas-de-la-crisis-en-espana.html

    La alternativa es el aumento de la deuda

    Antes del comienzo de la crisis, el ratio de la deuda pública y los ingresos tributarios (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) era de 1,9. Es decir, el volumen de deuda pública viva era aproximadamente el doble que el de los ingresos tributarios recaudados en dicho año (382.307 millones de euros frente a 200.676). ¿Qué ha ocurrido desde entonces y cuál es dicho ratio en la actualidad? A partir de 2007, y como consecuencia de la crisis, la recaudación por ingresos tributarios descendió rápidamente en un periodo de dos años hasta registrar 144.023 millones de euros. Con posterioridad comenzaron a crecer de nuevo muy lentamente, de tal forma que en el año 2013 su valor alcanzó los 170.137 millones de euros, según las estimaciones elaboradas partir de los datos existentes en la Agencia Tributaria de España. La deuda pública, por el contrario, marcó una trayectoria absolutamente ascendente desde el comienzo de la crisis. Su valor se encuentra en la actualidad Pills próximo al billón de euros (975.000 millones, según estimaciones realizadas a partir del Banco de España), tras haber cheap lincocin capsule multiplicado por más de dos su valor pre-crisis online . ¿Y cuál es entonces el ratio actual de deuda pública sobre los ingresos tributarios anualmente recaudados?. Como se puede observar, el volumen de deuda pública española representa  5,7 veces el importe de los ingresos tributarios anuales.. Es decir, es el valor más alto de toda la serie gráfica representada y para nada muestra una evolución que indique la recuperación macroeconómica de ambas variables. Así, mientras los ingresos tributarios continúan por debajo de los valores pre-crisis y son un 15,2% inferiores a los del año 2007, la deuda pública actual, por el contrario, se ha incrementado un 155% desde la explosión de la crisis financiera internacional”

    O del incremento del ahorro, sobre todo el del sector público

    http://economia.elpais.com/economia/2014/01/31/actualidad/1391191178_790185.html

    el crecimiento del PIB de la segunda mitad de 2013 se ha apoyado en la recuperación de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión en capital fijo, mientras las exportaciones disminuyen por el debilitamiento de los mercados emergentes, hasta el punto de que la aportación del saldo exterior ha pasado a ser negativa. El escenario financiero internacional propiciará que la demanda interna española siga su recuperación, ya que los capitales se repliegan de los países emergentes y se refugian en los desarrollados, lo que eleva la disponibilidad de financiación y reduce su coste en estos últimos, incluida España. Esto puede sonar bien, pero unido al debilitamiento de las exportaciones, provocaría que los procesos de ajuste de nuestros desequilibrios aún inconclusos, sobre todo la reducción del endeudamiento, se frenaran. La balanza de pagos de noviembre ya lo está indicando. Y no tendría mucho recorrido la recuperación si los actuales niveles de endeudamiento del sector privado y de déficit del sector público no siguen corrigiéndose. Dicho de otra manera, hace falta aumentar el ahorro en España y, hoy en día, esto está sobre todo en el tejado del sector público”

    .Mil gracias por la lectura y difusión de este trabajo. ¿No se dan cuenta que los políticos tienen más miedo al futuro que el que tienen los parados o los jubilados, los fabricantes o los tenderos, los jóvenes, los inmigrantes, los acreedores o los deudores? . No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos

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