• Noticias maquetadas 01.07.2010

    AGUSTÍN YANEL / Madrid

    La Justicia podrá anular cualquier lista con miembros de Batasuna

    PNV e IU votan en contra de la propuesta de reforma de la ley pactada por PSOE y PP

    El PSOE y el PP han pactado unas propuestas para reformar la Ley Electoral que permitirán anular listas de EA u otro partido legal si incluyen a miembros de Batasuna o de otra formación ilegalizada o que no rechace la violencia terrorista.

    Con las propuestas que aprobó ayer el Congreso, se pretende impedir que la ilegalizada Batasuna o personas próximas al terrorismo puedan presentarse a las elecciones, ya sea en candidaturas propias o en las de partidos legales.

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    Los candidatos electos que se vean en esa situación podrán optar entre renunciar al cargo -diputado, concejal o miembro de una Diputación provincial- o abandonar «la situación que dé origen a la referida incompatibilidad». Es decir, condenar la violencia.

    El PNV e IU-ICV votaron en contra y CiU se abstuvo, porque consideran que algunas propuestas pueden ser inconstitucionales. Sólo Coalición Canaria sumó su apoyo.

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    Después de más de año y medio de trabajo, la Comisión Constitucional aprobó un informe en el que recomienda distintos cambios en la Ley Electoral, pero sin el consenso que se pretendía en un principio.

    El artículo más polémico del informe -que PSOE y PP quieren aprobar como proyecto de ley antes de fin de año, para aplicarla en las elecciones municipales y autonómicas de 2011- es la llamada «incompatibilidad sobrevenida».

    Según ese artículo, si después de que una persona sea elegida en unos comicios, la Justicia declara ilegal la formación con la que se ha presentado, le será retirada el acta de diputado o concejal salvo que en el plazo de 15 días declare «expresa e indubitadamente» que rechaza la violencia.

    Si esa persona empieza a ejercer su mandato y después se comprueba que no cumple esa declaración, «a través de hechos, omisiones o manifestaciones», incurrirá definitivamente en causa de incompatibilidad y le será retirada el acta.

    La Comisión Constitucional también recomienda ampliar los plazos para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado puedan pedir la anulación de listas «contaminadas» -hasta una semana antes de la jornada electoral, mientras ahora sólo es posible antes de que comience la campaña electoral- o solicitar al Tribunal Supremo que declare ilegal una formación política, algo que podrán plantear desde el día de la votación hasta la proclamación de los candidatos electos.

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    Aitor Esteban, del PNV, lamentó que PSOE y PP ni siquiera hayan intentado alcanzar un consenso con los demás. Opinó que esos partidos utilizarán la ley en algunos ayuntamientos vascos en beneficio de sus listas, algo que negó el socialista José María Benegas.

    José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, dijo que proponen estas medidas porque «la democracia tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza» o con un «fraudulento disfraz».

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    Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, criticó que PSOE y PP se hayan negado a reformar la ley para que IU tenga en el Congreso los escaños que le corresponderían en proporción a su casi millón de votos: 14 en vez de los dos de ahora.

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  • Noticias maquetadas 01.07.2010

    C. REMÍREZ DE GANUZA / H. SANJUÁN Madrid / Valencia

    Génova insta a Camps a rectificar y a decir que no reformará su estatuto

    El ‘president’ se pliega sin resistencia a la demanda de Rajoy y evita polemizar

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    El Gobierno de Valencia rectificó ayer y desactivó, en menos de 24 horas, su demanda de reforma del Estatuto de Autonomía para equipararse a los «privilegios» que el fallo del Constitucional pudiera autorizar a Cataluña. Ahora resulta que el Consell cree que de la sentencia no se deduce ningún agravio y que el cambio no es necesario.

    La dirección nacional del PP tuvo mucho que ver en la rectificación del Ejecutivo valenciano. Fue a última hora de la tarde del martes cuando uno de los miembros más relevantes del equipo de Mariano Rajoy telefoneó directamente a Francisco Camps. Le advirtió de manera muy explícita que Génova no se iba a dar por enterado del anuncio hecho aquella mañana por su consejero en relación con la llamada cláusula Camps. Añadió que desde Madrid se iba a desmentir, si hacía falta, la puesta en marcha de la anunciada comisión de análisis para la reforma del Estatuto valenciano. Según las fuentes consultadas, el presidente de la Generalitat no ofreció resistencia alguna.

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    Otras fuentes de la cúpula popular dieron cuenta a este diario de lo «muy mal» que había sentado el anuncio de Valencia. «¡Era lo que nos faltaba! Nos ha hecho hacer el ridículo, y en el peor momento», comentaba, dando exacta medida del malestar creado en un equipo empeñado ayer, por orden de Rajoy, en sacar cabeza con la sentencia del Tribunal Constitucional y en pasar página en todo caso y cuanto antes, para excluir en lo posible el debate estatutario de la campaña catalana: su única prioridad política. Claro que también hubo en la sede del PP quien justificó la salida de tono de Camps en la propia falta de triunfalismo constitucional, por parte de Génova, en la interpretación de la sentencia, lo que le habría hecho apuntarse, demasiado pronto, a la tesis de que el Alto Tribunal había salvado el grueso de los hechos diferenciales catalanes.

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    No obstante, los ánimos se habían sosegado en la jornada de ayer: «Ha rectificado», decían en Génova, «y eso es lo único que importa». Además, añadían, los demás barones que anteayer «sacaron a pasear sus respectivas banderas» con sus correspondientes anuncios de reformas estatutarias -como Feijóo y Sanz-, «las han vuelto a guardar» para mucho más adelante. El ventilador reformista de las autonomías del PP, decían, «ha quedado desactivado»

    A la rectificación le puso ayer cara la portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León. La consejera evidenció el cambio de postura al aclarar -justo 24 horas después del alegato pro reforma de Serafín Castellano- que el Gobierno valenciano no tiene previsto mover una coma de su texto hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat en materia de financiación, agua y derechos sobre el Archivo de la Corona de Aragón.

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    Asimismo, la consejera de Justicia fue un paso más allá e indicó que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut es un «ajuste» a la Constitución por lo que, a su juicio, Cataluña «no ha asumido más competencias» de las que tiene «la Comunidad Valenciana u otras comunidades autónomas», de lo que se deduce que la cláusula Camps no se puede aplicar.

  • Noticias maquetadas 01.07.2010

    Fútbol, nación, sociedad francesas

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    Michel Wieviorka

    Aprimera vista, no hay nada más internacional y global que el fútbol, en especial durante el Mundial. En el fútbol concurren todos los ingredientes de la globalización: el dinero como ídolo, la publicidad, los medios de comunicación y la comunicación instantánea, etcétera. El fútbol es también la nación y su identidad, así como la sociedad que estas incluyen, como acabamos de ver en Francia. En este país, el fracaso de la selección nacional se ha convertido, de hecho, en un desafío a la nación, un pavor de dimensión moral, que va mucho más allá de lo que merecería el acontecimiento. En el ámbito del deporte, ¿no debería ser lo esencial el acto de participar, como quería Pierre de Coubertin, el inventor de los Juegos Olímpicos modernos?

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    El mundo ha seguido con asombro la forma en que Francia ha vivido a modo de psicodrama la eliminación de su selección, uno de cuyos integrantes insultó gravemente a su entrenador, proporcionando así la portada al gran periódico deportivo francés L´Équipe y acercándose en tal ocasión al estilo de los diarios populares ingleses. El episodio y sus consecuencias (huelga de jugadores, negativa a entrenarse, declaraciones delirantes del entrenador, de varios ministros, intervención del jefe del Estado, etcétera) han ocupado el centro de la escena mediática y política, movilizando a todo tipo de actores: políticos, intelectuales, periodistas no especializados, etcétera. No han faltado, por otra parte, las explicaciones. Todas han insistido en las dimensiones organizativas del drama cuestionando al entrenador y a la Federación Francesa de Fútbol, así como apuntando a una crisis interna del fútbol francés al nivel de la alta competición. Sin embargo, la cuestión esencial radicaba en otra parte: se hallaba en los excesos, en las pasiones que delatan los problemas que rebasan el solo ámbito del fútbol.

    Estos problemas implican a la nación, el Estado y la sociedad. Los franceses se interrogan sobre su identidad nacional; son los ciudadanos más preocupados por la globalización en Europa. Se preguntan también cómo su país podrá mantener su lugar en el mundo en el futuro: en este caso, el fracaso deportivo agrava sus preocupaciones y viene a subrayar que allí donde Francia dominaba el mundo hace doce años (ganó el Mundial en 1998), en la actualidad ha perdido rango y categoría. El drama, en este caso, suelda a la población y al poder; en cuanto a la infausta selección francesa – incluido el entrenador-,se ha convertido en el chivo expiatorio que recibe las declaraciones e invectivas cargadas de un desafortunado chovinismo.

    Se cuestiona al propio Estado. De acuerdo con esta interpretación, no habría hecho nada hasta ahora para poner coto a las desviaciones del dinero entendido como ídolo – de lo que el fútbol francés constituiría un ejemplo con sus exageradas remuneraciones, del orden de varios millones de euros por un jugador de valía-.El fracaso de la selección llega en el mismo momento en que una serie de escándalos debilitan al jefe del Estado y a su gobierno: alojamiento asociado al cargo utilizado de forma abusiva por algunos ministros, encargos sin gran sustancia o contenido espléndidamente pagados a una ex ministra, condena por racismo del ministro del Interior, hipotética intervención del ministro encargado de delicadas negociaciones sobre las pensiones, ex ministro del Presupuesto y tesorero de la UMP en relación con un caso de determinado trato fiscal, etcétera. La eliminación de Francia en Sudáfrica se produce en un clima de descomposición del poder, especulación e incluso corrupción.

    Factor que se prolonga bajo una perspectiva más polémica. Por un lado, se desata el pensamiento reaccionario, más o menos racista, desde Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, al ensayista Alain Finkielkraut, que observa en el comportamiento de la selección francesa el espejo de los problemas de la sociedad y, específicamente, las cuestiones relacionadas con las llamadas banlieues relativas a la diversidad y la inmigración. Esta mentalidad aprovecha para tomarse la revancha con relación a lo sucedido en 1998, cuando un equipo «negro-blanco-hijo de africano» de la selección francesa se alzó con el triunfo, gratificando a la conciencia nacional con una victoria obtenida por jugadores procedentes de la diversidad. Por otro lado, se dice que en lugar de observar a las clases inferiores, convertidas en nuevas clases peligrosas, es preferible considerar las élites superiores, especialmente las que llevan las riendas del Estado. ¿No empleó el propio presidente de la República vocabulario grosero al intercambiar unas palabras con un manifestante al principio de su mandato? En este sentido, una configuración del tipo «clase contra clase» opone la evocación de las clases trabajadoras y de los círculos gobernantes: el fútbol, en este caso, permite expresar una tendencia presente y activa desde el principio de la crisis, según la cual tanto la izquierda como la derecha radicalizan sus discursos y posturas, mientras que antes solía oírse decir que sus diferencias recíprocas se difuminaban.

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    Se comprende mejor, ante tal panorama, que el fracaso de la selección francesa haya provocado un alud de pasiones: ha venido a recordar a los franceses que su país ya no es, tal vez, lo que era; que su Estado se ve erosionado por dinámicas propias de un proceso de descomposición y que su sociedad está dividida, siendo así que, en otros tiempos, el éxito les había aportado gratificaciones simbólicas susceptibles de ayudar a olvidar o minimizar sus problemas nacionales y sociales.

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    M. WIEVIORKA, sociólogo, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales

  • Noticias maquetadas 01.07.2010

    MARÍA RAMÍREZ / Order Bruselas Corresponsal

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    La última misión de la Presidencia española de la UE, que terminó anoche su turno, fue resucitar, aunque fuera un poco, el bloqueado proceso de adhesión de Turquía. En una reunión presidida por el ministro Miguel Ángel Moratinos, los Veintisiete abrieron un nuevo capítulo de negociación con el Gobierno de Ankara (aún queda pendiente una veintena de los 35 apartados legislativos obligados antes de entrar en la UE).

    Se trata de un pequeño paso simbólico y, posiblemente, uno de los últimos, ya que el dossier iniciado -seguridad alimentaria y veterinaria- es uno de los menos polémicos que quedan según Chipre, la isla dividida entre turcochipriotas y grecochipriotas que planea impedir futuras negociaciones mientras no se resuelva su histórica disputa y Ankara abra sus puertos y aeropuertos a Nicosia. Chipre ha logrado que ocho de los capítulos de negociación ni siquiera se puedan tocar y espera que el resto no se empiecen a tratar gracias al apoyo de Francia, Alemania, Austria e incluso Bélgica.

    Moratinos, que se ha quedado corto en su objetivo de abrir cuatro apartados este semestre, confió en que se mantenga el ritmo de, al menos, un capítulo por Presidencia. «El proceso de adhesión de Turquía a la UE sigue vivo», subrayó el ministro español, que recordó el compromiso de 2005 de que Turquía entre en la Unión.

    El negociador turco agradeció el respaldo de España, pero se quejó de la falta de compromiso de la mayoría. «Ha llegado el momento de reflexionar sobre el coste que tiene dejar fuera a Turquía», dijo Egemen Bagis. El comisario de Ampliación, Stefan Füle, recalcó que la continuación de las charlas «está en manos de Turquía», que debe permitir el tránsito comercial para los grecochipriotas, una condición de un protocolo al Tratado de Adhesión firmado por Ankara.

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