• Noticias maquetadas 28.04.2010

    Políticas de integración de los inmigrantes karmma el peso de tus actos online online

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    La ley de Acogida consagra que el catalán es la lengua de acogida e integración

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    JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona

    Diez años después del inicio del boom migratorio, Catalunya será la primera comunidad del Estado español que dispondrá de una ley de acogida. Pese a no tener competencias básicas para regular la inmigración, Catalunya desarrolla una ley que facilitará unos «certificados oficiales del servicio de primera acogida» con eficacia jurídica en los ámbitos competenciales de la Generalitat y los entes locales.

    No será el carnet por puntos que existe en Canadá, ni tan siquiera se exigirá un nivel de conocimiento elevado de la lengua del país como sucede en Francia, Alemania o Suecia. Pero con la nueva ley que hoy está previsto que apruebe el Parlament de Catalunya, la Generalitat pondrá a disposición de los inmigrantes recién llegados, y de quienes lo hicieron en el pasado, unos cursos básicos de conocimiento de la lengua catalana (135 horas), así como otros más cortos sobre conocimientos del mercado laboral y de la sociedad catalana y su marco jurídico. Hasta ahora, algunos ayuntamientos realizaban cursos de catalán, generalmente de 25 a 45 horas, pero ahora se van a generalizar y ampliar en todos los ayuntamientos importantes. Esos certificados facilitarán la obtención del informe que acredita el arraigo social, emitido por los ayuntamientos, así como la adquisición de la nacionalidad, ya que de acuerdo con la nueva ley de Extranjería, podrá ser utilizado como prueba de integración por el juez. Este certificado también facilitará la renovación de la autorización de residencia temporal y será de utilidad para la búsqueda de empleo. Aun así, en ninguno de esos casos se trata de informes preceptivos.

    Los objetivos de la nueva ley son facilitar la integración de las personas inmigradas, la extensión de este servicio de primera acogida a todo el territorio, el fomento del desarrollo personal y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. La consellera Carme Capdevila considera que estos cursos contribuirán a «la formación del personal inmigrante y eso contribuirá a la salida de la crisis». Sobre este punto, se apoya en el estudio del profesor Guillem López Casanovas publicado en la revista Paradigmes (2009), donde se valora el impacto económico que suponen las políticas de integración y se señala que quienes conocen la lengua y la sociedad de acogida ganan en autonomía personal, mejoran sus rentas y son menos dependientes de la asistencia pública.

    Otro detalle de capital importancia para los redactores del proyecto es «hacer del catalán la lengua común de acogida en todo el territorio». Es, además, el primer texto jurídico que define el catalán como lengua común de acogida e integración. Como señala Oriol Amorós, secretario de Immigració, «hace unos años se soñaba en una sociedad monolingüe, ahora sabemos que Catalunya será una sociedad multilingüe con el catalán como lengua común».

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    Uno de los temas que ha provocado la oposición del PP a la ley (todo indica que contará con el voto favorable del tripartito y CiU) es precisamente la prioridad concedida al catalán. La ley dice que la formación del inmigrante le permitirá alcanzar las competencias lingüísticas básicas en lengua catalana definidas por el Marco Europeo Común y sólo una vez alcanzadas se podrá seguir la formación en lengua castellana.

    La única condición para acogerse a estos servicios es estar empadronado. Eso significa que personas en situación irregular (es decir, sin permiso de residencia o trabajo), incluso con una orden de expulsión pendiente, tienen acceso a estos servicios de acogida, como sucede con los servicios sanitarios y educativos.

    El calendario de implementación prevé un despliegue progresivo, entre el 2011 y el 2016, tal como remarca la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, para evitar que se levanten expectativas excesivas como sucedió con la ley de la Dependencia. La Generalitat prevé llegar a todos los municipios de más de 20.000 habitantes y calcula que un 40% de los inmigrantes recién llegados se apunten a esos cursos, mientras que es más difícil prever el interés del millón de inmigrantes que ya están aquí instalados. En cualquier caso, la aplicación de la ley supondrá una inversión global de 306 millones de euros en seis años (se empieza en el 2001 con 22 millones), lo que incluye la futura Agencia de Migraciones de Catalunya – que se pondrá en marcha en un plazo de nueve meses-,los nuevos servicios y la continuidad de los que ya se ofrecen. Se prevé que la red de servicios de acogida llegue a un mínimo de 101 entes locales.

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  • Noticias maquetadas 28.04.2010

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    Order Memoria (3): espejos australes

    Francesc-Marc Álvaro

    Reynaldo Bignone, el último de los cuatro presidentes de la dictadura argentina, fue sentenciado, el martes de la semana pasada, a 25 años de cárcel. Pero este general de 82 años no acaba en prisión por su papel como responsable de un régimen sustentado en el terror y la opresión, sino como culpable directo de la detención, tortura y desaparición de 56 opositores en su calidad de vicecomandante del cuartel de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Junto a Bignone fueron condenados a la misma pena y por los mismos delitos otros dos generales. Bignone ya había sido procesado antes por el robo de bebés, por el secuestro y el asesinato de los médicos del hospital Posadas, y por haber firmado el decreto que intentaba borrar los rastros de la represión de las cuatro juntas militares que asolaron el país. No obstante, todavía no había sido condenado. El general también firmó una amnistía para los militares que tomaron parte en la sistemática eliminación de aquellos ciudadanos calificados de «subversivos», una medida que anuló Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia. Los miembros de las tres primeras juntas fueron juzgados, pero los de la cuarta quedaron al margen. Más tarde, la justicia se ocupó también de Bignone.

    Felipe Agüero y Eric Hershberg, estudiosos de la huella de las dictaduras del Cono Sur en la memoria colectiva, sostienen que en Argentina «los militares se vieron forzados a emprender una transición desde posiciones de debilidad como consecuencia de la derrota militar (en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido), las divisiones internas y el caos económico, todo ello sin garantías constitucionales ni jurídicas excepto la amnistía que se otorgaron a sí mismos. Visto en términos comparados, la debilidad de los militares apareció claramente en su incapacidad para impedir la derogación de la ley de amnistía y en el procesamiento – un hecho sin precedentes-de los integrantes de la Junta Militar como una de las primeras medidas del nuevo gobierno democrático. Sin embargo, el vigoroso despegue con el cual este proceso comenzaba a cuajar durante el gobierno de Alfonsín fue perdiendo fuerza, y los militares comenzaron a cobrar nueva confianza, organizando levantamientos y obligando a que fueran sancionadas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego el presidente Menem otorgó el perdón a los miembros de la Junta que habían sido previamente condenados».

    El resultado de esta serie de políticas aparentemente incongruentes, ora en favor de las víctimas, ora en favor de los verdugos, acabó cuajando en un silencio sobre los crímenes contra los derechos humanos que sólo se rompió cuando el capitán Adolfo Scilingo confesó su participación en los siniestros vuelos nocturnos yel general Balza reconoció también el papel de los militares en las desapariciones.

    La presidencia de Néstor Kirchner removió las aguas y fueron derogadas, con apoyo del Congreso y ratificación de la Corte Suprema, las leyes que impedían sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de las fuerzas armadas. Y la justicia española entró en escena. En abril del 2005, la Audiencia Nacional condenó a 640 años de prisión a Scilingo, por delitos contra la humanidad. El juez instructor fue Baltasar Garzón. El defensor de Scilingo calificó de «hipócrita, arbitraria y oportunista» la actitud de la Fiscalía por no defender el mismo criterio en todos los hechos vinculados a la Guerra Civil española y la represión del franquismo. En aquel momento, los espejos americanos fueron tan cortantes y deformantes como lo habían sido en 1998, cuando Garzón ordenó detener al dictador chileno Pinochet.

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    Los espejos australes son de gran atractivo cuando buscamos claridad sobre qué hacer con un pasado que, por acción u omisión, aparece en nuestro presente, a menudo más como revival de frentismos tácticos que como preocupación sincera por (todas) las víctimas. Hay tres factores de importancia que convierten el juego de comparaciones España-Argentina en un ejercicio escasamente útil. El franquismo llegó al final de su recorrido exhibiendo una victoria bélica sobre la que se construyó el régimen mientras los jefes militares argentinos abandonaron el poder porque la guerra que debía ser su pedestal acabó dejándolos en ridículo. En España, el pacto entre los que venían del régimen y los que estaban en la oposición se basó en un cálculo de debilidades respectivas; al otro lado del charco, los que parecían débiles no lo eran tanto y los que lo eran no lo parecían o no sabían que lo eran. Y, en tercer lugar, la entrada de España en la OTAN puso fin a casi doscientos años de militarismo, que tuvo su canto del cisne cuando Tejero hizo su número; desgraciadamente, el militarismo (y sus subproductos) sigue siendo una de las peores herencias españolas en Latinoamérica, algo que impide el progreso en muchos países.

    Bignone, ahora ya en prisión, había sustituido al general Leopoldo Galtieri, el mismo que, el 2 de abril de 1982, declaró la guerra a los británicos y que, envuelto en la bandera, trató de usar el patriotismo para ocultar el horror de la represión. Federico Lorenz, escritor argentino que tenía 12 años cuando los jóvenes del país fueron enviados a luchar contra las tropas de Su Graciosa Majestad, ha visitado el archipiélago que dio el puyazo a la dictadura, buscando rastros. En su libro Fantasmas de las Malvinas, nos dice algo que también vale mucho para aquí: «La muerte y la historia se llevan muy bien, pero acercarse al pasado puede ser otra cosa que un funeral. Puede ser la posibilidad de que un relámpago ilumine los ojos de los idos, convocados por una pregunta, que abra sus bocas cegadas por el barro o el agua. Nadie puede robarnos un lugar si lo vivimos de ese modo. Un lugar que no necesariamente es físico, sino más bien nuestro sitio en la historia».

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  • Noticias maquetadas 28.04.2010

    Pimec pide a la CEOE más presión en la reforma laboral

    González prevé al menos un año más de restricción del crédito cheap cefadroxil for acne

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    DOLORS ÁLVAREZ – Barcelona

    Josep González, presidente de la patronal catalana Pimec, lamentó ayer la lentitud del diálogo social y opinó que «la CEOE debería ejercer más presión para que el proceso sea más rápido. Su obligación es marcar las líneas que los empresarios reclaman». Aun así González calificó de «razonables» las propuestas que ha hecho la patronal española para la reforma, como la reducción de la contratación temporal con la extensión del contrato que permite despidos con 33 días de indemnización.

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    «La falta de reforma provoca paro. Pero parece que hay más preocupación por una huelga general», argumentó. Antes de presidir la asamblea general de Pimec, González insistió en que urge tomar medidas ante la actual situación después de un año 2009 «falto de reformas». Reclamó sobre todo la laboral, pero también la del sector energético y la de la formación. Igualmente, lamentó que los parlamentos -en Catalunya y en Madrid-«aprueban cosas pero no se traducen luego en hechos», en referencia a distintas iniciativas destinadas a ayudar a la competitividad de la empresa. «No consideramos que se estén realizando políticas económicas adecuadas. Ahí está la subida del IVA que frenará el consumo, y hay muchas medidas apuntadas, pero poca concreción». Alertó además del riesgo de que las mejoras introducidas en la ley de morosidad sean modificadas ahora en sean modificadas ahora en el Senado. «Hay una enorme presión de las constructoras y de las cadenas de distribución», alertó el presidente de Pimec, que también criticó el «silencio» de otras patronales ante las movilizaciones por el problema de la morosidad.

    Tras calificar de «muy duro para las empresas» el año 2009, hizo un pronóstico bastante pesimista para este 2010. Y en concreto advirtió que los problemas de financiación continuarán como mínimo un año más, porque bancos y cajas también deberán reforzar su capitalización para hacer frente a la crisis y para cumplir con las nuevas normas internacionales (Basilea III). «No podemos confiar en que el crédito llegue en tan solo unos meses», opinó González.

    Y sobre todo pidió al Gobierno que reaccione «sin esperar a que Europa tire del país», puesto que, según dijo, España sufre dos crisis, la global, y otra propia con características particulares como una cifra de paro «que bate todos los récords». En Catalunya cerraron 6.000 empresas el pasado año, y 1.933 llevaron a cabo procesos concursales, unas cifras que muestran la gravedad de la crisis.

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  • Noticias maquetadas 28.04.2010

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    Una economía de mayor tamaño

    David Taguas

    Si no hubiera crecido la población activa, la tasa de desempleo se habría situado en el 19,93%

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    Suponiendo que las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del 2010 que se divulgaron ayer coincidan con las que se harán públicas el viernes, cabe adelantar alguna consideración. Resulta bastante evidente que la atención se va a centrar en la estimación de la tasa de desempleo que alcanza el 20,05%, superando en unas décimas las expectativas de los analistas y cerrando el debate de si llegaría o no a ese listón.

    No obstante, si bien es cierto lo anterior, también lo es que las estimaciones conocidas ayer muestran un comportamiento más virtuoso del mercado de trabajo español que el que esperaban los analistas y ello por dos razones básicas. En primer lugar, la variación del empleo se estima en el -3,65% interanual, que es ligeramente superior a la tasa esperada. Y ello a pesar de que aún se mantiene parte del diferencial con la tasa de variación interanual de los afiliados a la Seguridad Social. La tasa de variación del empleo de la EPA, en el cuarto trimestre del 2009, se estimó en el -6,1%, manteniendo un diferencial, máximo durante la crisis, de 1,5 puntos con la tasa de variación de los afiliados a la Seguridad Social (-4,6%). Resulta muy difícil explicar este diferencial entre ambas tasas, por lo que los analistas las hacen converger durante los próximos trimestres. De hecho, el diferencial se ha mantenido durante el primer trimestre aunque reducido 0,65 puntos, pero si se hubiera cerrado completamente, es decir si ambas tasas se hubieran situado en el -3,0%, habría 124 mil ocupados más. En segundo lugar, se alcanza una tasa de desempleo del 20,05%, pero ha habido un crecimiento intertrimestral de la población activa del 0,15%, después de tres trimestres consecutivos con crecimiento intertrimestral negativo. Si no hubiera crecido la población activa, la tasa de desempleo se habría situado en el 19,93%.

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    Adicionalmente, estas estimaciones de la EPA apoyan que la recuperación de la economía española se inició en el primer trimestre del 2010. Un crecimiento intertrimestral del 0,1% sería compatible con una desaceleración del 0,8% de la productividad, medida en términos del empleo EPA, por lo que, en el caso de que se produjese una desaceleración menor de la productividad, incluso habría margen para estimar un crecimiento intertrimestral mayor.

    En conclusión, se alcanzan los 4,6 millones de parados y la tasa de desempleo supera la barrera del 20 por ciento, pero los datos apuntan a crecimiento positivo del PIB, ha habido una menor destrucción de empleo http://ckarecephe.com/order-clozaril-monitoring.html Order y un crecimiento de la población activa, por lo que la economía es de mayor tamaño.

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