• Hoy se convalida en el Congreso de los Diputados la “reforma de lareforma laboral”

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    Fernándo González Urbaneja: No cambia la ley por quien la apruebe

    https://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2022/02/02/no-cambia-la-ley-por-quien-la-apruebe/

    Ivan Gil: Sánchez ancla su Gobierno en el centro y desactiva a Podemos con la reforma laboral

    https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-03/sanchez-centro-reforma-laboral-diaz-gobierno_3368864/

    Sergio Martín: Sánchez proyecta estirar al máximo la legislatura y convocar elecciones en 2024

    https://www.economiadigital.es/politica/sanchez-estirar-legislatura-convocar-elecciones-2024.html

    David Cabrera : Ana Botín alaba la reforma laboral de Yolanda Díaz: «Esta es la forma de hacer las cosas»

    https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/santander-botin.html

    Cristina Alonso: El Gobierno ata la reforma laboral sin los votos de sus socios ERC, Bildu y PNV

    https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-gobierno-ata-la-reforma-laboral-sin-los-votos-de-sus-socios-erc-bildu-y-pnv/2859041/

    Ivan Gil: PDeCAT y UPN avalan la reforma laboral y sellan la alternativa al bloque de investidura

    PDeCAT y UPN avalan la reforma laboral y sellan la alternativa al bloque de investidura

    Enrique Monrosi: El Gobierno salva in extremis la reforma laboral con los votos de UPN, PDeCAT y Ciudadanos

    https://www.infolibre.es/politica/gobierno-salva-in-extremis-reforma-laboral-votos-upn-pdecat-ciudadanos_1_1218418.html

    Raquel Pascual: El Gobierno logra ‘in extremis’ los 176 votos para sacar adelante la reforma laboral

    https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/02/economia/1643830950_247080.html

    Sergio Martín: El Gobierno ata la ‘vía Ciudadanos’ más los grupos minoritarios para convalidar la reforma laboral, da por hecho el apoyo del PDeCAT y al menos la abstención del PNV y el PSOE frena las propuestas de Yolanda Díaz a ERC, con quien negocia a ‘contrarreloj’ al menos su abstención

    https://www.economiadigital.es/economia/gobierno-ata-mayoria-aprobar-reforma-laboral.html

    Manuel Sánchez: El Gobierno se asegura la aprobación de la reforma laboral aunque sigue negociando con ERC y PNV

    https://www.republica.com/2022/02/02/el-gobierno-se-asegura-la-aprobacion-de-la-reforma-laboral-aunque-sigue-negociando-con-erc-y-pnv/

    Adrián Lardíez: Votación ajustada: el Gobierno aprobará la reforma laboral con Ciudadanos y por tres escaños de diferencia

    https://www.elplural.com/politica/votacion-infarto-gobierno-podria-sacar-reforma-laboral-por-solo-escano-diferencia_283373102

    Rubén Fernández: PSOE y Podemos temen una votación justa en la reforma laboral y presionan a ERC para que se abstenga. PDCAT y UPN votarán a favor y el Gobierno obtiene los 176 votos necesarios. Cualquier incidente o error podrían ponerla en peligro

    https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2022-02-02/psoe-y-podemos-temen-una-votacion-muy-justa-en-la-reforma-laboral-6861232/

    Carmen Morodo: Pedro Sánchez, se juega demasiado para que renuncie a explorar «todas las posibilidades  de “geometría variable” que le pueda permitir aprobar la reforma laboral con más «síes» que «noes» sin contar con ERC y PNV. Moncloa quiere que los socios participen, aunque sea con su abstención, en dar luz verde al acuerdo sobre la reforma laboral, y la fórmula por la que exploran salvar la votación «in extremis» consiste en ofrecer concesiones no explícitas, no públicas, a futuro. La negociación está en esa fase

    https://www.larazon.es/espana/20220130/cxjhclacargr5et5mvnqwvvj6u.html

    3eeKetty Garat: El Gobierno contempla una trampa parlamentaria para evitar cambios en la reforma laboral . Sánchez ‘engañaría’ a sus socios aceptando la tramitación como proyecto de Ley, pero prorrogando sine die el plazo para presentar enmiendas

    https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/santander-botin.html

    https://elpais.com/espana/2022-02-02/el-gobierno-se-asegura-in-extremis-la-reforma-laboral-con-una-mayoria-transversal.html
    https://www.lavanguardia.com/politica/20220202/8030094/pdecat-anuncia-reforma-laboral-allana-camino-convalidacion.html
    https://www.abc.es/espana/abci-si-pdecat-reforma-laboral-apuntala-ciudadanos-202202021924_noticia.html
    https://www.elespanol.com/espana/20220202/pdecat-moncloa-convalidacion-sin-erc-pnv-bildu/647185697_0.html
    https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11598325/02/22/El-Gobierno-lograra-sacar-adelante-la-reforma-laboral-tras-el-si-de-PdeCat-y-UPN.html
    https://www.elmundo.es/espana/2022/02/02/61faa82821efa0d60d8b4591.html
    https://www.publico.es/politica/gobierno-suma-upn-logra-mayoria-necesidad-erc-pnv-eh-bildu-reforma-laboral.html
    https://www.elperiodico.com/es/politica/20220202/gobierno-salva-reforma-laboral-minima-in-extremis-respaldo-pdecat-upn-13185587

    Reforma laboral: cuando lo que importa no es derogarla sino quién manda aquí Quien siembra vientos, recoge tempestades”, arreciaba el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras anunciar Iberia un recorte de 4.500 trabajadores. Corría el año 2012 y no tenía duda alguna sobre dónde había que buscar culpables. “La reforma laboral invita a las empresas a despedir”, recalcaba. Antes de su aprobación, en la más clásica dialéctica sindical, había acusado a la patronal de enrocarse en la congelación salarial y en el abaratamiento general del despido, un temor que al menos tenía fundamento. La reforma laboral de 2012 que empezó a fraguarse en 2010, la que puede denominarse ‘reforma Bañez’, rebajaba el coste del despido improcedente a 33 días por año -desde los 45 anteriores- con un máximo de 24 mensualidades, además de contemplar salidas con 20 días y un máximo de 12 mensualidades en aquellas empresas que pudieran demostrar caída de la actividad durante tres trimestre consecutivos. Eran tiempos de crisis económica dura tras la debacle de las ‘subprime’ y el hundimiento de Lehman, con tasas de paro en el entorno del 23%. Y aunque la creación de empleo a cualquier precio fue el ‘driver’ del Gobierno, los sindicatos no dejaron de plantear una reflexión de fondo sobre el coste del despido. Como diría el castizo, nobleza obliga. Casi diez años después y con el debate sobre la reforma laboral abierto en canal, llama la atención cómo el marketing y el cálculo político han tomado el mando de la discusión. Resulta estremecedor ver a políticos en apariencia creciditos y supuestamente bien formados apostar por derogar la norma para después reconocer que, en realidad, no se puede. O ‘montar un patín’ de proporciones isabelinas con la idea de limitar a un 15% el porcentaje de temporales en las empresas para, a continuación, aparcar la cuestión y derivarla a la negociación colectiva. Una concesión, dirán algunos. Más bien la convicción -previa consulta con los servicios jurídicos- de que es una medida inconstitucional que no puede incluirse en una ley y apenas desarrollarse por acuerdo entre las partes. Y suma y sigue. Más valdría a Yolanda Díaz, ese mirlo blanco en busca de partido que tan bien cultiva entre bambalinas las relaciones con las élites, abandonar el discurso de las dobles lecturas y la política de los ‘globo sondas’ para analizar de verdad los cambios quirúrgicos que requiere una reforma que lleva una década en vigor y precisa retoques. Y hacerlo, como corresponde a su cargo, sin medir los réditos electorales de esas enmiendas. Hasta ahora, el juego del gato y el ratón que han escenificado patronal y sindicatos con los dos gobiernos que conviven en el Ejecutivo de Pedro Sánchez se concentra en algunas supuestos ‘casus belli’. Uno de ellos, por ejemplo, es la ultraactividad de los convenios que suspendió la reforma laboral de 2012 y que el ala morada del gabinete ha querido recuperar a toda costa desde el principio de los tiempos. Desde luego, la continuidad de los acuerdos firmados entre trabajadores y empresarios una vez vencido su plazo de vigencia incomoda a la patronal, pero no tanto como para bloquear un acuerdo. Saben las huestes de Garamendi que, además, al final del camino está la salida de un laudo arbitral, lo que dulcifica el ‘trágala’. Tampoco es insalvable en el credo de CEOE la intención gubernamental de dar prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa, ya que el planteamiento no provoca ni mucho menos un impacto masivo entre sus asociados. Solventada la cuestión de la temporalidad y si el Ejecutivo cede en las condiciones de las subcontratas -que pretende asimilar a las de la empresa contratista-, no sería una quimera pensar en un acuerdo relativamente sencillo con todas las partes implicadas posando sonrientes en los jardines de Moncloa. Claro que cuentan quienes de verdad conocen las entrañas de la ‘reforma Bañez’ que el corazón de ese ‘corpus’ normativo no se esconde en ninguno de los puntos actualmente en discusión. Ni siquiera en el coste del despido. La clave de bóveda radica en los cambios introducidos por la reforma laboral en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de los cuales la direccion de la empresa puede actualmente modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo del empleado cuando concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. “Se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”, se remacha en el articulado. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no eran ajenos al potencial impacto de esta redacción tanto en los salarios como en el día a día de los trabajadores, en tanto acordaron su revisión en los compromisos suscritos entre ambos partidos. Si Sánchez cumple y su ‘derogación’ se produce “en los términos que establece el acuerdo de coalición”, incluido ‘tocar’ el artículo 41, las cañas si podrían tornarse lanzas y descabalgar del acuerdo a los empresarios, un evento indeseado por todos y de consecuencias imprevisibles. En ese punto, aseguran fuentes al tanto de las conversaciones que son los sindicatos los primeros que han dado la voz de alarma. Más allá de los mandatos de Bruselas, ambas centrales son conscientes de cualquier reforma es papel mojado sin la patronal. Irónicamente, no sería la primera vez, además, que los propios sindicatos reclaman al Ministerio de Trabajo que rebaje sus pretensiones de máximos en aras a cerrar un acuerdo con CEOE. En efecto, no parece que ni al futuro ni a la independencia de la propia CCOO le convenga la perfecta simbiosis alcanzada entre las líneas argumentales del sindicato y la política que emerge del departamento de Yolanda Díaz. Tampoco las concomitancias entre los dirigentes de ambas instancias, aunque sea por una cuestión estética. Por ejemplo, adelantaba en este periódico Cristina Alonso cómo Carolina Vidal, secretaria de Acción Sindical y Formación en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, y a la sazón mujer del ‘número dos’ de la vicepresidenta, se incorporaba este pasado mes de octubre a la Ejecutiva de Unai Sordo. En plena negociación de la reforma laboral, no parece lo más higiénico que el árbitro del partido, a fin de cuentas quién tiene que dar validez los goles, atesore tanta afinidad con uno de los equipos. “En esta casa común me he criado y me reconozco”, arreció la ministra durante su intervención en el último Congreso de CCOO. Con ese cóctel, no es casualidad que ni Podemos ni PSOE, ni Díaz ni Calviño, incidan en el fatídico artículo 41. Al final, todos como hermanos pondrán tres parches a la reforma laboral de 2012 y zanjarán la cuestión. Eso sí, de una forma u otra argumentarán para consumo de los más recalcitrantes que la han derogado y no han dejado de ella ni las raspas. Lo harán así porque, primero, a nadie le interesa derogarla de verdad. Sánchez no hará nada que comprometa los fondos europeos y a Díaz, que debe haber disfrutado con el ensayo general de la ruptura de la coalición de cara al año que viene, todavía le interesa más aparecer ante el electorado como la ‘campeona’ de los acuerdos sociales. De hecho, en la construcción de esa imagen la foto de la reforma laboral con CEOE y sindicatos no tiene precio. En ‘petit comité’, con los comensales adecuados, seguro que ninguno de ellos tiene problemas en destapar esas cartas. Lo que nunca reconocerán, y es lo más triste, es que esa reforma laboral que tanto empeño ponen en denostar ha sido útil, por mucho que ahora necesite algo de chapa y pintura. Con el mérito para quienes la diseñaron de haber estado, años después, a la altura de una crisis tan devastadora como la provocada por la Covid. Todo un logro legislativo demasiado huérfano de alabanzas”  Daniel Toledo

    https://www.lainformacion.com/opinion/daniel-toledo/reforma-laboral-cuando-lo-que-importa-no-es-derogarla-sino-quien-manda-aqui/2852875/

     “Qué significa derogar la reforma laboral  Derogar, del latín derogare o, lo que es lo mismo, “dejar sin efecto una norma vigente”, según la Real Academia Española. Posiblemente, uno de los términos más controvertidos de los últimos meses en el seno del Gobierno de España, pero ¿a qué hace referencia en concreto la palabra “derogar” toda una reforma laboral? ¿Qué puntos son los más susceptibles de ser modificados? ¿Cómo influyen estos directamente en los empleados y en las empresas? La derogación de la reforma laboral ha marcado el enésimo choque de trenes en la confrontación entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Además de todo un quebradero de cabeza para el presidente Pedro Sánchez y hasta para Bruselas.Fue el pasado martes cuando PSOE y Unidas Podemos alcanzaban por fin una posición común para llevar a cabo las modernizaciones en la reforma laboral en una reunión que apenas duró 45 minutos. El compromiso fue derogar la reforma laboral, sí, pero no en su totalidad y hacerlo además en los términos pactados en el acuerdo de Gobierno. También teniendo en cuenta las peticiones de Bruselas para que la Comisión efectúe el segundo desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación. El deseo inicial de la parte morada del Ejecutivo, y que Díaz ha defendido vehementemente, era derogar la reforma laboral de 2012. Sin embargo, la realidad parece que será otra. Esta semana, Díaz acudió como invitada al programa El Objetivo de laSexta y fue clara: la reforma laboral técnicamente no se puede derogar, “porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”. Aunque sí se puede suprimir partes de ella, como ocurrió con la anulación del despido de un trabajador en situación de baja médica. Diaz recalcó en todo momento que el objetivo de las reformas siempre va a ser luchar contra la temporalidad y la precariedad. Fue tajante en la afirmación “no vamos a tocar el despido”, zanjando la posibilidad de recuperar la compensación de 45 días por año trabajado en casos de despido improcedente. Con la norma modificada por el PP se rebajó a 33 días por año cotizado en la empresa. También recalcó la promesa de “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. En el texto que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 no se hace mención explícita alguna a incrementar estas indemnizaciones, aunque se revisarán las causas del despido para hacer más precisa la definición de las mismas. La clave de lo que se negociará a partir de ahora está ya contemplada en dos textos: el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y uno de los temas que han generado más controversia, el componente 23 del Plan de Recuperación sellado y enviado a la Comisión. De dicho pacto queda por cumplir exactamente lo que es la “derogación” de los límites a la vigencia de los convenios colectivos (ultraactividad) y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre el sector. El citado componente 23 tiene como finalidad adecuar a la realidad y a las necesidades actuales el propio mercado laboral español cara a corregir las debilidades estructurales. Una reforma, abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil. A la vez que se corrige la dualidad se mejora el capital humano, se moderniza la negociación colectiva y se aumenta la eficiencia de las políticas públicas de empleo. Amén de un impulso necesario a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones de la economía. Derogar la reforma laboral de 2012 implica asimismo establecer una nueva regulación de las subcontratas. Aspecto que limitaría la subcontratación en las empresas exclusivamente a actividades que no sean las principales de dicha entidad. Además, limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. Es importante recordar que la no aplicación de los convenios en materia retributiva en las empresas en situaciones de crisis se estableció en la reforma del PP de 2012. Sin embargo, al hablar de derogar la reforma laboral hay otros muchos matices que cabe tener en cuenta. Esta incluye un “mecanismo de flexibilidad interna y estabilidad en el empleo y apoyo a la transición”, o lo que es lo mismo, la forma en la que se sustituirán los actuales ERTE. Así como una “modernización de la negociación colectiva”, citando claramente la recuperación de la ultraactividad y de la prioridad aplicativa del convenio sectorial, un punto clave para la parte morada del Ejecutivo. Igualmente, la vuelta a una negociación equilibrada entre la empresa y el trabajador en la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario—artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores—. Y la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales. Puntos calientes que Sánchez tendrá que negociar durante este mes también con los agentes sociales tras el rechazo mostrado hasta ahora al texto presentado por Trabajo para aprobar, en palabras del Gobierno, “una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012”. Y con las ansias de conseguir una solución a los problemas estructurales endémicos del empleo en España. Conviene tener en cuenta que aunque en estos textos solo se habla de derogar enfocados en la ultraactividad y la primacía de los convenios de empresa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que “cualquier nueva redacción normativa requiere la derogación de la anterior y no se puede derogar nada sin una norma alternativa a lo que se deroga”. “Fiabilidad” a las negociaciones abiertas en el diálogo social. Este ha sido el término utilizado por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, sobre este acuerdo entre PSOE y UP en la reforma laboral, añadiendo que “si lo que se dice es lo que se va a hacer, es perfectamente compatible con lo que el sindicato reclamaba”. Aunque, eso sí, ha pedido incorporar a la negociación la recuperación de los equilibrios en los despidos colectivos y dificultar el recurso al despido. Para CCOO, la reforma laboral abrió la posibilidad de que los convenios de empresa redujesen lo pactado en los convenios sectoriales y se redujesen así los salarios. Por lo que son partidarios de derogar algunos aspectos de la reforma laboral y buscar cómo se cambia el modelo laboral para que haya mejores empleos y que estos sean más estables, reducir la temporalidad en España y poner más trabas a los despidos así como buscar alternativas cuando las empresas se encuentren en situaciones comprometidas financieramente. El objetivo de la derogación de la reforma laboral es, cómo no, mejorar los alarmantes datos sobre precariedad e inestabilidad laboral en nuestro país. Y que se ceba principalmente entre los jóvenes. De media cada mes, solo un 6% de los contratos firmados por jóvenes es indefinido, por debajo del 9% de la media del total de contratos, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el SEPE, en septiembre de 2021, el 90,4% de los nuevos contratos fueron de obra o servicio, eventuales por circunstancias de la producción o de interinidad. Una de las razones de esta precariedad laboral se halla en el uso que se hace de los contratos temporales. Han pasado de usarse de forma casual o excepcional, como en ciertos casos de sustitución, interinidad o de incrementos circunstanciales e imprevistos del volumen de trabajo, a cubrir puestos de trabajo que son estructurales, es decir, estables dentro de la empresa.Dentro de la Mesa del Diálogo Social —que reúne a Gobierno con sindicatos y patronal—, el Ejecutivo renuncia a incluir un máximo del 15% de contratos temporales en una empresa de manera general dentro de la reforma laboral, tal y como pedían los agentes sociales. Por lo que no queda otra que presentar otra versión en la que no haya un tope de manera general, aunque sí en determinados sectores y con porcentajes aún por definir. A dicha mesa, Trabajo llevó una propuesta de limitar temporalidad a la justificación, o lo que es lo mismo a ciertas campañas como las de Navidad o de rebajas, en el caso del comercio. Algunas de las opciones que también se barajan es reformar la contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT) o modificar los contratos de obra dentro del sector de la construcción. Una apuesta centrada en los contratos fijos discontinuos, que combina la estabilidad con la estacionalidad aunque los sindicatos avisan, ha de haber un porcentaje en función del número de trabajadores de la empresa. La CEOE sí habló de sectores, pero no hubo consenso entre las tres partes. El vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha mostrado su satisfacción en la retirada de ese 15%. “Lo agradezco porque es una idea magnífica sin criterio alguno del 15% que ponía en entredicho el futuro de la empresa”, en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 y ha añadido que “la temporalidad es necesaria en España, la estacionalidad es evidente. Lo que hay que analizar es qué ocurre con la temporalidad”. De momento, aunque ha habido avances importantes en dicha modernización de la reforma laboral de 2012, aún quedan muchos flecos por cerrar de la que será, según palabras de la propia Díaz en laSexta, la “mayor reforma del mercado de trabajo” en España”   Sergio Delgado

    https://www.huffingtonpost.es/entry/que-significa-derogar-la-reforma-laboral_es_618564dbe4b087e2ef97263c

    La reforma laboral: ¿se deroga o se modifica?

    I.- Se ha hecho omnipresente en los comentaristas -quizá para rellenar ratos perdidos- dilucidar si hay divergencia entre el propósito de derogar la Ley 3/2012 de Reforma Laboral (medida anunciada en el llamado “Acuerdo de Coalición progresista” de 30/12/2019 que dio lugar a la formación del actual Gobierno) y las llamadas “modificaciones” que el mismo ha remitido el 27 de abril último a Bruselas en su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, en cuyo texto se prevé sustituir medidas concretas de la repetida Ley del 2012 por otras a promulgar. La discusión es baladí, mucho tiempoacortaríamos si tuviésemos en cuenta un viejo precepto, simplemente el art. 2º del Código Civil español (¡año 1889!), donde se nos dice que “la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.” (¿No hemos aprendido que, salvo la obrante en “artículo único”, toda ley derogatoria es puntual, está íntimamente enlazada con modificaciones concretas?)

    II.-Uno de los temas del día, objeto de estas líneas, es el de la permanencia, abrogación o simple modificación de la llamada “prevalencia del Convenio de Empresa respecto al Colectivo o sectorial”. La Ley 3/2012 modificó el Estatuto de los Trabajadores al establecer en su artículo 84.2 -medianteuso de una indigerible terminología-la “prioridad aplicativa” de aquel tipo de Convenio interno sobre el externo o sectorial, habitualmente pactado con los Sindicatos. Tras persistente e innegable cruce de opiniones entre varios titulares de Ministerios, incluso de Vicepresidencias, del actual Gobierno, la posición actual del mismo es -textualmente- la siguiente: “El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (…) . (…) el Gobierno busca, a través del diálogo social un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación”[1]. Y el Componente 23 nos anuncia unas “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente (nota bene propia, ¿no abusamos de este adjetivo, creado por el divulgador Boris Cyrulnik?) e inclusivo”. Cuyo Componente queda explicitado como un modo de “abordar los distintos problemas que abarca el mercado laboral español, (…) modernizar la negociación colectiva, (…) favorecer la invención e impulsar la creación y crecimiento empresarial, (…) apoyo al emprendimiento y en particular a las startups tecnológicas, adoptando las mejores prácticas internacionales para hacer de España una Nación emprendedora” (más nota bene: ¿y dichas prácticas en los países de la UE no son las de prevalencia del Convenio laboral interno junto con sistemas -de que hablaremos- de cooperación capital/trabajo en el decisionismo básico de la empresa misma?). Y sigue el Plan: “La mejora del funcionamiento del mercado laboral español (exige) un conjunto de reformas que aborden la dualidad y resuelvan los desequilibrios arrastrados del pasado”. Y recordando que las empresas españolas con menos de 50 trabajadores representan el 93% del total y el 72% del empleo, el Plan concluye por la necesidad de “modernizar el marco normativo laboral, con el fin de adaptarlo a la realidad del siglo XXI y apostar por un marco de flexibilidad y seguridad que garantice la eficiencia económica y la calidad del empleo”. Por lo que, “en línea con las recomendaciones a España por las distintas Instituciones, este programa (…) incluye la modificación de las políticas activas de empleo y de la negociación colectiva, así como el desarrollo de un nuevo mecanismo de ajuste interno de las empresas alternativo al desempleo (para) adaptar el marco de las relaciones laborales y los mecanismos de concertación social a las necesidades del proceso de digitalización”.

    III.- ¿Y la atención a ese proceso de digitalización, teletrabajo, conciliación, inteligencia artificial, sostenibilidad y defensa de la biodiversidad, etc., no comportan un decisionismo -también en lo laboral- adherido al entorno de la empresa en sí, -más aún- a su interioridad?. Se hace imprescindible en cada empresa una cercanía decisoria entreaccionariado y trabajo. Derivada, a su vez, de una autosignificación de cada empresa, factor a reconocer porque la variedad de sus proyectos y realizaciones es lo que distingue la naturaleza -y previsible destino- de sus decisiones a tomar.Y ocurre que la famosa “prioridad aplicativa” de los Convenios sectoriales, genérica y absoluta, contraviene esa cercanía, ya que los órganos sectoriales -ej., Sindicatos- son, no obstante su permanente calidad, en gran parte ignorantes y por tanto ajenos a las medidas que, incluso en lo laboral, ha de tomar toda empresa orientada hacia el futuro. He aquí que no sea disparatado mantener una cierta prevalencia de Convenio de Empresa cuando atañe a varias e importantes facetas de la relación laboral, por supuesto no al simple “descuelgue salarial” unilateral que, ciertamente, pretendió la Ley de 2012.

    IV.- Pero precisamente es en el peso del asalariado en el campo interno del decisionismo empresarial mismo, a través de mecanismos como el de una democratización interna de sus órganos, donde radica la concertación más conveniente en pro del éxito de la empresa. Somos muchos y son varios los Ordenamientos jurídicos estatales proclives a mecanismos por los que, en proporciones prudentes, el accionariado y el asalariado tengan la representación adecuada, bien mediante el Consejo de Administración mixto, bien mediante la dualidad Consejo de Administración / Consejo de Vigilancia. Ello nos lleva a la recuperación de aquel término y aquella realidad de una “cogestión”[ , para tantos demodéeo fruto de caducas democracias cristianas de los años 60, pero que, curiosamente, es realidad en los países escandinavos (ej., Suecia) y Alemania, en manos de empleados (en sendos países, atribución del 1/3 y el 1/2 de los votos en Consejo) para las empresas a tenor del capital social y del número de los mismos, siempre a favor de más participación cuanto más envergadura económica. Sin olvidar el proyecto comunitario europeo contenido en el Reglamento 2157/2001 y la Directiva 86/2001, ésta conocida como la de “implicación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea”, proyecto malogrado por la oposición -era tema sometido a unanimidad- del entonces Presidente del Gobierno español José Mª. Y no se tachará de conservadurismo ni cabe aplicarle esos epítetos al economista francés Thomas Piketty, el promotor del socialismo participativo, cuando en sus recientes obras “Capital e ideología” y “¡Viva el Socialismo!” , afirma que “la cogestión se traduce en una mayor eficacia dentro de las empresas”, puesto que la “deliberación y participación no sólo en las diversas formas de vida cultural, económica, cívica y política” sino en la “gobernanza empresarial” lleva “a una mejor implicación de los empleados (…) y, en última instancia, a una mayor eficiencia económica y social”     Carlos María Bru

     “La flexiseguridad en la reforma laboral La reforma laboral, ya en vigor en muchos de sus aspectos, parece habernos dejado a la criatura aún en la incubadora, a expensas de qué nombre ponerle, saber quiénes vendrán al metafórico bautizo y, sobre todo, entender si los nueve meses venideros van a reproducir los síntomas de un segundo embarazo. En efecto, superados los dimes y diretes sobre quién se ha dejado más “pelos en la gatera” en el proceso de diálogo social, ahora viene el momento de la verdad del nasciturus, concebido y en parte no nacido, al menos hasta que no se despejen muchas incógnitas. La primera duda tiene que ver con los objetivos, de reducción del desempleo y tasa de temporalidad, marcados por la Unión Europea. La prueba del algodón de esta reforma no la conoceremos seguramente hasta pasados bastantes meses, cuando sepamos si realmente hemos mejorado los niveles de ocupación efectiva (sin contar personas en ERTE, etc.), veamos cómo crecen los contratos indefinidos con respecto al resto de modalidades, y nos cercioremos de que la medida atrae padrinos que aporten inversión, creación de empleo y un crecimiento más acelerado del PIB. Esta reforma se ha centrado sobre todo en dificultar el ya complejo modelo de contratación temporal que teníamos. Las limitaciones temporales, los sobrecostes, el ensanchamiento -y jueces y tribunales nos dirán si contra natura– de la fórmula del fijo discontinuo, las nuevas barreras en los contratos formativos, o las amenazas de la reformada LISOS nos prometen un horizonte de menor seguridad jurídica y mayor litigiosidad. Con una Ley de Universidades en aparente nueva hibernación y un proyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional voluntarista, pero necesitada de un modelo de contratación atractivo para cerrar el pretendido círculo virtuoso de la formación continua y el reciclaje, está por ver si esta reforma no vuelve a castigar al patito feo -los contratos formativos- de nuestras modalidades de contratación. La formación práctica en las empresas, generalizar el entrenamiento en competencias, capacitar en aquello que tenga opciones reales de empleo, mejorar el atractivo de muchos sectores que se desangran por falta de candidatos… todo pasa, también, por tener un modelo de contratos formativos atractivo y que mejore sus pírricas cifras en los últimos lustros. Asimismo, en los próximos nueves meses sabremos cómo de abrupta será la transición de los contratos temporales estructurales con mayor “predicamento” hasta ahora (eventual y obra o servicio) hacia las nuevas opciones que trata de potenciar la reforma. Y veremos si una reforma indiscriminada contra la contratación temporal no reabre, en algunos sectores más vulnerables, las amenazas de la contratación irregular, o de dificultar el acceso al empleo a los colectivos de menor cualificación. También está por ver si después de tanto esfuerzo por reducir la temporalidad, no vuelven a chafarnos la foto de familia, con un empleo público que promete tener su propia hoja de ruta, y probablemente seguir por encima del 30% de empleo precario. Para algunos es más una cuestión semántica que sustantiva, lo de cómo mejorar las cifras de temporalidad. Pero el relato del acuerdo de esta reforma puede ayudar a atraer inversión internacional, porque es un signo de sostenibilidad, pero no basta sólo con eso. Sobre lo sustantivo o “gordiano” del acuerdo, está también el reto de la competitividad de cara al futuro del mercado de trabajo. En efecto, uno de los suspiros -de alivio- de esta reforma es saber que se ha consolidado un modelo de suspensiones y reducciones de jornada (ERTE) que garantizan que el despido sea la última opción. Y también que estas herramientas de flexibilidad interna se puedan complementar con otras soluciones, ante coyunturas cíclicas o sectoriales, como es el mecanismo Red. Pero esto exigirá un modelo de financiación que -a tenor de nuestras cifras de deuda y déficit- sólo se nos antoja viable si ponemos el foco en maximizar la ocupación, y con ello la viabilidad de las cuentas públicas. Para garantizar esta competitividad, y cómo dar respuesta  a entornos cada vez más inciertos y que demandarán esfuerzos de adaptación y resiliencia, son buenas noticias la apuesta por una subcontratación que no se base en el dumping salarial, confiar al sector de las agencias de empleo y ETT una mayor participación para reforzar un mercado de trabajo más dinámico e inclusivo, o lograr la complicidad de la parte social, ampliando los derechos de información a la representación de los trabajadores. Nos quedan otras muchas incógnitas en clave de competitividad… sobre cómo saldremos del proceso tras el trámite de convalidación o debate parlamentario, sobre cómo quedará  la pretendida primacía de los convenios colectivos autonómicos, o sobre si con estos mimbres -petrificación de la negociación colectiva tras la vuelta de la ultraactividad, o el menor peso de los convenios de empresa- podremos afrontar los retos del futuro del trabajo, las relaciones laborales -¿con nuevo Estatuto de los Trabajadores?”  Javier Blasco

     “La reforma laboral en siete claves  El pasado 28 de diciembre de 2021 entró en vigor la última reforma legislativa del mercado laboral en España. Aunque se enmarca en una larga serie de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (desde su aprobación en 1980), esta reforma ha despertado un especial interés por dos razones. Primero, porque es la de mayor calado desde la que se aprobó en el año 2012 y, segundo, porque ha sido el resultado de un largo proceso de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales (representados por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME). Pero, ¿en qué consiste realmente la reforma?. Tras la aprobación de la reforma del Consejo de Ministros por la vía del real decreto ley, al tratarse de una norma provisional, el Congreso deberá convalidarlo (por mayoría simple, más síes que noes) o rechazarlo en el plazo de 30 días. En caso de ser rechazada, la norma será derogada y no tendría efectos a partir de ese momento. En caso de ser aprobada, se mantendría en vigor y con el mismo contenido, ya que en este trámite no se puede modificar. A instancias de cualquier grupo parlamentario, se puede solicitar que la norma se tramite como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Durante este proceso sí se pueden realizar modificaciones de su contenido mediante enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Una vez finalizado el proceso, las Cortes aprobarán la norma definitiva. En término medio, el proceso de ratificación de un proyecto de ley tiene una duración aproximada de unos 6 meses.  Finalmente, aunque la norma ya se encuentra en vigor, las medidas que afectan a los contratos (formativos, temporales, fijo-discontinuos), empezarán a tener efectos a partir del 30 de marzo de 2022.La reforma tiene como objetivos principales atender a dos de los principales problemas del mercado laboral español: las elevadas tasas de temporalidad y el desequilibrio en la negociación colectiva. El primer aspecto ha sido endémico desde hace varias décadas y las reformas orientadas a reducir los costes de despido (eliminación de los salarios de tramitación, reducción de la indemnización y la ampliación de causas del despido objetivo) no han conseguido reducir la temporalidad. Por el contrario, la evidencia muestra que la inestabilidad de las trayectorias laborales se ha incrementado con el tiempo. El segundo aspecto tiene su origen en la mencionada reforma del 2012, donde se consideraba que la negociación colectiva había sido un obstáculo durante la crisis económica y financiera iniciada en el 2008. Al favorecer la devaluación salarial, se produjo un desequilibrio que provocó que incluso en años de crecimiento económico los salarios reales permanecieran estancados. Para atender a estos problemas se reforman siete aspectos de la anterior legislación.

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    1. Convenios colectivos. En primer lugar, en materia de negociación colectiva, los convenios recuperan la ultraactividad indefinida. Desde el año 2012, cuando había transcurrido un año desde que finalizaba un convenio y no había un nuevo acuerdo, el convenio desaparecía y se aplicaba el de ámbito superior. El efecto fue que la cobertura de los convenios sectoriales de ámbito provincial se redujo drásticamente en favor de los de ámbito superior. Así mientras que los provinciales en 2008 suponían más de la mitad de los asalariados cubiertos, en el año 2019 son sólo un tercio del total. A partir de ahora, cuando haya transcurrido el proceso de negociación y no se alcance un acuerdo, se mantendrá indefinidamente la vigencia del convenio colectivo hasta que se renueve.
    2. Convenio de empresa. El convenio de empresa deja de tener prioridad aplicativa respecto a la cuantía del salario base y de los complementos salariales. Esto implica que será el convenio vigente de ámbito superior (estatal, autonómico o provincial) el que regulará esas materias. La intención de esta medida es evitar que se fomente una competencia por reducir salarios, especialmente mediante el uso de empresas subcontratistas con convenio de empresa.
    3. Contrato por obra o servicio. En materia de regulación del empleo, el cambio más significativo es que desaparece el contrato por obra o servicio. Con la nueva normativa la contratación temporal se justificará por circunstancias de la producción o por sustitución de otra persona trabajadora. En caso de incumplimiento o si se tiene un contrato temporal durante más de 18 meses en un plazo de 24 meses, se adquiere la condición de indefinido. Asimismo, se incrementan las sanciones y se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas. Además, se amplía el ámbito del contrato fijo-discontinuo para que cobre un mayor protagonismo y se establece una modalidad de contrato indefinido de obra en el sector de la construcción.
    4. Contratos de muy corta duración. En cuarto lugar, se incrementa la penalización de los contratos de muy corta duración para reducir la excesiva rotación. De esta forma, los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros. Esta medida trata de corregir el hecho de que la duración media de los contratos se haya reducido dramáticamente desde el año 2006, desde unos 80 días a 50 días de media. En paralelo se ha incrementado el peso de los contratos de menos de 7 días, que ya suponen más del 30% el total de contratos.
    5. Contratos formativos. Se eliminan los contratos de formación y prácticas y se crea un contrato formativo en base a dos categorías, “formación en alternancia”, cuando se compatibiliza con los estudios de FP, universidad o certificado profesional, y “obtención de la práctica profesional”, cuando ya se ha obtenido la titulación. Un aspecto relevante es que en ambos casos se elimina el periodo de prueba, durante el que no había indemnización por despido. Además, establece la creación de un Estatuto del Becario en el plazo de 6 meses. El objetivo es favorecer que los jóvenes adquieran trayectorias laborales más estables, ya que, como es conocido, son las personas que sufren mayor inestabilidad.
    6. Los ERTE. En sexto lugar, se introducen las modalidades aplicadas desde el inicio de la pandemia en los expedientes de regulación de empleo de suspensión y reducción de jornada (ERTE) que incluyen, en función de las distintas categorías, exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social. Su finalidad es favorecer la flexibilidad interna y reducir los despidos durante épocas de crisis económica o reconversión empresarial, lo cual debería contribuir a crear empleos más estables.
    7. Administraciones públicas. Por último, en el caso de las administraciones públicas también se elimina el contrato por obra o servicio y la posibilidad de aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Además, se establece que se podrán realizar contratos indefinidos o fijo-discontinuos previa acreditación y, en su caso, dependiendo de la tasa de reposición. Para el caso de la interinidad se remite a la Ley 20/2021, que regula el proceso de estabilización y las indemnizaciones previstas en función de la permanencia. definitiva, la norma supone un cambio en la orientación de las últimas reformas laborales al revertir dos aspectos que habían afectado a la negociación colectiva y procura reducir la temporalidad por la vía de restringir legalmente el uso de los contratos temporalesLuis Cárdenas
    https://theconversation.com/las-siete-claves-de-la-reforma-laboral-en-espana-174971?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2016%20enero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202176121557&utm_content=Novedades%20del%20da%2016%20enero%202022%20en%20The%20Conversation%20-%202176121557+CID_9e8563df91191365d89ffa0d0843729e&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Las%20siete%20claves%20de%20la%20reforma%20laboral%20en%20Espaa

    Mil gracias por la lectura y difusión de esta Agenda  de Prensa y no sean cándidos. No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos

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  • LA AGENDA DE MÚSICA de Alfonso Alarcón

    METAMORPHOSIS, PHILIP GLASS

    Metamorphosis es una composición para piano en cinco partes del músico norteamericano Philip Glass (1937), basada en la famosísima novela corta de Franz Kafka. Fue escrita en 1988  como música de ballet, sin que yo tenga constancia de cuándo ni dónde se estrenó. Hay una grabación interesante que aquí se aporta para general delectación.

    Metamorphosis, por la Modern Dance Company (35 minutos):

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Descripción: Descripción: Libros de transhumanismo

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Deborah García Bello: No tocar.  Ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19

    Descripción: https://static9planetadelibroscom.cdnstatics.com/usuaris/libros/fotos/319/m_libros/portada_no-tocar_deborah-garcia-bello_202004161733.jpg

    https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/la1_libro_ciencia/5567477/

    Suketu Mehta: La vida secreta de las ciudades. Retrato sobre las ciudades del mundo a través de los inmigrantes que han logrado convertirlas en su hogar

    Descripción: La vida secreta de las ciudades de [Suketu Mehta]

    https://www.patriciatorresray.com/elibros/36461-OMVOQFEEBM-la-vida-secreta-de-las-ciudades.html

    José Luis de Haro entrevista a Paul Donovan: «España no debe intentar mantener con vida a un sector si se sabe que éste no sobrevivirá en la próxima década»

    Descripción: Donovan_UBS.jpg

    https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10515941/04/20/Donovan-USB-Espana-no-debe-intentar-mantener-con-vida-a-un-sector-si-se-sabe-que-este-no-sobrevivira-en-los-proximos-10-anos.html

    Darío Prieto entrevista a  Israel Elejalde: «Cuando vas al banco y dices que eres actor, se quedan en blanco, sobre todo si no te reconocen de la televisión»

    Descripción: Israel Elejalde (Madrid, 1973), en el Teatro de la Comedia de Madrid.

    https://www.elmundo.es/papel/cultura/2022/02/02/61f92dbdfdddff3e4e8b45a3.html

    Lluis Amiguet entrevista a Joseph Stiglitz: España tenía una sanidad de las mejores antes de los recortes”

    Descripción: “España tenía una sanidad de las mejores antes de los recortes”
    https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200428/48772626023/espana-tenia-una-sanidad-de-las-mejores-antes-de-los-recortes.html

    OPINIONES & INFORMACIONES VARIAS DE ACTUALIDAD

    Sergio Martín: Sánchez proyecta estirar al máximo la legislatura y convocar elecciones en 2024, coincidiendo con el final de la Presidencia española de la UE

    https://www.economiadigital.es/politica/sanchez-estirar-legislatura-convocar-elecciones-2024.html

    El 3 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicará su estimación de la inflación del precio de los alimentos para comienzos de 2022. Veremos hasta qué punto el rápido aumento de precios registrado a lo largo de 2021 alcanza niveles que no veíamos desde hace una década

    Descripción: https://www.diarioabierto.es/wp-content/uploads/2022/01/dws-alimentos.jpg

    https://www.diarioabierto.es/595882/dws-alerta-del-impacto-de-la-inflacion-en-el-precio-de-los-alimentos

    “Aunque las subidas de precios han afectado a todo tipo de alimentos, han sido particularmente acusadas en el caso de cereales como el arroz, el trigo y el maíz y de aceites vegetales como el aceite de palma, que se usan para elaborar algunos de los alimentos más populares del mundo, como pizza o helado. El fuerte repunte de los precios de los alimentos ha afectado a toda la cadena de valor, ya que diversos fenómenos meteorológicos extremos han dañado las cosechas en regiones productoras como Australia o Brasil. Unos costes de transporte al alza y los problemas que han experimentado las cadenas de suministro han encarecido y dificultado llevar los productos hasta los consumidores y, por último, es posible que la pandemia haya fomentado la demanda y acumulación de alimentos. Aunque los efectos negativos de la COVID-19 y los problemas de las cadenas de suministro se acabarán resolviendo con el tiempo, es probable que los riesgos ligados al cambio climático sean más persistentes. Estos riesgos se están viendo exacerbados, además, por la falta de biodiversidad de los alimentos que consumimos, ya que más del 75% de la comida que se consume en el mundo se elabora con solo doce plantas y cinco especies de animales. Esta escasa biodiversidad es reflejo de la expansión de los sistemas agrícolas industriales y la globalización del sistema alimentario, que han fomentado una alimentación más uniforme, con la consecuente pérdida de diversidad gastronómica. De hecho, la producción agrícola se concentra en muy pocos países, entre los que destacan EE. UU. y China, seguidos de la India, la UE y Brasil. Como es de suponer, esta situación nos expone a un alto riesgo en caso de pérdida de cultivos, ya sea por fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático (sequías, inundaciones, etc.) o como resultado de alguna plaga que afecte a la producción agrícola de una o varias de las principales regiones productoras. Pero el aumento del precio de los alimentos también entraña riesgos de carácter social. Según un estudio del FMI de 2011 que analizó la relación entre la inflación del precio de los alimentos y las manifestaciones contra el gobierno registradas en 120 países entre 1970 y 2007, un aumento de precios del 10% provocó que las protestas se duplicasen en los países de renta baja, donde los alimentos representan un elevado porcentaje del gasto personal. Ahora que el índice de precios de los alimentos ha vuelto a los niveles de la Primavera Árabe, ya no son solo los bancos centrales los más interesados en controlar la inflación de precios”

     “Soy mayor, pero no idiota”  La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros está programada para este año, según el plan anual normativo para 2022. La misión de este organismo, prometido por el presidente del Gobierno en junio de 2018, es actuar de ventanilla única de cara a las reclamaciones de los usuarios del sector bancario en su más amplia extensión. La gran diferencia es que sus veredictos, al contrario de los de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ¬(DGSFP), tendrán carácter vinculante hasta una cantidad determinada. El Ministerio de Asuntos Económicos, es el responsable de legislar sobre este nuevo sanedrín, una especie de cuarto supervisor financiero junto a los tres mencionados. La disparidad es que su vigilancia no será vertical, sino horizontal, con competencias específicas a la hora de tramitar las quejas en todas y cada una de las áreas del sector financiero. Su creación es una exigencia de una directiva europea de 2013 que fue traspuesta en 2017 con la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que a su vez daba ocho meses para regular la protección del cliente financiero. El retraso es ya de cuatro años, pese a que en su momento fue uno de los mantras electorales del Gobierno. Su configuración como un organismo independiente hizo despertar las críticas del expresidente de la CNMV Albella, quien prefería que fuera una oficina dependiente del vigilante de los mercados. Hubiera sido la primera piedra para que la metamorfosis del supervisor que ahora dirige Rodrigo Buenaventura en el amo y señor del control de la conducta de todo el sector financiero: banca, seguros, intermediarios, fondos de inversión, de pensiones… Así, el nuevo mediador entre el sector financiero y sus clientes alejaría, a priori, el modelo de dos supervisores, conocido como twin peaks: uno dedicado a la solvencia y otro a la conducta. Un esquema que han solicitado prácticamente todos los presidentes de la CNMV, incluido el actual. Que se haya dilatado tanto en el tiempo se explica por la disparidad de opiniones sobre el papel que ha de asumir esta nueva autoridad entre los actuales supervisores, según las fuentes regulatorias consultadas. Los borradores de la ley para crear esta nueva autoridad han dado muchas vueltas, pero la clave está en que sus decisiones tengan carácter indiscutible para la entidad. En uno de los textos preliminares, se fija la cuantía que obliga a cumplir a las entidades en 50.000 euros, pero este importe todavía está por decidirse. Las que superen el dinero que finalmente se establezca tendrán que ir por la vía judicial, como ocurre ahora con las reclamaciones presentadas ante la CNMV, el Banco de España o la DGSFP y que no sean atendidas por las entidades. En todo caso, la autoridad podrá declarar la nulidad de cláusulas abusivas, anular liquidaciones y ordenar la devolución de impuestos. El presidente del Gobierno se comprometió a la creación del nuevo organismo tras la controversia por el impuesto de actos documentados. El Supremo declaró que debía pagarlo el cliente, pero el Ejecutivo cambió la norma para que lo abonara el banco. La disputa data de noviembre de 2018. El objetivo es que el organismo sea independiente y que tenga un presidente propio, pero que cuente con la representación de otros supervisores en su consejo. Dispondría de presupuesto propio, y podría contratar, pero además deja la puerta abierta a solicitar profesionales de otros supervisores. La plantilla de la CNMV, contaba con 435 personas a cierre de 2020, y este organismo recibió 1.242 reclamaciones ese año, el Banco de España tiene en nómina a 3.263 personas y se ocupó de 21.320 reclamaciones en 2020. La DGSFP, por su parte, inició en el mencionado ejercicio 4.389 expedientes. Tal y como está concebida, la autoridad de nuevo cuño carecerá de capacidad sancionadora. Pero esto no quiere decir que se vaya a quedar de brazos cruzados cuando detecte conductas inadecuadas. El objetivo es que, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones, comunique toda la información pertinente al Banco de España, a la CNMV o a la DGSFP, para que ellos tomen cartas en el asunto” Alfonso Vidal

    https://cronicaeconomica.com/gobierno/398649027/BANCA-Y-MAYORES-Calvino-aprovecha-el-tiron–y-trata-de-sacar-adelante-la-AIPCPF.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=34&tipo=3&identificador=398649027&id_boletin=394423898&cod_suscriptor=836910426
      Ucrania y el futuro de Europa ¿Qué ocurrirá cuando se haya completado el despliegue de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania? ¿Dará el Presidente ruso Vladimir Putin la orden de atacar para privar a uno de sus vecinos –un estado soberano y miembro de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa- de su independencia y obligarlo a volver bajo el yugo del Kremlin?. Todavía no lo sabemos, pero los hechos apuntan de manera abrumadora a una guerra inminente. Si eso llegara a ocurrir, las consecuencias para Europa serían profundas, cuestionando el orden y los principios europeos –renuncia a la violencia, autodeterminación, la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial- sobre los que se ha basado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la violenta agresión por parte de Rusia, Europa una vez más quedaría dividida en dos esferas: una “Europa rusa” en el este europeo de la UE y la OTAN en las partes occidentales y centrales del continente. Los intereses imperiales volverían a fijarse contra los de las democracias que colaboran entre sí bajo un estado de derecho en común. Peor aún, no se podría confiar más en las palabras, los vínculos, los compromisos y tratados, los países aumentarían su nivel de rearme para protegerse y habría una completa reorganización de las relaciones económicas, en particular en el sector de la energía. Europa ya no podría arriesgar el tipo de dependencias económicas por las que se la pudiera chantajear en épocas de crisis. Si bien una reorganización de las relaciones económicas podría ser costosa para la UE, no habría otras opciones. La única alternativa sería someterse y renunciar a los propios principios europeos. Al centro de la crisis actual se encuentra el hecho de que la Rusia de Putin se ha convertido en una potencia revisionista. No solo ya no le interesa mantener el statu quo, sino que está dispuesta a amenazar e incluso usar la fuerza militar para cambiarlo a su favor. Si Europa cediera ante estos impulsos imperiales, traicionaría sus valores más fundamentales y tendría que renunciar al modo en que vive y desea vivir. Significaría renunciar a todo el progreso que representa la UE. Las consecuencias son impensables y, por consiguiente, enteramente inaceptables. Las exigencias de Rusia muestran con precisión lo que realmente está en juego en el conflicto ucraniano. Putin quiere que la OTAN abandone su política de puertas abiertas, no solo en Europa del Este sino también en Escandinavia (frente a los estados miembros de la UE Suecia y Finlandia). No se trata del supuesto arrinconamiento de Rusia por la OTAN, sino de la restauración del imperio ruso y la amenaza existencial de Putin al arraigo y la propagación de la democracia. Lo que está en juego en la crisis ucraniana es el derecho a la autodeterminación, la prerrogativa de todos los países soberanos a escoger sus propias alianzas. Putin desea desesperadamente borrar la humillación de la caída de la Unión Soviética y la pérdida histórica de su país como potencia global. En su opinión, el Imperio Ruso debe regresar y convertirse en un actor de peso. Esta aspiración afecta de inmediato a Europa, porque Rusia nunca ha sido una potencia global sin primero convertirse en una fuerza hegemónica en Europa. Hoy, la independencia de Ucrania está en juego. Mañana serán los demás estados post soviéticos; y después, la dominación de Europa. Los europeos que conocen su historia deberían estar familiarizados con esto. Dadas las implicancias de la agenda de Putin, cabe preguntarse a qué está esperando Europa. ¿Qué más tiene que pasar para que los europeos despierten ante los hechos? Si alguna vez hubo un tiempo para poner de lado conflictos menores, es ahora. Si sus principios han de sobrevivir en un mundo de renovada competencia política entre grandes potencias y rivalidades geopolíticas, Europa debe convertirse en potencia en sí misma. Sus principios están bajo amenaza directa. ¿Quién los defenderá?. No hay dudas de que, en las actuales circunstancias, la garantía de seguridad estadounidense en Europa es evidente y necesaria. Pero para que mantenga el pacto transatlántico, Europa debe fortalecerse, lo que exigirá que Alemania –en primer lugar- reevalúe su papel. Es y seguirá siendo el mayor estado de Europa en lo económico y demográfico. Considerando la magnitud de las amenazas actuales, ¿de verdad sigue siendo un problema la promesa del gobierno alemán saliente de destinar al menos un 2% del PIB a defensa? ¿O es ahora más importante que el gobierno alemán haga un anuncio claro y positivo acerca de su compromiso con el apoyo a Ucrania y la defensa de los principios europeos? Eso enviaría un mensaje del que el Kremlin no se podría desentender. Pero el tiempo se acaba” Joschka Fischer
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    Cinco tentaciones debe esquivar Pablo Casado para afrontar con garantías de éxito su llegada a la Moncloa. Hay un círculo en el infierno reservado a quienes empiezan su artículo con una cita. Quizás el sexto. Allá vamos. «Solo hay una forma de evitar una tentación y es caer en ella». Wilde habrá sido capaz de perdonarnos tamaña zafiedad. Manosear su cita más manoseada. Cuánta grosería.  Pablo Casado, que no es zafio, ni grosero, sino más bien todo lo contrario, pulido de formas y prudente en el verbo, arriesga pasar una temporada, no en el infierno de los columnistas ineptos, sino en el los políticos derrotados, un cotolengo angustioso y lóbrego, habitado por rencores y remodimientos. En el purgatorio se encontraba, tras dos derrotas en elecciones generales y severos batacazos en Cataluña y País Vasco, hasta que advinó la victoria rotunda de Díaz Ayuso que logró recomponer el desaguisado y rescatarlo del rincón de los penados.  Arranca ahora un rosario de citas electorales que desembocarán -si el presidente del Gobierno no altera el calendario oficial- en el juicio final de las Legislativas de 23/24. Un mero tropiezo el 13-F equivaldría a encajar un gol en el minuto dos, jugando en casa y frente a un adversario menor. Un severo trastazo que obligaría al Génova a la gran remontada. Es decir, a golear en Andalucía -con Macarena Olona en liza-, a barrer en las municipales de la primavera del 23, para llegar al cara a cara con Sánchez en condiciones de victoria. Casado, prudente y reflexivo, se habrá sentado a reflexionar en algún momento de estos afanosos días en los que corretea, quizás demasiado, por plazas y establos, tractores y carros de la vieja Castilla. Tras esas supuestas sesiones de profunda meditación, habrá concluido que resultará imprescindible evitar, en los próximos meses, al menos cinco tentaciones que ahora enredan sus planes y que, de no esquivarlas, pueden amargarle la existencia y mandarlo al averno. Estas son.

    ABRAZADOS AL TRIUNFALISMO. Quizás fue Mañueco. O los estrategas de Génova. Es igual. El PP se ha puesto el listón demasiado alto, ha saltado a la cancha en avanzado estado de triunfalismo. Mal asunto una euforia tempranera. CyL no es Madrid ni su presidente es Ayuso. Insistir, como se ha hecho, en que va a repetirse la gesta madrileña resulta un error. ¿A qué tanto aspaviento, si aún no hay ni piel ni oso? Arrancaron coreando los 38-39 escaños de los 41 necesarios para la absoluta. Mal. Las cosas se hacen al revés. Se anuncia una victoria discreta y, si se redondea un exitazo a lo Nadal, se agotan veinte o treinta cosechas de Vega Sicilia y a brindar. Las encuestas rebajan estos días las expectativas del PP. Emiten ya mensajes de satisfacción con 36 escaños. Ese es el camino.

    ¿ALGUIEN PUEDE RETIRAR LOS JARRONES CHINOS? La lió José María Aznar en Valladolid. «La pregunta es, ¿ganar para hacer qué?». Heló el auditorio. «Soy reformista, soy reformista», tuvo que repetir Casado al día siguiente con la insistencia de quien grita «soy inocente». Y ahora le toca a Rajoy. Los jarrones chinos del PP son más molestos que esa soga del filme de Hitchcock, que va del cuello del asesinadito al tenebroso baúl, luego a la cocina, de ahí a la biblioteca y así hasta que pillan al criminal. ¿Alguien puede, por favor, dejar a los jarrones en paz? Casado los incorpora a sus convenciones, a sus campañas, a sus mítines, en un afán transmitir la idea de un partido compacto y cohesionado, con un pasado lustroso y una historia ejemplar. Pues no. Aznar, reclutado para anular a Vox, resulta estridente. Rajoy, muy próximo ahora a su sucesor en Génova, espanta más que aporta. No representan el PP de Casado y, qué se le va a hacer, no pintan nada. Que alguien los retire de una vez del salón, please, porque siempre terminan rompiendo algo.

    DESPRECIAR A VOX. Si hay algo realmente estúpido es dedicar cada día un buen rato a lanzar jaculatorias contra quien, inevitablemente, devendrá tu socio. Quizás no en Castilla y León, aunque más bien sí. Pero Casado va a necesitar al partido de Santiago Abascal para sentarse en el sillón de la Moncloa, sea lo que sea que haga allí después. Se dirá que, dado que la izquierda se ha borrado de esos comicios, que Pedro Sánchez prefiere Dubai y Yolanda Díaz se ha esfumado, a los virtuosos de la derecha no les queda otra que matar el rato sacudiéndose entre ellos. Lo hacen con saña. Casado es un virtuoso en la especialidad, como se comprobó en aquella fastidiosa moción de censura. «No pasa nada, ya se entenderán cuando llegue el momento de los besos y abrazos», dicen las cacatúas politólogas. Es posible, pero Almeida se ha visto forzado a ejecutar una dolorosa contorsión hacia le lado oscuro del tablero parra sacar sus presupuestos y en Andalucía están en las mismas. Lo natural sería ir tras la senda de Ayuso: el enemigo es el PSOE con sus frankenstein y ni una mala palabra hacia Vox. Tampoco besos, claro está. Arrearle dos trompadas cada mañana a Abascal se antoja una estrategia errada para frenar a Vox en CyL. No es eso.

    LA GUERRA CONTRA AYUSO. Tiempos de tregua. Cese de hostilidades. La cúpula de Génova anda por el Pisuerga, pero la crisis sigue latente. Ayuso cedió en la fecha del congreso, un debate absurdo e hipertrofiado. Una excusa de Teodoro García Egea para humillar (‘poner en su sitio’ dicen ellos) a la presidenta. «Hay quien organiza bien un asedio y mal una batalla», advertía Platón. Cuanto antes advenga el acuerdo, cuanto antes asuma Casado que ha cometido un error, que resulta disparatado cargarse la mejor joya de su colección, antes emergerá el partido de su actual neblina.. No debe importunarle que la lideresa brille demasiado. Al contrario, más luz entrará en su establecimiento, más relumbrará su negocio y más gente se acercará a comprarle la mercancía. Así de fácil. Logrará al fin volar en los sondeos y dejar muy atrás al PSOE, movimiento que por ahora, lejos de producirse, va aflojando.

    UN EQUIPO GRIS MARENGO. Anodino y gris. Así es el equipo que rodea al líder de la derecha española. Basta echar un vistazo a su alineación, recitar los apellidos, leer sus trayectorias, enumerar sus éxitos. Nada. Apenas llevan tres años, se dirá. «Dentro de cincuenta años, alguno de ellos estará a punto de tener talento», se responderá con Bioy. El malvado Aznar algo deslizó al respecto en su accidentado discurso. Su equipo, cierto es, lo conformaba un grupo de políticos solventes, aunque alguno salió rana. Rajoy poco puede hablar de esa materia, con un Fernández Díaz y los hermanos Nadal entre sus pretorianos. Acertó con Moragas, cuando Arriola estaba de retirada. Hay gente muy valiosa en el PP. Basta echar un vistazo al Gobierno de Ayuso. O al de Juanma Moreno, posiblemente el mejor dotado.  En Génova no se reúnen los mejores. Son, como diría el Templado de Max Aub, los «proclíticos», esos monosílabos sin acentuación que se ligan a la palabra siguiente para intentar ser algo. Se adornan con plumas de ganso y se la pasan en trance de pavo real. El equipo casadista, astuto, engreído y algo patrañero, necesita un refuerzo, unos cuantos Lasquetty, un suponer. Más talento. No se trata de ampliar la Ejecutiva, sobrada de número y algo escasa de talento. El líder de la derecha precisa más bien elevar la mirada, concretar un proyecto sólido, convincente y, luego, exponerlo con firmeza, convicción y algo de fe. Cierto que habla con mucha gente, consulta con personas valiosas, mantiene contactos interesantes. Su agenda no es manca. Bien, pues que escuche. Y tome nota. Cinco son las tentaciones en las que Casado ya ha caído o está a punto de caer. Debería remediarlo. No sólo por mantener altas su expectativas de llegar al poder, sino por procurarle satisfacción a una sociedad maltrecha y desvencijada que, mayoritariamente, empieza a dar muestras de hartazgo con el actual Gobierno, recinto nuclear de toda ineptitud. En esto de las tentaciones, como con las muelas picadas, se ha de actuar cuanto antes. El alivio es inmediato. Casado, sin embargo, parece correr cada vez más aprisa para mantenerse en el mismo sitio, como la Reina Roja de Alicia. Y ese es el camino que, indefectiblemente, desemboca en el sexto círculo del infierno”  José Alejandro Vara

    https://www.vozpopuli.com/opinion/casado-en-el-infierno.html

     “El intenso período electoral previsto en América Latina entre 2021 y 2024 está incidiendo en la política interna nacional y en la redefinición de las tendencias políticas regionales: por ahora se consolida el voto de castigo a los oficialismos, a la espera de que se confirme –o no–, a lo largo del próximo trienio, un posible “giro a la izquierda” Los comicios presidenciales y legislativos ocurridos en noviembre y diciembre de 2021 han empezado a dibujar un panorama regional marcado más por el voto de castigo al oficialismo y la polarización que por un nuevo “giro”, sea a izquierda o a derecha. Las elecciones en Argentina (legislativas), Chile (presidenciales y legislativas) Venezuela (locales) y Honduras (presidenciales y legislativas) son la antesala que adelanta muchas características de los comicios pendientes de celebrar en el trienio 2022-2024, con citas para elegir presidentes en gran parte de los países latinoamericanos, incluidos los de mayor peso económico, político y demográfico. Entre otros, votarán los tres representantes latinoamericanos en el G-20 (Brasil, Argentina y México), así como en la cuarta y la quinta economías regionales (Colombia y República Dominicana).

    2022Costa Rica, Colombia, Brasil y referéndum revocatorio en México
    2023Guatemala, Argentina y Paraguay
    2024México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

    Figura 1. Elecciones presidenciales latinoamericanas, 2022-2024. Fuente: elaboración propia.

    Estas elecciones pueden contemplarse desde dos dimensiones: de política interna y de política internacional, más centrada en el papel externo y geopolítico de los países, alterado o influido por los resultados electorales. En esta primera parte del trabajo nos centraremos en las cuestiones de política interna, dejando para la segunda y última parte los temas regionales e internacionales. En líneas generales ha predominado internamente el voto de castigo a los oficialismos, allí donde hubo elecciones transparentes y justas. Un voto de castigo dirigido también contra el modelo vigente, tanto político (rechazo a las elites hegemónicas) como económico-social. Se ha confirmado que en el terreno político-electoral la heterogeneidad también es una característica regional. Han ganado tanto el centroderecha en Argentina (legislativas), como partidos y candidatos de izquierda (Honduras y Chile). Una América Latina que cuando vota en libertad (no en Nicaragua y solo en parte en Venezuela) castiga al oficialismo y respalda a oposiciones que, sin embargo, no han sabido canalizar el descontento y la desafección ciudadana, como indican los altos índices de abstención, por encima del 50% en Nicaragua, Chile (en la primera vuelta) y Venezuela. Pese a ello, la participación rozó el 70% en Honduras y la elevada movilización chilena la hizo llegar al 55% en la segunda vuelta. Todo en un contexto de alta fragmentación de los sistemas de partidos y volatilidad del voto, lo que ha configurado parlamentos divididos, donde resulta cada vez más difícil construir mayorías sólidas, sobre todo por la elevada división y polarización existentes. Este contexto electoral tan fraccionado permite que los candidatos más escorados (los chilenos José Antonio Kast y Gabriel Boric) pasen a la segunda vuelta, o que otros políticos extremos, como el argentino Javier Milei, consigan buenos resultados. Fragmentación y alta abstención que contribuyen a acrecentar la polarización. Los ciudadanos que votan suelen ser los más militantes, movilizados e implicados y prefieren las opciones extremas. También se expulsa a la periferia del sistema a las opciones centradas, más debilitadas y con menor apoyo ciudadano, que están más fragmentadas. Estos hechos incrementan la triple crisis política: de gobernabilidad (debilidad de los gobiernos democráticos), de representación (elevada fragmentación del sistema de partidos que no canaliza adecuadamente las demandas ciudadanas) y parálisis legislativa (dificultad para conciliar en el Parlamento posturas polarizadas). Todo ello marca la ausencia de una agenda reformista consensuada y lastra a la región desde hace más de un lustro, como ocurre en Perú desde 2016 y ahora con Pedro Castillo como presidente. Es uno de los temores que se ciernen sobre el próximo gobierno de Boric en Chile, algo evidente en su discurso como ganador de las elecciones, al apelar a la unidad en la diversidad, la concordia y los acuerdos. El voto de castigo al oficialismo (independientemente de su ubicación política) se ha convertido en una tendencia predominante en el contexto político electoral latinoamericano, aunque no exclusiva del mismo. Se ve desde mediados de la pasada década, cuando tras el fin del súper ciclo de las materias primas (2003-2013), los gobiernos de larga duración (kirchnerismo en Argentina, correísmo en Ecuador, Frente Amplio en Uruguay y lulismo en Brasil) fueron perdiendo el poder y la hegemonía. La tendencia sigue presente y 2021 no ha sido excepcional. De las once elecciones celebradas, en seis venció la oposición y en cinco el oficialismo. Entre estas últimas, una fue en Nicaragua, sin garantías electorales. Otra Venezuela, donde el régimen solo ha empezado a dar tímidos pasos en la construcción de un sistema electoral menos inclinado a su favor. Salvo los casos argentino (legislativas) y boliviano (locales), las restantes fueron victorias opositoras en elecciones presidenciales (Ecuador, Perú, Honduras y Chile), mientras los triunfos oficialistas sucedieron en legislativas (El Salvador y México) y locales (Paraguay y Venezuela). En Chile y Perú –y parcialmente en Ecuador– los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta no representaban ni al gobierno ni al principal referente opositor y su victoria suponía no sólo un voto de castigo al oficialismo sino también una apuesta por un cambio de modelo de desarrollo.

    Victorias de la oposición (6)Ecuador (centroderecha) Bolivia (centroderecha) Perú (izquierda) Argentina (centroderecha) Honduras (izquierda) Chile (izquierda)
    Victorias del oficialismo (5)El Salvador (derecha) México (izquierda) Paraguay (centroderecha) Nicaragua (izquierda) Venezuela (izquierda)

     Figura 2. Victorias de los oficialismos o las oposiciones en 2021. Fuente: elaboración propia.

    El agitado bimestre electoral de finales de 2021 comenzó el 7 de noviembre con las “elecciones” presidenciales nicaragüenses, que completaron la deriva dictatorial de Daniel Ortega. El régimen “neosomocista” ha completado desde 2007 una singladura que le ha llevado de ser un régimen híbrido (tras los cuestionados comicios locales de 2008 y la posterior cooptación de las instituciones que debían velar por los procesos electorales) y crecientemente autoritario (después de la represión de las protestas en 2018) a consolidarse como una dictadura apoyada en la legislación represiva de 2020. Esta permitió desencadenar la oleada de detenciones de rivales políticos y precandidatos presidenciales. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reunió el 75,8% de los votos y 75 de 90 escaños, cifras que no han podido ser contrastadas dada la ausencia de una administración electoral transparente y la inexistencia de observación electoral internacional. Según el gobierno votó el 65,34% de los empadronados, pero el observatorio independiente Urnas Abiertas considera que sólo lo hizo el 18,5%. Entre las victorias oficialistas de 2021 cabe matizar el caso de Venezuela. El chavismo ganó de forma contundente y se impuso en 19 de las 23 gobernaciones y la alcaldía de Caracas. Sin embargo, la alta abstención –votó el 41,8% del censo– fue un doble voto de castigo. Contra la oposición dividida y enfrentada entre sí, con estrategias incompatibles y liderazgos excluyentes, que no canalizó el malestar ciudadano contra Nicolás Maduro. Y contra el gobierno, que ha sumido al país en una crisis profunda, de la que ahora apenas empieza a salir, con hiperinflación y una economía que desde 2013 se ha contraído en un 80%. Lo ocurrido en el estado de Barinas fue significativo, ya que la oposición fue capaz de imponerse dos veces seguidas al chavismo. El Tribunal Supremo Electoral ordenó suspender los comicios de noviembre –ganados por la oposición– para repetirlos en enero, cuando volvió a perder el oficialismo. Fue una victoria con una gran carga simbólica para la oposición, al lograrse en la tierra natal de Hugo Chávez, gobernada por su familia desde 1999. En noviembre la oposición derrotó su hermano Argenis, gobernador de Barinas entre 2017 y 2021, y en enero a Jorge Arreaza (ex yerno del comandante y excanciller y exvicepresidente). El antichavismo ganó apoyado en una alta participación en relación a las últimas elecciones venezolanas (51%) y de forma contundente, con casi 15 puntos de diferencia sobre Arreaza. En México no hubo voto de castigo. MORENA, el partido del presidente López Obrador, fue la fuerza más votada y ganó en 12 de las 15 gubernaturas en juego. Sin embargo, perdió la mayoría absoluta que tenía en el Congreso y no alcanzó, en coalición con sus aliados, los dos tercios a lo que aspiraba para poder reformar la Constitución. Como señaló Ciro Murayama, “el mandato de las urnas, al no conceder a ninguna fuerza o coalición la mayoría calificada en la Cámara y con ello la posibilidad de reformar la Carta Magna, es justamente un voto de apoyo al sistema constitucional vigente, incluida en él la división de poderes, el federalismo y la existencia de organismos autónomos como el INE y el Banco de México. México vive así entre un presidente con pretensión de reconcentración de poder y un persistente pluralismo que, sin embargo, no se traduce de manera fiel en los espacios formales de representación política”. De todos los triunfos oficialistas, el más claro y contundente fue el de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, de El Salvador, tanto en las legislativas (56 diputados de 84 escaños), como en las municipales (152 alcaldías de 262). La victoria se debió, en gran parte, a la estrategia de Bukele de transformar los comicios en un plebiscito sobre su figura. Desde 2019 ha convertido su gestión en una plataforma para atacar y desacreditar a la oposición (ARENA y el FMLN), que gobernó en diferentes momentos entre 1989 y 2019. Ha desplegado un estilo de gobierno autoritario que ha conseguido el apoyo mayoritario de la población con un conjunto de medidas que van desde algunas claramente exitosas (vacunación y, al menos a corto plazo, reducción de la inseguridad) a otras clientelares, hasta aquellas más efectistas que eficaces (el bitcoin). El resto de comicios celebrados entre noviembre y diciembre mostraron el predominio del voto de castigo al gobierno (Argentina), a la hegemonía de una fuerza política (Honduras) o a un modelo institucional y de desarrollo (Chile). Estos resultados, dado que en la mayoría de países gobernaban fuerzas de centroderecha o derecha, se han calificado como un nuevo “giro a la izquierda” o “marea rosa” (las izquierdas ganaron en 2021 en seis de los once comicios celebrados). Sin embargo, el maratón electoral 2021-2024 apenas ha comenzado, por lo que parece prematuro calificarlos de “giro” hacia determinado lugar del espectro político. De momento, lo único cierto es la tendencia mayoritaria hacia el voto de castigo al oficialismo, como en las legislativas argentinas. La doble derrota del peronismo/kirchnerismo, en las internas de septiembre y las legislativas de noviembre se explica por diversas causas que apuntan a la gestión gubernamental: la mala situación económica (la inflación ronda el 50% y el dólar paralelo es un 100% más caro), el aumento de la inseguridad ciudadana, la deficiente gestión de la pandemia –con escándalos añadidos– y las peleas internas en el ejecutivo entre el presidente y la vicepresidenta. La oposición de Juntos por el Cambio superó al oficialista Frente de Todos por casi nueve puntos (8,4%). Si bien el peronismo recortó distancias respecto a las PASO (primarias) y se mantuvo como primera minoría en el Congreso, fue ampliamente derrotado. Juntos por el Cambio ganó en 13 provincias, incluidas seis de las ocho que elegían senadores y consiguió reducir el bloque que lidera la vicepresidenta Kirchner en el Senado de 41 a 35, siendo la primera vez en 38 años de democracia que el peronismo pierde la mayoría propia. Además, a izquierda y derecha han surgido alternativas más extremas. A la derecha, los liberales de Javier Milei obtuvieron un 17% en la Ciudad de Buenos Aires y dos diputados. Avanza Libertad y La Libertad Avanza, conformadas por grupos libertarios, consiguieron casi un millón de votos, un 4,67% del total, y cinco escaños en la Cámara de Diputados. En la izquierda, una coalición de anticapitalistas y trotskistas (el Frente de Izquierdas) fue tercera nivel nacional, con un 6% del total. Las elecciones de Chile y en Honduras mandaron mensajes aún más contundentes que muestran la existencia del voto de castigo a gobiernos y modelos de desarrollo. En Honduras, el triunfo de Xiomara Castro, del partido LIBRE (fuerza liderada por su marido, el expresidente Manuel Zelaya), puso fin no sólo a 13 años de hegemonía antizelayista (2009-2022) sino también al predominio del Partido Nacional –conservador (en el poder entre 2010 y 2022)– y a la influencia de Juan Orlando Hernández, presidente entre 2014 y 2022. En Chile se votó contra el gobierno de Sebastián Piñera y también contra la clase política y la elite gobernante, conformada por las coaliciones en el poder desde 1990. En 2021, por primera vez desde que se celebran segundas vueltas (1999), estuvieron ausentes las dos grandes formaciones dominantes. Pasaron al balotaje dos figuras críticas con la gestión de la Concertación y del centroderecha piñerista. Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), el presidente electo en segunda vuelta, lideró una amplia y heterogénea coalición de izquierda, crítica con el modelo político y económico-social y con la gestión del centroizquierda en 1990-2010 y en 2014-2018. José Antonio Kast, el vencedor de la primera vuelta, representaba a la derecha más conservadora, con su crítica a los gobiernos del centroderecha (Piñera en 2010-2014 y en 2018-2022) por abandonar los fundamentos del modelo que permitió crecimiento y desarrollo. Los resultados (victoria de la izquierda –Boric– en las presidenciales con posible control de la Cámara de Diputados y mayoría en la Convención Constituyente pero empate en el Senado) extienden una sombra de duda sobre la gobernabilidad. El giro al centro protagonizado por Boric (pero también por Kast) se plasmó en un cambio del programa electoral, dando a Boric una imagen de líder pragmático y posibilista. Tras los comicios, el comportamiento democrático y las actitudes de respeto institucional y de apego a los valores republicanos, tanto de Boric como de Kast, dan esperanzas sobre futuros pactos que garanticen la gobernanza. Sin embargo, la inexperiencia del presidente y su entorno, la herencia de un país crispado y violento, las diferencias que dificultan alcanzar acuerdos en la coalición ganadora (sobre todo entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, a su vez dividido en diferentes sensibilidades) y las altas expectativas generadas son grandes obstáculos para la nueva administración. Una prueba de algunas de las dificultades a las que se enfrentará la administración de Boric al tratar de conformar una amplia coalición de gobierno que abarque la centroizquierda (sectores de la antigua Concertación), la nueva (Frente Amplio) y la vieja izquierda (Partido Comunista) así como la ultraizquierda, es lo ocurrido en la Convención al elegir presidenta en enero de 2022. Pese a ser una institución con mayoría de izquierdas, su elevada fragmentación e inexperiencia los llevó a no ponerse de acuerdo en un único candidato. Los grupos que conforman la columna vertebral del ejecutivo de Boric no lograron impulsar su propuesta. Las rivalidades entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y la falta de consenso con los socialistas y los No Neutrales (independientes de centroizquierda) permitieron la victoria de los Movimientos Sociales, el sector más escorado a la izquierda. En medio de esta tendencia al triunfo de los extremos se da la paradoja de que las fuerzas de centro, debilitadas, divididas y fuera del gobierno, siguen siendo decisivas para dar gobernabilidad y moderar las tendencias más rupturistas y radicales. Boric, que se ha declarado socialdemócrata (mala palabra en otros tiempos para la izquierda situada más allá de los partidos socialistas), necesitará para gobernar de parte de la antigua Concertación, en especial del Partido Socialista. Incluso lanzado algún guiño a la Democracia Cristiana, lo que desagrada al Partido Comunista. El próximo presidente parece querer eludir lo que ocurre en otras partes de la región. En Perú, Pedro Castillo, que llegó al Palacio de Pizarro de la mano de un partido marxista-leninista y mariateguista (Perú Libre), ha roto con el líder de su formación tras dejar caer a su primer gabinete (Guido Bellido) controlado por la izquierda más extrema. Su segundo gabinete en 100 días está formado por ministros de una izquierda más moderada (en especial, la primera ministra, Mirtha Vásquez, del izquierdista Frente Amplio). Además, ha logrado evitar el impeachment promovido por el fujimorismo y la derecha extrema gracias a los votos de las fuerzas de centro (Acción Popular, Somos Perú, Juntos Por el Perú y el Partido Morado) y mantenerse en el cargo. Las diferentes izquierdas regionales con aspiraciones a ganar liderando amplias coaliciones sociales y políticas se debaten entre impulsar cambios profundos y conquistar el centro para mandar un mensaje de confianza a un electorado más remiso a la hora de votarlas y desequilibrar la balanza electoral a su favor. En Colombia, Gustavo Petro, líder de la izquierda a la cabeza de las encuestas, busca aliarse al Partido Liberal para poder presentarse como un líder confiable y capaz de garantizar la gobernabilidad, alejando la imagen de figura polarizante y demagógica. Por su parte, Lula da Silva, pese a tener una intención de voto del 48%, más de 20 puntos por encima de Jair Bolsonaro, una vez que ha logrado hegemonizar el voto de la izquierda, aspira al respaldo del centro, llevando como vicepresidente al socialdemócrata (centroderecha) Geraldo Alckmin, quien fuera su rival en las elecciones de 2006. Esta izquierda es consciente de que por sí sola no tiene la suficiente fuerza para ganar y menos para gobernar. Un precedente de la búsqueda del centro ocurrió en Argentina en 2019 cuando Cristina Kirchner renunció a ser candidata para respaldar como presidenciable a una figura más centrada, Alberto Fernández (con Cristina, eso sí, como vice). La expresidenta era consciente de que para ganar “con ella no daba pero sin ella no era suficiente”. En 2021 esa estrategia llevó a Xiomara Castro a aliarse con un partido alejado de la izquierda como el que lidera Salvador Nasralla para vencer al enemigo común (el Partido Nacional). Las elecciones de Chile, Honduras y Argentina muestran la existencia de otras dos tendencias emergentes que podrían tener continuidad a escala regional a partir de 2022. La aparición de una nueva generación de candidatos, con un discurso marcadamente demagógico, que atrae a una parte considerable del electorado y el papel decisivo, al menos en el caso chileno, de los factores generacionales y de género para decidir el resultado en la segunda vuelta. La nueva generación de liderazgos demagógicos, de características muy heterogéneas, la encarnan Milei en Argentina, Franco Parisi en Chile y Nasralla en Honduras, con réplicas en 2022 en Colombia (Rodolfo Hernández), Costa Rica (Fabricio Alvarado) y Brasil (Sergio Moro). Es un conjunto de líderes que impugna el modelo hegemónico. Su fuerte es su mensaje contrario a la política tradicional y el discurso anticorrupción. Utilizan de forma efectiva las redes sociales para canalizar la frustración y la rabia. Parisi hizo campaña a través de las redes –de forma digital–, sin pisar su país. Fue el tercer candidato más votado. Son modernos demagogos que apelan al histrionismo, utilizando un lenguaje políticamente incorrecto y directo (“sin complejos”), en una búsqueda constante y maniquea de un chivo expiatorio (“la clase política” a la que constantemente ataca Milei). Plantean la política desde posiciones rupturistas en un juego de suma cero en el que, al menos durante las campañas electorales, está excluido el consenso, el pacto o el acuerdo. Son liderazgos altamente personalistas. El hondureño Salvador Nasralla, aliado de Xiomara Castro, lidera un partido que lleva su nombre, con un mensaje de claros tintes mesiánicos (Partido Salvador de Honduras)” Realinstitutoelcano.org

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