• EL INE  PUBLICA LAS CIFRAS DE SOCIEDADES MERCANTILES DE NOVIEMBRE. EL BANCO DE ESPAÑA PUBLICA EL AVANCE DE NOVIEMBRE DE LA DEUDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SE CELEBRA EL CONSEJO DE MINISTROS.  EL ECOFIN  DEBATE   SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN NIVEL IMPOSITIVO MÍNIMO MUNDIAL PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES EN LA UE. EL PARLAMENTO EUROPEO ELIGE A SU NUEVA PRESIDENTA . SE CONOCE EL ZEW DE CONFIANZA INVERSORA DE LA EUROZONA DE ENERO

    La producción industrial vuelve a tasas positivas: sube un 2,3% en la eurozona y un 2,5% en la UE en noviembre de 2021

    https://www.epdata.es/variacion-mensual-produccion-industrial-eurozona/f2e29765-ee69-421c-a6e7-8b54a5a71d2f
    https://www.epdata.es/variacion-anual-indice-produccion-industrial-eurozona/d88ac713-7ef9-4975-a284-da23533370e0

    ww.epdata.es/variacion-anual-produccion-industrial-paises-ue/6ca9fdc5-6e24-4d56-a1d6-62edde7d7e63

    La nueva previsión de la AiREF rebaja cuatro décimas el crecimiento del PIB para este año y 2022. El empleo crecerá un 6% este año y un 2,8% en 2022

    https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGmtXDbhGPPNrDrkTXPdGxZVTsr
    https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/17/economia/1642427291_175971.html
    https://www.expansion.com/economia/2022/01/17/61e574b8e5fdea112c8b45c6.html

    LA AGENDA DE MÚSICA de Alfonso Alarcón

    CECILIA BARTOLI, FARINELLI

    ¿Le reconocen? ¿La imagen digitalizada del famoso castrato Carlo Broschi, chiamato Farinelli… o Conchita Wurst grabando para Decca… o imagen travestida y maquillada de la grandísima Cecilia Bartoli, escondiendo su voz en las barbas atributo de varones bien equipados y aportando su extraordinaria voz a arias de indudable lucimiento?

    Nicola Porpora, La festa d’Imeneo, Vaghi amori, grazie amate:

    Riccardo Broschi, Merope, Chi non sente al mio dolore:

    Geminiano Giacomelli, Adriano in Siria, Mancare o Dio mi sento:

    COMP ARTIENDO LECTURAS

    con Carmen Marcos

    Librería miraguano  libreriamiraguano@gmail.com

    Pilar Quintana: Los abismos

    Idioma original: Español

    Edita: Alfaguara, 2021

    Nº páginas: 246

    Descripción: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51tyHb6MgFS._SY264_BO1,204,203,200_QL40_ML2_.jpg

    La acción transcurre Colombia, en los años ochenta del pasado siglo. La protagonista y narradora es Claudia, una niña de ocho años, hija única; a través de su mirada nos adentramos en la vida familiar (padre, madre y tía paterna). Residen en un apartamento en Cali con el piso bajo llena de plantas que Claudia siente como la selva. Su padre administra un supermercado propiedad de la familia; su madre es una mujer joven que soñó otro mundo más allá de su condición de esposa y madre y no está contenta con la vida o, más aún, está deprimida, con la excepción de cortos período de tiempo en los que algo o alguien la aleja de la familia. Cuando Claudia percibe las crisis entre sus padres teme quedarse huérfana ya que, a lo mejor, su madre no quiere vivir más – como una de sus amigas que se tiró/cayó de su apartamento en un piso 18 u otra que, enfadada, arrancó el vehículo una noche de niebla y nunca más se la  ha vuelto a ver-. Un viaje a la montaña, a una casa prestada por unos amigos, en un lugar solitario, termina de desatar los miedos de Claudia: pasa miedo en el trayecto, porque la carretera transcurre entre abismos, pasa miedo en la casa porque, en una esquina, el jardín se precipita en un abismo mal protegido; pasa miedo porque su papá llega tarde por las noches cuando la niebla rodea todo; pasa miedo porque su mamá bebe y se pasea borracha por el jardín… Entre la actitud escasamente maternal y sus confidencias imprudentes  y la amargura y el silencio obstinado de él, debe construir ese mundo en el que ha de adentrarse tan tempranamente. Un mundo de mujeres, un mundo de abismos. Es una novela escrita con una prosa aparentemente sencilla y luminosa que sitúa en primer plano a aquellas mujeres que viven atrapadas en la familia sin ser felices. Generaciones de mujeres obligadas, de una u otra manera, a quedarse donde no quieren estar. 

    https://www.elpais.com.co/cultura/gaceta/precipicios-de-la-infancia-resena-sobre-los-abismos-la-nueva-novela-de-pilar-quintana.html (Reseña de Pablo Concha)

    Pilar Quintana (Colombia, 1972), ha obtenido con esta obra el Premio Alfaguara de novela en 2021 y su novela anterior (La perra) obtuvo diversos galardones además de quedar finalista en el National Book Award

    https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Quintana (Biografía)

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Descripción: Descripción: Libros de transhumanismo

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Christian Salmon : La era del enfrentamiento

    Descripción: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gP2WHk8rL._SX328_BO1,204,203,200_.jpg

    Fernando Vallespin:  La sociedad de la intolerancia

    https://www.lavanguardia.com/vida/20210518/7461011/sociedad-intolerancia-debate-miercoles.html

    Alejandro Doradoentrevista aYolanda Moratilla:“La cuarta generación nuclear puede ser verde exactamente igual que las renovables”

    Descripción: Yolanda Moratilla
    https://atalayar.com/content/yolanda-moratilla-%E2%80%9Cla-cuarta-generaci%C3%B3n-nuclear-puede-ser-verde-exactamente-igual-que-las

    Ana del Barrio entrevista a Jorge Javier Vázquez: «Desde muy pequeño mi padre ya me llamaba ‘el pequeño dictador'»

    Descripción: Foto: BERNARDO DÍAZ
    https://www.elmundo.es/papel/2022/01/17/61df0da7e4d4d8e07d8b45c3.html

                NOTICIAS & OPINIONES VARIAS DE ACTUALIDAD

    Bolsamanía.com : Los españoles parecen dejar de lado la alta inflación y la nula rentabilidad que ofrecen actualmente los depósitos bancarios. Nunca el ahorro acumulado por los hogares se había destinado tanto a este producto. El dinero invertido en depósitos bancarios no ha parado de crecer desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Los últimos datos del Banco de España sitúan en los 943.700 millones de euros el importe del ahorro de las familias en depósitos, registrando un incremento en noviembre del 4,8% respecto a hace un año. Durante el penúltimo mes, los hogares elevaron su ahorro acumulado un 0,2%. Pero si las cifras se comparan con justo antes de que se decretara la pandemia, la cifra de depósitos custodiados por los bancos españoles ha aumentado en 92.200 millones de euros  frente a los 851.500que había en  febrero de 2020

    https://www.bolsamania.com/noticias/finanzas-personales/ahorro-depositos-record-nula-rentabilidad-inflacion–8949168.html

    Bolsamanía.com: Los tipos de interés activos aplicados por  los bancos se colocaron, según los últimos datos publicados por el Banco de España de octubre, en el 6,74% para operaciones a plazo entre uno y cinco años, mientras que la TAE fue del 7,29%. En ambos casos el porcentaje supone un mínimo desde que el organismo facilita estos datos. Aún así, las entidades españolas ofrecen un crédito al consumo más caro que en el resto de la eurozona, donde el interés se situó en el 4,64% y la TAE en el 5,83%. En cualquier caso, esta rebaja es superior a la de la tasa anual equivalente, «lo que nos indica que las financieras han aplicado unos tipos más bajos, pero han cobrado más en otros gastos», señalan desde el comparador financiero HelpMyCash

    https://www.bolsamania.com/noticias/finanzas-personales/bancos-fijan-minimos-interes-creditos-consumo–8957867.html

     “El mes de Enero terminará alcanzando otro máximo de afiliación que supera en más de 400.000 trabajadores el nivel pre-pandemia El dinamismo del mercado laboral de los últimos meses continúa y enero cerrará, por noveno mes consecutivo, con un nuevo crecimiento de empleo, de en torno a los 66.000 afiliados. Según la estadística experimental de afiliación quincenal de la Seguridad Social, este incremento permitirá marcar un nuevo récord histórico de afiliación en términos ajustados de estacionalidad y calendario, con un nivel de 429.000 trabajadores más que antes de la pandemia, según los datos presentados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.  La mejoría respecto a los datos previos a la pandemia es de casi 300.000 personas, incluso sin contar los trabajadores en ERTE o autónomos con prestaciones extraordinarias. El incremento de 66.000 afiliados con el que previsiblemente cerrará el mes de enero es una cifra superior al aumento de afiliación promedio registrado antes de la pandemia. Supera incluso el crecimiento de 51.000 trabajadores registrado en enero de 2017, el mejor mes de los años previos a la pandemia. El crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es generalizado por sectores, tanto en el sector privado como en el público, y también territorialmente, según ha resaltado el ministro de Inclusión. En concreto, los 429.000 empleos más respecto al nivel de febrero de 2020 se distribuyen entre +200.000 en el sector privado y +229.000 en el sector público. Dentro del primero, los sectores menos afectados por las restricciones han crecido en unos 255.000 empleos respecto al nivel pre-pandemia, destacando el incremento en sectores como programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (+53.000), actividades de servicios sociales (+27.000) o servicios a edificios (+26.000). Este comportamiento contrasta con el de los sectores que se han visto más afectados por las restricciones, que aún necesitarían recuperar 55.000 empleos para volver al nivel previo a la pandemia.   El crecimiento en el sector público se concentra especialmente en Sanidad (+86.000) y Educación (+59.000), dos actividades en las que España se situaba por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Territorialmente, el crecimiento también ha sido generalizado, según ha explicado Escrivá, destacando que más de la mitad de las provincias registran un incremento del empleo de más de un 2,2% respecto al nivel que tenían en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia.Además, “se ha producido no sólo un crecimiento del empleo, sino también un relevante cambio en la composición del mismo”, según ha indicado el ministro. En este sentido, ha subrayado el fuerte incremento del empleo indefinido, con 581.000 afiliados más que en febrero de 2020, frente al descenso del empleo temporal (-126.000 respecto a esa fecha). “Este buen tono del empleo indefinido también se aprecia en el mes de enero, cuando el incremento de los afiliados de este tipo en los primeros días de enero es de unas 44.000 personas, muy por encima de lo que ha sido habitual en ese periodo en otros ejercicios”, ha concretado. El dinamismo mostrado por el empleo en los últimos meses también tiene repercusión en los ingresos por cotizaciones sociales, que en 2021 cerrarán con un nuevo máximo histórico, por encima del anterior récord, de 2019, tanto en valores absolutos como en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, el crecimiento en 2021 está en torno al 8% respecto al año pasado, superior a lo previsto, y un 4,3% por encima de los datos de 2019. Por su parte, el número de trabajadores en ERTE-COVID continúa reduciéndose, a pesar de encontrarse en niveles muy bajos y del incremento de la incidencia de las últimas semanas. En concreto, a 13 de enero, la cifra de trabajadores en ERTE-COVID era de 100.761, aproximadamente el 0,66% de los afiliados. De ellos, aproximadamente la mitad trabajan a tiempo parcial. Esta modalidad de ERTE continúa con una gran concentración en los sectores relacionados con la hostelería y el turismo, a los que pertenecen casi la mitad de los trabajadores protegidos por este instrumento. Además, casi 30.000 trabajadores en este tipo de ERTE ya han sido confirmados para participar en programas de formación, lo que permitirá que el 40% de los trabajadores que tienen posibilidad de obtener exoneraciones en las cotizaciones sociales vayan a tenerlas. Y en este caso, también existe una gran concentración en tres sectores: alojamiento, comidas y bebidas y agencias de viaje, que aglutinan el 60% de los trabajadores que recibirán formación. Dentro de los ERTE-COVID también existe una importante concentración geográfica, siendo las islas las únicas provincias en las que el porcentaje de trabajadores protegidos supera el 1% de los afiliados.Por su parte, en las últimas semanas se ha producido un importante descenso de los ERTE no vinculados a la pandemia (ETOP), situándose actualmente ligeramente por encima de 8.000 trabajadores, es decir, un 70% del nivel que tenían en noviembre. La reducción se ha producido en el sector más afectado, el de la fabricación de vehículos de motor, y también se aprecia especialmente en las provincias más vinculadas a esta actividad, como Navarra o Barcelona. Estos datos muestran una mejoría en las cadenas de suministro” revista.seg-social.es

    Revisión masiva de alquileres en 2022 Tenemos una inflación disparada y eso obligará  a revisar millones de alquileres en 2022, tras años de no revisarlos por tener una inflación baja o negativa. La revisión media será de 46 euros al mes (552 al año), más alta para los que hicieron el contrato en el primer semestre y menos para los que lo revisan después del verano. Esta revisión aumentará los precios de los alquileres nuevos, que se espera vuelvan a subir, entre un +3% y un +5%,  tras dos años de ligeras bajadas. Y a finales de año podría entrar en vigor la nueva Ley de Vivienda, que congelará los futuros alquileres en zonas tensionadas, lo que podría reducir la oferta y subir más los alquileres. Antes, este mes de enero, el Gobierno aprobará un decreto-ley para entregar un cheque alquiler de 250 euros mensuales a 66.000 jóvenes con bajos ingresos, lo que aumentará la demanda y también tensionará al alza los alquileres. Así que, otro año más, alquilar será difícil y caro.  Los hogares en alquiler han aumentado mucho en los últimos años, por la crisis y el empleo precario de los jóvenes, a los que resulta casi imposible ser propietarios. De hecho, España es el país europeo donde más ha crecido el alquiler entre 2015 y 2020: un +9,2%, muy por encima de Dinamarca (+2,8%), Alemania (+1,7%) o Francia (+0%), mientras caía en Polonia (-3,10%), Finlandia (-2,75%), Reino Unido o Paises Bajos (-2,7%), según un estudio de Savills Newman. Con ello, España, que era un país de propietarios, se coloca en un puesto medio en el ranking de alquileres en Europa: el 24,9% de la población vive de alquiler (11.800.000 españoles), algo menos que la media de la UE-27 (30,3% de la población son inquilinos), un continente donde las mayores tasas de alquiler se dan en el centro y norte de Europa (49,6% de la población en Alemania, 44,7% en Austria, 40,7% en Dinamarca, 36% en Francia o 35,5% en Suecia) y las menores en los paises del Este (sólo 3,9% de inquilinos en Rumanía, 7,7% en Eslovaquia o un 8,7% en Croacia y Hungría), según Eurostat (datos de 2020).  Por hogares, el 17,3% de las familias españolas (3.244.580 hogares) vivían de alquiler en 2020, según la Encuesta de Hogares 2020 del INE. Son millones de españoles preocupados por su alquiler, que este año tendrán que revisar al alza sus contratos  al haberse disparado la inflación, tras varios años en que no se los han tocado porque la inflación era mínima o incluso negativa (abril a diciembre de 2020). Ahora, la revisión media de los alquileres será de 46 euros al mes (552 euros anuales), según la web Idealista. Una revisión que variará según las ciudades, notando más la revisión los que vivan en ciudades con los alquileres más caros: San Sebastián (la revisión será de 60 euros mensuales y el alquiler medio quedará en 960 euros), Barcelona y Madrid (54 euros de subida y un alquiler medio que subirá a 854 euros) y Bilbao (+52 euros y un nuevo alquiler medio de 832 euros). Y la revisión será menor en los alquileres de Ciudad real (+23 euros y 373 euros de alquiler ahora) o en Ávila, Cuenca, Lugo y Orense (+25 euros y un nuevo alquiler de 400 euros). La revisión del alquiler ya la habrán notado los que tenían que revisar su alquiler en el cuarto trimestre de 2021 (les habrá subido hasta un +5,5%) y menos los que hayan revisado en el tercer trimestre y en el verano de 2021. Ahora, en 2022, las revisiones más altas serán para los que alquilaron en el primer trimestre del año (entre un +4,8 y un +4,5%) y los que hicieron su contrato en primavera y hasta agosto (revisiones del +3,8% al 2,7%), notándolo menos ahora los que contrataron a partir de septiembre, que ya sufrieron una mayor revisión en 2021. La revisión exacta, según el mes del contrato, se puede calcular en esta web del INE. Eso sí, los propietarios solo podrán actualizar el alquiler con el IPC si está reflejado así en el contrato firmado por el inquilino (en los contratos firmados antes de marzo de 2015, el propietario puede exigir la revisión aunque no figure explícitamente).Los que todavía no viven de alquiler y buscan arrendar un piso, lo tendrán difícil en 2022, porque sigue habiendo más demanda que oferta, lo que sube precios en las grandes ciudades y obliga a los que buscan a pasar por un proceso de “selección”, un “casting” donde se les mira su nacionalidad, su edad y, sobre todo, su contrato e ingresos. Y otros propietarios imponen “clausulas abusivas”. Ahora, si la economía se recupera, habrá más demanda y  las dificultades para alquilar arreciarán. La previsión de los expertos es que los alquileres suban este año 2021 entre un 3 y un 5% (previsión de la Agencia Negociadora del Alquiler), tras haberse estancado en 2020 (-0,1%) y  haber bajado en 2021 un -4,5% de media, según Idealista, aunque hubo 42 capitales y 12 autonomías donde los alquileres sí subieron en 2021 (la bajada de los alquileres en algunas zonas de Madrid, Cataluña y Euskadi son las que bajaron la media en 2021).La esperada subida de los alquileres en 2022 se debe a 2 factores. El primero, que aumentará la demanda, al mejorar el empleo de los jóvenes y de algunas familias. Y el segundo factor, que podría retraerse la oferta de pisos en alquiler, por la futura Ley de Vivienda, que permite a los Ayuntamientos congelar los alquileres “en las zonas más tensionadas” (básicamente 109 ciudades de 22 provincias y 10 autonomías). La futura Ley de Vivienda, aprobada en primera lectura en octubre de 2021 y que deberá volver al Consejo de Ministros en enero, no entrará en vigor hasta finales de 2022 y con muchas cautelas (para las empresas y grandes inmobiliarias, la normativa tardará después 18 meses en aplicarse), pero ya está creando recelos entre los propietarios y existe el temor de que muchos decidan no alquilar sus viviendas, vendiéndolas o dejándolas vacías. Y por eso, los expertos creen que podría bajar este año la oferta de alquileres y así subirían otra vez sus precios. Otra novedad que va a jugar en el mercado de los alquileres serán las ayudas a los jóvenes. El Gobierno ha anunciado que este mes de enero aprobará un Decreto-Ley para implantar el bono joven para el alquiler, un cheque mensual de 250 euros (por 2 años) que se entregará a los jóvenes de 18 a 35 años (con ingresos inferiores a 243.726 euros anuales) para ayudarles a alquilar un piso. La intención es que la ayuda se pueda cobrar con efecto retroactivo desde enero de 2022, aunque tardará en ponerse en marcha porque, tras el Decreto, habrá que transferir los fondos a las autonomías, que son las que tienen que gestionar esta ayuda y donde los jóvenes tendrán que solicitarla.  El Gobierno central ha consignado para esta ayuda 2.000 millones en los Presupuestos de 2022, lo que indica que estima financiar el cheque a 66.666 jóvenes, pero podrían llegar a 100.000 los jóvenes beneficiados si sumamos las ayudas al alquiler consignadas en el Plan estatal de Vivienda 2022-2025. El problema de este bono joven es que la ayuda de 250 euros mensuales sólo se concede cuando el alquiler no supera una cantidad que, salvo cambios de última hora, es muy baja: 600 euros mensuales y 900 euros en algunas ciudades, lo que va a dificultar conseguir esta ayuda para muchos alquileres de Madrid y Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Málaga o Sevilla, entre otras ciudades. Otra novedad que se anuncia con ese Decreto-Ley es la creación de un seguro de impago para ayudar a los jóvenes a alquilar una vivienda. La idea es que el Estado financie una póliza privada que garantizaría al propietario una renta de un año en caso de problemas del inquilino, con un límite máximo para el coste de esa póliza: la aseguradora no puede cobrar de prima más del 5% del alquiler anual que se cubre, 360 euros al año para el alquiler medio con ayudas (600 euros) o 540 euros de prima para un alquiler de 900 euros en grandes capitales. Ahora falta ver que las aseguradoras entren en este mercado y que la operativa sea sencilla y convenza a los propietarios, para animarles a alquilar más. Este bono para que alquilen los jóvenes y el seguro público de impago son dos buenas noticias, ya que miles de jóvenes tienen problemas hoy para alquilar, o bien porque no tienen trabajo o bien porque tienen contratos precarios y mal pagados. De hecho, los jóvenes menores de 30 años tienen que destinar el 90% de sus ingresos al alquiler (el 100% en Madrid  y por encima del 100% en Cataluña, Baleares y Canarias), según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, lo que les lleva a compartir piso o seguir viviendo con sus padres (el 64,5% de los que tienen entre 18 y 34 años, según el Instituto de la Juventud). Pero ojo: estas nuevas ayudas van a aumentar la demanda de alquileres y si no crece la oferta (o incluso se reduce, por temor a la nueva Ley de Vivienda), el resultado será que ayudarán a subir aún más los alquileres en 2022. Incluso habrá propietarios que suban el alquiler pensando que ahora los jóvenes tienen 250 euros más para pagar… La solución al problema de los escasos y caros alquileres pasa, para la mayoría de los expertos, por aumentar la oferta, no por controles de precios e imposición de cuotas de alquileres en las futuras promociones. Y las ayudas a los jóvenes son “un parche” (necesario) que puede incluso subir los alquileres. Hay que promover más viviendas nuevas y destinar una gran parte al alquiler, porque se estima que harían falta 1 millón más de viviendas en alquiler para cubrir la demanda de jóvenes y nuevas familias. Un objetivo que se podría alcanzar en varios años por 3 vías: más promoción pública de viviendas en alquiler, incentivar la promoción privada de viviendas y fomentar el alquiler de particulares y empresas (bancos) que tienen casas vacías. El primer camino ha de recorrerlo el Estado, desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos, promoviendo más viviendas públicas, ya que en los últimos años ha hecho dejación de su responsabilidad: en 2020 se terminaron 9.038 viviendas de promoción pública (y 6.313 de enero a septiembre de 2021), cuando se promovían 63.990 VPO en 2008 (en plena burbuja inmobiliaria) y hasta 114.067 viviendas VPO en 1985 (el 67,2% del total de viviendas). Y por culpa de este retraimiento, nos encontramos con un parque de vivienda social en alquiler de 290.000 viviendas, el 1,6% del total, frente al 10% en Europa, el 34% en Paises Bajos, el 16,7% en Reino Unido, el 14% en Francia  o el 2,7% en Alemania. Y ahora, el objetivo del Gobierno Sánchez es promover (con Fondos europeos) 20.000 VPO en 2022, una cifra todavía insignificante. Otra vía para aumentar la oferta de viviendas en alquiler es relanzar la promoción privada de viviendas, para venta y alquiler. Aquí, la clave sería negociar con las empresas privadas (constructoras e inmobiliarias) un Plan ambicioso de nuevas construcciones, ofreciéndoles gratis suelo público (lo hay en la mayoría de las ciudades), incentivos fiscales y financiación barata (con avales del ICO) a cambio de que destinen una parte de esas futuras promociones a viviendas en alquiler a precios asequibles. Sin imponerles cuotas, como pretende la nueva Ley de Vivienda (30% de las futuras promociones), que ya han sido rechazadas por el sector: es mejor pactar un acuerdo realista que funcione y sustituya a la situación actual, donde no se hacen promociones privadas de VPO, por los bajos precios y el exceso de burocracia. La tercera vía es fomentar el alquiler de los particulares (y bancos) que tienen viviendas vacías: hay realmente 1,9 millones de viviendas vacías, según estima un informe de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, aunque la última estadística oficial (INE 2011) indicaba 3,4 millones de viviendas vacías (una cifra que los expertos consideran exagerada hoy). Se estima que al menos un tercio de las viviendas vacías (633.000) podrían sacarse al mercado y ponerse en alquiler con 2 medidas sencillas que no se han abordado en la nueva Ley de Vivienda: fuertes incentivos fiscales y las máximas garantías jurídicas, para que sepan que pueden recuperar pronto la vivienda si el inquilino no paga (hoy se quejan de retrasos de meses en los Juzgados). Otra buena medida sería copiar el Programa Bizigune del Gobierno vasco: ha creado una empresa pública que garantiza al propietario el pago del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato, lo que les ha permitido alquilar 6.800 viviendas vacías en Euskadi. Actuando en estos tres frentes se podrían sumar al mercado del alquiler unas 200.000 nuevas viviendas al año, lo que permitiría cubrir en cinco años el actual déficit de 1 millón de alquileres. Eso sí bajaría drásticamente los alquileres. Es un objetivo razonable y posible, siempre que existan acuerdos entre las distintas administraciones y se cuente con la colaboración de propietarios y promotores, a los que hay que sumar al proyecto, no asustar con cuotas y topes al alquiler. Es evidente que la solución pasa por aumentar la oferta y que poniendo más viviendas en el mercado, bajarán los alquileres. Y que las medidas de la Ley de Vivienda, un “atajo populista” impuesto por Podemos, retraerán la oferta y a la larga subirán los alquileres. Y más en 2022, cuando la inflación disparada obligue a una revisión masiva de alquileres. Será un mal año para alquilar” Javier Gilsanz

    https://economiaaloclaro.blogspot.com/2022/01/revision-masiva-de-alquileres.html

    La flexiseguridad en la reforma laboral La reforma laboral, ya en vigor en muchos de sus aspectos, parece habernos dejado a la criatura aún en la incubadora, a expensas de qué nombre ponerle, saber quiénes vendrán al metafórico bautizo y, sobre todo, entender si los nueve meses venideros van a reproducir los síntomas de un segundo embarazo. En efecto, superados los dimes y diretes sobre quién se ha dejado más “pelos en la gatera” en el proceso de diálogo social, ahora viene el momento de la verdad del nasciturus, concebido y en parte no nacido, al menos hasta que no se despejen muchas incógnitas. La primera duda tiene que ver con los objetivos, de reducción del desempleo y tasa de temporalidad, marcados por la Unión Europea. La prueba del algodón de esta reforma no la conoceremos seguramente hasta pasados bastantes meses, cuando sepamos si realmente hemos mejorado los niveles de ocupación efectiva (sin contar personas en ERTE, etc.), veamos cómo crecen los contratos indefinidos con respecto al resto de modalidades, y nos cercioremos de que la medida atrae padrinos que aporten inversión, creación de empleo y un crecimiento más acelerado del PIB. Esta reforma se ha centrado sobre todo en dificultar el ya complejo modelo de contratación temporal que teníamos. Las limitaciones temporales, los sobrecostes, el ensanchamiento -y jueces y tribunales nos dirán si contra natura– de la fórmula del fijo discontinuo, las nuevas barreras en los contratos formativos, o las amenazas de la reformada LISOS nos prometen un horizonte de menor seguridad jurídica y mayor litigiosidad. Con una Ley de Universidades en aparente nueva hibernación y un proyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional voluntarista, pero necesitada de un modelo de contratación atractivo para cerrar el pretendido círculo virtuoso de la formación continua y el reciclaje, está por ver si esta reforma no vuelve a castigar al patito feo -los contratos formativos- de nuestras modalidades de contratación. La formación práctica en las empresas, generalizar el entrenamiento en competencias, capacitar en aquello que tenga opciones reales de empleo, mejorar el atractivo de muchos sectores que se desangran por falta de candidatos… todo pasa, también, por tener un modelo de contratos formativos atractivo y que mejore sus pírricas cifras en los últimos lustros. Asimismo, en los próximos nueves meses sabremos cómo de abrupta será la transición de los contratos temporales estructurales con mayor “predicamento” hasta ahora (eventual y obra o servicio) hacia las nuevas opciones que trata de potenciar la reforma. Y veremos si una reforma indiscriminada contra la contratación temporal no reabre, en algunos sectores más vulnerables, las amenazas de la contratación irregular, o de dificultar el acceso al empleo a los colectivos de menor cualificación. También está por ver si después de tanto esfuerzo por reducir la temporalidad, no vuelven a chafarnos la foto de familia, con un empleo público que promete tener su propia hoja de ruta, y probablemente seguir por encima del 30% de empleo precario. Para algunos es más una cuestión semántica que sustantiva, lo de cómo mejorar las cifras de temporalidad. Pero el relato del acuerdo de esta reforma puede ayudar a atraer inversión internacional, porque es un signo de sostenibilidad, pero no basta sólo con eso. Sobre lo sustantivo o “gordiano” del acuerdo, está también el reto de la competitividad de cara al futuro del mercado de trabajo. En efecto, uno de los suspiros -de alivio- de esta reforma es saber que se ha consolidado un modelo de suspensiones y reducciones de jornada (ERTE) que garantizan que el despido sea la última opción. Y también que estas herramientas de flexibilidad interna se puedan complementar con otras soluciones, ante coyunturas cíclicas o sectoriales, como es el mecanismo Red. Pero esto exigirá un modelo de financiación que -a tenor de nuestras cifras de deuda y déficit- sólo se nos antoja viable si ponemos el foco en maximizar la ocupación, y con ello la viabilidad de las cuentas públicas. Para garantizar esta competitividad, y cómo dar respuesta  a entornos cada vez más inciertos y que demandarán esfuerzos de adaptación y resiliencia, son buenas noticias la apuesta por una subcontratación que no se base en el dumping salarial, confiar al sector de las agencias de empleo y ETT una mayor participación para reforzar un mercado de trabajo más dinámico e inclusivo, o lograr la complicidad de la parte social, ampliando los derechos de información a la representación de los trabajadores. Nos quedan otras muchas incógnitas en clave de competitividad… sobre cómo saldremos del proceso tras el trámite de convalidación o debate parlamentario, sobre cómo quedará  la pretendida primacía de los convenios colectivos autonómicos, o sobre si con estos mimbres -petrificación de la negociación colectiva tras la vuelta de la ultraactividad, o el menor peso de los convenios de empresa- podremos afrontar los retos del futuro del trabajo, las relaciones laborales -¿con nuevo Estatuto de los Trabajadores?”  Javier Blasco

     “La reforma laboral en siete claves  El pasado 28 de diciembre de 2021 entró en vigor la última reforma legislativa del mercado laboral en España. Aunque se enmarca en una larga serie de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (desde su aprobación en 1980), esta reforma ha despertado un especial interés por dos razones. Primero, porque es la de mayor calado desde la que se aprobó en el año 2012 y, segundo, porque ha sido el resultado de un largo proceso de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales (representados por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME). Pero, ¿en qué consiste realmente la reforma?. Tras la aprobación de la reforma del Consejo de Ministros por la vía del real decreto ley, al tratarse de una norma provisional, el Congreso deberá convalidarlo (por mayoría simple, más síes que noes) o rechazarlo en el plazo de 30 días. En caso de ser rechazada, la norma será derogada y no tendría efectos a partir de ese momento. En caso de ser aprobada, se mantendría en vigor y con el mismo contenido, ya que en este trámite no se puede modificar. A instancias de cualquier grupo parlamentario, se puede solicitar que la norma se tramite como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Durante este proceso sí se pueden realizar modificaciones de su contenido mediante enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Una vez finalizado el proceso, las Cortes aprobarán la norma definitiva. En término medio, el proceso de ratificación de un proyecto de ley tiene una duración aproximada de unos 6 meses.  Finalmente, aunque la norma ya se encuentra en vigor, las medidas que afectan a los contratos (formativos, temporales, fijo-discontinuos), empezarán a tener efectos a partir del 30 de marzo de 2022.La reforma tiene como objetivos principales atender a dos de los principales problemas del mercado laboral español: las elevadas tasas de temporalidad y el desequilibrio en la negociación colectiva. El primer aspecto ha sido endémico desde hace varias décadas y las reformas orientadas a reducir los costes de despido (eliminación de los salarios de tramitación, reducción de la indemnización y la ampliación de causas del despido objetivo) no han conseguido reducir la temporalidad. Por el contrario, la evidencia muestra que la inestabilidad de las trayectorias laborales se ha incrementado con el tiempo. El segundo aspecto tiene su origen en la mencionada reforma del 2012, donde se consideraba que la negociación colectiva había sido un obstáculo durante la crisis económica y financiera iniciada en el 2008. Al favorecer la devaluación salarial, se produjo un desequilibrio que provocó que incluso en años de crecimiento económico los salarios reales permanecieran estancados. Para atender a estos problemas se reforman siete aspectos de la anterior legislación.

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    1. Convenios colectivos. En primer lugar, en materia de negociación colectiva, los convenios recuperan la ultraactividad indefinida. Desde el año 2012, cuando había transcurrido un año desde que finalizaba un convenio y no había un nuevo acuerdo, el convenio desaparecía y se aplicaba el de ámbito superior. El efecto fue que la cobertura de los convenios sectoriales de ámbito provincial se redujo drásticamente en favor de los de ámbito superior. Así mientras que los provinciales en 2008 suponían más de la mitad de los asalariados cubiertos, en el año 2019 son sólo un tercio del total. A partir de ahora, cuando haya transcurrido el proceso de negociación y no se alcance un acuerdo, se mantendrá indefinidamente la vigencia del convenio colectivo hasta que se renueve.
    2. Convenio de empresa. El convenio de empresa deja de tener prioridad aplicativa respecto a la cuantía del salario base y de los complementos salariales. Esto implica que será el convenio vigente de ámbito superior (estatal, autonómico o provincial) el que regulará esas materias. La intención de esta medida es evitar que se fomente una competencia por reducir salarios, especialmente mediante el uso de empresas subcontratistas con convenio de empresa.
    3. Contrato por obra o servicio. En materia de regulación del empleo, el cambio más significativo es que desaparece el contrato por obra o servicio. Con la nueva normativa la contratación temporal se justificará por circunstancias de la producción o por sustitución de otra persona trabajadora. En caso de incumplimiento o si se tiene un contrato temporal durante más de 18 meses en un plazo de 24 meses, se adquiere la condición de indefinido. Asimismo, se incrementan las sanciones y se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas. Además, se amplía el ámbito del contrato fijo-discontinuo para que cobre un mayor protagonismo y se establece una modalidad de contrato indefinido de obra en el sector de la construcción.
    4. Contratos de muy corta duración. En cuarto lugar, se incrementa la penalización de los contratos de muy corta duración para reducir la excesiva rotación. De esta forma, los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros. Esta medida trata de corregir el hecho de que la duración media de los contratos se haya reducido dramáticamente desde el año 2006, desde unos 80 días a 50 días de media. En paralelo se ha incrementado el peso de los contratos de menos de 7 días, que ya suponen más del 30% el total de contratos.
    5. Contratos formativos. Se eliminan los contratos de formación y prácticas y se crea un contrato formativo en base a dos categorías, “formación en alternancia”, cuando se compatibiliza con los estudios de FP, universidad o certificado profesional, y “obtención de la práctica profesional”, cuando ya se ha obtenido la titulación. Un aspecto relevante es que en ambos casos se elimina el periodo de prueba, durante el que no había indemnización por despido. Además, establece la creación de un Estatuto del Becario en el plazo de 6 meses. El objetivo es favorecer que los jóvenes adquieran trayectorias laborales más estables, ya que, como es conocido, son las personas que sufren mayor inestabilidad.
    6. Los ERTE. En sexto lugar, se introducen las modalidades aplicadas desde el inicio de la pandemia en los expedientes de regulación de empleo de suspensión y reducción de jornada (ERTE) que incluyen, en función de las distintas categorías, exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social. Su finalidad es favorecer la flexibilidad interna y reducir los despidos durante épocas de crisis económica o reconversión empresarial, lo cual debería contribuir a crear empleos más estables.
    7. Administraciones públicas. Por último, en el caso de las administraciones públicas también se elimina el contrato por obra o servicio y la posibilidad de aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Además, se establece que se podrán realizar contratos indefinidos o fijo-discontinuos previa acreditación y, en su caso, dependiendo de la tasa de reposición. Para el caso de la interinidad se remite a la Ley 20/2021, que regula el proceso de estabilización y las indemnizaciones previstas en función de la permanencia. definitiva, la norma supone un cambio en la orientación de las últimas reformas laborales al revertir dos aspectos que habían afectado a la negociación colectiva y procura reducir la temporalidad por la vía de restringir legalmente el uso de los contratos temporalesLuis Cárdenas
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