• EL JUEVES ATENTOS A……..LA PUBLICACIÓN DE LA EPA DEL TERCER TRIMESTRE Y EL IPC DE OCTUBRE. EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BCE ANUNCIA SUS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA

    Previsiones económicas para España 2021-2022

    https://mail.google.com/mail/u/0/?projector=1#inbox/FMfcgzGlkZCjFjbMZSbmQCgtcvBjQtld

    Josep María Colomer: ‘El gobierno mundial de los expertos’

    Descripción: El gobierno mundial de los expertos (Argumentos nº 473) de [Josep Maria Colomer]

    “En un día en que los mecanismos de la democracia parlamentaria han dado un vuelco rápido y espectacular al panorama español, el autor se detiene en ‘El gobierno mundial de los expertos’), el nuevo ensayo de Josep M. Colomer, profesor de Economía en la Universidad de Georgetown. Su tesis puede sonar a provocación, pero obliga a reflexiones más allá de campañas y estereotipos: vivimos en una democracia global, con más beneficios que inconvenientes respecto a la clásica soberanía del Estado-nación. En el debate colectivo (si tal cosa existiera, aunque aceptemos que sí) se ha instalado una idea que, en esencia, viene a ser esta: solo hay democracia si existen urnas, es decir, si hay elección directa de los representados a la hora de elegir a los que tomarán las decisiones. Lo vemos en la retórica procesista, que eleva la urna a categoría de fetiche sin atender otras cuestiones igual de básicas para el Estado de Derecho. La democracia directa de las ciudades-Estado mutó mal que bien en la democracia representativa del Estado-nación, y de ahí, sin embargo, el lugar común asentado es que la globalización ha sido a costa de la misma democracia, o de su depauperización. Muchos de los movimientos políticos neocomunitaristas de raíz nacionalista o populista basan en esta idea gran parte de su discurso. Y, de hecho, en su denuncia no les falta razón, aunque no se comportan sus propuestas para remediarlo.

    Contra ideas populares asentadas

    Hablar mal del estado de cosas actual, tras años de crisis, tiene mucha aceptación, y aunque sea comprensible, conviene comenzar a matizar en lo relativo al edificio institucional. Se habla con ligereza de democracia secuestrada y de dictadura. El catastrofismo cotiza al alza, lo que no significa que esté fundamentado en todos los ámbitos en los que se impone. Y ese relato pesimista (el de la desaparición sibilina de la democracia en favor de entes supranacionales incontrolados, llámense mercados u organizaciones globales) es el que viene a contestar pausadamente Josep M. Colomer, profesor de Economía en la Universidad de Georgetown, en su nuevo ensayo, El gobierno mundial de los expertos . La soberanía ha mutado, no desaparecido. Y, además, para bien. Esta impugnación a la democracia a la que se opone el profesor Colomer viene de antiguo, como el propio libro recuerda. Los pensadores más glosados en estos asuntos, desde Rousseau hasta Constant, pasando por Tocqueville o Montesquieu, ya habían establecido una relación directa entre el tamaño de la comunidad y la democracia. Ésta solo podía arraigar con pocos vecinos y sin demasiada dispersión de intereses, no digamos a nivel global. Rousseau ya escribió que “cuanto mayor es un país, menor es la libertad”. Recurriendo a los clásicos, por tanto, la democracia global parecería imposible. De modo que un ensayo cuya tesis esencial es que vivimos en una democracia global, con más beneficios que inconvenientes respecto a la clásica soberanía del Estado-nación, puede sonar a provocación coyuntural. Pero no estamos ante nada de eso: es un libro con una clara intención pedagógica, que quizá sirva para combatir aquello que Keynes diagnosticó sin atisbo de ironía: “La dificultad está no en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas”. Para Colomer, que la democracia solo se ejerce de forma genuina territorialmente en el Estado-nación, e instrumentalmente gracias a las urnas, es una de esas viejas concepciones a desechar. Hay aspectos más discutibles en el libro. Especialmente dos. Por un lado, una de las explicaciones aducidas por el autor para intentar hacer entender la cesión de soberanía del nivel estatal al supranacional. Grosso modo, Colomer culpa a “los políticos” (esos extraterrestres) y a sus pocas ganas de enfrentarse a la opinión pública “a medida que la complejidad social y la globalización aumentan”, de que la responsabilidad política sea asumida por un tercero global que ejerce de chivo expiatorio. ¿No será, más bien, que realmente ese aumento de la complejidad aconseja esa cesión a entes supranacionales? Por otro lado, y una vez consumado ese traslado al ámbito global, Colomer llega a una conclusión que merecería más espacio y minuciosidad, al constituir una de las tesis centrales del libro: que los modos y formas de las organizaciones globales a las que se ha cedido el poder estatal-nacional no solo funcionan con criterios democráticos, sino que lo hacen mejor que las democracias de partidos nacionales. En resumen, que la democracia global tiene (o tendrá) más que ver con la rendición de cuentas permanente y la transparencia que con las urnas. Y pone como ejemplo virtuoso de ello la autocrítica que el FMI hizo de sus recetas económicas de la década de los 80 en América Latina (el famoso  conocido como Consenso de Washington contra las crisis de deuda), lo que viene a significar que la democracia global puede resumirse en la conocida sentencia del “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. ¿De qué le sirvió al FMI la autocensura sobre el mal manejo de la deuda entonces para lidiar con la crisis griega posterior? Aunque el libro pueda resultar más débil en estas conclusiones, El gobierno mundial de los expertos sí funciona en un aspecto: en el cuestionamiento de ideas que damos por sentadas en una sociedad que parece que ha establecido que solo hay un camino para la democracia, y que es incompatible con que esta sea global. Quizá es demasiado optimista, a veces acrítico, más cercano a la tecnocracia que a la confrontación de ideas políticas, y con una confianza excesiva en la intelegibilidad general de un esquema tan complejo. Pero es más que bienvenido en el debate de ideas en un momento en el que tantas cosas se redefinen en el orden global. Sobre todo contra las ideas asentadas de las que, como decía Keynes, es bien difícil escapar”

    LA AGENDA DE MÚSICA de Alfonso Alarcón

    PAREJAS DE BAILE. DANCING IN THE DARK

    Dos más de Fred Astaire, esta vez con Cyd Charisse y Leslie Caron. Claramente el divo aprovecha cualquier ocasión para lucirse; también es cierto que sus partenaires están a la altura, desde Rita Hayworth hasta Ginger Rogers, pero él es el astro indiscutible.

    Dancing in the Dark, Cyd Charisse y Fred Astaire:

    Daddy Long Legs (1955) – Sluefoot – Leslie Caron y Fred Astaire:

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Descripción: Descripción: Libros de transhumanismo

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Leonardo García Jaramillo : Ronald Dworkin. Una biografía intelectual

    Descripción: Ronald Dworkin: Una biografía intelectual (Tiempo Recobrado) (Spanish Edition) de [Leonardo García Jaramillo]

    https://www.youtube.com/watch?v=WIKdIede3Dw

    Stefan Müller-Doohm: Jürgen Habermas , una biografía

    https://elpais.com/cultura/2020/04/08/babelia/1586361642_479728.html

    Ana Carbajosa entrevista a Markus Gabriel : “El virus se quedará allí hasta que encontremos una manera sostenible de hacer negocios”

    Descripción: El filósofo alemán Markus Gabriel, el pasado mayo en Milán.

    https://elpais.com/cultura/2020-05-01/el-virus-se-quedara-alli-hasta-que-encontremos-una-manera-sostenible-de-hacer-negocios.html

    Xavier Mas de  Xaxásentrevista Francis Furukaya: “La pandemia puede castigar a los líderes populistas por su ineptitud”

    Descripción: Fukuyama:“La pandemia puede castigar a los líderes populistas por su ineptitud”
    https://www.lavanguardia.com/internacional/20200503/48924124766/fukuyama-la-pandemia-puede-castigar-a-los-lideres-populistas-por-su-ineptitud.html

    Paco Martínez entrevista a Mikel Echavarren: «La vivienda en alquiler será el activo refugio tras el covid-19»

    Descripción: https://cdn.capitalradio.es/embed/125a6feae12bea647f98fde4e6f3dba1554807245/image_388f6e8e-86ef-4221-9140-4076c5dc6ec020180224_164624.jpg?imagick=1&size=1250
    https://www.idealista.com/news/especiales/la-vivienda-durante-el-covid-19/2020/05/19/782854-mikel-echavarren-la-vivienda-en-alquiler-sera-el-activo-refugio#xts=582065&xtor=EPR-76-%5Bboletin_20200522%5D-20200522-%5Bm-03-titular-node_782854%5D-74641400@3

    OPINIONES & INFORMACIONES VARIAS DE ACTUALIDAD

    Nacho Cardero: ¿Asalto independentista a la Fundación la Caixa?. Quién se resiste a pensar en un pacto de Sánchez con ERC para que el primero se mantenga en el poder a cambio de que los segundos se hagan con la presidencia de la fundación

    https://blogs.elconfidencial.com/espana/caza-mayor/2021-10-25/asalto-independentista-fundacion-caixa_3312381/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_ec&utm_content=textlink&utm_term=opinion

    Diariocritico.com: Villalta ha trasladado al PSOE y Unidas Podemos qué es lo que ERC considera imprescindible para abrir esta negociación. «Hay que generar condiciones favorables, y eso quiere decir cumplir los acuerdos de inversiones ya suscritos«, ha afirmado, antes de señalar que para crear ese clima de confianza y poder alcanzar un acuerdo «es imprescindible proteger el catalán en la futura ley del audiovisual, que, por ahora, no contempla una cuota mínima de catalán en las plataformas digitales como Netflix, HBO o Movistar

    https://www.diariocritico.com/nacional/erc-condicion-gobierno-negociacion-presupuestos-cuota-catalan-netflix?utm_source=Diariocritico+%28RGPD%29&utm_campaign=3af9fc4698-Las_noticias_de_Diariocritico_com-09_12_2016_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_d6e94471dc-3af9fc4698-61099235

    Carmen Morodo: El PSOE cederá en la renovación del CGPJ a costa de Podemos

    https://www.larazon.es/espana/20211026/o5ojjpecx5clvbnird47njwyeu.html

    “Aunque al PP le venga bien la presión europea, la realidad es que esta presión no llega al extremo del escenario que dibujan los de Génova. Bruselas quiere un cambio, con consenso, en el modelo, pero ni compara el sistema español con el de Polonia ni tampoco se plantea condicionar la llegada de los fondos a esta reforma. Los fondos dependen única y exclusivamente de que se cumplan las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, y el tema judicial es, a juicio de Bruselas, una cuestión institucional, que España debe resolver cuanto antes mejor, pero también con el mayor de los acuerdos. El pulso del Gobierno con el Tribunal Supremo trasciende ya estrictamente lo que afecta a esta renovación judicial pendiente. La descoordinación penaliza la eficacia de España en la causa contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero también hay quien ve en este pulso parte de la explicación a las respuestas exageradas de casi todos los actores al caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y la retirada de su acta tras haber sido condenado por el Supremo por haber pegado una patada a un policía en 2014”

    Cristina Hidalgo: El Presidente de CEHAT y Ashotel, Jorge Marichal, se muestra crítico con el papel del Ministerio de Derechos Sociales por su gestión con los viajes del Imserso. Primero por no tenerles en cuenta a la hora de establecer las bases del concurso y segundo, por el retraso en la fecha de oferta de de los viajes para la 3ª Edad

    https://www.economiadigital.es/empresas/los-hoteleros-abocados-al-cierre-si-sigue-el-bloqueo-de-los-viajes-del-imserso.html

    Paula María: El TJUE deja en vía muerta el pago de los arbitrajes renovables que perdió España. Bruselas ha puesto pie en pared contra la ejecución de las indemnizaciones de los fondos de inversión por el recorte de 2013 a las primas para las instalaciones de energías limpias

    https://www.lainformacion.com/empresas/tjue-frena-pago-arbitrajes-renovables-perdio-espana/2851965/

    Miquel Porta Perales: Ni somos suecos ni vivimos en los setenta del XX. Han sido muchos los esfuerzos en pro de la adaptación, la revisión, la reforma, la renovación, la reconstrucción o la refundación del socialismo democrático

    Pedro Jota Ramírez: Quizá el presidente contaba con un escenario económico mejor del que prevén instituciones como el Banco de España o la AIReF, que rebajó ayer un punto las previsiones de crecimiento para 2021. Pero ahora, al menos, Pedro Sánchez sabe que cualquier acuerdo aceptable para la UE, y bueno para los españoles, será inaceptable para Yolanda Díaz. El problema lo tiene en la Moncloa, no en la UE.

    https://www.elespanol.com/opinion/editoriales/20211026/pedro-sanchez-espada-frugales-pared-yolanda-diaz/622327763_14.html

    Félix Riera: Más que unos presupuestos. El hipotético apoyo de ERC a los Presupuestos supondrá el bautismo político de la formación como un partido responsable y leal con la gobernabilidad de España

    Pablo Barroso : El  Bitcoin, a las puertas de máximos históricos. ¿A qué se debe este impulso?

    Jesus Bastante: Hoy, cinco días antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP26, en Glasgow, y cuatro días antes de la Cumbre del G20 en Roma, 72 instituciones religiosas de seis continentes, con más de 4,2 billones de dólares de activos combinados bajo gestión, anuncian su desinversión de los combustibles fósiles en el mayor anuncio de desinversión conjunto realizado por organizaciones religiosas.

    https:// https://www.religiondigital.org/mundo/instituciones-religiosas-anuncian-desinversion-COP26-laudato-si-combustibles_0_2390160966.html

    “El anuncio de desinversión global procede de instituciones religiosas de Australia, Irlanda, Italia, Kenia, Nepal, Perú, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia. Entre las instituciones participantes se encuentran la Conferencia Episcopal de Escocia; la Junta Central de Finanzas de la Iglesia Metodista del Reino Unido; la Iglesia Presbiteriana de Gales; la Iglesia Presbiteriana de Irlanda; las universidades católicas de Estados Unidos y del Reino Unido; las Hermanas de la Caridad de Australia; Cáritas Nepal; 15 diócesis católicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda; dos diócesis de la Iglesia de Inglaterra; 19 iglesias de la Iglesia Católica Griega de Ucrania; y el movimiento religioso budista Soka Gakkai International – Reino Unido”.

    Marc Fortuño : Un Impuesto de Sociedades europeo & El Impuesto de transacciones financieras consensuado & El impuesto a los servicios digitales: El ataque a las multinacionales estadounidenses

    https://www.elblogsalmon.com/entorno/discusion-fiscal-que-centrara-a-europa-proximos-meses?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST&utm_campaign=20_Jul_2020+El%20Blog%20Salm%C3%B3n&utm_term=CLICK+ON+TITLE

    Domingo Soriano: El ladrillo, tras el coronavirus: cómo cambiarán nuestras ciudades por la pandemia. Tanto el sector inmobiliario residencial como el comercial y el dedicado a oficinas enfrentan grandes retos para los próximos años

    https://www.libremercado.com/2020-07-12/el-ladrillo-tras-el-coronavirus-como-cambiaran-nuestras-ciudades-por-la-pandemia-1276660852/?_ga=2.42569637.1605599798.1594543272-1778851826.1584138494

    Luis Alcaide: En el pa­sado agosto, el dé­ficit co­mer­cial creció un 123%interanual . Los ele­vados pre­cios de los pro­ductos ener­gé­ticos y el acopio de me­di­ca­mentos son los dos ru­bros más sig­ni­fi­ca­tivos de las im­por­ta­cio­nes. ¿Significa esto nada más y nada menos que una eco­nomía afec­tada por la pan­demia o tam­bién una ex­pan­sión de la de­manda in­terna?

    https://www.capitalmadrid.com/2021/10/20/60802/el-fuerte-deficit-comercial-de-agosto-refleja-una-economia-en-expansion.html

    Jesús A. Núñez Villaverde: La última decisión de Erdoğan  ha sido la de declarar como persona non grata a un total de 10 embajadores acreditados en Ankara; concretamente los de Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia. Ha sido su respuesta al comunicado que todos ellos publicaron el pasado día 18, demandando la liberación inmediata de Osman Kavala, empresario encarcelado desde hace cuatro años, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó en 2019 que se habían violado sus derechos procesales. Cabe preguntarse por la razón que llevó a los embajadores del resto de los Veintisiete a no suscribir el citado comunicado y, si los embajadores son expulsados, si la UE será capaz de tomar una medida similar con los embajadores turcos destacados en sus respectivas capitales

    Alfonso J. Fernández: La venta de todo tipo de vehículos ha aumentado significativamente y, con ello, se ha disparado la recaudación por matriculaciones que alcanzó los 390,2 millones de euros en los nueve primeros meses de 2021,  un incremento del 47,31% interanual. Este impuesto está transferido a la CCAA.

    Alfonso Basallo : Debate  entre Adela Cortina, Javier Gomá, Álvaro Delgado Gal, Emilio Lamo de Espinosa, y  Benigno Blanco  sobre “Ética y política cosmopolitas”

    Olga Rodriguez: Marruecos es un destino fundamental de la exportación española fuera de la Unión Europea. Es el país que cuenta con mayor número de empresas españolas exportadoras después de Estados Unidos y es el único mercado, junto con Portugal, en el que España es el proveedor líder”. La inestabilidad política siempre es un riesgo para la economía y más cuando los dos países son socios comerciales. España es el tercer inversor extranjero en Marruecos

    histórico

    https://www.elconfidencial.com/economia/2021-08-24/moncloa-fuerte-crecimientapuros-casado_3246794/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_ec&utm_content=textlink&utm_term=apertura

    Victor Relaño: El BCE publicará en septiembre los resultados de las pruebas de esfuerzo relacionadas con el cambio climático a las que ha sometido a unos cuatro millones de empresas de todo el mundo, incluyendo más de 2.000 bancos, y que mostrarían que la ausencia de medidas urgentes puede implicar riesgos sustanciales a medio plazo para la solvencia

    https://www.capitalmadrid.com/2021/8/26/60392/el-bce-publicara-en-septiembre-los-resultados-del-test-de-estres-climatico.html

    José Javaloyes: Biden, acorralado

    https://www.republica.com/espacio-de-batientes/2021/08/25/biden-acorralado/

    Alberto Sanz:  Agujero de 478 millones al Estado por el fin de peajes: estos son los que desaparecen  El Gobierno cerrará este mes de septiembre la conversión de 1.097 kilómetros de autopistas que arrancó en 2018. Una maniobra que beneficiará a los consumidores pero castigará las cuentas públicas

    https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/peajes-estado-agujero.html

    Capitalmadrid.com : Repsol ha dado un impulso a la descarbonización de los combustibles para el sector aeronáutico al completar con éxito en su Complejo Industrial de Petronor en Bilbao la fabricación del primer lote de biojet del mercado español producido a partir de residuos

    https://www.capitalmadrid.com/2021/8/26/60388/repsol-produce-por-primera-vez-en-espana-biocombustible-para-aviacion-a-partir-de-residuos.html

    Sandra Sánchez : Los 25 chiringuitos de criptomonedas que la CNMV dice que  hay que evitar

    https://www.expansion.com/mercados/2021/08/19/611e2016e5fdeabc598b4691.html

    Capitalmadrid.com: El Banco de España prevé que entre septiembre y octubre se publiquen en su sede electrónica el trámite con las indicaciones y los formularios necesarios para solicitar la inscripción en el nuevo registro de proveedores de servicios de criptomonedas, tal y como figura en su página web. En concreto, se trata del registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, cuya creación se recoge en una disposición adicional de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    https://www.capitalmadrid.com/2021/8/26/60394/el-banco-de-espana-tendra-listo-el-registro-de-proveedores-de-criptomonedas-entre-septiembre-y-octubre.html

    Irene Hernández: España ya tiene una ley de vivienda. El Consejo de Ministros ha dado el primer visto bueno al ‘Anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda’, la primera ley estatal de este tipo en nuestro país. Propietarios, inquilinos, grandes tenedores y administraciones tienen su implicación en un texto que el Gobierno pretende enviar al Congreso antes de fin de año. Estas son todas sus claves

    https://www.bolsamania.com/noticias/economia/ley-vivienda-primer-visto-bueno-claves–8289410.html

    1. El parque público de vivienda social estará sujeto a permanente protección y no podrá ser enajenado. Se establece una estricta regulación, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

    2. Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de 30 años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años. Junto a la vivienda protegida, se crea la figura de vivienda asequible incentivada para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de un novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico, fiscal, entre otros.

    3. Se incentivará la movilización de la vivienda vacía. Se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

    4. Se mejora la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social. Se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad, de uno a dos meses cuando el propietario es persona física y de tres a cuatro meses cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

    5. Se incentivará la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Asimismo, se clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las CCAA.

    6. Las Administraciones competentes en vivienda podrán declarar por tres años, prorrogables anualmente si las circunstancias persisten, zonas de mercado residencial tensionado. Esto implica un plan de acción específico para orientar las actuaciones públicas y corregir desequilibrios estableciéndose en la norma estatal un procedimiento de declaración basado en criterios objetivos que determinará la aplicación de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios del alquiler en tales zonas.

    7. En zonas de mercado residencial tensionado, se establecen nuevos mecanismos de contención y bajada de precios, ya sea para aumentar la oferta o para impedir incrementos abusivos de la renta, a través de la mejora del marco fiscal, presupuestario, o de gestión patrimonial, y de regulación en áreas declaradas como de mercado residencial tensionado, con el objetivo de la incorporación de más viviendas al mercado del alquiler como vivienda habitual en estas zonas, para equilibrar el mercado y la contención y reducción de la renta, impidiendo los incrementos abusivos e incentivando bajadas en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable. Se establece también un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, que pudiera intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas. Así, como consecuencia de la declaración del área de mercado residencial tensionado se activarán las siguientes medidas:Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley. Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. No obstante, se establece un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para la aplicación de esta limitación referida a sistema de índices de referencia, a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda ser utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas.

    8. El Anteproyecto de Ley de Vivienda introduce también una definición del concepto de «gran tenedor» como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en «zonas de mercado residencial tensionado» podrán establecerse criterios adicionales debidamente motivados. La ley crea un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible. Se establece una mejora de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de los varios criterios. Así, aumentará hasta el 90% para la bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior. Será del 70% para el alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas en caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas. Además, para vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler. La reducción será del 60% para rehabilitación o mejora, en caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores. Según han señalado desde el Gobierno, se trata de «una norma pionera con instrumentos efectivos para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, prestando especial atención a las personas vulnerables y los ámbitos con mayor tensión en el mercado». Además, en el texto se incluye que el derecho a una vivienda digna y adecuada debe ejercerse en condiciones asequibles, comprometiendo a los poderes públicos. Se desarrolla y refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución, para asegurar el compromiso de los poderes públicos para hacerlo efectivo, incorporando en el concepto aspectos como el de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, utilización de energías renovables o acceso a redes de suministros básicos, para responder a las necesidades de residencia de los hogares en condiciones asequibles. También se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social. Se aprueba, por primera vez a nivel estatal, un marco jurídico del derecho a la vivienda que establece un conjunto de derechos y deberes de carácter general y un estatuto de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando la función social siguiendo el mandato constitucional. Se refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación, a través de planes plurianuales, basados en la cooperación interadministrativa. Se regula la actuación pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana a través de la regulación, financiación y planificación necesaria para garantizar su acceso a precios asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas y de los entornos residenciales. Se define el marco general de colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas en materia de vivienda, como estrategia clave para conseguir los fines de esta política, a través de los principales órganos de cooperación: Conferencia Sectorial, Comisión Multilateral y Comisiones Bilaterales. Se crea el Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación. Habrá más garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información básica de las condiciones de la operación y de las características de la vivienda y del edificio. La persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, una serie de información básica, acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra. Y más información y transparencia en las políticas públicas de vivienda para conocer todos los programas y servicios útiles para acceder a una vivienda. El Anteproyecto de Ley apuesta por asegurar la transparencia y mejorar la información en diferentes ámbitos, entre los que se puede destacar el de la vivienda pública. Para ello establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las acciones adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente”

    Vivendi quiere ampliar su poder en el Grupo Prisa. La compañía francesa, que actualmente cuenta con algo más del 9,9% del capital de la responsable de la Cadena SER, ha presentado una solicitud al Gobierno para aumentar su capital. El grupo de comunicación francés pretende obtener la autorización del Ejecutivo para adquirir el 29,9% del capital social del grupo español. Un movimiento accionarial que supondría un giro en las posiciones accionariales de Prisa. Hasta ahora, su máximo accionista es Amber Capital, empresa liderada por Joseph Oughourlian -actual presidente de Prisa- con el 29,8% de las acciones de la compañía. Sin embargo, si el Consejo de Ministros diese luz verde a la operación, sería Vivendi la compañía con más peso accionarial hasta alcanzar 3l 29,9% de sus acciones. Tal y como ha hecho público la Comisión Nacional de Mercados y Valores, Vivendi ha manifestado a Prisa que no mantiene ni negociaciones ni conversaciones con ningún accionista de Prisa para la adquisición de estas acciones. El grupo francés pretende hacerse con el control de la responsable de medios como el diario El País o la Cadena SER, en un contexto en el que las acciones de la compañía han retrocedido más de un 37% y se encuentran en sus valores más bajos del año. Con los valores actuales, la operación que pretende realizar Vivendi alcanzaría los 118 millones de euros. Vivendi comenzó a formar parte de Prisa a comienzos de 2021. Sin embargo, para ampliar su poder es necesaria la aprobación del Ejecutivo. Así lo estableció el propio Gobierno al inicio de la pandemia para evitar que las compañías que formen parte de un sector estratégico -como los medios de comunicación- sean adquiridas por empresas extranjeras. Actualmente, Prisa cuenta con Amber Capital como máximo accionista, seguida de Vivendi. Las siguen HSBC y Telefónica, con algo más de un 9% de sus acciones y Rucandio, empresa de la familia Polanco, que cuenta con el 7,6% de la compañía” Pedro Aparicio

    https://www.capitalmadrid.com/2021/10/27/60891/vivendi-se-ira-muy-pronto-de-prisa-si-no-alcanza-sus-objetivos.html

     “Marcos de Quinto y Félix Revuelta crearán otro proyecto televisivo tras romper con ‘La Séptima’  ‘La licencia estaba negociada, el dinero preparado y los estudios prácticamente listos. Pero es posible que ‘La Séptima’, el nuevo canal de televisión que contaba con Marcos de Quinto como uno de sus principales inversores, no vea finalmente la luz. El Mundo adelantó esta semana que tanto el ex vicepresidente de Coca-Cola como el fundador de Naturhouse, Félix Revuelta, se han distanciado del proyecto por importantes diferencias tanto con el principal impulsor del nonato canal, Juan Francisco Zambudio; como con el directivo de Mediapro y fundador de 13TV, Alejandro Samanes, que iba a encargarse de la gestión del proyecto. Pero la ruptura entre los cuatro ejecutivos es ya total y según confirman fuentes solventes a El Independiente, tanto De Quinto como Revuelta seguirán adelante con su propio «proyecto de televisión de corte liberal» alternativo al de Grupo Zambudio.  Las distintas visiones en cuanto al modelo de negocio y el plan accionarial han dinamitado uno de los proyectos mediáticos más esperados de los últimos meses. ‘La Séptima’ tenía previsto su desembarco en la TDT a finales de 2021, pero la salida de Marcos de Quinto y de Félix Revuelta pone en jaque la viabilidad del canal promovido por la productora murciana de Zambudio, para el que se contaba con una inversión inicial de unos 150 millones de eurosEl prototipo de negocio promovido por Grupo Zambudio, la empresa que controla Televisión Murciana, incluía una prima de emisión -el valor adicional que pagan los inversores por la compra de acciones de una sociedad-, con la que los impulsores de la cadena evitarían la pérdida de participación en el capital social del proyecto en favor de nuevos accionistas. Pero ni el ex diputado de Ciudadanos ni el presidente de Naturhouse estaban de acuerdo con el planteamiento inicial de un modelo empresarial que, a su juicio, debía igualar a ejecutivos e inversores de tal modo que la aportación económica fuera la misma en ambas partes, con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del proyecto.  Aunque la separación ha sido «amistosa», según las fuentes consultadas, durante días se sucedieron reproches cruzados entre ambas partes. Los empresarios ‘huidos’ de ‘La Séptima’ trasladaron a sus promotores los recelos que generaba que el plan accionarial inicialmente previsto no buscase priorizar la rentabilidad del proyecto tanto como engordar la bolsa de beneficios del empresariado murciano. De Quinto y Revuelta exigieron además a Zambudio impulsar un modelo de negocio colaborativo y no ‘cesarista’ «para hacer y deshacer a su antojo», con el objetivo de que los inversores tuviesen poder de decisión en las resoluciones de la compañía -desde la compra de programación hasta la inversión en logística-, que en última instancia perseguía no espantar al accionariado de un proyecto de tal magnitud.  La directora adjunta de La Razón y tertuliana televisiva Pilar Gómez, abandona la cabecera tras 20 años liderando el medio junto a su director Francisco Marhuenda. La ruptura en la cúpula ejecutiva de ‘La Séptima’ no cierra la puerta, sin embargo, a un nuevo proyecto televisivo de «corte liberal». El proyecto audiovisual sigue en el punto de mira tanto del ex vicepresidente de Coca-Cola como del fundador de Naturhouse, y juntos han iniciado ya contactos con inversores nacionales e hispanoamericanos de cara a impulsar una nueva sociedad sin la participación del Grupo Zambudio ni del fundador de 13TV, según ha podido comprobar este medio. Pero el proyecto, según fuentes del entorno de los citados empresarios, ya no tendrá su desembarco en la TDT como objetivo principal, sino que se explorarán otras plataformas e, incluso, se analizará la viabilidad de impulsar «proyectos pequeños» que tienen «potencial» para crecer con el patrocinio de un capital robusto y con una amplia red de inversores. Pero habrá que esperar para despejar más incógnitas. Lo único a lo que cierran la puerta ambos empresarios es a depositar un sólo euro en el proyecto de la televisión murciana.  Donde no hubo discusión alguna con el Grupo Zambudio es en el objetivo de transformar la cadena en lo que en su día denominaron como ‘La Sexta’ del centroderecha, una meta que mantienen para su nuevo proyecto tanto De Quinto como Revuelta. El corte ideológico, por tanto, no ha cambiado un ápice y sería el mismo que entonces presentaron para ‘La Séptima’, un canal de «carácter generalista» que pretendía aglutinar a «todos los defensores» de la «Constitución de 1978, y, por ende, de la monarquía parlamentaria, de la unidad de España, de la separación de poderes y del respeto a las instituciones». A la espera de conocer si Juan Francisco Zambudio y Alejandro Samanes seguirán adelante o no con la creación de ‘La Séptima’ sin el respaldo de dos de sus principales inversores, lo que parece claro es que un proyecto que avanzaba con paso firme, para el que se había previsto una inversión de millones de euros y para el que ya se había seleccionado, incluso, a «algunos de los profesionales más reconocidos y con mayor experiencia del sector audiovisual» ha entrado en vía muerta. En un primer momento, la intención del incipiente medio de comunicación que contaba con la participación del gurú económico de Ciudadanos durante la etapa de Albert Rivera era la de lanzar la televisión en octubre, si bien decidieron posponer el comienzo de las emisiones a finales de este año o, como mucho, principios de 2022. Pero tras el flagrante divorcio empresarial, aún habrá que esperar para el estreno definitivo de un medio de comunicación enteramente liberal en España”  Ana Belén Ramos

    La política fiscal en tiempos excepcionales: Agenda 2027 La relación entre la política fiscal y el entorno macroeconómico ha venido siendo compleja al menos desde que se sentó el principio de que el “equilibrio presupuestario” (en cualquiera de sus acepciones) debía buscarse “a lo largo del ciclo”. La calidad de la política fiscal, inicialmente medida por el criterio simple (gastos igual a ingresos), pasaba a sustituirse por el criterio de equilibrio en el promedio del ciclo. Cómo hacer practicable este criterio ha sido desde entonces una línea de trabajo prioritaria para buena parte de la profesión económica, sin terminar de dar un resultado plenamente satisfactorio. Sin entrar en los detalles de las discusiones (con tintes a veces cuasi-teológicos) hay que constatar que, a día de hoy, no tenemos un sistema de estimación de saldo presupuestario estructural (corregido por el ciclo económico) unánimemente aceptado; al menos no con la suficiente legitimidad como para basar en él las delicadas (y frecuentemente dolorosas) decisiones de política fiscal. En efecto, calcular el impacto de una determinada fase cíclica (un punto por encima o por debajo de tendencia, por ejemplo) sobre el presupuesto es relativamente fácil, pero estimar en qué fase del ciclo nos encontramos es notoriamente más difícil. Piénsese en el impacto de reformas estructurales, afluencia de emigrantes o fenómenos catching up, que pueden no sólo modificar la amplitud del ciclo, sino mover su punto central. Todo ello genera un problema importante para determinar cuál debe ser la orientación exacta de la política fiscal en cada momento. Pero, sobre todo, crea un problema de economía política. El Ministro de Economía y Finanzas tiene una tarea intrínsecamente compleja: defender una política fiscal razonable frente a un entorno (ministerios de gasto y parlamento) naturalmente interesado en aumentar gasto y reducir impuestos. Esa tarea se complica aún más, y de manera notable, ante la falta de referencias claras sobre cuál debe ser exactamente la política fiscal en cada momento del tiempo. Tanto más, cuanto más impredecibles sean los ciclos o los shocks que reciba la economía. Viene esto a cuento del entorno completamente excepcional al que se enfrenta desde hace dos años la política fiscal en todo el mundo: tras el abrumador impacto presupuestario de la pandemia (cifrado en cerca de dos dígitos de PIB en los países desarrollados) y las medidas extraordinarias adoptadas para afrontarla, estamos en una fase de gradual superación de la crisis sanitaria y retirada de esas medidas; pero en paralelo –en el ámbito europeo- estamos consolidando un factor nuevo, distinto e igualmente inédito, de excepcionalidad: los Fondos Next Generation EU europeos, un programa de donaciones dedicadas a inversión, centrado en la digitalización y descarbonización de la economía; inversión limitada a un periodo de seis años (2021-2026), y de elevado importe (unos seis puntos de PIB en total para España). Todo ello configura un marco sin precedentes, y hasta cierto punto confuso, para la evaluación de dónde está exactamente nuestra política fiscal “subyacente”, y dónde debería estar. En las siguientes líneas intentaremos arrojar algo de luz sobre esta cuestión, centrado en nuestro país y soslayando conscientemente la cuestión de cómo evolucionen las reglas fiscales europeas –atenderemos a lo que nos debería interesar como país, al margen de lo que desde Bruselas nos obliguen a hacer. Constatemos en primer lugar que partimos de una situación delicada; aunque, como es esperable en función de lo señalado en los primeros párrafos, difícil de cuantificar tras esta sucesión de acontecimientos excepcionales. Dada la dispersión de estimaciones sobre dónde estará el déficit estructural al cierre de 2021, asumamos que para no perdernos en los detalles “no menos de 4,5 puntos de PIB” es una aproximación razonable. Esa cifra concuerda con los cálculos que grosso modo pueden hacerse en función de los aumentos de gasto estructural decididos en 2020 y 2021, añadidos a nuestro déficit pre-pandemia del 2,9% en situación de aproximada neutralidad cíclica. Y se encuentra en la parte baja de estimaciones formales e informales que se manejan (de ahí el “no menos de”…). Esa viene a ser la dimensión (mínima) de nuestro problema fiscal a día de hoy, que se manifestaría ceteris paribus en el déficit nominal en cuanto el PIB vuelva a tendencia. Sin embargo, como ya se dijo se avecina un voluminoso programa de inversión pública que va a cambiar sustancialmente los parámetros fiscales nominales –pero no (al menos no significativamente) los estructurales. En efecto, se trata de un programa de inversión cuantioso pero temporal. En una economía ávida de inversión como la española, esta inyección de recursos (a ritmo aproximado de un punto anual de inversión adicional, más el apalancamiento de inversión privada que pueda lograrse) va a generar un ciclo expansivo de notable intensidad. Podemos esperar altas tasas de crecimiento del PIB y de la recaudación tributaria (por la actividad generada y la inflación de activos asociada), facilitando la reducción aparente del déficit público; una bonanza ciertamente más que bienvenida después de la ansiedad económica sufrida durante la pandemia… pero que también acarrea el riesgo de que se tome lo temporal como permanente y se extienda la sensación engañosa de que nuestros problemas fiscales de fondo se están arreglando o han desaparecido. Es fundamental no dejarse deslumbrar por las lustrosas cifras presupuestarias nominales que llegarán en los próximos años. Serán la pura manifestación de un fenómeno exógeno y temporal, sin ninguna relación con nuestra capacidad fiscal de fondo. Debemos administrar prudentemente estos windfall profits, con la vista puesta en el momento en que los fondos se acaben. Si se quiere, desarrollar una “Agenda fiscal 2027”, que prescinda de los fuegos artificiales en estos seis años para centrarse en lo mollar, cuestión que si no se aborda reemergerá –with a vengeance- en ese año. El foco tiene que estar puesto en el saldo presupuestario cuando la bonanza inversora haya finalizado y el crecimiento del PIB vuelva a tendencia, y también en el potencial productivo que pueda quedar como legado.

    Fondos Next Generation EU y PIB potencial

    Empecemos por esto último y constatemos que el potencial productivo del país no variará significativamente pese al voluminoso programa de inversión. Podemos llegar a esta conclusión estimando la inversión total adicional acumulada que los fondos Next Generation EU inducen; supongamos unos 20 puntos de PIB en capital adicional (lo que implica una tasa de apalancamiento algo superior a 1:2), un supuesto prudente teniendo en cuenta las tasas de subvención promedio y la canalización vía licitaciones (sin inversión inmediatamente inducida) de una parte relevante de los fondos. Supongamos también que esta inversión rinde en promedio un 5%, un supuesto conservador teniendo en cuenta que parte de los fondos financian bienes públicos varios (particularmente descarbonización pura, que –aun siendo tremendamente rentable en términos ambientales- no tiene impacto en PIB). En esas condiciones, la inversión extra desarrollada en estos seis años generaría en torno a un punto adicional en el nivel (no el crecimiento) de PIB. Equivalente aproximadamente al crecimiento de un semestre. Nada que nos vaya a cambiar la vida. Dado que las inversiones no modificarán sustancialmente nuestro PIB potencial, cobran especial importancia las reformas exigidas por la normativa Next Generation EU, entendidas como medidas regulatorias que favorecen el desarrollo más sencillo de la actividad económica. Aquí hay un margen notable: son muchos los ámbitos (política de permisos, prácticas de contratación, coordinación entre administraciones públicas) donde un cierto volumen de gasto juiciosamente asignado, puede conseguir vencer resistencias o crear prácticas o mecanismos nuevos para facilitar la actividad económica –dejando así un legado permanente de dinamismo económico, más allá de la vigencia de los fondos Next Generation EU. Es muy importante orientar los esfuerzos en esta dirección, yendo mucho más allá de las reformas entendidas como “medidas necesarias para que inversión Next Generation EU pueda fluir”. Sin limitarse, por supuesto, a lo requerido por la UE bajo este particular programa, que es una exigencia de mínimos y no de máximos. Dedicar recursos financieros a crear o desbloquear mecanismos que puedan generar dinamismo económico permanente es –aparte de una inversión extraordinariamente rentable- otra forma de mejorar nuestra capacidad fiscal, diluyendo nuestro problema fiscal en una base económica ampliada.

    Fondos Next Generation EU y política fiscal

    En cuanto al manejo de la política fiscal propiamente dicha, es importante en primer lugar asegurar que los recursos Next Generation EU se dediquen efectivamente a inversión adicional. Para ello hace falta aumentar cada año la inversión pública, respecto a la tendencia anterior, en una cifra similar a los fondos Next Generation EU que se perciben. Esta es una condición establecida por Bruselas, para evitar el riesgo de que los países canalicen hacia los fondos Next Generation EU la inversión que ya hacían, dedicando en términos netos los fondos NG (supuesto gasto total constante) a gasto corriente.  En el discurso Next Generation EU de la Comisión Europea, esta condición ha quedado misteriosamente en segundo plano durante los últimos meses, pero es crucial para que los fondos Next Generation EU desplieguen todos sus efectos. En segundo lugar, debemos tener claro que la inversión Next Generation EU por sí sola no modificará significativamente nuestra posición fiscal subyacente. Antes estimábamos un punto porcentual aproximado de aumento en el nivel de PIB como consecuencia del capital adicional acumulado 2021-2026, y a ello corresponderían unas cuatro décimas de ingresos tributarios adicionales permanentes, lo que ceteris paribus dejaría nuestro déficit estructural por encima del 4% en el mejor de los casos. ¿Cuál debe ser entonces la orientación de la política fiscal en estos seis años? Hay un consenso general en que los estímulos asociados a la pandemia deben retirarse con cautela para no perjudicar la recuperación. Ése es también el trasfondo del plan Next Generation EU que venimos comentando, que además de acelerar la digitalización y la descarbonización pretende sostener la demanda agregada con ese abundante flujo de inversión pública, en un momento en que parte de la demanda privada puede estar aún titubeante. Es importante, en cualquier caso, tener claro que el debate sobre estímulos y “expansividad” de la política fiscal es un debate sobre gasto público temporal, “de quita y pon”: el asociado a la pandemia (inherentemente temporal en su inmensa mayoría) y el que llegará vía inversión pública (también inherentemente temporal), y cómo deben secuenciarse uno y otro para asegurar que no se lastra la demanda agregada. Este debate no gira en ningún caso sobre cómo debe manejarse el gasto público permanente, que es una discusión completamente distinta –disociada de la coyuntura económica y vinculada con el tamaño deseable del sector público y la capacidad fiscal del país. En esta coyuntura –como, en realidad, en cualquier otra– el aumento del gasto permanente debe asentarse en un aumento de los ingresos “permanentes”: bien tendencial (por el aumento inercial del PIB y consiguientemente de la recaudación impositiva), bien discrecional por subidas de impuestos. En definitiva, debe manejarse como si no hubiese fondos Next Generation EU, cuyo impacto en la recaudación desaparecerá a partir de 2026.Por tanto, la política fiscal debería atender al aumento tendencial del PIB (digamos 3% anual nominal), y limitar el aumento de gasto permanente de cada año a esa cifra; dado que los ingresos públicos crecerían tendencialmente algo por encima de ese registro (por la progresividad del sistema tributario), así se aseguraría que el déficit estructural se redujese en algunas décimas año tras año. Lógicamente, ese 3% se vería aumentado en función de la recaudación (estimada de forma rigurosa) asociada a las elevaciones de impuestos que se produzcan cada año. Los aumentos de ingresos que superen esa cifra (esto es, los ingresos extraordinarios asociados a la actividad económica generada por los fondos Next Generation EU) podrían dedicarse en parte a “tapar agujeros” de la pandemia. Por ejemplo, recapitalizar las sociedades y organismos públicos, incluso cuando esta operación impacte en el déficit público; este sería un gasto de una sola vez, plenamente justificado para que el sector público pueda afrontar con garantías el proceso de recuperación. Cubierto este punto, el destino principal de esos ingresos extraordinarios debería ser reducir deuda. No tanto porque ahora mismo sea un objetivo perentorio, sino porque no hay ningún uso alternativo de esos fondos que sea razonable. Inversión pública ya vamos a tener en abundancia gracias a los fondos Next Generation EU, situándonos al límite de nuestra capacidad de ejecución; no parece factible, ni tampoco recomendable, aumentarla aún más con recursos propios españoles. Financiar gasto corriente –más allá de algunos casos muy puntuales de gasto “de una sola vez”– sería contraproducente, por las razones indicadas. La reducción de la deuda enviaría además una señal de normalidad presupuestaria que sería positiva, y por supuesto ayudaría a atenuar el factor de vulnerabilidad que la deuda puede suponer cara a futuro, en un entorno de eventual subida de tipos de interés.  En todo caso, más importante que lo que hay que hacer con esos ingresos extraordinarios es lo que NO hay que hacer: elevar el gasto estructural. El objetivo último y fundamental es llegar a 2027, “cuando el polvo se asiente”, con una posición fiscal manejable que evite la necesidad de un ajuste presupuestario inopinado. No porque lo imponga Bruselas sino porque lo necesitamos nosotros. España no se puede permitir otro ciclo boom-bust como los de 1993 y 2008. Para un país (sobre todo sus generaciones jóvenes) todavía no plenamente recuperado del shock de 2008, el legado en términos de expectativas frustradas, planes de vida truncados, malestar social y desafección política sería terrible.

    El papel del BCE, o stocks vs flujos

    Lo anterior es aún más importante en función del entorno exterior: el BCE comienza ya a dar señales de un futuro viraje hacia una política monetaria “menos extraordinaria”, con lo que el entorno de compra masiva de bonos públicos probablemente vaya desapareciendo en los próximos meses. Puede haber razonable seguridad en que la deuda pública acumulada durante la pandemia tendrá un tratamiento generoso, que en términos prácticos la haga poco relevante para la política fiscal en los años venideros. Pero una cosa son los stocks y otra los flujos: un déficit recurrente post-pandemia, no relacionado con ella, será probablemente visto con enorme recelo desde Frankfurt. Particularmente, en un contexto en que el resto de países normalicen gradualmente –como es previsible– su posición fiscal. Nada peor, en esas condiciones, que convertirnos en un outlier con registros fiscales pobres, situados en el foco por los miembros más “ortodoxos” del Consejo del BCE, y obligados a colocar en mercado varios puntos de PIB de emisiones de deuda nueva en ese precario contexto. De manera más general, las medidas adoptadas por el BCE y por la UE (fondos Next Generation EU) suponen un extraordinario voto de confianza en los países con tradición fiscal más laxa en la UE. Esta grand bargain es un hito sin precedentes en la historia de las instituciones europeas, con horizonte temporal pero vocación permanente. Sería un error histórico no responder a ese voto de confianza con un manejo sólido y riguroso de nuestra política fiscal, que asegure no sólo nuestra propia estabilidad económica a futuro, sino también la permanencia en el tiempo de esos instrumentos conjuntos de respuesta europea a shocks económicos”  Martha Lewis

    Mil gracias por la lectura y difusión de esta Agenda  de Prensa y no sean cándidos. No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos

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