• AGENDA PRENSA 15 OCTUBRE BIS

    El Gobierno acelera una negociación a cuatro bandas para aprobar los PGE en tres meses Negociar los presupuestos generales del Estado en un Congreso formado por una veintena de formaciones políticas puede ser un tormento. El año pasado el Gobierno rizó el rizo porque incluyó a Ciudadanos en la llamada «geometría variable» y los aliados habituales, en especial ERC y PNV, se enfadaron un poco. Este año la red tejida por el PSOE y Unidas Podemos es menos tupida y menos alambicada, ya que los de Inés Arrimadas han quedado fuera. El mapa de posibles apoyos está claro: los del bloque de la investidura de Pedro Sánchez, es decir, la izquierda. Para llegar a buen puerto, el Gobierno, en particular el PSOE, ha diseñado un entramado de cuatro ámbitos según los grupos parlamentarios: ERC, PNV, EH Bildu y los partidos o agrupaciones minoritarias. Los interlocutores irán variando, aunque, según han informado fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los negociadores principales serán tres ministros, dos secretarios de Estado, una alto cargo del Partido Socialista y el portavoz del grupo en el Congreso.El titular de Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de dibujar el marco general durante la ronda de contactos que hace dos semanas celebró con todas las formaciones representadas en la Cámara, menos Vox, que rehusó acudir. Antes y después tuvo contactos informales con algunos portavoces. Por ejemplo, al líder de Más País, Íñigo Errejón, le citó en el complejo de Moncloa antes de las vacaciones de verano. Con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado en diversas ocasiones estos últimos días.  Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o altos cargos de su gabinete, han tenido conversaciones y reuniones con varios partidos, el PNV entre ellos. A finales de agosto, de hecho, hubo un encuentro de la responsable de coordinar el proyecto presupuestario con la cúpula de los nacionalistas vascos. Fue el comienzo de un periplo de conversaciones que no han cesado y que han abarcado a diversos departamentos. Indican fuentes de este partido que los objetivos son tres: la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, la canalización de los fondos europeos y el contenido de las cuentas públicas de 2022, en las que el peso de las infraestructuras en Euskadi sería destacado. El primero, por lo menos, debería quedar solventado antes de final de año. El otro grupo vasco en el Congreso, EH Bildu, también ha desarrollado una agenda especifica de contactos con varios ministerios, y no sólo del PSOE, sino también de Unidas Podemos.  Fuentes gubernamentales precisan, en este sentido, que la coalición previsiblemente cierre una especie de comisión negociadora durante la semana que viene para centralizar la gestión de las negociaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, formará parte de esa de la delegación.  Los circuitos de diálogo van a ser diversos y quieren las partes que discurran en paralelo. ERC, al igual que hizo para sacar adelante los presupuestos vigentes, va a formar una comisión negociadora con tres representantes del Govern, del partido y del grupo parlamentario. Su pretensión es que el Ejecutivo haga lo mismo sólo con ellos. Es probable que aquí entre en juego la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, dada su sintonía con Gabriel Rufián. En cualquier caso, los independentistas catalanes plantean encapsular la negociación presupuestaria para que no interfiera ningún otro frente abierto, aunque las distorsiones sean inevitables. Fuentes de la formación republicana esperan del Gobierno gestos de distensión antes de sentarse a una mesa. La brusquedad del debate sobre la ley de memoria democrática, este jueves, se daba por descontada tanto en el lado socialista como en el lado catalán. A partir de ahora, se trata de que el trámite que seguirá la norma que redactó la ex vicepresidenta Carmen Calvo no se cruce en el camino de la negociación de los presupuestos, ni tampoco la Ley Audiovisual. Ni la Mesa de Diálogo. Esto, de hecho, es algo prioritario para Esquerra: la Mesa es otra cosa, es un ámbito completamente distinto y hay que deslindarlo de lo que se hable sobre las cuentas de 2022.En el PSOE dan por hecho que ERC formará parte del pacto, aunque reconocen que habrá dificultades. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Héctor Gómez, se ha reunido recientemente con Rufián, aunque de modo informal, con el fin de conocerse, tantear vías de aproximación e identificar los baches que habrá en el camino.  Gómez, de hecho, ha contactado ya con todos los portavoces de los partidos minoritarios, también a modo de sondeo. Habrá reuniones en breve con sus líderes para poner negro sobre blanco las reclamaciones territoriales. Conjugar los intereses de todos es lo que permitirá que el techo del respaldo sea igual de alto que el logrado hace un año: el 3 de diciembre de 2020, el Gobierno aprobó las cuentas en el Congreso con el sí de 188 diputados adscritos a 11 formaciones distintas. Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, BNG, Compromís y Nueva Canarias esperan fecha para enumerar sus peticiones. También Más País, y por supuesto PDeCAT y JxCat. En el Gobierno tienen fundadas esperanzas sobre la predisposición de los primeros, más abiertos al consenso que al disenso. No dicen lo mismo de las siglas de Carles Puigdemont, pero su líder en la Cámara, Miriam Nogueras, ha dejado claro que hablar sí quiere. Así que hablarán. Encargado de coordinar las negociaciones estará el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, persona de confianza de Félix Bolaños y de Adriana Lastra. Como número dos de la dirigente socialista, ya se encargó de armonizar las reivindicaciones de diversos partidos tanto en la negociación de la investidura como en la de los presupuestos vigentes. De él destacan fuentes de varios grupos aliados que es un hábil negociador. Un rol similar tendrá su homólogo de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. El ritmo de la tramitación parlamentaria del proyecto de cuentas públicas es conocido. No es una tramitación menor, al contrario. En cuanto acabe la actividad de la semana que viene, el Congreso suspenderá la rutina para habilitar el procedimiento estipulado en el reglamento de la Cámara, esto es, presentación de la lista de comparecientes del Gobierno, registro de enmiendas a la totalidad, debate de dichas enmiendas, interposición de enmiendas parciales, debate en comisión, aprobación del dictamen y votación en el pleno del texto. En 2020 el Gobierno fue a toda prisa y puso toda la carne en el asador. Continuar con los presupuestos de Cristóbal Montoro, aprobados en 2018, hubiera sido un varapalo y un mensaje de difícil digestión para la UE, que para entonces estaba pintando los 140.000 millones de euros de fondos para la recuperación ‘postpandemia’ que recibirá España durante los próximos siete años. Este año, señalan todas las fuentes consultadas, el éxtasis negociador del Ejecutivo no ha sido tan acusado, pero no parece que ello obedezca a una dilación de los tiempos. En tres meses quiere tener los presupuestos aprobados.  Las negociaciones serias y formales empezarán la semana que viene. La mayoría serán discretas.” Ángel Alonso

    https://www.epe.es/es/politica/20211015/gobierno-acelera-negociacion-cuatro-bandas-12254895

    Rehabilitar 510.000 viviendas en tres años  Mientras se espera que el Gobierno apruebe en unas semanas la polémica Ley de Vivienda, ya aprobó a primeros de octubre dos decretos que abren el camino a rehabilitar 510.000 viviendas en los próximos 3 años, con Fondos europeos. Va a ser la 2ª mayor partida de gasto del Plan de recuperación, tras la reconversión al coche eléctrico. El programa de rehabilitación energética (aislamientos, ventanas, fachadas…) invertirá 6.820 millones hasta 2023 y los primeros 1.631 millones ya se han liberado y transferido a las autonomías, que gestionarán el 80%. Ahora tienen que crear Oficinas municipales de rehabilitación, donde las comunidades de vecinos y los particulares (incluso inquilinos) pueden pedir las ayudas para rehabilitar su edificio o vivienda, subvencionando entre 3.000 y 18.000 euros por vivienda, además de deducciones fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) y créditos con aval del ICO. Una oportunidad única para remozar nuestro viejo parque de viviendas  y crear 188.000 empleos. Lea las condiciones y ayudas disponibles, individualmente o con su comunidad de vecinos. A rehabilitar tocan. La rehabilitación energética de viviendas y edificios es una de las prioridades de la Comisión Europea para las próximas tres décadas, porque los edificios europeos son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, su gran objetivo, dentro de la estrategia UE contra el Cambio Climático es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones (0 emisiones netas) en 2050”. Para lograrlo, han incluido la rehabilitación energética de los edificios como una de las prioridades del Plan de recuperación europeo, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones entre 2021 y 2024, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a Fondo perdido). A partir de aquí, España ha establecido la rehabilitación energética de edificios y viviendas como la 2ª prioridad del Plan de Recuperación español, enviado a Bruselas en octubre y autorizado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. En concreto, se destinarán 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 al “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, la 2ª mayor partida de gasto del Plan de Recuperación, tras la dedicada “a la movilidad sostenible” (13.203 millones de inversión). Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar energéticamente 510.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y con esta demanda potencial, poner en marcha “una verdadera industria” de rehabilitación de viviendas, apoyada por un esfuerzo inversor privado, con otro objetivo aún más ambicioso: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, lo que permitiría rehabilitar 7,2 millones de edificios y viviendas para el año objetivo 2050. Para España, este objetivo rehabilitador suena “desmesurado”, si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque residencial, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2,01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media de la UE-27 está en una rehabilitación del 1,5% de sus edificios. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, tanto para mejorar su habitabilidad (1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso) como para reducir su alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). De hecho, tenemos un parque de 25,7 millones de viviendas, de las que 19 millones son viviendas principales. Y más de la mitad (9,7 millones) se construyeron antes de 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que esas 9,7 millones son las viviendas candidatas a rehabilitarse. El programa de rehabilitación energética 2021-2023 aprobado por el Gobierno (y ratificado por la Comisión Europea) contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos previstos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene tres frentes de actuación: subvenciones directas para la rehabilitación de edificios enteros y viviendas individuales (1.994 millones) y de barrios enteros (976 millones), además de deducciones fiscales en el IRPF a los particulares que rehabiliten. El 2º Plan del programa de rehabilitación (1.000 millones) busca la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades donde el 30% de las viviendas fueron construidas antes de 1960 y el 10% están en estado deficiente o ruinoso), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos  de la Administración central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos, culturales o asistenciales, con 1.080 millones de inversión. Y el cuarto Plan  incluido en el programa (1.000 millones de inversión restante) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler, energéticamente eficientes, entre 2022 y 2023. El Plan de Recuperación de España donde se incluyen estos 4 programas de rehabilitación fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros liberó la primera partida de dinero público para rehabilitación: 1.631 millones (de los 2.036 millones previstos gastar en 2021): 1.151 millones para la rehabilitación de viviendas y barrios y otros 480 millones para rehabilitar edificios públicos. Y como había prisa, unos días después, el 21 de julio, Gobierno y autonomías pactaban el reparto de este primer gasto en rehabilitación por autonomías, que son las que gestionarán el Plan y abrirán con los Ayuntamientos la ventanilla de solicitudes de ayudas. El reparto (ver cuadro) se ha hecho teniendo en cuenta el número de hogares de cada autonomía, con lo que 4 regiones van a recibir más de 100 millones de ayudas para rehabilitar: Andalucía (199,9 para particulares y 85,6 para edificios públicos), Cataluña (186+78,7), Madrid (161,2+68,5) y Comunidad Valenciana (124,6+51,15). Para futuras entregas, hasta 2023, el Gobierno está pensando en primar la buena gestión de las ayudas, con lo que podrían recibir más dinero las autonomías que mejor gestionen los programas de rehabilitación. Con este primer dinero ya repartido para la rehabilitación energética, las autonomías trabajan ahora en poner en marcha en sus territorios toda la operativa para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios. El programa incluye la creación de Oficinas específicas, “ventanillas únicas” en autonomías y Ayuntamientos para facilitar los trámites a los vecinos interesados. Además, el Gobierno está promoviendo la creación de empresas para facilitar la rehabilitación “llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a empresas constructoras, energéticas y bancos. Además, el ejecutivo ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”. Mientras las autonomías saben ya el primer dinero con el que van a contar y preparan su intendencia, el Gobierno acaba de aprobar el marco normativo de las ayudas a la rehabilitación, un Real decreto (853/2021) y un Real decreto Ley (19/2021) aprobados el pasado 5 de octubre. El primero establece los tres tipos de subvenciones directas (a fondo perdido) que se van a conceder para rehabilitar energéticamente viviendas (aislamientos, ventanas, fachadas…). Y no sólo a los propietarios de su vivienda habitual, también a los que viven en alquiler: el Gobierno contempla que los inquilinos puedan recibir ayudas para la rehabilitación de la vivienda donde viven si acuerdan con su casero costear a su cargo la obra de rehabilitación a cambio del pago de la renta. Lean con atención el abanico de ayudas.  Las mayores subvenciones se dan para rehabilitar energéticamente barrios enteros. Se fija una exigencia mínima de que la rehabilitación ahorre un 30% de energía y a partir de ahí la subvención varía según el ahorro, con un máximo de 21.400 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre el 80% de energía (y hasta el 100% del gasto hecho si el propietario es una familia vulnerable). El 2º mayor nivel de ayudas se da para rehabilitar energéticamente edificios enteros y viviendas unifamiliares. Aquí también se exige un ahorro energético mínimo del 30% y la ayuda varía según el alcance de la rehabilitación, con un máximo de 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre un 80%. Y el tercer nivel de ayudas es para rehabilitar viviendas aisladas, que solicite un particular para su domicilio “habitual y permanente”: se le subvenciona el 40% de la rehabilitación (que ha de cumplir una exigencias de ahorro energético o sustitución de elementos constructivos) con un límite de 3.000 euros por vivienda (el gasto mínimo ha de ser 1.000 euros por vivienda). Además de estas subvenciones (ayudas a fondo perdido), se han aprobado nuevas deducciones en el IRPF a los particulares que hagan obras de rehabilitación para la mejora energética de su vivienda o edificio. Se establecen 3 deducciones fiscales. Una del 20% del importe de la rehabilitación (con un tope de 5.000 euros por vivienda) a los que reduzcan el consumo de calefacción un 7%. Otra del 40% (con un tope de gasto de 7.500 euros por vivienda) para los que reduzcan un 30% su consumo o alcancen la calificación energética A o B para su vivienda habitual. Y una deducción máxima del 60% (con un gasto máximo de 15.000 euros por vivienda) para los particulares que vivan en edificios residenciales donde se reduzca un 30% su consumo energético, alcancen la calificación energética A o B y hayan hecho actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio. Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales del ICO por importe de 1.000 millones de euros para que las comunidades de propietarios puedan financiar con créditos la rehabilitación de edificios enteros. Y para facilitarlo, el Real Decreto Ley incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de que una comunidad de propietarios pueda aprobar por mayoría simple la solicitud de un crédito para rehabilitar el edificio (una decisión que hasta ahora exigía la unanimidad). Así que ahora, el crédito para rehabilitar el edificio lo podrá pedir la comunidad  (no cada propietario), con el aval del ICO, y su pago se incluirá dentro de los gastos generales del inmueble.La mayor cuantía de las subvenciones y de las deducciones fiscales hace que lo más interesante para rehabilitar una vivienda es que esté incluida en un Plan para rehabilitar el barrio completo y si no, que la comunidad de vecinos contemple rehabilitar todo el edificio, un camino más rentable que rehabilitar uno sólo su casa (salvo que viva en una vivienda unifamiliar). Además, las comunidades de propietarios tienen ahora dos ayudas más. Una, de hasta 3.500 euros de subvención, para elaborar un Libro del edificio (una especie de auditoría energética) donde se refleja su situación actual y sus carencias. Y la otra ayuda, hasta 30.000 euros, para pagar un Proyecto de rehabilitación que elabore una empresa especializada y que será la base para solicitar las ayudas públicas y hacer las obras de rehabilitación energética. En líneas generales, el programa de rehabilitación “suena” bastante bien y debería llevar a muchas comunidades de vecinos a estudiarlo y decidirse a rehabilitar energéticamente su edificio, aprovechando los Fondos europeos, que se van a traducir en subvenciones (hasta 18.000 euros por vivienda si se rehabilita un edificio) y deducciones fiscales en el IRPF (hasta el 60% del gasto de un propietario si se ha rehabilitado su edificio), más créditos para pagar las obras avalados por el ICO ( por lo que los bancos deberían concederlos). Los problemas pueden encontrarse, como siempre, en el papeleo y la burocracia (autonomías y Ayuntamientos) y en que el exceso de demanda colapse la rehabilitación, porque hacen falta empresas y trabajadores suficientes para atender esta ola de rehabilitación. Además, hace falta agilidad en la puesta en marcha del programa, porque la entrega de Fondos europeos en 2022, 2023 y 2024 está ligada a que se gasten los fondos entregados. Y que se gasten bien: si hay “picaresca” y corruptelas, Bruselas nos exigirá el dinero mal gastado. Estamos ante “una oportunidad histórica” para remozar parte de nuestro parque de edificios y viviendas, consiguiendo unas casas más confortables y energéticamente eficientes con muchas ayudas públicas y poco gasto de las familias. Un Plan de rehabilitación energética que “mata 3 pájaros de un tiro”: consigue mejores viviendas, reduce el consumo español de energía (-40% de energías fósiles) y nuestras emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales) y crea empleo adicional (188.000 nuevos empleos) y más crecimiento (aporta +13.500 millones al PIB español en tres años). Por todo ello es clave que el Plan de rehabilitación salga bien, lo que exige colaboración institucional (que no haya peleas “políticas” entre el Gobierno, las autonomías y Ayuntamientos: rehabilitar debe ser una prioridad de todos) y un decidido apoyo de empresas y autónomos de la construcción, bancos, administradores de fincas y comunidades de propietarios, así como un esfuerzo informativo para que el Plan y sus ayudas sean conocidos por todos los propietarios. A rehabilitar tocan. Javier Gilsanz

    https://economiaaloclaro.blogspot.com/2021/10/a-rehabilitar-tocan.html

    Comercio pide la colaboración entre empresas para facilitar el acceso a los Fondos Europeos Renovarse a través de la digitalización o quedarse atrás. Esta es la disyuntiva ante la cual se encuentra el sector comercial, desde las tiendas de barrio a las grandes empresas, según ha explicado la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno en la clausura del I Foro del Retail y el Gran Consumo, organizado por elEconomista.Para ello, Méndez ha explicado que la empresa será la protagonista indiscutible de los Fondos de Recuperación Next Generation EU: «Esperamos que el fondo tecnológico de 100 millones, el cual se aprobará en los próximos meses, tenga un gran éxito. Tendrá como protagonista indiscutible a la empresa». Asimismo, ha anunciado el lanzamiento de 4 convocatorias que benefician al sector comercial: ‘Programa de mercado sostenible’, ‘Comercio en zonas rurales’, ‘Actividad comercial en municipios turísticos’ y ‘Fondo tecnológico’, con el fin de garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del comercio en las zonas rurales, promover la actividad comercial en municipios turísticos, y digitalizar el sector, con un fondo tecnológico de 100 millones de euros, el cual se aprobará en los próximos meses. La secretaria de Estado de Comercio ha reconocido que los Fondos Next Generation EU son un pilar clave para acelerar la recuperación del sector en España y ha pedido «colaboración» entre las distintas empresas para facilitar el acceso a ellos. La gran parte del presupuesto de su secretaría de Estado suele ir destinado al comercio internacional, pero la aportación comunitaria permite disponer de «casi 500 millones de euros en un presupuesto para comercio interior». En los próximos años se planean acciones para mejorar la sostenibilidad y la digitalización de mercados municipales y zonas comerciales urbanas, ayudas para mejorar la «resiliencia» de los negocios de las zonas turísticas y una bolsa específica para beneficiar a los comercios de las zonas rurales. «El nuevo ecosistema requiere una convergencia entre las tiendas digitales y físicas, donde hay que emplear la tecnología como un aliado» En otro orden, Méndez ha destacado la importancia de la ‘omnicanalidad’, como apuesta «esencial» para el comercio minorista. «El nuevo ecosistema requiere una convergencia entre las tiendas digitales y físicas, donde hay que emplear la tecnología como un aliado», ha señalado. Además, «requiere una convergencia entre las distintas empresas y que sea eficaz». Respecto a las ayudas europeas, la secretaria de Estado ha señalado que se podrá beneficiar «el pequeño comercio, pero también las asociaciones», en un sector «muy fragmentado» lleno de «micropymes y autónomos» al que se les está «exigiendo un cambio muy rápido en un corto periodo de tiempo». «La pandemia ha venido a cambiar las agendas y la supervivencia del sector, que afronta la recuperación tanto del nivel de facturación de ventas como del empleo», ha admitido Méndez. A la vez que señalaba que debido a esta situación se han acelerado muchos cambios y se han superado «muchos retos», como ha sido el auge del comercio electrónico. «Los meses de confinamiento han acelerado la ganancia en el proceso de digitación del sector ‘retail’ a nivel mundial», ha afirmado. Un sector que hace que todos los demás sectores «puedan desempeñarse correctamente», y que ha sido » esencial y fundamental durante la pandemia». Por ello, «es necesario que cuente con el apoyo del sector público, para que la economía fluya», ha sentenciado. En la misma línea que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la secretaria de Estado de Comercio ha destacado la importancia del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), con el objetico de que las primeras convocatorias se puedan realizar en el primer trimestre de 2022. ” Ana Delgado

    https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11431582/10/21/Comercio-pide-la-colaboracion-entre-empresas-para-facilitar-el-acceso-a-los-Fondos-Europeos.html

    Las mentiras de Manglano    Los llamados «papeles de Manglano» llevan semanas llenando páginas de periódico con supuestas revelaciones verdaderamente sorprendentes. Uno atribuye valor a esas revelaciones en función del crédito que da al autor, jefe máximo de la inteligencia española durante 14 años. Lo publicado sobre el pago por el Palacio de la Zarzuela del rescate de Diego Prado, secuestrado por ETA, es mentira de la primera palabra a la última y una infamia. Y todavía están vivas bastantes personas que intervinieron en la recaudación del dinero para el pago a ETA, aunque no los coordinadores de esos actos: el abogado Rodrigo Uría, que durante meses dejó la dirección de su prestigioso despacho para dedicarse a esto, y el hermano del secuestrado, Manuel. Hubo un tiempo en que el verdadero periodismo consistía en que cuando te dan documentos que pueden ofrecer una exclusiva, se coteja los datos que aporta el informante con otras fuentes. Eso es periodismo. En la información aparecida en las últimas 24 horas sobre el pago por el secuestro de Diego Prado no hay nada que ratifique lo dicho por fuentes muertas hace tiempo, a pesar de la multitud de fuentes vivas con elementos para desmentirlo. Nadie les preguntó. Que no te estropeen un buen titular.  Como saben muchas personas que contribuyeron a la suma total que se pagó –que es exactamente la mitad de la menor de las que aparecen en el papel citado–, el dinero salió de préstamos solicitados con grandes dificultades contra el patrimonio de Diego y Manuel Prado, así como –de forma muy sustancial– a la aportación de su cuñada Catherine Lacoste, casada con Jaime Prado. En ningún momento se tuvo ni la más mínima comunicación con Zarzuela y su entorno en la seguridad de que sus teléfonos estaban pinchados y cualquier indicación de que se estaba preparando un pago ilegal desbarataría todo el proceso.Por supuesto que Manuel Prado negó haber pagado el rescate ni haber vendido patrimonio para ello. No podía hacerlo, pero podía vender o hipotecar sus bienes para cualquier otra actividad. Como es lógico, no quedó ni el más mínimo rastro del pago porque era ilegal. Y mientras se recaudaba el dinero, Manuel Prado estaba ingresado en el hospital tras una operación de estómago y recibía frecuentes llamadas del ministro del Interior, José Barrionuevo, advirtiéndole de no cometer errores. Entre los actores de estos hechos que siguen vivos figura la hija mayor de Diego Prado, que da la casualidad de que es mi mujer. También otros de los que estaban allí en esas horas recuerdan a muchos amigos que aportaron dinero. Entre otros, desde un rejoneador amigo de la mujer de Diego Prado hasta un joven empresario íntimo de la familia que en esa época tenía la marca de camisetas de algodón más famosa de España y un día se presentó en el domicilio de sus amigos con varios millones de pesetas para ayudar a la causa. Y muchos otros. Antes de empezar el pago del rescate, Manuel Prado enseñó a toda la familia las montañas de billetes en moneda de diferentes países, con la que se consiguió la libertad de Diego. Esa suma se pagó hace 38 años y ningún hecho allí sucedido es perseguible hoy. Pero quiero aclarar a quienes tengan legítimas dudas sobre la posibilidad de rescatar a una persona de quienes van a matarle que si yo pago mis impuestos para que el Estado garantice mi seguridad y el Estado fracasa en ese intento, yo creo que  tengo derecho a intentar salvar mi vida por todos los medios a mi alcance. Y eso es lo que hizo la familia Prado sin pedir un céntimo a Su Majestad el Rey.

    Yo siempre digo que cuando en una información hay datos que conoces de primera mano y son falsos o están radicalmente mal, no te puedes creer nada de lo que se publica. Lo que se puede aplicar a toda esta serie de los «papeles de Manglano». Yo sé de primera mano que los apuntes de Manglano sobre Diego Prado son radicalmente falsos. Es más: si eso es lo que sabía el CESID, es que no se enteraba de nada. Pobre España. En qué manos hemos estado. Otrosí: uno de los autores de esta saga con la que se está castigando al Rey Juan Carlos es la única persona en España a la que Don Juan Carlos le prologó un libro, una biografía de un tío abuelo del periodista. En la dedicatoria que el autor me escribió en mi ejemplar, dice: «A Ramón Pérez-Maura, firma de referencia en la defensa de la impecable labor de Don Juan Carlos en la defensa de España y de los Españoles.» Y, releído hoy, le entra a uno la duda de cuándo es cuando este periodista ha escrito sin tener ni idea de lo que dice: si cuando publicó ese libro en 2015 o con estos papeles en 2021.” Ramón Pérez Maura

    https://www.eldebate.com/opinion/20211015/mentiras-manglano.html

    Mil gracias por la lectura y difusión de esta Agenda  de Prensa y no sean cándidos. No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos

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