• Descripción: https://i2.wp.com/delajusticia.com/wp-content/uploads/2021/05/pobre-charlot-2.jpg?resize=321%2C243&ssl=1

    A pesar de todos asesores que ha contratado, la última constatación  de Isabel Díaz Ayuso resulta ser indescifrable: «El Zendal está junto a un aeropuerto. Esto significa que la vocación de la sanidad madrileña es universal.»

    LA AGENDA DE PRENSA  POLÍTICA DE

    Luis César Rodríguez& José Vicente Cebrián

    VALENTIA O NECESIDAD

    El representante de ERC en el Congreso, hizo un resumen preciso sobre el futuro de Cataluña Introdujo su admiración al presidente del Gobierno, por su valentía frente a la jauría, pero a continuación preciso….Valentía o Necesidad?…   y ahora , que?   Los indultos no pedidos tienen su techo muy bajo con independencia de la explotación nacional e internacional de la imagen del presidente de gobierno y de sus ministrosLa oposición intenta aprovechar el tirón para debilitar al gobierno y forzar una elecciones anticipadas, pero no tiene capacidad para hacerlo. Solo tiene la opción andaluza. Adelantar allí las elecciones y si las gana dejar como derrotado al candidato de Sánchez, recién estrenado y por lo tanto al propio Sánchez dentro del PSOE. Pero es una jugada que puede salirle mal y además le acusarían con razón de ventajista. VOX, que es el apoyo del PP también en Andalucia es consciente de la oportunidad para intentar debilitar a Sánchez y  a Casado. En el PP no quieren ser arrollados por VOX pero un débil e inseguro Pablo Casado no sabe o no puede. Es de destacar  un brillante, coherente y silente discurso de Nuñez Feijo, la suerte está echada. La situación generada por la concesión de los indultos, y el continuo mirar para otro lado ha conseguido el rechazo del 63%de los votantes del PSOE, y el Gobierno a través de su Ministro de Justicia ha tenido que salir al paso con un mensaje claro y preciso.   La Amnistía y el Referéndum no son posibles   pero todos somos conscientes, y también el ministro que son ya demasiadas las veces que Sánchez ha dicho que “no esto” y luego ha cambiado al “pero ahora si toca”     ….y ahora, que? El próximo martes 29 de junio está prevista una reunión en la Moncloa entre el presidente del Govern y el presidente del Gobierno, veremos hasta donde es posible llegar, hay mucho dinero de los Fondos Europeos y posibles mejoras, mejor dicho aumentos, del Estatuto de Autonomía.  Parece que se pospone al próximo año el indulto a Puigdemon y otros exilados. También en esto, preguntado por Carlos Alsina, el Ministro de Justicia ha dicho, para sorpresa de muchos, que se puede indultar a alguien que no ha sido juzgado ni condenado pero que no es la intención del gobierno. Al recordarle que la intención del gobierno suele ser cambiante la argumentación le ha parecido ofensiva. Si le recordamos que el único precedente conocido de tan curioso indulto fue el de Francisco Franco en el caso Matesa, puede ser que le parezca delictiva. El Gobierno necesita controlar  más la situación para que no prospere que quien se arrepiente es el que indulta y no el indultado. La composición, calendario, temario  y transparencia de la mesa de negociación y sus altibajos durante estas próximas semanas serán  claves  para saber si políticamente existe algún nuevo recorrido para encarrilar  la situación catalana. Ahora o nunca, don dinero no volverá a tener tan jugosa oportunidad como ésta del  verano de 2021.  No nos engañemos,  ni obispos ni empresarios, ni sindicatos, ni hoteleros, ni hosteleros, ni peluqueros, ni camioneros    cuentan aquí  para hacer cuentas ahora….….

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Descripción: Descripción: Libros de transhumanismo

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Pilar Pozuelo: recetas de la España vaciada

    Descripción: Cubierta de 'Recetas de la España vaciada'

    https://laslecturasdeguillermo.wordpress.com/2021/06/26/recetas-de-la-espana-vaciada-de-pilar-pozuelo/

    Julio  Gil Pecharromán: La estirpe del camaleón: Una historia política de la derecha en España 19372004

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    https://elpais.com/cultura/2020/02/20/babelia/1582208336_653575.html

    Rubén Arranz entrevista a Alvise Pérez: «Si no tragas, te expones a ser objetivo de Newtral, Escolar o La Sexta»

    Descripción: Alvise Pérez
    https://www.vozpopuli.com/medios/alvise-perez-entrevista-inda-marhuenda.html

    Ana del Barrio entrevista a Eva Isanta: «Yo sí que he tenido que hacer cobras»

    Descripción: Foto: ANDRÉS RODRÍGUEZ
    https://www.elmundo.es/papel/2021/06/14/60b6496ce4d4d8cc798b45f3.html

    Ana Carbajosa entrevista a Götz Kubitschek :  “Asistimos a un renacimiento conservador”

    https://elpais.com/internacional/2018/07/20/actualidad/1532101868_328857.html

    La independencia, a plazos

    Descripción: La independencia a plazos

    Salvador Sostres entrevista a Salvador Illa: «No se puede plantear una negociación entre el estado y una Cataluña independentista»

    Descripción: El líder del PSC, Salvador Illa
    https://www.abc.es/espana/abci-salvador-illa-consejo-europa-no-instancia-juridica-propaganda-politica-202106241920_noticia.html#vli=al-ed&vca=ABC_entrevista_a_Salvador_Illa&vmc=web&vso=web-push

    Carles Castro: Cómo derrotar al independentismo en las urnas

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    https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/zarzalejos-muestra-a-sanchez-el-libro-para-derrotar-al-independentismo_20031848_102.html

    Economíadigital.es: Carles Castro  afirma en su libro Cómo derrotar al independentismo en las urnas‘, que la mayoría parlamentaria del separatismo depende realmente de tan solo 32.000 votos

    https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/carles-castro-muestra-las-claves-para-derrotar-el-independentismo_20025026_102.html

    ¿Qué significa decir pasar por las horcas caudinas?

    Hay que releer la experiencia de los samnitas  en la Batalla de las Horcas Caudinas,  cuando cogieron en una emboscada a todo un ejército romano. Ante sí tuvieron una triple opción: soltarlos y mostrar generosidad;  cargárselos a todos; humillarlos y soltarlos. Genial el consejo doble contradictorio de Marco Herenio

    https://revistadehistoria.es/la-batalla-de-las-horcas-caudinas/
    https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Horcas_Caudinas
    https://es.wikipedia.org/wiki/Samnitas
    https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boviano
    https://es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Poncio

    Marti Saballs: Aquellos liberales soñaban convertir Cataluña en un paraíso fiscal para atraer empresas y talento, y redujera aquel festival de subvenciones

    Descripción: Durán i Lleida, Artur Mas y Jordi Pujol, en los días felicies de CiU, celebrando en el Hotel Majestic la vicroia elecotral en 2003.
    https://www.elmundo.es/opinion/2021/05/04/60902cbffdddffd2998b45fb.html

    Antonio Papell: No caben muchas dudas sobre la actuación del Tribunal de Cuentas en este pleito, pero algo debe funcionar mal en el sistema cuando, como daño colateral del conflicto, decisiones tumultuosas de aquel organismo tan poco activo arruinan materialmente a un personaje como Mas-Colell, un sabio reconocido mundialmente que aceptó ser conseller d’Economía, a quien se carga su cuota parte de los gastos producidos al Estado por el ‘procés’

    “El Centre d’Estudis d’Opinió, cargado de prestigio técnico a pesar de ser un organismo de la Generalitat, realiza sistemáticos estudios demoscópicos (varias oleadas al año) del posicionamiento de los catalanes en relación a la independencia. Una de las preguntas que se repiten da a elegir al encuestado entre Estado independiente, Estado federal español y comunidad autónoma como actualmente, y es muy instructivo observar la evolución de las posiciones desde el Estatuto fallido de 2006 y la sentencia del TC de 28 de junio de 2010 que rechazaba algunos aspectos esenciales de una norma que ya había sido refrendada por la ciudadanía. Entre junio de 2005 y marzo de 2007, el porcentaje de independentistas osciló entre el 12,9% y el 15,9%. Entre julio de 2007 y diciembre de 2009, la evolución fue del 16,1% al 21,6%. Y a partir de 2010 comienza la gran escalada: en 2010 se alcanzó el 25,2%; en 2011, el 28,2%; en 2012, el 44,3%; en 2013, el 48,5%; en 2014, el 45,3%; en 2015, el 41,1%; en 2016, el 41,6%; en 2017, el 40,2%; en 2018, el 40,8%…….

    En otra de las preguntas del barómetro del CEO se indaga cuál sería el voto en un referéndum de autodeterminación. El ‘no’ ha vencido desde que se realizan los conteos, menos en un periodo a mediados de 2016 y otro entre octubre de 2017 y marzo de 2018. A finales de 2019, el barómetro elaborado después de las elecciones generales del 10 de noviembre y, por tanto, también tras el fallo del Supremo sobre el ‘procés’ y los disturbios de los días posteriores, reflejó solo —¿paradójicamente?— una leve recuperación del ‘sí’ a la independencia, aunque el ‘no’ mantuvo una ventaja de cuatro puntos: el 43,7% de los catalanes apoyaba la secesión, mientras que el 47,8% la rechazaba. Últimamente, la correlación entre independentistas y no independentistas se ha vuelto muy volátil: en diciembre del año pasado, se publicaba que a finales de octubre de 2020, la distancia entre el ‘sí’ y el ‘no’ a la secesión de Catalunya era de apenas un punto a favor del ‘no’. En menos de un mes, el rechazo a la ruptura con España se disparó y aventajaba en cinco puntos a los independentistas (49% frente al 43,6%). En el último barómetro, en mayo de 2021, todo seguía casi igual: el 48,7% de los catalanes se oponía a que Catalunya sea un Estado independiente, frente al 44,9% que votaría a favor si se celebrase ahora un referéndum

    Rafael Halcón: Pedro Sánchez prepara el encuentro que el martes mantendrá con el presidente catalán Pere Aragonés, una vez que previamente reciba en Moncloa al presidente andaluz Juanma Moreno a quien nunca había recibido en Madrid. Con Aragonés, Sánchez abordará el calendario de la Mesa de Diálogo

    Pablo Planas: Las agendas política y judicial de Cataluña colisionan el próximo martes en Madrid. Pedro Sánchez, recibirá en la Moncloa a Pere Aragonès, que acude a la cita con dos puntos inamovibles. Ya saben, amnistía y autodeterminación. El mismo día y en el Tribunal de Cuentas tendrán que comparecer los letrados de Mas, Puigdemont, Junqueras, Mas Colell, Homs, Rigau y un largo etcétera de exconsejeros y altos cargos de los años del procés, cuando la independencia estaba a tocar y lo mismo no había dinero para escuelas y hospitales, pero sí barra libre para internacionalizar la causa independencista

    https://cronicaglobal.elespanol.com/primeras-planas/tribunal-cuentas-cuestion-episcopal_499416_102.html?a_aid=noti

    “Las diligencias en el Tribunal de Cuentas (algo así como la Santa Inquisición para los independentistas) condicionarán el encuentro de tanteo entre Sánchez y Aragonès. Resulta que las cajas de resistencia del independentismo ya no dan más de sí tras haber pagado las fianzas y multas del 9-N y el 1-O. La gran solidaridad del pueblo secesionista ha permitido a los políticos y altos cargos, de Mas a Mas Colell y de Homs a Munté, Neus, preservar sus patrimonios personales y familiares. Puede que haya gente entre las bases del independentismo que crea que la amnistía se reclama por los amigos de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se batieron el cobre quemando contenedores y apedreando a los Mossos cuando se publicó la sentencia del Supremo o cuando ingresó en la cárcel el rapero Pablo Hasel, pero resulta que en esos casos está personada la Generalitat como acusación particular. Así que la amnistía es para todos aquellos consellers y conselleres como el referido Mas-Colell o Irene Rigau que al parecer no sabían dónde se metían. Qué cosas. Y qué tiempos. In-inde-independència. Estaba tan a punt, tan a tocar, aquest any segur y tal. Todo el que pudo se fue sin pagar hasta que llegó el Tribunal de Cuentas.  Dice El País que «El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la promoción exterior del ‘procés’». Y no sólo, sino que reclama otros 4,8 millones por la organización del 1-O porque todos esos empresarios estrategas que estaban en el estado mayor mucho hablar, pero no pusieron ni un duro y esa orgía de la democracia a la manera independentista la pagó todo el pueblo, como TV3

    Nuria Val: El Gobierno de Pedro Sánchez asume estos días la “represión del Estado” contra el independentismo, ahora también en materia económica, y desvirtúa la labor del Tribunal de Cuentas asegurando que “pone piedras” en el camino del diálogo. El indulto no perdona los delitos de malversación a los que se enfrentan los líderes del 1-O y los expertos consultados ya apuntan a una vía a la que Sánchez se podría agarrar para intentar frenar el posible embargo de sus bienes: la prescripción.  Hasta 39 ex altos cargos del Govern se sentarán este martes en el Tribunal de Cuentas para escuchar el veredicto sobre la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017

    https://www.economiadigital.es/politica/la-via-de-sanchez-para-no-reclamar-los-embargos-a-los-lideres-del-1-o.html

    Miriam Muro: Pablo  Casado alerta enBruselas : «Dar carta blanca al separatismo en España es también problema de la UE. Será un problema para Italia, Rumanía o Francia«

    https://www.libertaddigital.com/espana/2021-06-24/casado-alerta-en-bruselas-dar-carta-blanca-al-separatismo-en-espana-es-tambien-problema-de-la-ue-6793695/

    Josep Soler :O la moderación (en el eje nacional y en el eje derecha/izquierda) se involucra políticamente para la creación de un centrismo catalanista con posibilidades electorales, o se resigna a mantener la actual tendencia decadente de la economía del país, y renuncia a confrontar los cambios que requiere la globalización y la drástica disrupción que la tecnología y la lucha contra el cambio climático implican. Involucrarse políticamente significa financiación a fuerzas políticas de la moderación, pasos adelante de empresarios y profesionales de éxito hacia la política, y un apoyo decidido a la batalla intelectual y de comunicación del pensamiento liberal (que no neoliberal), que hoy aparece casi perdida.  Se debería acabar la permanente letanía de quejas empresariales sin adquirir compromisos

    https://ideas.economiadigital.es/firmas-invitadas/catalanismo-moderado-tambien-para-recuperar-la-economia_20031599_102.html

    Jesus Travieso: Fieles a Pujol y aristocracia empresarial catalana lanzan un partido ‘antisecesión’. Miembros destacados de la empresa y la abogacía con presencia en los círculos burgueses aspiran a formar una alternativa sólida al separatismo

    https://www.lainformacion.com/espana/el-ibex-catalan-y-el-entorno-de-pujol-se-alian-para-captar-al-votante-no-indepe/6540881/

    Manel Manchon: ElCírculo de Economía prepara el camino del acuerdo que el independentismo (todavía) no acepta

    Descripción: Miguel Angel Aguilar, Carlos Solchaga, Javier Faus y Andreu Mas-Colell, en el Círculo de Economía / CG Miguel Angel Aguilar, Carlos Solchaga, Javier Faus y Andreu Mas-Colell, en el Círculo de Economía /

    https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/circulo-economia-camino-independentismo-no-acepta_316724_102.html

     “La Junta del Círculo de Economía que preside el empresario y abogado Javier Faus tiene claros sus objetivos. Sin buscar el enfrentamiento, sin señalar a nadie lo que tiene que hacer, el lobby empresarial no se aleja de sus principios y defiende un acuerdo entre Cataluña y el resto de España que pase por mejorar el autogobierno y la financiación, y que se refuerce el papel de Barcelona, como cocapital del Estado, que se sepa encontrar un camino de colaboración con Madrid. ¿Es complicidad con el independentismo o todo lo contrario?. Mariano Rajoy le pidió al Círculo que no fuera «equidistante» en las jornadas económicas de Sitges justo antes del referéndum del 1 de octubre. Pero el Círculo ha mantenido una línea propia. Y lo sucedido está semana ha sido ilustrativo. El Círculo de Economía, en colaboración con la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid, organizó un debate sobre la financiación autonómica.Y, aunque hubo reproches en el auditorio de asistentes que suelen participar en los actos –aunque no son socios del Círculo–, se produjo una intervención sintomática: la del exconsejero de la Generalitat, Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas, y un hombre que conoce la casa.Gordó dejó pasmados a todos con su enmienda a la totalidad: es pantalla pasada, consideró. ¿Mejora de la financiación, a estas alturas, cuando el independentismo, pese a todos sus errores y broncas internas, sigue movilizado? Su comentario provocó una réplica del expresidente de la Generalitat, José Montilla.El lobby empresarial no engaña a nadie. Pondrá las cosas difíciles al Gobierno central, porque considera que, si bien el independentismo ha significado un desastre para el conjunto de la sociedad catalana, las instituciones del Estado también se deben mover. Ha habido una línea coherente, en las últimas décadas, que no ha cambiado ahora: petición de inversiones en infraestructuras, rechazo a que Madrid centralice el poder político y económico y modernización de las instituciones: desde Salvador Gabarró, a Javier Faus, pasando por Lara Bosch, Salvador Alemany, Josep Piqué, Antón Costas o Juan José Brugera. Pero no quiere saber nada de vías unilaterales ni de proyectos de independencia.Esa constante, sin embargo, con matices y con posiciones más determinadas, como las de Piqué en los años clave del inicio del movimiento independentista, no ha evitado que el soberanismo mantenga su poder. “El problema en el Círculo​ es que, de facto, hay muchos ‘independentistas’, aunque no quieren asumirlo, y, aunque no hayan estado en la Junta, sí son socios, influyen y participan en los actos”, asegura un buen conocedor de la casa. Otro dirigente histórico del Círculo señala que no ha habido “apenas bajas en todos estos años”, lo que implica que los socios del Círculo se sienten totalmente conectados con su línea de actuación, «que no es independentista».Y ese proyecto propio pasa por la reforma de un Estatut, por la mejora del autogobierno y un modelo de financiación que ofrezca una mayor “corresponsabilización”, como señaló la economista Teresa Garcia-Milà en el debate de esta semana en el Círculo con el economista Emilio Ontiveros. Garcia-Milà, miembro de la Junta del lobby empresarial durante años, dejó su huella en el documento del Círculo de mayo de 2018, que sigue siendo ahora la referencia, y en el que se pedía «blindar» las competencias. En ese momento, en plena batalla entre el constitucionalismo y el independentismo, la aportación del Círculo, presidido por Brugera, ofreció la idea de que se apoyaban las supuestas “verdades” del independentismo, cuando lo que tocaba era una posición firme, de dique frente al movimiento de Carles Puigdemont y de Quim Torra.Sin embargo, los miembros consultados del Círculo entienden que la institución no se ha movido. “El problema es que esos dirigentes independentistas no asumen en público lo que dicen en privado, no pueden, porque no saben cómo explicar a sus parroquias que sólo hay un camino, el del acuerdo y las mejoras graduales”, señala uno de ellos.Es decir, el Círculo marca un camino que ya se ha comenzado a transitar. En la entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la alcaldesa Ada Colau, surgió con fuerza el compromiso de la cocapitalidad de Barcelona, una idea que defiende con convicción Javier Faus. Y el Gobierno de Sánchez ha elaborado un documento con diversos puntos para negociar que pasan por inversiones en infraestructuras. ¿Es eso complicidad con el independentismo o es el mismo plan que se ha defendido siempre, y por el que deberá apostar, en cuanto pueda, el propio Germà Gordó?

    Tercera vía o responsabilidad

    El Círculo sigue con sus debates. El principal, ahora, que ha liderado, es el del humanismo digital, con la impronta de José María Lassalle, miembro de la Junta directiva. Los socios se muestran activos y participan en las diferentes sesiones. Ello corre en paralelo al impulso para una educación más inclusiva, con los premisos a las escuelas innovadoras, que dirige Antón Costas como presidente de la Fundación del Círculo. Y la percepción es que se va marcando un itinerario propio.¿Es la denostada tercera vía? “Se le llame como se quiera, lo cierto es que si hay deficiencias por parte del Estado, si hay cuestiones que merecen resolverse, ¿qué hay que hacer, no exponerlas, negar lo que siempre se ha defendido?”, se pregunta un dirigente del Círculo.

     La ministra de Industria, Reyes Maroto, Jaume Collboni y Javier Faus

    Una parte de la sociedad catalana

    Luego está la propia naturaleza de la institución: hay financieros, académicos, emprenderores, expertos en comunicación. Esa amalgama, –es representativa de la sociedad catalana, pero de una parte de esa sociedad catalana, profesional, más inclinada al catalanismo burgués— obliga a posiciones tibias, a veces tímidas. Pero en una dirección: mejorar el entendimiento político y económico entre Cataluña y el resto del España, siempre mirando hacia Europa.Un exmiembro de las juntas del Círculo señala que todo exigirá tiempo, pero que lo que quiere conseguir Javier Faus, –marcar un mandato con cuestiones clave– se acabará consiguiendo, y que el independentismo lo acabará aceptando.En ese escenario a medio plazo aparece una posible reforma del Estatut, y un papel relevante de Barcelona, porque una de las preocupaciones centrales, que sigue siendo objeto de debate en todas las sesiones del Círculo –y que motivaron para algunos expertos, como Jacint Jordana el inicio del movimiento independentistaes la rivalidad económica entre Madrid y Barcelona. “Si se tiene claro que lo que se debe hacer es cooperar, establecer un mejor reparto, en el que ganen todos, se desactivará en gran medida el nervio independentista”, remacha.El nervio, en todo caso, del independentista “burgués”, del que se subió al carro del movimiento, porque esperaba mejoras económicas. Es decir, la mayoría de los compañeros de Germà Gordó y de Artur Mas, que se alejaron del Círculo desde 2012, aunque se acercara a muchas sesiones en el auditorio de la calle Provença el propio Jordi Pujol rpampillon@faculty.ie.edu

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    José Antonio de Yturriaga: Contradice, indulta y negocia, que algo queda

    “El Gobierno de Pedro Sánchez cada día se aproxima más al cesarismo bolivariano, no tanto por lo que dice –que ya es bastante-, sino por la forma en que lo hace. Huye de cualquier lógica o argumentación e impone su arbitrariedad “quo nominor leo” –porque me llamo león-, y ostenta los atributos del poder simbólico del BOE, que ha pasado de ser el último acto de un proceso administrativo democrático en el que se plasman las decisiones políticas y jurídicas del Gobierno, a convertirse en un campo de ensayo y experimentación para la difusión de bulos, globos-sonda y posverdades.   Los gobernantes suelen mentir ocasionalmente -dentro de un orden- para respaldar sus decisiones o justificar sus indecisiones, pero Sánchez ha hecho de la mentira su arma principal de Gobierno, y airea a diario sus contradicciones sin el menor pudor o remordimiento. Ya no se sabe si es Sánchez el que imita a los independentistas catalanes o si son éstos los que siguen el ejemplo del presidente.

    Restricciones en el aforo de la hostelería y en los horarios del ocio nocturno

    Sánchez impuso un estado de alarma -que más parecía de excepción- y lo mantuvo de forma ilegal durante seis meses sin control parlamentario alguno, so pretexto de que era indispensable porque el arsenal jurídico que le proporcionaba la normativa ordinaria no era suficiente, pero se negó a dictar normas adicionales que permitieran completar estas insuficiencias. Y, -cuando se extinguió el estado de alarma- hizo mutis por el foro y descargó la responsabilidad de hacer frente al covid-19 en las Comunidades Autónomas, alegando que disponían de los necesarios medios legales para hacerlo.  Ahora, cuando éstas consiguieron mal que bien superar los problemas pese a carecer de las competencias necesarias ante el “don-tancredismo” del Gobierno, éste pretende recuperar sus olvidadas ansias centralizadoras y coordinadoras, e imponer con carácter de “obligado cumplimiento” normas mucho más radicales que las adoptadas durante el estado de alarma, sin sustentación técnica y apenas debate, con la oposición de varias Comunidades que albergan a más de la mitad de la población del país, y con el objetivo prioritario de perjudicar a la Comunidad de Madrid y vengarse de la derrota sin paliativos que le infligió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas ¿Resulta razonable imponer a la hostelería y al ocio nocturno de Madrid medidas mucho más restrictivas cuando tiene una incidencia acumulada de 160 casos por 100.000 que cuando tenía más de mil? Para tomar estas medidas, el Gobierno se ha basado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece en su artículo 63 que la declaración de actuaciones coordinadas de salud pública corresponderán al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas. Dicha declaración “obliga a todas las parte incluidas en ella”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha pasado, sin embargo, por alto que, de conformidad con el artículo 73-2, “los acuerdos del Comité se plasmarán a través de resoluciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Aunque sea licenciada en Derecho, no parece que Darias tenga mucha idea de lo que es el consenso, un concepto que se desarrolló en el ámbito de la ONU para la adopción de resoluciones de carácter político. El problema es que pasó del ámbito político al jurídico, al incorporarse a textos legales internos –como el de la ley citada- e internacionales –como en los Reglamentos de las Conferencias sobre el Medio Humano o del Derecho del Mar. No es un concepto fácil de definir jurídicamente y existe disparidad de criterios entre los autores, pero si se sabe que no es ni unanimidad, ni mayoría simple o cualificada. Se considera como un acuerdo general que no encuentre una oposición firme por parte de los Estados. Aquí interviene un elemento pragmático como el del peso específico de los opositores. Con el debido respeto, no se valora igual la oposición hecha por Kiribati o Granada –el Estado sudamericano y no mi ciudad natal- que por Estados Unidos o China.  Pero, volviendo al ámbito doméstico, no se puede mantener –por mucho que se empeñe Darias- que el Consejo Interterritorial ha aprobado por consenso una serie de medidas a las que se opusieron firmemente Cataluña, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla-León y Murcia, pero la ministra, que -aunque chiquita, es matona- ha insistido en imponer su catálogo de restricciones como normas de obligado cumplimiento. Las comunidades objetoras afirmaron que no acatarían estas limitaciones a sus competencias, que las normas que se trataban de imponer podrían ser consideradas, a lo sumo, como recomendaciones, y el País Vasco y Cataluña añadieron, además, la objeción de que el Gobierno nacional invadía competencias exclusivas de sus comunidades. La Comunidad de Madrid recurrió la decisión ante los tribunales y la Audiencia Nacional adoptó como medida cautelar la suspensión de las prohibiciones mientras no decidiera sobre el fondo del asunto. Ante este batacazo judicial, el Ministerio de Sanidad ha dado un giro de 180º y ha pasado de mantener las restricciones más radicales sobre la ocupación en los centros hoteleros y el horario de cierre del ocio nocturno, a la total libertad de acción de unos y otros, porque el Gobierno siempre tenía en cuenta las preocupaciones de las comunidades “¡Ni tanto, ni tan calvo!”, y no va con segundas. Como decía Manuel Fraga, los socialistas sólo aciertan cuando rectifican.

    Proyecto de condena a España de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

    Diplocat fichó para su causa independentista al diputado letón Boris Cilavics, miembro del pequeño partido pro-ruso “Harmony”, quien ha correspondido a las beneficios materiales/morales recibidos con la elaboración de un informe, cuyo título es ya de por sí prueba de la parcialidad del mismo:”¿Deben los políticos ser juzgados por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato?”. Esta pregunta sofista lleva obviamente implícita la repuesta negativa.  Aunque no se citen nombres, el objetivo del informe y de su formulación es conseguir la condena del Gobierno de España y de sus tribunales por haber tratado injustamente a los presos políticos y a los auto-exiliados catalanes por haber expresado sus opiniones políticas, realizado manifestaciones pacíficas en el ejercicio de su derecho de libre expresión, y sacado las urnas a la calle para que el pueblo catalán pudiera pronunciarse libre y democráticamente sobre su futuro.  Este punto de partida es una falacia palmaria y un sofisma rodeado de pre- juicios, porque Oriol Junqueras y sus aliados no han sido juzgados y condenados por sus filantrópicas ideas, sino por haber dado un golpe de Estado postmoderno, que suponía la derogación de la Constitución y del Estatuto de Cataluña por parte de un Parlamento regional -que carecía de la mayoría cualificada requerida y negó a la oposición la posibilidad de debatir las propuestas y presentar enmiendas a las mismas-, la secesión de España, y la proclamación de la República Catalana. Tampoco los prófugos-caviar Carles Puigdemont y sus secuaces han sido reclamados mediante una Orden europea de detención y entrega por su ideología, sino por haber cometido delitos de sedición, malversación y desobediencia al igual que sus pares, con la única diferencia de que huyeron cobardemente y eludieron la acción de la justicia. El proyecto de resolución presentado por Cilavics -que reproduce en su casi totalidad las críticas formuladas por el separatismo catalán- fue debatido en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde recibió el apoyo de los partidos nacionalistas y populistas -a babor y estribor-, la oposición del PP Ciudadanos y Vox, y la pasividad del PSOE, que apenas presento enmiendas. El proyecto fue sorprendentemente aprobado por 21 votos a favor y 6 en contra.  El Gobierno español dio publicidad al engendro de resolución e incluso alabó algunas de sus conclusiones. Aunque al principio hicieron causa común con los populares y liberales para tratar de modificar el proyecto, los diputados socialistas recibieron contraordenes de Madrid, porque algunas de las recomendaciones de la resolución coincidían con los objetivos fundamentales a corto plazo del Gobierno Frankenstein de conceder indultos a los condenados, modificar el Código Penal para reducir las penas a los delitos de rebelión y sedición, y descalificar a los tribunales españoles por su espíritu revanchista y vindicativo contra unos “patriota”s que no habían hecho más que cumplir con su deber de llevar a cabo el mandato para el que habían sido elegidos por el pueblo catalán, ignorando olímpicamente al “otro” pueblo -que sigue siendo mayoritario-, que no está de acuerdo con separarse de España. “¡Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos será la República Catalana!”.

    Foro de Profesores rebate el espurio informe de Cilevics

    El Foro de Profesores ha presentado un contra-informe elaborado por el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, y avalado por la firma de más de 200 profesores, en el que ha rebatido de forma impecable todas y cada una de las conclusiones del espurio informe de Cilevics, que no sólo incluye numerosos errores de hecho –como que el Cuerpo de los Mossos estaba bajo el control del Ministerio del Interior en septiembre y octubre de 2017-, sino que ofrece una visión parcial y carente de objetividad, no relata fielmente lo sucedido, y legitima la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley.  Su aprobación supondría un ataque directo a los principios que caracterizan la democracia liberal, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. ”La defensa de estos valores sigue siendo primordial en el siglo XXI, en un momento en que son amenazados por nacionalismos populistas de uno y otro signo”. El elemento nuclear de lo sucedido en Cataluña en 2017 fue la voluntad expresa por parte de las autoridades catalanas de negarse a ajustar su comportamiento a las exigencias constitucionales y de desobedecer al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales. Semejante actuación no puede dejar indiferente al Consejo de Europa, porque el respeto al Estado de Derecho es esencial para la democracia, y este respeto exige el acatamiento de las decisiones judiciales, por lo que resulta sorprendente que esté totalmente ausente del proyecto de resolución, que coincide en gran medida con la propaganda nacionalista.  Su planteamiento desconoce la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho, y supone además una crítica gratuita a la actuación de los Tribunales españoles, dado que no aporta prueba alguna de los supuestos errores que hubieran podido cometer, lo que la priva del mínimo rigor jurídico. Roza la intromisión en la función judicial y propugna que ciertas privaciones de derechos queden sin sanción. ¿Va a hacer algo el Gobierno español para evitar la aprobación de semejante desafuero? No me extrañaría nada que estuviera considerando la posibilidad de copatrocinar la resolución.

    Calígula redivivo

    Siguiendo la metodología de las “Vidas paralelas” de Plutarco, el editor del El Imparcial, José Varela –en su excelente artículo “Los indultos: ¿Es Calígula un ingenuo?”- ha encontrado en nuestros días una reencarnación de este notorio emperador romano, al que el historiador Cayo Suetonio describía como la manifestación de un poder omnímodo con acuerdo al cual la infracción arbitraria de toda suerte de leyes humanas y divinas era consecuencia de la ambición sin límites, y la demostración de un poder sin control ni fronteras. En la versión teatral del personaje, Alberto Camus lo calificaba de nihilista implacable y de narcisista que jugaba a ser un dios todopoderoso que rechazaba atarse a nada, porque quería reinar en un mundo en el que la libertad no fuera un derecho sino un privilegio del poder. El bien y el mal, la verdad y la mentira, no existían más que como una manifestación del poder. ¿Reconocen Vds. al reencarnado? Creo que no hace falta excesiva imaginación para ponerle nombre y apellidos al personaje, que muestra ciertos rasgos psicopáticos, perfiles narcisistas y obsesiones de poder por encima de cualquier consideración moral. Pedro Sánchez no se caracteriza en demasía por ser fiel a su palabra, pero, en el caso de su compromiso con ERC, sí lo ha sido, incitado sin duda por su instinto de conservación del poder, ya que de los votos de este partido depende su continuidad en la Moncloa. Así lo ha reconocido hasta el 43.7% de sus votantes. Sánchez ha prometido, contra toda lógica o principio, indultar a unos condenados no arrepentidos y reincidentes, que ni han solicitado el indulto, ni lo aceptan, porque estiman que han sido condenados injustamente y requieren la amnistía, aunque su promesa implique la desintegración de España.

    La pócima milagrosa de la epístola a los catalanes de Oriol Junqueras

    En un momento de extrema debilidad de Sánchez por lo injusto de su decisión –rechazada por el 61% de los españoles, incluidos un 43,7% de los votantes del PSOE-, el beatífico Junqueras ha actuado como desinteresado Cirineo para ayudarle generosamente a llevar su cruz.  Por una vez, no estoy de acuerdo con Arcadi Espada cuando afirma que la carta supone el reconocimiento del fracaso del catalanismo político, la intención de no seguir con el desafío al Estado, y la tácita renuncia a la amnistía. Es cierto que Mosén Junqueras ha hecho unas reflexiones sensatas al reconocer que no se puede ignorar la fortaleza del Estado, que la vía unilateral no conduce a ninguna parte, que hay que aumentar la base social del independentismo y que la única vía es llegar a algún tipo de referéndum pactado ”a la escocesa”, pero no ha modificado un ápice su objetivo de lograr la independencia. Su actitud se refleja claramente cuando afirma que “la estrategia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero la estrategia debe adaptarse a las circunstancias para ser ganadores”. La estrategia sigue siendo la misma y sólo ha variado la táctica. “Nuestra posición es el fin de la represión y la autodeterminación. La amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial. La cuestión no termina con los exiliados ni con los presos políticos, sino que hay que hacerla extensiva a las 3.000 personas que sufren causas judiciales”.  La postura no puede ser más cristalina y sólo el espíritu atormentado de Sánchez por la posible pérdida del poder puede llevarle a interpretarla en sentido distinto al expresado. Por si quedara alguna duda, el nuevo Mandela –otra reencarnación, “secundum Óbolos”- afirma taxativamente que “no queremos formar parte de un Estado donde persisten estructuras que sirven para perseguir a los adversarios políticos, donde hemos de acatar las leyes que nos parecen profundamente injustas y arbitrarias, que tipifican comportamientos que son plenamente democráticos”. Estas sinceras palabras ponen prístinamente de manifiesto la posición de las autoridades nacionalistas en los últimos años: el Estado español persigue y oprime a sus adversarios en Cataluña, y los catalanes no están obligados a acatar las leyes que consideren injustas o arbitrarias. Abolir la Constitución y el Estatuto de Cataluña, dar un golpe de Estado contra la legitimidad constitucional y declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y su consiguiente segregación de España son comportamientos democráticos.Pero Sánchez se agarra a un clavo ardiendo para justificar su disparatada decisión de conceder los indultos “über alles”. La justificación esgrimida es –según Varela- el bien político superior derivado del indulto, un generoso perdón queamortigüe la tensión y encauce el problema por la vía del diálogo y el acuerdo. La concesión del indulto es en teoría un objetivo deseable y respetable, pero no se conoce en la práctica ni un solo ejemplo histórico en que un movimiento nacionalista haya sido neutralizado por la vía de las concesiones, porque su naturaleza política es abrasiva, voraz e insaciable. Nuca están satisfechos y lo que el Estado articula como acuerdos, ellos lo consideran como etapas y trampolines hacia el paraíso de la patria irredenta.  Pero ¿acaso el llamado referéndum de autodeterminación pactado traería paz y sosiego a Cataluña? Pues tampoco, porque -aunque fuera posible violentar la Constitución y cambiar el sujeto de la soberanía española-, la independencia de Cataluña sería el plato fuerte, tras el que vendría como postre la incorporación de los “Païusos Catalans” y hasta la del Rosellón y la Cerdaña.

    El entreguismo de Sánchez, bochorno moral, error político y aberración jurídica

    Según ha manifestado El Mundo, en un editorial, el entreguismo de Sánchez es un bochorno moral, un error político y una aberración jurídica. “El precio de esa concesión es el menoscabo del crédito de nuestra Justicia en el exterior, pues el Gobierno de España ha asumido como propias la tesis del separatismo, según la cual la aplicación de la ley esconde un ánimo de venganza impropio de democracias plenas. Destruir de este modo, desde la Moncloa, la labor de nuestros diplomáticos en el extranjero en defensa del Estado de Derecho español es algo que será difícil de perdonar y más difícil de revertir”.Para el profesor Félix Ovejero, instalarse en el marco mental de Sánchez implica reforzar ideológicamente el secesionismo. Al desautorizar a la Justicia, el Gobierno acepta que España no es un Estado de Derecho. Porque claro, “si Junqueras es Mandela, ¿qué somos nosotros?…Pues, en lógica consecuencia, quienes no estamos a favor de los indultos ni de las concesiones injustificadas a los independentista catalanes seríamos unos fascistas, racistas, partidarios del “apartheid”, totalitarios, enemigos de la convivencia y hasta de la “conllevancia”, y anticatalanes. Según un Manifiesto de Consenso y Regeneración contra la concesión de indultos por razones de oportunidad política –que hemos firmado numerosos profesores- , la concesión de indultos a los políticos condenados por la sentencia del “procés” presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Dado el pronunciamiento en contra del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Gobierno deberá justificar que no se trata de una decisión arbitraria e irrazonada, y que concurren las circunstancias de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley reguladora del indulto.  A estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta transcendencia, no parece aconsejable forzar los límites de la institución y provocar importantes tensiones en el poder judicial, dado que previsiblemente estos indultos serán recurridos ante el Tribunal Supremo, por lo que no conviene contraponer legitimidades ni erosionar instituciones. Por otra parte, no parece que la concesión de los indultos vaya a provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña, donde la fractura se da entre independentistas y constitucionalistas, y ahonda en la convicción de muchos ciudadanos de que el Estado de Derecho no regía por igual para todo el mundo, y que los catalanes no separatistas podían sentirse abandonados por las instituciones que deberían defenderlos. No parece que el deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho que ha prevalecido últimamente en Cataluña pueda superarse con adicionales fracturas de dicho Estado. Tras culpar al PP de la situación de Cataluña, Sánchez le pide “comprensión y magnanimidad”, no para que pueda resolver el problema catalán, sino para perpetuarse en el poder.En relación con los prófugos de la Justicia, la ministra de Derechos Sociales y futura Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, ha tenido la desfachatez de afirmar que no comprende como se puede defender de desjudicialización de la política y seguir manteniendo la acusación contra los políticos exiliados. El objetivo de los indultos es que los presos políticos puedan salir de la cárcel y los fugados de la justicia regresar indemnes a España. Esta luminaria del pensamiento jurídico contribuye al desarrollo del Derecho Penal progresista mediante la invención de la concesión de un indulto precautorio a unas personas que no han sido condenadas, “por si las moscas”. Esta indocumentada ministra –para quien juzgar a unos delincuentes es judicializar la política- debería ser destituida de inmediato por su falta de responsabilidad.

    Mesa del monólogo nacionalista

    Para Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), si grave es la disparatada concesión de indultos a los condenados catalanes, más aún lo es la continuidad de la sedicente “Mesa del diálogo”, asentada sobre las patas de los independentistas y del Gobierno central, a la que- para tener condición de tal-, le faltan las patas de la oposición y de los ciudadanos catalanes no independentistas. Según afirmó Freixes en el debate con motivo de la presentación en Barcelona de mi libro sobre “Nuevas facetas de política española”, un diputado socialista le había argumentado que se podían firmar Pactos de Estado sin necesidad de contar con la oposición.  La izquierda española sufre –en opinión de Varela- un ataque agudo de moralina y considera que toda oposición es una forma de perversión moral que debe ser excluida del juego político y -según la cosmogonía sanchista- la mitad de los catalanes constitucionalistas constituye una legión de ilotas de segunda categoría. De aquí la lógica cartesiana de la exclusión de unos y otros de la salvífica Mesa, que sigue estando coja. Y aún más, se mantiene en dudoso equilibrio sobre la única pata del soberanismo, porque el Gobierno de la Nación la considera el instrumento adecuado para hacer todo tipo de concesiones a las atrabiliarias exigencias del independentismo al amparo del diálogo.  Ya se demostró en la malhadada sesión inaugural del Pedralbes con el Muy Deshonorable Joaquím Torra como anfitrión, cuando se celebró una reunión de alto nivel entre iguales, en la que Sánchez reconoció la existencia de un conflicto entre España y Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán, dio a una Mesa sin base jurídica la función que correspondía a las Cortes y al Parlament, y aceptó solucionar el conflicto al margen de la Constitución y con la presencia de un árbitro internacional que actuara de mediador para superar las posibles discrepancias. La situación se presenta aún peor ante la reanudación de las actividades de la Mesa, que no sería de extrañar que fuera co-presidida por un político condenado en firme e indultado a su pesar. Como ha observado la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Luisa Gómez Garrido, el Gobierno intenta transmitir a la opinión pública, como si fuera algo normal, que aspectos esenciales del contrato social que a todos nos atañe se discutan en una Mesa que –bajo la formal cobertura de negociaciones entre Gobiernos- implique sólo a parte de las fuerzas políticas y de la sociedad. Esta carencia se muestra con toda crudeza cuando uno de los condenados ofrece como vía de solución al conflicto un referéndum pactado sobre un aspecto excluido de la Constitución, cual es la autodeterminación. Ello supone excluir de raíz “la posibilidad de los consensos, que deben subyacer de manera ineludible e indisponible en los grandes proyectos colectivos, las reformas constitucionales y los pactos de Estado”.  Y, como ha señalado Freixes, los creativos juristas del Gobierno se han inventado un inexistente “referéndum pactado”, ya que –de conformidad con la Constitución- los referéndums son vinculantes, en el caso de las reformas de la misma y de la aprobación y reforma de los Estatutos autonómicos, o son consultivos cuando se aborden temas políticos de especial transcendencia, de conformidad con el artículo 92. En este caso, el referéndum será convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, y en él podrán participar todos los españoles. Sánchez parece compartir el cáustico cinismo de Oscar Wilde, cuando decía que la mejor forma de resistir la tentación era sucumbiendo a ella. “Mutatis mutandis”, la mejor fórmula de solucionar el problema/conflicto de Cataluña consistiría en acceder a las maximalistas reivindicaciones de los independentistas catalanes. La inestable Mesa del Monólogo y de la Concordia autorizaría un simulacro de referéndum que, aquende el río Ebro, sería consultivo y, allende el Riu Ebre, vinculante. El único obstáculo a solventar sería la exigencia de la Generalitat de que –fuera vinculante o consultivo- en el referéndum sólo podrían participar los catalanes. La solución del problema catalán es muy difícil, pero cualquier fórmula que se acuerde, deberá incorporar dos requisitos básicos: el restablecimiento y aplicación de la ley, y la igualdad de los españoles ante la misma. De un lado -como ha señalado Ovejero-, si queremos restablecer el diálogo y la concordia, comencemos por restablecer la ley, cuyo cumplimiento es lo único que no se ha intentado. “Los problemas sólo se solucionan con la derrota moral y política de los que los crean, algo que ciertamente no sucede cuando les damos la razón”.  Si yo fuera diputado en el Parlament –¡Dios me libre!- presentaría una moción no de ley para que la Cámara decidiera colocar una inscripción en el frontispicio del Palau de la Generalitat que rezara “Sin ley, no hay democracia”. De otro, si queremos respetar el principio básico de la Constitución de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” –artículo 1-2-, hay que permitir a todos los españoles que se pronuncien en cualesquiera consultas sobre el futuro de España. Como ha declarado el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –único barón socialista que no ha sucumbido del todo al cesarismo de Calígula Sánchez-, “hay una cosa de libro: Decidir sobre lo que afecta a todos los españoles, lo decidimos entre todos y no por partes”. A diferencia de Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, mañana “Deo volentes”, me manifesté en la plaza de Colón para protestar por la injusta e injustificada decisión de conceder indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, porque no me preocupa que me califiquen de facha los medios de comunicación pesebristas”

    Marco Vinicio: Lecciones desde Quebec para el independentismo catalán

    https://www.revistadelibros.com/blogs/blog-rdl/lecciones-desde-quebec-para-el-independentismo-catalan?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20210616

    En España, con la crisis política desencadenada por el separatismo catalán, se alude al ejemplo de Canadá con cierta frecuencia, porque, como es bien sabido, los canadienses ya han tenido que afrontar un problema similar con los nacionalistas quebequeses. Existen diferencias significativas entre España y Canadá, y, desde luego, la crisis no se desarrolló en Quebec como en Cataluña. Pero, a efectos comparativos, lo relevante es que los canadienses disponen de dos instrumentos jurídicos para responder a una demanda de independencia como la que hoy plantea el nacionalismo catalán. Lo que sucedió en Canadá, muy sucintamente resumido, es que el gobierno provincial de Quebec, que por aquellas fechas estaba en manos de los nacionalistas del Parti Québécois, convocó dos referéndums de independencia, en 1980 y en 1995, que se saldaron con sendas derrotas, muy ajustada la segunda, de los independentistas. Ante la posibilidad de que se convocase un tercer referéndum, el gobierno de Canadá decidió preguntar al Tribunal Supremo canadiense (TS) si Quebec tenía algún derecho a la independencia. El tribunal respondió a la consulta, en agosto de 1998, con el dictamen sobre la secesión de Quebec, que desde entonces se ha convertido en referencia ineludible cuando se discute sobre el problema de la independencia1. Y poco después, en junio de 2000, el Parlamento de Canadá, a fin de dar efecto a los pronunciamientos del citado dictamen,  aprobó la llamada Ley de Claridad2. ¿Qué se dice en España sobre el caso de Quebec? Durante una visita a Canadá en 2018, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que la experiencia canadiense nos enseña que «desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas»3. Como respuesta a estas declaraciones, el anterior Presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, le exigía a Sánchez, desde su cuenta de Twitter, «negociación y pacto como el Canadá y el Quebec», tras lamentar que «el derecho democrático a la autodeterminación» le esté siendo «negado una y otra vez» a Cataluña4. Por su parte, Roger Torrent, destacado dirigente de ERC y a la sazón Presidente del Parlamento catalán, demandaba en julio de 2019, en una conferencia pronunciada en el Forum Europa de Madrid, un «pacto de claridad» con el Estado para la celebración de un referéndum en Cataluña, porque son sólo «los catalanes y las catalanas», igual que en Quebec «lo decidieron los ciudadanos del Quebec», quienes deben «decidir el status jurídico y político de Cataluña»5. Los líderes separatistas sugieren con sus declaraciones que en España debiéramos hacer las cosas como se hicieron en Canadá, donde, por lo visto, el gobierno canadiense, merced a su disposición a la negociación y el pacto con los independentistas, no habría tenido ningún problema en que los quebequeses ejercieran unos derechos que en España se les niegan a los catalanes. Sin embargo, como intentaré mostrar en estas páginas, este planteamiento no guarda ninguna relación con la realidad, porque ni el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá ni la Ley de Claridad (que, por lo demás, no fue una ley pactada entre el Estado y los independentistas) proporcionan apoyo doctrinal o jurídico alguno a las exigencias del separatismo catalán. Ahora bien, sería un error pensar que las alusiones quebequesas de los dirigentes separatistas responden al desconocimiento. En su minucioso estudio comparativo de los casos de Escocia, Quebec y Cataluña, en el que analiza los informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional de Catalunya con los que se pretendía fundamentar jurídicamente el Procés, Alberto López Basaguren demuestra que el uso que los separatistas hacen del dictamen canadiense, citando a conveniencia sus pronunciamientos e ignorándolos cuando no les interesan, es extraordinariamente parcial y selectivo6. Y este hecho  demuestra, a su vez, que, pese a sus proclamas, los separatistas saben perfectamente que atenerse a las exigencias del TS de Canadá no les facilitaría la consecución de sus objetivos políticos. Las apelaciones al ejemplo de Quebec son un recurso propagandístico con el que los líderes independentistas persiguen dos objetivos: por un lado, confunden a la opinión pública, dotando a sus demandas de un respaldo en el ámbito internacional del que en realidad carecen y deslegitimando simultáneamente a la democracia española, que, por comparación con la canadiense, se presenta  como inmovilista y refractaria al diálogo; por otro, intentan aumentar entre los catalanes, con un argumentario falaz y tendencioso, el apoyo popular a la causa de la independencia. En este sentido, la experiencia canadiense resulta extraordinariamente útil en las actuales circunstancias políticas, porque el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá y la Ley de Claridad no solo permiten combatir y desmontar la propaganda del independentismo catalán, cuyo éxito ha sido incuestionable, sino también evaluar la legitimidad de sus exigencias, y, por tanto, la legitimidad de una eventual negociación política entre el gobierno español y los partidos independentistas.Con estos tres propósitos, en este artículo confrontaré las posiciones del separatismo catalán con el dictamen sobre Quebec y con la Ley de Claridad. En la primera sección me ocuparé del derecho de autodeterminación, o «derecho a decidir», que, según el Tribunal Supremo de Canadá, es inaplicable en casos como los de Quebec y Cataluña. En la segunda sección argumentaré que permitir la celebración de un referéndum como el que exigen los líderes separatistas, un referéndum de autodeterminación, iría claramente contra la doctrina del tribunal canadiense. Si los separatistas catalanes quieren que sus demandas se tomen en consideración, son ellos, y no el Estado español, quienes deben asumir las obligaciones impuestas por el Tribunal Supremo de Canadá y la Ley de Claridad al independentismo quebequés, y en la tercera sección expondré cómo deberían hacerlo. Sin embargo, en la cuarta sección veremos que ningún independentista, sea catalán o quebequés, está dispuesto a asumir esas obligaciones, que, en última instancia, son las derivadas de los principios y procedimientos de la democracia constitucional. En consecuencia, sostendré, a modo de conclusión, que el intento de encontrar respuestas políticas legítimas a la crisis catalana, respuestas que respeten el ordenamiento constitucional español, pasa necesariamente por el rechazo frontal de las actuales pretensiones del nacionalismo catalán.

    1. UN DERECHO INEXISTENTE

    Los dos grandes partidos independentistas dejaron muy clara su posición antes de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya y nueva Presidenta del Parlamento catalán, declaró que su partido, que no renuncia a ningún medio para alcanzar sus objetivos, insistirá en la celebración de un referéndum de autodeterminación «pactado y vinculante»7. Y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès, que se perfila como nuevo Presidente de la Generalidad cuando escribo estas líneas, advirtió igualmente que no renuncia a «ninguna vía democrática para el ejercicio del derecho a la autodeterminación», pero considera que ahora existe la posibilidad de negociar la celebración de «un referéndum que permita a Cataluña conseguir la independencia»8. Por tanto, aunque muchos prefieran convencerse de lo contrario, todo sigue igual en el separatismo catalán tras el fracaso del procés. Sus líderes continúan exigiendo su referéndum, y están dispuestos, como antes, a pactar con el Estado español sus aspectos formales, el «cómo y el cuándo», en palabras de Roger Torrent. Pero, como antes, ni siquiera se plantean discutir la justificación y las consecuencias de ese referéndum, que, si les diera la victoria, debería conducir a la inmediata independencia de Cataluña.  Así, cuando los separatistas invocan el derecho de autodeterminación, o el «derecho a decidir», su equivalente más eficaz en términos propagandísticos, están afirmando que Cataluña, en virtud de su condición de «pueblo» o nación, es un sujeto político soberano que tiene derecho, desde el punto de vista democrático y conforme a la legalidad internacional,  a la secesión unilateral9. En otras palabras, el independentismo catalán afirma que los catalanes tienen derecho a decidir por sí solos, sin el concurso de los demás españoles, si quieren que Cataluña sea independiente, y que los demás españoles no tenemos más remedio que aceptar su decisión. Dejando al margen por el momento la cuestión del referéndum, el independentismo quebequés sostenía en 1995, cuando se celebró el segundo referéndum, las mismas posiciones que hoy sostienen los independentistas catalanes10. Por eso el gobierno de Canadá preguntó explícitamente al Tribunal Supremo canadiense por el derecho de Quebec a la secesión unilateral, que tanto el dictamen del tribunal, primero, como la Ley de Claridad, después, en el primer párrafo de su preámbulo, le negaron tajantemente. En el ámbito del derecho internacional, el TS de Canadá aclara, en el par. 125 de su dictamen, que el «hecho» nacional (sintetizado en el lema del separatismo catalán «Som una nació. Nosaltres decidim») no juega ningún papel en el asunto. Para el tribunal no es necesario discutir si los nacionalistas tienen razón cuando afirman que Quebec es un «pueblo» o una nación, porque, aunque la tuviesen, de esa circunstancia no surge ningún derecho de autodeterminación11. Ese derecho sólo se reconoce en tres supuestos absolutamente excepcionales que no se dan en el caso de Quebec. En efecto, en sus parágrafos 138 y 154, el dictamen concluye que los quebequeses no están colonizados, dominados o explotados por una potencia extranjera, y que el Estado canadiense no les niega el acceso al gobierno, ni en Canadá ni en el mismo Quebec, para su desarrollo político, económico, social o cultural. Por tanto, los quebequeses no poseen derecho de autodeterminación conforme al derecho internacional, y, en consecuencia, no poseen tampoco derecho a la secesión unilateral. En el ámbito del derecho interno canadiense sucede otro tanto. El simple resultado de un referéndum no puede dar lugar a una secesión unilateral, según el par. 87, un acto que sería ilegal, declara el par. 104, porque, concluye el par. 149, «la secesión de una provincia no puede llevarse a cabo unilateralmente conforme a la Constitución de Canadá». ¿Qué tendrían que hacer los quebequeses para ser independientes? Pues exactamente lo mismo, ni más ni menos, que los catalanes en España. Si en Quebec se celebrase un tercer referéndum, una clara victoria separatista «conferiría legitimidad» a las instituciones de Quebec, leemos en el par. 87 del dictamen, «para iniciar el proceso de reforma constitucional que permita una secesión por medios constitucionales», porque la secesión de una provincia canadiense, remacha el par. 84, «debe considerarse, en términos jurídicos, como una reforma de la Constitución». Y sin reforma constitucional no puede haber secesión, según el art. 3.1 de la Ley de Claridad. La reforma constitucional, que aquí, entre otras cosas, exige la ratificación en referéndum del pueblo español,  es la bestia negra de los separatistas, y de ahí que intenten soslayarla por todos los medios. Así, cuando Carlos Alsina instaba en febrero de 2019 a Quim Torra a respetar la legalidad vigente, promoviendo una reforma constitucional que concediera el derecho de autodeterminación a Cataluña, Torra respondía que no tiene la mayoría necesaria, que no la va a conseguir, y que por eso decidieron los catalanes autodeterminarse y proclamar su independencia, porque «nosotros ponemos siempre la voluntad del pueblo y la democracia de la gente por encima de cualquier ley»12. De este modo, la «democracia» defendida por los separatistas no solo permite burlar las leyes a capricho, sino que pone una decisión capital que afecta a todo el demos, a todo el pueblo soberano, y que, por tanto, deben tomar todos sus miembros, en manos de una pequeña parte del demos. Pero el Tribunal Supremo de Canadá tampoco deja aquí margen para la duda. El par. 67 de su dictamen recuerda que «la verdadera democracia no puede existir sin el imperio de la ley», y el par. 151 declara que «los derechos democráticos basados en la Constitución», por amplia que sea la mayoría separatista, «no pueden disociarse de las obligaciones constitucionales». En consecuencia, el par. 75 precisa que la idea de que se puede «eludir legítimamente la Constitución» en nombre de la democracia -evitando así el proceso de reforma constitucional- es completamente errónea, porque «malinterpreta el significado de la soberanía popular y la esencia de la democracia constitucional». Es lisa y llanamente falso, pues, que la decisión sobre la independencia de Quebec estuviese sólo en manos de los quebequeses, como afirmaba Torrent, y tampoco es cierto que en Canadá hubiese pacto alguno, ni de «claridad» ni de ninguna otra clase, que reconociese a Quebec el «derecho a decidir» o le permitiese su ejercicio. Pero, por decirlo con López Basaguren, «todo es inútil» a este respecto con los separatistas: anclados en la falacia de que «su» nación, por el hecho de que la definan así, tiene derecho de autodeterminación,  invocan el dictamen canadiense para intentar fundamentar sus pretensiones, pero, al tiempo, defienden exactamente lo contrario de lo que sostuvo el Tribunal Supremo de Canadá13.

    2. UN REFERÉNDUM IMPOSIBLE

    Los nacionalistas catalanes son tan impermeables a los argumentos jurídicos y normativos como a la realidad de los hechos. En la entrevista antes citada, Quim Torra afirmaba que fue el Tribunal Supremo de Canadá quien «permitió que se pudiese hacer» un «referéndum de autodeterminación» en Quebec. Sin embargo, la afirmación no se sostiene, no solo porque el Tribunal Supremo canadiense le negó a Quebec el derecho de autodeterminación, y, por elemental coherencia, nunca podría haber permitido su ejercicio, sino también porque su dictamen se emitió tres años después de que se celebrase ese referéndum. Lo cierto es que los quebequeses pudieron votar en dos ocasiones porque el Parlamento de Quebec, a falta de reserva expresa en la Constitución de Canadá, tiene competencia para convocar un referéndum, mientras que los catalanes no han podido votar porque sus instituciones carecen de esa competencia de acuerdo con la Constitución española. No hubo en Canadá, pues, un referéndum de autodeterminación «pactado», como sostienen los independentistas. Y el dictamen del TS canadiense muestra que lo relevante no es aquí si se puede convocar legalmente (o no) un referéndum, algo que depende de la regulación constitucional de cada país, sino qué condiciones deben satisfacer los separatistas para presentar una legítima demanda de independencia, particularmente en lo relativo a la mayoría necesaria, y qué consecuencias tendría que esa demanda contase con un apoyo popular suficiente entre los quebequeses. El referéndum, para empezar, ni siquiera es necesario. En efecto, el par. 88 del dictamen sobre Quebec subraya que un proceso de independencia puede comenzar con un referéndum, pero que no tiene que hacerlo forzosamente de ese modo, y el par. 87 sólo considera el referéndum «un método democrático para conocer las opiniones del electorado». Por tanto, como señala López Basaguren, para el Tribunal Supremo de Canadá es igualmente posible que los electores expresen su opinión sobre la independencia, sin menoscabo para el principio democrático, por otros medios distintos del referéndum14. Podría considerarse que el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña constituye la alternativa más fiable. Pero, desde que comenzó el procés, el apoyo a los partidos separatistas jamás ha superado el 38 por ciento del censo electoral, y tampoco lo hizo en 2015, cuando los independentistas plantearon las elecciones como un plebiscito sobre la independencia, ni en 2017, en los momentos de máxima movilización independentista. ¿Es éste un apoyo popular suficiente para sostener las pretensiones separatistas?. Evidentemente, no. En el par. 87 se precisa que una demanda de independencia sólo es democráticamente legítima para el tribunal canadiense si cuenta con el respaldo de una «clara mayoría en sentido cualitativo», es decir, de una mayoría cualificada15. A este respecto, Torrent declaraba con gran solemnidad que los independentistas son conscientes de que no pueden «imponer sus tesis» en contra «de una parte sustancial» de la población catalana. No obstante, cuando tuvieron ocasión de demostrarlo, la Ley del Parlamento catalán 19/2017, en su art. 4.3, solo exigía una mayoría simple de los votos emitidos (en el referéndum del 1 de octubre) para proclamar la independencia de Cataluña, lo que hicieron, efectivamente, en contra de la voluntad de más del sesenta por ciento de los catalanes16. Se puede discutir qué mayoría cualificada es necesaria para que una demanda de independencia sea defendible democráticamente hablando. Cuanto más exigente sea la mayoría, tanto más legítima será la demanda. En este sentido, cabría pensar, al menos, en una mayoría de dos tercios del censo electoral, el apoyo de 66 de cada 100 catalanes con derecho a voto, como propuso Miquel Iceta. Es muy dudoso que los separatistas aceptasen la propuesta, porque semejante mayoría resultaría prácticamente inalcanzable. Pero, en Canadá, este asunto no es objeto de negociación ni se pactó con los independentistas quebequeses, como pretende Torrent que hagamos aquí. De acuerdo con el art 2 de La ley de Claridad, es la Cámara de los Comunes, por ser «la única institución política elegida para representar a todos los canadienses», la que decide si una demanda de independencia cuenta con el respaldo de una mayoría suficientemente clara, y, por tanto, la que puede imponer a los independentistas la mayoría cualificada que considere necesaria. Cuando se les recuerda a los separatistas que no tienen esa mayoría, la respuesta nos devuelve siempre al punto de partida: «Votemos. Hagamos un referéndum», repetía machaconamente Quim Torra en su entrevista con Alsina, y si la Constitución española no lo permite, pues «que la reformen». Pero los separatistas no quieren votar para saber cuántos son. Quieren votar porque un referéndum tendría para ellos, como establecía la Ley del Parlamento catalán 19/2017, en su art. 4.2, «carácter vinculante». Así lo confirmaba Torrent al afirmar en su conferencia que un referéndum «nos compromete con el resultado, sea cual sea». Como observa López Basaguren, los independentistas entienden aquí el principio democrático, una vez más, como «un valor absoluto» frente al que tendrían que ceder forzosamente cualesquiera otros principios políticos y constitucionales, de modo que una victoria separatista en el referéndum impondría al Estado español la ineludible obligación de reconocer la independencia de Cataluña y de hacer todo lo necesario para darle plena efectividad17. Ahora bien, esta posición contraviene flagrantemente lo dispuesto en el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, que, en su par. 87, prescribe que un referéndum sólo puede tener efectos jurídicos consultivos. Según los pars. 90 y 91, las instituciones canadienses no tienen en modo alguno «la obligación legal de dar su consentimiento a la secesión de una provincia» como resultado de un referéndum, porque «el principio democrático no puede invocarse para ignorar» los demás principios que informan la Constitución de Canadá. Lejos de conceder a los separatistas «un derecho absoluto» a la secesión, derecho que el Tribunal Supremo canadiense niega explícitamente, su victoria en un referéndum, como ya sabemos, solo los legitima para intentar alcanzar sus objetivos por medios constitucionales, a través de un proceso de reforma de la Constitución, cuyo resultado, aclara el par. 151, no está ni puede estar «predeterminado». En suma, es posible que la reforma constitucional prospere, pero, por supuesto, es también posible que fracase. En cualquier caso, recuerda el par. 85 del dictamen, es solo «el pueblo de Canadá», de cuya soberanía emana la propia Constitución canadiense, quien tiene el poder para llevar a cabo, si así lo desea, esa reforma constitucional. Por tanto, el referéndum que demanda Torrent es imposible mientras los separatistas le atribuyan unos efectos jurídicos que no puede tener, y hay que considerar también sus efectos políticos, que son ciertamente relevantes. Como explican Francisco Laporta o Lluís Bassets, los independentistas se empeñan en celebrar un referéndum porque el simple hecho de votar, al margen del resultado, supondría para ellos «el reconocimiento  jurídico y político de Cataluña como un demos que tiene derecho a manifestarse como sujeto político autónomo», esto es, como «nación política», como «sujeto político con derecho a la autodeterminación», incluso si el referéndum se celebrase en toda España18. El Tribunal Supremo de Canadá no se ocupa de estos efectos políticos. Pero, dado que los efectos se producirían en todo caso, al menos para los independentistas, y que estos últimos se atribuirían derechos que el Tribunal Supremo canadiense les niega de plano, existen buenas razones, en este caso políticas, pero coherentes con la doctrina del dictamen sobre Quebec, para rechazar una reforma constitucional que permita la celebración del referéndum catalán.

    3. LAS LECCIONES DEL CASO QUEBEQUÉS  

    Según el par. 93 del dictamen canadiense, cualquiera de las partes implicadas en un proceso de secesión -el Estado y los independentistas- que «no actúa de acuerdo con los principios subyacentes a la Constitución» de Canadá, entre ellos el democrático, el constitucional y el del Estado de Derecho, «pone en riesgo la legitimidad» de sus posiciones. Desde esta perspectiva, no pueden quedar muchas dudas de que las pretensiones de los independentistas catalanes son manifiestamente ilegítimas. Invocan el principio democrático, que en realidad tampoco respetan, porque lo malinterpretan hasta distorsionarlo por completo, pero también porque carecen de la más elemental mayoría cualificada. Y lo invocan para imponer su voluntad a todos los españoles, algo que solo resulta posible si se vulneran los demás principios constitucionales. Es obvio, si seguimos el ejemplo canadiense, que, si quieren dotar de legitimidad a sus demandas, los separatistas catalanes tendrían que asumir las conclusiones que el Tribunal Supremo de Canadá y el Parlamento canadiense le impusieron al independentismo quebequés. Podemos hablar así de ciertas condiciones, que, además, actuarán en un doble sentido: el separatismo catalán no podrá exigir un diálogo político legítimo con el Estado, ni presentar una legítima demanda de independencia, si no satisface previamente esas condiciones, pero las autoridades españolas no podrán tampoco entablar un diálogo político legítimo con los separatistas catalanes, ni tomar en consideración sus demandas, sin constatar de manera fehaciente que se han satisfecho las condiciones en cuestión. En primer lugar, los separatistas deben asumir de una vez por todas que Cataluña no es un sujeto político soberano, aunque se la defina como nación,  y que no tiene «derecho a decidir», o derecho de autodeterminación, ni conforme al derecho internacional ni en virtud del principio democrático. En consecuencia, no es legítimo seguir exigiendo que se permita votar a los catalanes para ejercer un derecho que en realidad no poseen. En segundo lugar, los separatistas no podrán presentar una demanda de independencia que no cuente con el respaldo claramente mayoritario de los catalanes. Si existen dudas sobre la claridad de esa mayoría, será el Congreso de los Diputados quien decida si la demanda es democráticamente legítima y si debe rechazarse o tomarse en consideración. En tercer lugar, una demanda de independencia (o de reconocimiento del derecho de autodeterminación) debe formularse inexcusablemente como propuesta de reforma de la Constitución española. Y, como es lógico, debe tramitarse conforme al procedimiento constitucionalmente previsto, que, en este caso, por implicar la modificación de varios artículos del Título Preliminar, es el del art. 168 de la Constitución19. La primera condición tendría, a su vez, importantes consecuencias prácticas. Si fuese cierto, como afirmaba Torrent, que un «ochenta por ciento» de los catalanes está convencido de que tiene «derecho a decidir» en referéndum el futuro de Cataluña, solo cabría concluir que la propaganda separatista, eficacísima durante los años del procés, ha conseguido sembrar la más absoluta confusión en la sociedad catalana20. Ahora bien, en estas circunstancias no importa que la causa independentista tenga un apoyo popular abrumador, si lo tuviese, porque, en una democracia constitucional, la legitimidad democrática de una demanda es irrelevante si la demanda carece de legitimidad en términos sustantivos, esto es, si no respeta los principios normativos que inspiran la Constitución. Por tanto, mientras Torrent y los separatistas insistan en el discurso del «derecho a decidir» de la nación catalana, un discurso jurídicamente insostenible, su legitimidad democrática, sea la que fuere, se habrá obtenido en base a reivindicaciones ilegítimas. En breve, dicho claramente, mientras los líderes separatistas no les cuenten la verdad a los ciudadanos de Cataluña, las autoridades españolas tendrán buenas razones, y plena legitimidad, para ignorar el respaldo que los catalanes le brinden a la causa independentista. Si los separatistas satisfacen estas condiciones, el Parlamento de Cataluña, como el quebequés, tendría «derecho a solicitar la secesión» y a «tratar de lograrla a través de la negociación» con el Estado, según los pars. 92 y 93 del dictamen canadiense. Ese derecho, que, de acuerdo con los pars. 69 y 88, se concreta en el derecho a proponer una reforma constitucional, obligaría a ambas partes, el Estado y los independentistas, a entablar negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que responda a la voluntad claramente mayoritaria de los catalanes. El Tribunal Supremo canadiense aclara, sin embargo, en el par. 91, que las negociaciones no pueden limitarse a «los detalles logísticos» de la independencia, como si la independencia fuese un hecho consumado a falta de ciertos pequeños ajustes. Para el tribunal, es una ingenuidad pensar que el proceso de negociación conduce indefectiblemente a la independencia, y eso significa, según los pars. 96 y 97, que el acuerdo para reformar la Constitución no está en modo alguno garantizado, dada la extraordinaria complejidad de las cuestiones a negociar y la dificultad de reconciliar los intereses, obligaciones, aspiraciones legítimas y derechos de todos los canadienses. Una de las posibles condiciones para que se alcance ese acuerdo servirá para calibrar las dificultades a las que alude el dictamen. A tenor de lo dispuesto en los pars. 96 y 139, la Ley de Claridad establece, en su art. 3.2, que no se podrá proponer ninguna reforma constitucional si el gobierno de Canadá no ha negociado previamente con los independentistas, entre otras cosas, «cualquier modificación de las fronteras de la provincia» que desea independizarse. Y esto significa que no se puede dar por supuesto que una Cataluña independiente mantendría intactas sus actuales fronteras. De hecho, hay buenas razones normativas, razones de justicia democrática, para presumir lo contrario. Roger Torrent afirmaba en su ya citada conferencia que un Estado que se quiera democrático no puede retener a una parte significativa de su población en contra de su voluntad, y que la permanencia de los catalanes en España tiene que ser una elección, no una imposición. Ahora bien, si Torrent tuviese razón, una Cataluña independiente que se quiera democrática no podría tampoco llevarse a una parte significativa de su población en contra de su voluntad, y los independentistas tendrían que admitir entonces que los catalanes que quieran permanecer en España puedan hacerlo. De lo contrario, su pertenencia a esa Cataluña independiente sería también fruto de la imposición, no de la elección.  Así, según la lógica del propio Torrent, tendría que garantizarse que las zonas de Cataluña en las que no exista una clara mayoría separatista queden fuera del proceso de independencia. Esta sería una condición que las autoridades españolas podrían imponer legítimamente a los independentistas, y que estos últimos tendrían que aceptar, aunque parece ciertamente difícil que lo hicieran, para que la reforma constitucional tuviese alguna posibilidad de prosperar21. En realidad, lo previsible es que el acuerdo no se alcance nunca, porque el Tribunal Supremo de Canadá obliga a negociar a dos partes que mantienen posiciones de todo punto irreconciliables, pero, al tiempo, no obliga, porque no puede hacerlo, a que ninguna de ellas modifique su posición. Existirían así, en rigor, tanto en Canadá como en España, dos demandas en conflicto, la unidad y la independencia, que son demandas excluyentes. O hay independencia o se mantiene la unidad, pero, evidentemente, el acuerdo para la reforma constitucional será imposible, y, en lógica consecuencia, también la independencia de Cataluña, sin la voluntad de la mayoría del pueblo español. El dictamen canadiense impone en todo caso otra condición, la cuarta, a los independentistas. El respeto del procedimiento constitucionalmente previsto para reformar la Constitución exige también, naturalmente, el respeto del resultado del proceso. Si el separatismo catalán está realmente dispuesto a seguir el ejemplo de Quebec, respetando los principios inspiradores de la Constitución canadiense, que, a fin de cuentas, son sustancialmente los mismos que inspiran la Constitución española, la decisión del pueblo español, tanto si admite sus demandas como si las rechaza, debe aceptarse y acatarse como una decisión plenamente legítima en términos democráticos. Es necesario, pues, como precaución última antes de que se discuta la reforma constitucional, que los separatistas renuncien a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña si su demanda es rechazada, porque, según los pars. 106-108 del dictamen, esa declaración comportaría la violación del derecho canadiense y del derecho internacional, dando por bueno el inadmisible principio de que se puede violar la ley si la violación resulta exitosa.

    4. ¿EXISTE UNA SOLUCIÓN PARA LA CRISIS CATALANA?

    Llegados a este punto, se comprende fácilmente que el separatismo catalán, pese a sus recurrentes alusiones propagandísticas, no tenga el menor interés en que España siga el ejemplo canadiense. Pero tampoco los independentistas quebequeses aceptaron la respuesta que las instituciones de Canadá dieron al problema de Quebec.En efecto, el Parlamento provincial de Quebec respondió a la Ley de Claridad, poco después de su aprobación, en diciembre de 2000,  con una ley que invocaba la legalidad internacional para reiterar el derecho del «pueblo» quebequés a decidir en referéndum (por mayoría simple) «el status jurídico y político» de Quebec22. Según esta ley, que, con impúdico cinismo, prohíbe la modificación de las fronteras de Quebec sin el consentimiento de los quebequeses, ningún otro Parlamento o gobierno podría modificar los poderes, la legitimidad y la soberanía del Parlamento de Quebec, ni condicionar la voluntad democrática de los quebequeses a la hora de decidir su futuro. Así pues, en pocas palabras, el independentismo quebequés no sólo rechazó e ignoró la Ley de Claridad, sino que continuó exigiendo todo aquello que le había negado el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá tras el referéndum de 1995, y actuaba, de hecho, como si ese dictamen  y la Ley de Claridad no existiesen.No se puede afirmar, por tanto, a la luz de esta reacción, que la experiencia canadiense nos enseña que existen soluciones políticas a crisis políticas como las que provocan las demandas independentistas. Antes al contrario, lo que enseña la experiencia canadiense, o, mejor, lo que confirma del caso catalán, es que la única solución que están dispuestos a admitir los independentistas, en España y en Canadá, es la que satisface sus exigencias, y que, como proclamó Artur Mas en febrero de 2013, contra el «derecho a decidir» y la «voluntad de la gente» -de la gente favorable a la independencia, se entiende- «no hay normas, ni leyes, ni constituciones ni interpretaciones posibles». Estas palabras certifican que el nacionalismo catalán no solo está en abierto conflicto con la Constitución española, sino también con los fundamentos normativos de cualquier otra democracia constitucional, incluida la canadiense, y, desde luego, con las normas, la doctrina y la práctica del derecho internacional. Si la «conllevancia orteguiana» de Cataluña y España, según Torrent,  «ya no es posible», y si tampoco puede haber «solución factible y duradera» sin un referéndum de autodeterminación, todo apunta a que estamos, además, ante un conflicto que los propios nacionalistas catalanes han convertido en insoluble mediante la transacción y el compromiso. Hay que señalar, con todo, que López Basaguren sostiene también que en España debemos afrontar el debate sobre la «conveniencia política democrática» de hacer legalmente posible el referéndum que demandan los separatistas, porque, en una cuestión de tanta relevancia, su celebración puede acabar siendo inevitable24. Es una opinión discutible por muchas razones. Francisco Laporta sintetizaba algunas de ellas en el artículo antes citado, «Las trampas de la consulta», y existen otras que no pueden ignorarse, como la  dificultad de garantizar la imparcialidad de los medios públicos de comunicación catalanes, que muestran un sesgo marcadamente pro-independentista. Pero, en todo caso, las reformas legales que resultasen de ese debate no podrían limitarse, como propone enseguida el mismo López Basaguren, a determinar las «condiciones de validez» de ese referéndum de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá, esto es, a fijar la pregunta clara que debería formularse y la mayoría clara que deberían obtener los independentistas. Ambas cuestiones son importantes, qué duda cabe, pero si la respuesta de Canadá al problema de Quebec ha de ser el ejemplo para ordenar un proceso de independencia, ha de serlo, como es lógico, en todos sus aspectos, y no sólo en aquellos que interesen a los independentistas catalanes. Por tanto, un verdadero «Pacto de Claridad» podría concluir con una reforma constitucional que permita la celebración de un referéndum sobre la independencia, aunque, conviene recordarlo, el Tribunal Supremo de Canadá no lo considere necesario desde una perspectiva democrática para iniciar el proceso. Pero solo a condición de que los independentistas admitan, y demuestren durante un tiempo razonable que obran en consecuencia, que la convocatoria del referéndum no implica en modo alguno el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña ni su condición de sujeto político soberano, que tanto la pregunta como la mayoría cualificada necesaria serán fijadas por el Congreso de los Diputados, que su demanda de independencia (si cuenta con el apoyo popular suficiente) se tramitará conforme al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 de nuestra Constitución, porque la decisión final está en manos de todo el pueblo español, y que el eventual rechazo de su demanda no legitima una declaración unilateral de independencia. Mientras no se asuman estos presupuestos, el «Pacto de Claridad» que reclamaba Roger Torrent en su conferencia, una propuesta que evoca el ejemplo canadiense, pero que no respeta ni el dictamen del TS de Canadá ni la Ley de Claridad, no pasa de ser un hábil embeleco del independentismo catalán (otro más) para alcanzar sus objetivos al margen de la Constitución española. En consecuencia, mientras los demás actores políticos respeten nuestro ordenamiento constitucional, es un pacto inasumible, y no existen «soluciones políticas» que satisfagan o reconozcan de algún modo las pretensiones de los independentistas catalanes, precisamente porque son ilegítimas, sin incurrir, a su vez, en una radical ilegitimidad”

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