• “El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), avisó ayer que la cepa Delta del Coronavirus  será responsable del 90% de los contagios en agosto. Hay que recordar que se ha demostrado al menos un 60% más transmisible y que tiene «cierto escape inmunitario», a los vacunas aprobadas. Los estudios en este sentido difieren. Mientras que Salud Pública de Inglaterra asegura que la pauta completa de Pfizer y AstraZeneca otorga una protección del 96% y 92% respectivamente, un estudio hecho por Salud Pública de Escocia y publicado en «The Lancet» otorga una protección del 79% y 60%. Por ello, el ECDC advirtió de que Delta podría causar una ola en agosto que «alcanzaría los mismos niveles de otoño de 2020 si no se toman restricciones adicionales». Que esta mutación se extiende más rápido que Alfa es un hecho. Y podría hacerlo incluso a más velocidad. India ha avisado de la aparición de una mutación de Delta, a la que ha nombrado Delta Plus y que es incluso más transmisible”      Elena Genillo

    https://www.larazon.es/sociedad/20210623/4aldqs2zunejhmx7jtijtsgism.html

    “Como es sobradamente conocido, el Tribunal de Cuentas (que es el órgano constitucionalmente encargado de fiscalizar las cuentas del Estado) ha abierto un expediente por responsabilidad contable a cuarenta líderes del “procés”, como consecuencia de los fondos públicos utilizados de manera ilegal para la promoción exterior de los planes independentistas. La multa global gira en torno a los diez millones de euros, aunque no se sabe todavía el grado individual de responsabilidad que puede alcanzar a cada uno de ellos. Por supuesto, la sanción sería recurrible (concretamente ante el Tribunal Supremo, o incluso, en su caso, ante el Tribunal Constitucional) sin perjuicio de gozar de la correspondiente ejecutividad, que cabe suspender mediante la constitución de la pertinente garantía. En realidad, nada muy diferente de lo que pasa todos los días con el funcionamiento ordinario de la Administración y conoce bien todo hijo de vecino. Quizás la única peculiaridad de este Tribunal (que tiene una naturaleza jurídica especial, más cercana a la jurisdiccional que a la administrativa) es que se supone mucho más independiente que otros órganos administrativos que actúan con la misma o con mayor contundencia (como Hacienda), aunque es obvio que no se ha librado de sufrir el asalto partitocrático que lleva décadas amenazando todas nuestras instituciones, y al que tanto han contribuido los partidos políticos mayoritarios, incluidos los nacionalistas. El que tenga interés puede consultar el informe que al respecto realizó hace unos años la Fundación Hay Derecho (aquí).Pues bien, resulta que entre los expedientados se encuentra el Sr. Mas Colell, uno de nuestros más conocidos y reputados académicos. Pero el Sr. Mas Colell no está expedientado por esa condición, sino por haber sido Consejero de Economía de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas hasta 2015 y, en consecuencia, responsable de los correspondientes presupuestos. Aunque la deriva independentista de ese Gobierno ya era evidente, no sabemos hasta qué punto se concreta la responsabilidad del Sr. Mas Colell en ese desvío de fondos. Eso lo saben los técnicos y consejeros del Tribunal que han considerado que merecía estar incluido en el expediente, y los abogados de dicho señor que han podido acceder al mismo.Pero este desconocimiento técnico no ha impedido que se cree una importante movilización entre académicos nacionales y extranjeros denunciando la injusticia de dicha situación. Iniciada por su hijo Alex, ha contado con muchos apoyos en España y fuera de ella. Lo verdaderamente chocante del caso, es que todos los apoyos y artículos publicados a su favor (no se pierdan este de Jordi Amat) parecen necrológicas, en las que se glosan los indudables méritos académicos y también políticos de la persona expedientada, pero en donde no se dice ni una sola palabra acerca de la posible incorrección técnico-jurídica de la propuesta de sanción. Esta circunstancia me parece extraordinariamente reveladora de la actual situación catalana y española, porque recuerda enormemente a los alegatos de los abogados en la Atenas clásica cuando se llevaba a juicio en la asamblea a un acusado, prominente o no, y que tan bien nos han transmitido Isócrates y Antifonte, entre otros. Cuando uno lee esos textos, lo que más le llama la atención es que tanto la acusación como la defensa no se centran en las pruebas que acreditan ciertos hechos y en las normas aplicables, sino en los méritos y el carácter del acusado. No discuten si está probado o no que estuvo en tal sitio a tal hora y si los testigos son fiables, sino en torno a si se trata de un ciudadano excelente (o réprobo) que ha contribuido como ningún otro (o nada) a la prosperidad de la ciudad. Hoy sabemos, o deberíamos saber a estas alturas, tras la Ilustración y las revoluciones burguesas, que una democracia sin Estado de Derecho no es una verdadera democracia, porque no respeta, entre otros fundamentales, el principio de igualdad ante la ley. Un principio tan básico y elemental que no puede exonerarlo ni la propia ley general (ordenando, por ejemplo, que un catedrático de una universidad top que se pasa a político no deberá asumir responsabilidad contable alguna. Menos aun puede hacerlo una ley particular en beneficio de un señor determinado (lo que técnicamente se denomina “privilegio”). Todavía menos una decisión administrativa o jurisdiccional que exonerase de una falta probada en consideración a los méritos pasados del correspondiente sujeto.  Y, evidentemente, tampoco la opinión de un determinado sector social, por muy movilizado que esté.Lo chocante de esta iniciativa a favor del Sr. Mas Colell, por consiguiente, es que pone nuevamente de manifiesto la total falta de comprensión que existe hoy en España, y especialmente en Cataluña, sobre la íntima conexión entre democracia y Estado de Derecho. El respeto a las normas y procedimientos no es un obstáculo a la justicia democrática, sino su única garantía. Lo que no deja de conllevar, por otra parte, grandes beneficios públicos, porque la historia nos demuestra insistentemente que, cuando no se respeta ese principio en un caso particular, enseguida muchos otros se apuntan a la barra libre, vaya usted a saber por qué, con resultados normalmente desastrosos. Así que, como ocurre con todo hijo de vecino, dejemos que el expediente del Sr. Mas Colell concluya, que se concrete la sanción, y esperemos pacientemente el recurso y la decisión del Tribunal Supremo. En una democracia no tenemos otra cosa mejor para conocer la verdad.”