• Brazos en alto, lloros y banderas franquistas: Las últimas visitas a Franco en el Valle de los Caídos

    https://www.huffingtonpost.es/entry/filas-de-cuatro-no-es-tan-dificil-los-problemillas-de-los-ultras-para-manifestarse-en-barcelona_es_5da1ee45e4b02c9da04b322e?utm_hp_ref=es-homepage#gallery/5da0d998e4b06ddfc519b4df/1

    Carlos Cuesta: El plan de exhumación diseñado consiste en sacar el féretro y salir de la basílica en menos de cuatro horas. Para ello, el equipo que deberá realizarlo conoce ya los planes desde hace tiempo.

    https://okdiario.com/espana/moncloa-planea-sacar-feretro-franco-coche-salvo-que-guardia-civil-recomiende-helicoptero-4683315

     “El plan A del Gobierno pasa por trasladar los restos mortales del dictador desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de El Pardo con plena normalidad. Y eso supone que, salvo indicación en contrario por parte de los responsables de seguridad, la forma de trasladar los restos de Franco será el coche, con una pequeña escolta en la que se permitirá la presencia de la familia del dictador .Sánchez no quiere realizar la exhumación de Francisco Franco de una forma irrespetuosa ni a espaldas de la familia del dictador. Por ello, el Palacio de la Moncloa dará la oportunidad a los nietos de presenciar y acompañar el acto de traslado de los restos mortales desde el Valle de los Caídos, de forma que comprueben el trato y acompañen a su abuelo en todo el tránsito hasta el cementerio de El Pardo. Concretamente, los planes de exhumación han sido asignados a la funeraria de Nuestra Señora De La Jarosa, que administra el Tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, con sede en el pueblo de Guadarrama. Este equipo, y en especial Patrimonio Nacional, ha debatido ya en diversas ocasiones los detalles de la operación de entrada y salida rápida de la Basílica de Cuelgamuros con un equipo de enterradores. Por su parte, los empleados de la Funeraria de Nuestra Señora De La Jarosa cuentan ya con toda la documentación para poder realizar la operación, como decimos, en menos de cuatro horas. Incluso, ya está preparada la estructura que deberá soportar la losa una vez sacado el féretro, ya que la han diseñado para que aguante el peso de la gente que visite el templo posteriormente y con las medidas exactas para que sea tan simple como llegar e instalarla .Todo se hará con normalidad y en presencia de los familiares si así lo desean, aunque, eso sí, el Gobierno de Sánchez se niega a dar el tratamiento de honor de jefe de Estado a Franco”

    Marcos Lema: Los Franco piden al Gobierno honores militares para la exhumación

    https://elpais.com/politica/2019/10/13/actualidad/1570989294_796959.html

    “Utrera-Molina niega que la familia desee “privilegio alguno” y recuerda al Gobierno su obligación con el “estricto cumplimiento de la ley”, que, a su juicio, pasa por dispensar a Franco los honores militares que le corresponden como expresidente del Gobierno entre 1936 y 1973, según lo dispuesto en el Reglamento de Honores Militares. Estos consistirían en “la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería, y en su caso, la salva de cañonazos que corresponda” y serían realizados por “una unidad con bandera, banda y música”. El artículo 36 del reglamento reserva a la familia de los expresidentes del Gobierno la potestad de solicitar al Estado honores militares en su inhumación”

    Natalia Junquera: Planes para el Valle de los Caídos después de Franco. El Gobierno quiere llevar la tumba de Primo de Rivera a una cripta del mausoleo, sustituir el convenio con los benedictinos y crear un centro de memoria

    https://elpais.com/politica/2019/10/12/actualidad/1570901355_289484.html

    Mariano Calleja: Según la encuesta de ABC/GAD3 para “ABC”, el  PP llega a cien diputados con Navarra Suma, y Vox es tercero. Ciudadanos  agudiza su hundimiento y la formación de Errejón se desinfla

    https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-pp-llega-cien-diputados-navarra-suma-y-tercero-segun-encuesta-abcgad3-201910132132_noticia.html

    Marisa Cruz: Según el tracking de Sigma Dos para “El Mundo”,Vox se dispara hasta los 31 escaños y Ciudadanos queda a las puertas de la UCI-El PSOE sigue a la baja pero conserva los 124 diputados mientras el PP pierde dos puestos

    https://www.elmundo.es/espana/2019/10/14/5da36de2fdddff92898b464f.html

    M. A. Coll: Según la encuesta elaborada por Hamalgama Métrica para OKDIARIO confirma el avance del bloque de centroderecha, de cara al próximo 10-N. Con un comportamiento desigual: el PP crece, Ciudadanos (Cs) se desploma hasta los 26 escaños (la mitad de los que obtuvo en abril) y Vox casi iguala su anterior marca (saca 23 diputados)

    https://okdiario.com/espana/pp-acorta-aun-mas-distancias-psoe-ya-esta-12-escanos-mientras-vox-pisa-talones-cs-4683773

    Rivera a la deriva y Errejón desvaría

    https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2019/10/11/rivera-a-la-deriva-y-errejon-desvaria/

    Fernando Gonzalez Urbaneja: La inmersión mediática de Sánchez

    https://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2019/10/10/la-inmersion-mediatica-de-sanchez/

    https://www.eldiario.es/politica/Encuesta-electoral-Celeste-Tel-octubre_0_950155683.html

    ¿Qué incentivo tiene la derecha para ir a votar?:El potente incentivo de desalojar a Sánchez del poder y pasar a controlar los PGE para los próximos cuatro años 

    ¿Qué  incentivo tiene la izquierda para ir a votar?: El flojito incentivo de conseguir legitimidad  y el apoyo de Bruselas para los PGE de los próximos dos años

    Ferran Martínez: ¿Voto obligatorio?. Un recorrido histórico por la adopción del voto obligatorio en diferentes países nos muestra las complejas fuerzas que explican su nacimiento, y que no siempre las fuerzas progresistas han sido las impulsoras de esta medida

    https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Voto-obligatorio-Antecedentes_6_950914920.html

    Fernando Pastor: Gobernar tras el 10-N va a ser cosa de héroes

    https://www.lainformacion.com/opinion/fernando-pastor/gobernar-tras-el-10-n-va-a-ser-cosa-de-heroes/6515005/

    Cristina de la Hoz: Sánchez se abrirá a todos los partidos tras el 10-N para formar un gobierno en diciembre

    https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/13/sanchez-se-abrira-todos-partidos-10-n-formar-gobierno-diciembre/

    Manuel Sanchez: El plan para vencer el bloqueo de Sánchez, si gana las elecciones, plantea cuatro grandes acuerdos: defensa de la Constitución y la integridad territorial de España; Pacto de Toledo, financiación autonómica y nuevo modelo de investidura. Para buscar la estabilidad propondrá a las fuerzas progresistas un acuerdo programático, pero no un Gobierno de coalición

    https://www.publico.es/politica/precampana-electoral-sanchez-presentara-48-horas-10-n-propuesta-partido-formar-gobierno.html

    Victor Ruiz: Pedro Sánchez ofrece ahora cuatro Pactos de Estado y una reforma legal contra el bloqueo para que gobierne la fuerza más votada si no hay otra mayoría parlamentaria

    https://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-pedro-sanchez-ofrece-ahora-pactos-estado-para-lograr-apoyo-pp-y-tras-10-n-201910131125_noticia.html

    Juanma Romero: Pedro Sánchez, si gana las elecciones generales del 10-N, llamará a los partidos y en un plazo de 48 horas les mandará su propuesta para firmar un “Gobierno que no dependa de los votos independentistas”. Todo ello con el objetivo de formar un nuevo Ejecutivo en diciembre. En el plazo de un mes, antes de fin de año. Además, ofrecerá a las fuerzas parlamentarias con representación en el Congreso, y para evitar el bloqueo, cuatro pactos de Estado.

    https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-10-13/pedro-sanchez-propuesta-partidos-48-horas-gobierno-diciembre_2280712/

    “El documento se compone de cinco páginas, en las que el PSOE plasma cuáles serían los primeros pasos que Sánchez daría si resulta vencedor el 10-N, como señalan todas las encuestas. Pero. Pero también fija un calendario, bastante abierto, de algunas de sus medidas más importantes. Una veintena, en total. Así, por ejemplo, en los seis primeros meses promete iniciar el proceso para universalizar la educación infantil de 0 a 3 años, regular la eutanasia o reformar el Código Penal para que todo lo que no sea un sí expreso de la mujer sea considerado delito de agresión sexual. Y en el primer año de legislatura impulsaría medidas como la abolición de la prostitución, planes de lucha contra la precariedad laboral, el combate al fraude fiscal o la luchasin cuartel” contra la corrupción

    Roger Senserich: La sordera de la izquierda en Cataluña . Es hora de que la izquierda, léase Errejón y tantos, abandone sus complejos. Es legítimo que no vaya por la vida aplaudiendo a los nacionalistas

    https://www.vozpopuli.com/opinion/sordera-izquierda-cataluna-opinion-senserrich_0_1290471246.html

     

    Jorge Bustos: Si retrocedes, espero del PP -anteayer lo comentaba con uno de sus dirigentes- que pida tu cabeza como premisa para dejar gobernar al PSOE. Ojalá Borrell regrese para relevarte: se activaría el consenso de las reformas profundas. En cuanto a ti, saldrás de Moncloa sin haber aprobado unos Presupuestos socialistas. En el mejor de los casos tendrán que hacértelos liberales y conservadores para capear la crisis. Entonces a algunos se les caerá la venda. A otros no nos has engañado jamás

    https://www.elmundo.es/opinion/2019/10/12/5da0a679fdddff88898b45b6.html

    Alexis Romero:El granero del bipartidismo: 26 pequeñas provincias dan el 30% de los escaños. La suma de la población de estos territorios no alcanza el 20% del total del Estado, pero aportan 101 escaños a la Cámara Baja. PP y PSOE han tenido siempre el escaño garantizado en estas circunscripciones

    https://www.publico.es/politica/granero-del-bipartidismo-26-pequenas.html

    “Tener garantizada la representación en estas pequeñas provincias fue vital para que PP y PSOE aguantaran el embate de Podemos y de Ciudadanos en 2016 y en las elecciones de abril. En cuanto a estas dos formaciones, su capacidad para disputar el voto en estas circunscripciones fue crucial para sus ciclos electorales. En 2016 Unidos Podemos obtuvo 15 escaños en estos territorios (de los 69 que consiguieron a nivel estatal), mientras que en los últimos comicios, donde cayeron hasta los 42 escaños, obtuvieron cuatro (Araba, Navarra, Huelva y Castellón).Cuando Cs obtuvo 32 escaños en 2016, solo consiguió representación en tres de estas circunscripciones (Cantabria, Castellón y Valladolid). En los últimos comicios, donde creció hasta los 57 escaños, los de Rivera obtuvieron 18 diputados en estos territorios”

    LA AGENDA DE MÚSICA de Alfonso Alarcón

    QUE SI HAY QUE SABER MÚSICA PARA CANTAR EN UN CORO

    Si algun@ alguna vez me preguntare: para cantar en un coro ¿hay que saber leer música?, yo le diría: pues según qué coro. Si van a cantar habaneras en el festival de Torrevieja, lo mismo aprenden su parte de memoria y se acabó (con tal de que no desentonen). Por otro lado, los coros de las óperas cantan siempre de memoria. Pero claro, esto no quiere decir que no haga falta que sepan música. Sí, para cantar en un coro profesional hay que saber leer música, y muy bien. Otra cosa es que, una vez leída y sabida la música, se pueda cantar sin leer; pero si no leen, no pueden ser coristas profesionales. Eso es tan claro como que si un@ no sabe leer cirílico, no puede ser profesor@ de ruso, aunque dé la clase en español o en catalán (catalá) o gallego (galego).

     

    Luego hay costumbres y costumbres, tradiciones y traiciones. Vean estos dos ejemplos:

    Primero, 9ª sinfonía de Beethoven, resumen, Orquesta Filarmónica de Berlín y coro Wien Singverein, dirigidos por Herbert von Karajan: lleguen hasta el final, que es el “himno a la alegría”: verán que los coristas no tienen particella, porque la tradición manda que en Berlín la Novena se cante de memoria (claro que los vieneses, de habla alemana, lo tienen fácil):

     https://youtu.be/3yH3keO1P40

     

    Segundo, en esta grabación verán a otro coro vienés, que también son alemanes de idioma, que, por un lado, tienen la particella en la mano pero por otro, como comprobarán más claramente en el minuto 11’ 15”, cantan sin mirar al libro: Cuarto movimiento completo, Orquesta filarmónica de Viena, coro de la Ópera de Viena, Leonard Bernstein:

    https://youtu.be/t4N5-OALObk

     

    LA AGENDA DEL ENSAYO  de

    Margarita Vidal

    Librería Castelar libreriaemiliocastelar.com

    Alain Deneault : Mediocracia.  Cuando los mediocres llegan al poder  

    Rafael Rubio: El ahorrador astuto

    http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170714/crisis-popular-deberia-haber-3655840.html

    MARCHENA, LAS FILTRACIONES Y EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

    http://www.filosofia.org/filomat/df637.htm

    https://www.eldiario.es/politica/Manuel-Marchena-disgustado-filtraciones-sentencia_0_951905030.html

    https://www.youtube.com/watch?v=xp3avXpqyAE

    https://www.letraslibres.com/mexico-espana/i-la-politizacion-la-justicia

    https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-13/juicio-proces-testimonios-clave-sentencia_2068477/

    https://www.diariojuridico.com/manuel-ruiz-lara-me-preocupa-la-politizacion-del-cgpj-riesgo-la-independencia-judicial/

    Expansión.com: En conversación informal con periodistas durante la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Manuel  Marchena ha hecho esta observación tras filtrarse algunos detalles de la sentencia del «procés», que según ha señalado se hará pública el lunes o el martes. Marchena ha lamentado las filtraciones, aunque ha admitido que no se pueden evitar con una sentencia que tiene que pasar por doce personas. En cualquier caso ha advertido de que no se puede confirmar ningún detalle de la sentencia y ha recalcado que «todo está abierto» porque «una sentencia no está terminada hasta que la firma el ultimo magistrado

    https://www.expansion.com/economia/politica/elecciones-catalanas/2019/10/12/5da1ca21e5fdead16a8b46d8.html

    Enric Juliana: En el tiempo de los grandes espectáculos mediáticos, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los acontecimientos de Catalunya no será leída el próximo lunes –acaso el martes como si se desvelase el veredicto de una gran serie de suspense. Ha habido filtraciones. Todos sospechan de todos en la plaza de la Villa de París, donde se halla la sede del alto tribunal

    https://www.lavanguardia.com/politica/20191013/47932763606/12-o-12-de-octubre-sentencia-tribunal-supremo-proces.html

    Elplural.com : La defensa de Rull, Turull y Sánchez se plantea presentar una denuncia por las filtraciones de la sentencia del procés. Consideran que es una falta de respeto a los acusados y sus familias y una «flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones»

    https://www.elplural.com/politica/la-defensa-de-rull-turull-y-sanchez-se-plantea-presentar-una-denuncia-por-las-filtraciones-de-la-sentencia-del-proces_225688102

    Eulogio Lopez: La filtración de la sentencia  descoloca al entramado independentista. Las defensas de los acusados estudian «interponer una denuncia ante el CGPJ» mientras el abogado de Puigdemont carga contra Marchena y asegura que la filtración es «culpa suya»

    https://www.hispanidad.com/confidencial/sabotaje-a-la-sentencia-del-proces_12013449_102.html

    Tono Calleja: El Supremo otorga un triunfo político al Gobierno de Sánchez al optar por la sedición

    https://www.vozpopuli.com/espana/supremo-otorga-victoria-sanchez-sedicion-sentencia_0_1290471316.html

    Arcadi Espasa: Hay que despreciar las explicaciones barriobajeras sobre las coincidencias entre Supremo y Gobierno. Es verdad que Pedro Sánchez nombró a una ministra de Justicia capaz de presionar a un colega italiano para que enmiende la ley dictada por la Justicia española y la Justicia italiana, a propósito del caso de la delincuente Juana Rivas. Pero el incidente solo revela un anecdótico carácter histérico y hortera. El Gobierno, en cambio, no tiene necesidad de presionar al Supremo, porque, genéricamente hablando, el Supremo piensa lo mismo que el Gobierno y lo contrario de lo que piensan seres marginales como, por apropiado ejemplo, yo mismo. El mainstream ampara y excluye, cumpliendo con su obligación

    https://www.elmundo.es/opinion/2019/10/13/5da21228fc6c83b0728b463c.html

    “Pero mi intención ahora es otra y alude a la incrustación del socialismo en la estructura íntima de la política española, al margen de las circunstancias que haya atravesado (dictaduras, democracias) y al margen de las personas (estadistas o aventureros) que lo hayan dirigido. La coincidencia del Supremo en sus tres últimas decisivas sentencias con el punto de vista del socialismo -la única diferencia es que los magistrados del Supremo son levemente más españoles que los socialistas extramuros- es mucho más que una coincidencia. Es la articulada metáfora de aquella convicción que los socialistas exhiben a veces: la de que el Psoe es el partido que más se parece a España. Aunque tal vez sea el momento de corregirla en un sentido más preciso y escribir que España es el país que más se parece al Psoe. Tiene que ser por algo que ese partido haya sobrevivido, y exitosamente, a Zapatero y Sánchez. Una coña de la misma madera”

    Luis Herrero: Los magistrados del Alto Tribunal deben saber que su decisión no va a dejar satisfecho a casi nadie

    https://www.abc.es/espana/abci-sedicion-201910130353_noticia.html

    Antonio Papell: No está claro que la sentencia del Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, que será firme por propia naturaleza, sea realmente la definitiva. Hay en concreto síntomas que  permiten avanzar que habrá ruidosa polémica sobre el particular

    https://analytiks.es/en-portada/tsunami-supremo-cierre-del-1-o/

     

    Oriol Solé: Los detalles de la sedición y otros seis interrogantes que tiene que resolver la sentencia del procés

    https://www.eldiario.es/catalunya/politica/proces-Supremo-interrogantes-resolver-sentencia_0_951205349.html

    Cristian Campos: Los 9 motivos no jurídicos por los que el TS debería condenar por rebelión

    https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20191013/motivos-no-juridicos-ts-deberia-condenar-rebelion/436326367_12.html

    iguel Angel Perez; Las 7 claves de la sentencia del Supremo sobre el golpe del 1-O

    https://www.libertaddigital.com/espana/2019-10-12/sentencia-proces-7-claves-1-o-tribunal-supremo-1276646168/

    Manuel Marraco : El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) cargó contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción. A ojos de la institución, las autoridades españolas sólo han avanzado parcialmente en siete de las 11 recomendaciones que la organización había presentado para mejorar la transparencia en el ámbito político y judicial. Entre las reformas que plantea el Greco y que no han sido suficientemente atendidas se encuentra el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 20 vocales que lo integran son votados en última instancia por el Congreso y el Senado, frente a la petición del Consejo de Europa de que al menos la mitad sean elegidos directamente por los jueces y que lo mejor sería que el poder político no participara de ninguna manera en la elección

    http://www.elmundo.es/espana/2018/01/04/5a4d536aca4741cb238b4681.html

    Ignacio Varela: El desacato permanente de los políticos a la Justicia. Es un hábito de los políticos españoles acusar a jueces y fiscales de prevaricar ante cualquier resolución molesta para sus intereses

    https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2018-09-24/estado-de-derecho-politicos-justicia_1619976/

    Lavanguardia.com : Se filtran los vídeos de las declaraciones del Govern de Puigdemont ante la juez Lamela

    https://www.lavanguardia.com/politica/20180924/451998054046/videos-junqueras-forn-vila-declaracion-lamela.html

    Pedro Agueda: La número 2 de Justicia con el PP llamó a la jueza del caso Máster para saber si iba a pedir la imputación de Casado

    https://www.eldiario.es/politica/Justicia-PP-Master-imputacion-Casado_0_817869040.html

    Antonio Salvador: Guerra en las ‘cloacas’ policiales: la ruptura traumática del tándem Villarejo-‘El Gordo’

    https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/25/guerra-cloacas-policiales-ruptura-traumatica-tandem-villarejo-gordo/

    Alejandro Requeijo : Villarejo, El Gordo, Gabi Fuentes y Fernández-Chico. Los policías que compartieron mesa en 2009 con la actual ministraDolores Delgado y el exjuez Baltasar Garzón formaban parte de un grupo de estrechos colaboradores sobre los que recayeron algunas de las investigaciones más sensibles del Cuerpo. Eso les llevó a tejer una red de contactos en el seno de la Audiencia Nacional fruto de la habitual colaboración entre fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. Pero sus nombres también saltaron a la primera línea de los periódicos por escándalos derivados de sus actuaciones, mucho antes del caso Villarejo que ya salpica a distintos estamentos del Estado

    https://www.vozpopuli.com/espana/Faisan-Gonzalez-comida-ministra-Villarejo_0_1175583652.html

    Marcello : La ministra Delgado con Villarejo

    https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2018/09/24/la-ministra-delgado-con-villarejo/

    Olatz Barriuso: Urkullu denuncia la «grave politización» de la Justicia

    http://www.elcorreo.com/politica/urkullu-peor-decision-20171102204614-nt.html

    Manuel Ruiz de Lara: La  independencia judicial se ha convertido en uno de los temas de actualidad a raíz de que la magistrada Carmen Lamela, dictase, el pasado día 2 de noviembre, la prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete ex consellers del ejecutivo autonómico catalán

    http://www.diariojuridico.com/manuel-ruiz-lara-me-preocupa-la-politizacion-del-cgpj-riesgo-la-independencia-judicial/

    Monica Ceberio : Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel. España tiene la mitad de jueces que la UE, su organización es decimonónica y sus sistemas informáticos no se entienden. Los operadores jurídicos exigen un pacto de Estado

    https://politica.elpais.com/politica/2016/12/02/actualidad/1480695938_020571.html

    Elconfidencial.com : Falsos mitos sobre la politización de la Justicia en España. Una de las críticas más frecuentes a nuestro sistema judicial se refiere a su supuesta politización. ¿Qué hay de cierto en ello?

    https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2016-08-11/falsos-mitos-sobre-la-politizacion-de-la-justicia-en-espana_1230365/

    Pablo Jose Castillo : Las dos politizaciones de la Justicia en España

    http://agendapublica.elperiodico.com/las-dos-politizaciones-la-justicia-espana/

    Francesc de Carreras: ¿Qué es politizar la Justicia?

     

    https://elpais.com/tag/c/d5d3c197fec50c6f233d2c3093e8be07

     

    Victoria Rodriguez Blanco : Justicia y política: Una relación compleja

     

    https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2014/07/10-tm-03.pdf

    Hayderecho.com : De nuevo sobre la politización de la Justicia: a propósito del Tribunal del caso Gürtel

    https://hayderecho.com/2015/06/23/de-nuevo-sobre-la-politizacion-de-la-justicia-a-proposito-del-tribunal-del-caso-gurtel/

    Emilio J. Martinez: Anatomía de la descarada politización de la Justicia

    http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/11/13/5a084051468aebcf3c8b4595.html

    Pablo Jose Castillo : Política judicial y politización de la Justicia: una breve guía de uso

    http://agendapublica.elperiodico.com/politica-judicial-y-politizacion-de-la-justicia-una-breve-guia-de-uso/

    Lasexta,com : ¿Es la Justicia española independiente del poder político?

    http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/justicia-espanola-independiente-poder-politico_201301185727cfb44beb28d446031a18.html

    Fernando Lorente: La politización convierte la Justicia en un Juego de Tronos. La asociación de jueces FJI clama contra la falta de independencia en un CGPJ lleno de «usurpaciones y guerras partidarias»

    http://www.libertaddigital.com/espana/2016-03-28/la-politizacion-convierte-la-justicia-en-un-juego-de-tronos-1276570687/

     Raul Piña: PP y PSOE bloquean la despolitización del Consejo General del Poder Judicial

    http://www.elmundo.es/espana/2018/01/16/5a5d1a02468aeb0e7f8b4687.html

    Salvador Viada: Atrincherados en sus posiciones, ciertos políticos defienden con entusiasmo que una cosa es el Consejo General del Poder Judicial y otra muy diferente son los jueces, detentadores del poder judicial, que son absolutamente independientes.   ¿Realmente lo son? .Creo que con la ley en la mano no hay dudas.  El art. 117 de la Constitución y también el art. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proclaman la independencia de jueces y magistrados.  Y es forzoso reconocer que el más arbitrario de los nombramientos judiciales, una vez producido, coloca al beneficiado en una posición inaccesible ley en mano para el poder político.    Por tanto, esa trinchera de ciertos políticos que de facto controlan las élites de la Justicia no puede ser atacada sobre la base de la falta de independencia de los jueces.   Los jueces –todos- son independientes, aunque en mi opinión el problema es otro.  La independencia de los jueces tiene como finalidad última el hecho de que el juez afronte la resolución de los asuntos desde una posición de imparcialidad.  Es decir, que no haya perturbaciones ajenas a su examen objetivo de los hechos y del derecho para resolver los conflictos.  Es la imparcialidad el alma de la justicia, el bien a preservar a través de la independencia de los jueces.  No puede haber imparcialidad sin independencia

    https://hayderecho.com/2018/01/27/independencia-e-imparcialidad-la-justicia-nuevo-cgpj-greco/

    “Resulta devastador para la Justicia el sistema de las puertas giratorias con la política, el sistema de los nombramientos de jueces (y fiscales) en puestos políticos, o incluso, la asunción de cargos de responsabilidad parlamentaria de jueces o magistrados.   Es terrible que jueces que “se pasaron a la política” sean promocionados poco tiempo después a los puestos más altos de la jurisdicción.   También lo es el sistema de aforamientos que permite que ciertos investigados sean enjuiciados por Tribunales superiores, precisamente aquellos sobre los que mayores sospechas de politización se acumulan.   Pero lo peor, por ser el instrumento imprescindible para todo lo anterior, es el sistema de nombramientos íntegro de vocales del CGPJ por los partidos políticos desde hace 33 años. Los males de un CGPJ corporativo, es decir elegido en su mayoría por jueces, son prima facie evitables a través de un sistema de elección (por ejemplo, un juez, un voto a un solo candidato) que impida el dominio de las asociaciones en el mismo.   Sin duda aparecerían otros problemas que habría que ir afrontando.   Pero hoy –tras tres décadas de perforación política de la Justicia- lo que urge es quitar a los partidos influencia política en la Justicia a través de la designación de jueces con apariencia de afinidad ideológica.  Es decir, despolitizar nuestra Justicia: posibilitar que los nombramientos de jueces además de estar protegidos por la independencia judicial recaigan en magistrados objetivamente imparciales, en todo caso.  Y que su promoción se determine por su mejor capacidad profesional, no por sus afinidades o lealtades políticas ni asociativas.   Ello conllevaría que incluso los jueces seleccionados durante décadas por el poder político a través del CGPJ comprendieran que de la política ya no iba a llegar ninguna mejora profesional.   En mi opinión, ese es el Poder Judicial propio de una democracia”

     

    Jesus Fernandez Villaverde: Imperio de la Ley e Independencia Judicial

    http://nadaesgratis.es/fernandez-villaverde/imperio-de-la-ley-e-independencia-judicial

    “Continuo con mis explicaciones sobre mi charla de imperio de la ley (primera y segunda entrada). Uno de los pilares fundamentales del imperio de la ley substantivo es la independencia judicial: esta es condición necesaria (aunque no suficiente) para aquel.Pero yo no puedo defender este argumento mejor que Alexander Hamilton en Federalist Paper 78:

    For I agree, that «there is no liberty, if the power of judging be not separated from the legislative and executive powers.» And it proves, in the last place, that as liberty can have nothing to fear from the judiciary alone, but would have every thing to fear from its union with either of the other departments; that as all the effects of such a union must ensue from a dependence of the former on the latter, notwithstanding a nominal and apparent separation; that as, from the natural feebleness of the judiciary, it is in continual jeopardy of being overpowered, awed, or influenced by its co-ordinate branches; and that as nothing can contribute so much to its firmness and independence as permanency in office, this quality may therefore be justly regarded as an indispensable ingredient in its constitution, and, in a great measure, as the citadel of the public justice and the public security.

    The complete independence of the courts of justice is peculiarly essential in a limited Constitution (nota: las itálicas son mías). By a limited Constitution, I understand one which contains certain specified exceptions to the legislative authority; such, for instance, as that it shall pass no bills of attainder, no ex post facto laws, and the like. Limitations of this kind can be preserved in practice no other way than through the medium of courts of justice, whose duty it must be to declare all acts contrary to the manifest tenor of the Constitution void. Without this, all the reservations of particular rights or privileges would amount to nothing.”

    Es por ello que legislación como nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (en particular en el contexto de un sistema de partidos como el Español) o la manera en la que hemos seleccionado por décadas a los miembros del Tribunal Constitucional son incompatibles con un verdadero imperio de la ley. Y no, transformar el sistema de elección en «más democrático» no soluciona el problema: lo agrava aún más al convertir al sistema judicial en una reproducción del legislativo.

    Jordi Nieva: Los jueces son de carne y hueso. Con frecuencia se oye hablar de la obligada confianza ciudadana en los jueces y del debido respeto por su independencia. Y, ciertamente, las leyes garantizan dicha independencia con respecto a los poderes ejecutivo –es la más sensible– y legislativo, y se les intenta salvaguardar de posibles presiones pagándoles un sueldo digno, aunque actualmente desactualizado en demasiados casos si se piensa en la tremenda responsabilidad que les compete y los habituales ingresos de muchos abogados que actúan ante ellos.

    http://agendapublica.elperiodico.com/la-independencia-judicial/

    “En la carrera judicial se anhelan ascensos y destinos que dependen de decisiones muchas veces personales de otros jueces o autoridades que están en una posición que les facilita la influencia en la decisión, o que sencillamente se hallan mejor relacionados con quienes deben resolver el ascenso o traslado. En esos contextos puede producirse, sin duda, el tráfico de influencias para guiar una decisión judicial en un proceso concreto. No digo que se produzcan esas presiones, ni mucho menos, pero que las mismas no sucedan –o al menos no tengan efecto– depende exclusivamente de la bonhomía de los que tienen el poder fáctico o de la resistencia personal del propio juez. Ningún mecanismo eficaz existe en nuestras leyes para garantizar que esas influencias –muchas veces delictivas– no se produzcan. De esa imagen que se intuye entre tinieblas surge en muchas ocasiones –demasiadas– la denuncia de la –habitualmente inexistente en democracia– corrupción de los jueces. Criticarles injustamente sale gratis, porque todo resulta tan sencillo como discrepar de su resolución y poner el ventilador ideológico en marcha, etiquetando al juez como próximo a una u otra tendencia. Y es que aunque ni mucho menos sea la norma general, a veces sucede que el juez no ha hablado con nadie del asunto pero su propio condicionamiento ideológico –más conservador, más progresista, más punitivo, más libertario, etc– va a orientar su juicio. Y ello, cuando acontece, se traduce simplemente en que el juez sigue sus prejuicios a la hora de juzgar, lo que es inaceptable·”

    Miguel fernandez Benavidezs: Independencia del Poder Judicial: llueve sobre mojado

    https://hayderecho.com/2018/01/18/independencia-del-poder-judicial-llueve-mojado/

     

    “A estas alturas, parece claro que ni rojos ni azules están dispuestos a renunciar a su trozo del pastel. Como una muestra más de lo anterior, vean aquí cómo se han embarrado recientemente las conversaciones en la Subcomisión de Estrategia lkpacto nacional por la Justicia), con los dos principales grupos parlamentarios bloqueando deliberadamente un acuerdo tendente a lograr la anhelada despolitización del CGPJ. En primer lugar, encontramos una premisa clara: mientras no tengamos un CGPJ verdaderamente independiente, como ambicionaban los padres de la Constitución al reservar 12 de las 20 sillas del Consejo para los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (art. 122.3 CE), será prácticamente imposible eliminar la continua sombra de sospecha que se cierne sobre el Poder Judicial en su conjunto. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. No basta con que la mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país sean independientes, sino que los justiciables han de percibirlo así. En definitiva, está en juego algo importantísimo: la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.La segunda cuestión a la que quiero referirme respecto del Informe GRECO, no menos importante, es la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere duda alguna en cuanto a su independencia, imparcialidad y trasparencia.En este sentido, conviene recordar en nuestro país, la provisión de destinos de la Carrera Judicial se hace, como regla general, por concurso, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo (art. 326.2 LOPJ). Todas estas plazas son cubiertas a propuesta del CGPJ, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. Adicionalmente, 1/3 de las plazas en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, se cubrirá por juristas de reconocido prestigio nombrados a propuesta del CGPJ sobre una terna presentada por el parlamento autonómico (art. 330.4 LOPJ).El panorama normativo es desolador. Sin duda, resulta sorprendente que el proceso de selección y nombramiento de los más altos cargos de la magistratura sea llevado a cabo sin la necesaria presencia de luz y taquígrafos, y lo que es peor, sin la previa baremación objetiva de los méritos que han de reunir los candidatos. Y en el caso de los cargos judiciales con una función esencialmente gubernativa (ej. Presidentes de las Audiencias Provinciales o de los TSJ), no es de recibo que sean nombrados a propuesta del CGPJ, al margen de la voluntad de los jueces y magistrados destinados en su ámbito territorial. Este estado de cosas no solo afecta gravemente a la independencia de nuestros Jueces y Magistrados, sino que choca, además, con el deseado objetivo de profesionalizar nuestro sistema judicial a través del establecimiento de una verdadera carrera, transparente y basada en criterios que permitan medir, de la forma más objetiva posible, el mérito y capacidad de los aspirantes a cada plaza”

    Libremercado.com : Cada año se publica el Rule of Law Index, un ranking que evalúa a los distintos países del mundo dependiendo de la calidad de su sistema judicial y sus instituciones. El objetivo del proyecto es medir en qué casos cabe hablar de un Estado de Derecho en el que rige el imperio de la ley y en qué casos estamos ante instituciones débiles, arbitrarias e ineficientes. El informe mide varios factores. ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales? He aquí algunas de las preguntas que pretende resolver el Rule of Law Index, que se apoya en indicadores cuantitativos y también en resultados cualitativos derivados de encuestas

    https://www.libremercado.com/2017-02-26/que-paises-tienen-los-mejores-y-peores-sistemas-judiciales-1276593434/

    “El índice coloca en los diez primeros puestos a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido. Todos estos países reciben más de 80 puntos en una escala de 0 a 100. También por encima de 80 pero fuera del top 10 nos encontramos con Australia y Canadá. Antes de encontrarnos con España, que ocupa el número 24 de la lista, tenemos a Bélgica, Estonia, Japón, Hong Kong, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur, Uruguay, Francia, Polonia y Portugal. Nuestro país recibe una calificación de 70 puntos, lo que nos vale para superar a Costa Rica y Chile (comparten el puesto 25 con 68 puntos).Peor es la nota que reciben Italia (puesto 35, 64 puntos) y Grecia (puesto 41, 60 puntos), aunque la palma se la llevan Afganistán, Camboya y Venezuela, relegados a los tres últimos lugares de la lista (111, 112 y 113) con evaluaciones de apenas 35, 33 y 28 puntos, respectivamente.Estas cifras sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea

    Pablo Polvorinos : La  Unión Europea hace público cada año, en el mes de marzo, un estudio denominado Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE. Un estudio prolijo en el que se miden aspectos tan intangibles como la independencia judicial en los 28 Estados miembros.Les ahorro el tedioso trabajo de leérselo y les doy las dos principales conclusiones: España suspende en independencia judicial y estamos a la cola de los países europeos en este asunto. Y casi me permito adelantarles los resultados de este estudio que conoceremos en los próximos días: volveremos a suspender y no dejaremos de estar en el vagón de cola.

    http://www.libertaddigital.com/opinion/juan-pablo-polvorinos/efectos-perniciosos-de-la-politizacion-de-la-justicia-81557/

    Alvaro Sanchez: El Consejo de Europa sitúa a España a la cola en la lucha por la independencia de la justicia. El informe del organismo internacional indica que España es el país que menos ha cumplido con sus consejos

    https://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496827709_980747.html

    Juan Sanhermelando : El sistema judicial español suspende en el ranking que ha publicado este lunes la Comisión Europea, sobre todo por su percibida falta de independencia entre ciudadanos y empresas. El 58% de los españoles tachan de mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces (un empeoramiento de dos puntos respecto a 2016), mientras que sólo el 32% creen que esta independencia existe en la práctica, según los datos de una encuesta del Eurobarómetro.

    https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170410/207479441_0.html

    . Sólo Eslovaquia y Bulgari registran resultados peores. El sistema judicial español está peor valorado entre sus ciudadanos que los de Hungría o Polonia, dos países a los que la Comisión ha expedientado por poner en riesgo el Estado de derecho. La clasificación lancabezan Dinam ca, Finlandia, Austria y Alemania”

    La principal razón que citan los españoles para explicar la parcialidad de jueces y tribunales es la presión del Gobierno y los políticos (49%), seguida de la interferencia de los intereses económicos (45%). Para un 34% de los encuestados, es el estatus y la posición de los jueces la que no garantiza suficientemente su independencia.También las empresas valoran negativamente a la justicia española. El 59% de las compañías encuestadas creen que le falta independencia y sólo el 30% consideran que los tribunales son imparciales. En este indicador, España ocupa el cuarto lugar por la cola. Por detrás sólo están Croacia, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia

    Maria Peral : España, el país de Europa en que los jueces ven sus ascensos más politizados. El último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia refleja el recelo de la Judicatura española respecto al CGPJ y el Gobierno

    https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170612/223228210_0.html

    Roberto L. Blanco reseña el libro de  Francisco Sosa Wagner,

    La independencia del juez: ¿una fábula?

     

    https://www.revistadelibros.com/articulos/juicio-a-la-justicia

     

    “Enseñaba en la Universidad de Santiago hace ya años un profesor víctima el pobre en grado sumo de un pecado –el de inmodestia– que, además de a muchos universitarios, suele atribuirse con carácter general a un cierto pueblo de América del Sur. Y ello hasta el punto de que al tal profesor podría aplicársele la conocida jerigonza que se ha generalizado para definir a esos nuestros fantasiosos hermanos del otro lado del Atlántico: que si hubiera sido posible comprarlo por lo que valía y venderlo por lo que él estaba convencido de valer, el negocio habría resultado sin duda macanudo. Era así que entre las muchas ocurrencias de aquel hombre realmente singular figuraba su convencimiento berroqueño sobre la utilidad indudable de las máquinas como instrumento sustitutivo del trabajo de los jueces. ¡Pobres Jueces! Pero permítanme explicarme: según el conspicuo profesor compostelano, que lo mismo escrutaba las estrellas con un pintoresco telescopio de factura manual que pintarrajeaba un encerado con fórmulas incomprensibles muy probablemente para él mismo, era posible diseñar una maquina prodigiosa capaz de sentenciar con precisión científica perfecta una vez se le hubieran suministrado al artilugio los datos necesarios para la realización de su labor: primero, las particulares circunstancias del caso objeto de litigio; luego, las normas aplicables al pleito para darle solución. Con unas y otras en su vientre de metal, podría el artefacto, en un santiamén, dictar una sentencia con la misma precisión con que otros sirven emparedados de atún o suministran Coca-Cola tras introducir por la correspondiente ranura una moneda.La idea descabellada de aquel genio quijotesco, cuyas extravagancias procedían quizá también del poco dormir y mucho leer, nacía en realidad de una extendida convicción que nadie expresó con la claridad y concisión con que lo hizo en su día uno de los más importantes pensadores políticos modernos: Montesquieu. En el capítulo más célebre de su obra más notable (Del espíritu de las leyes), dedicado a al estudio de la Constitución de Inglaterra, formuló Montesquieu para la historia, sin otro gran precedente que el de John Locke en su Segundo tratado sobre el Gobierno Civil1, una de las teorías llamadas a tener más influencia en el futuro Estado constitucional que estaba en Francia por nacer y que los ingleses ya ensayan, a trancas y barrancas, desde finales del siglo XVII: la teoría de la división o separación de los poderes. El pensador francés, como es de sobra conocido, afirmará la existencia de tan solo tres poderes: «El de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares»2. Es decir, el de legislar, el de gobernar y el de juzgar. Tales poderes habrían de estar separados como único medio de asegurar la libertad, pero sólo dos de ellos se atribuirían, en la lógica estamental en la que aún reflexionaba Montesquieu, a instituciones preexistentes: el poder legislativo, «al cuerpo de nobles y al cuerpo que se escoja para representar al pueblo»3; el poder ejecutivo, a un monarca. ¿Y el judicial? El poder judicial deberían ejercerlo «personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley, para formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiera»4. Será precisamente la no adscripción estamental de la función jurisdiccional la que explicará el hecho de que Montesquieu insista en que el judicial no tiene en realidad el carácter de un auténtico poder: «De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a un determinado estado o profesión»5, afirmará el filósofo francés, para añadir líneas después: «De los tres poderes de que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo. No quedan más de dos que necesiten un poder regulador para atemperarlos»6. El gran philosophe extrae finalmente las consecuencias coherentes con la naturaleza de poder nulo, es decir, de no poder, de quienes administran la justicia: «Los jueces de la nación no son más que un instrumento que pronuncia las palabras de la ley [«la bouche qui prononce les paroles de la loi» en el original], seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes»7. Y ello hasta el punto de que, si aquellas resultasen severas en exceso, a quien en su caso correspondería moderarlas sería al propio cuerpo legislativo y no a los jueces.

    «La bouche qui prononce les paroles de la loi»: leída desde hoy día la conclusión final de Montesquieu, apunta con toda claridad al carácter puramente mecánico del acto de juzgar, planteado en fin de cuentas como la mera solución de un silogismo en el que la premisa mayor sería el hecho que se somete a la consideración del juez y la menor, la norma o normas que aquel debería aplicar para obtener la necesaria conclusión o, en otras palabras, su sentencia. Ciertamente, si juzgar fuera tal cosa, no sólo yo habría aquí sometido a injusta sátira al profesor compostelano que trabajaba en su robot sentenciador, sino que resultaría de todo punto innecesaria una garantía que el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional ha convertido en resueltamente indispensable: la independencia judicial. Y es que, si los jueces fueran en realidad, en la aplicación del Derecho, unos autómatas, no resultaría indispensable protegerlos frente a las posibles presiones, de cualquier naturaleza, que podrían recibir en el ejercicio de la función jurisdiccional, presiones que, como es obvio, cuando son atendidas por sus destinatarios, pervierten el imprescindible sometimiento de los jueces al imperio de la ley, fuente primordial de legitimación del inmenso poder que la sociedad pone en sus manos. Pues, aunque no cabe duda de que es el respeto a la ley lo que convierte en fin de cuentas a los jueces en un poder legítimo en el Estado democrático –no podría serlo, desde luego, en ningún caso, el de quienes, sin haber sido elegidos por el pueblo, juzgasen con arreglo a su leal saber y entender, en lugar de hacerlo sujetándose a las normas que aprueba el propio pueblo a través de sus representantes para que los jueces las apliquen–, resulta igualmente indiscutible que, en su labor aplicadora del Derecho, los jueces no se limitan a resolver mecánicamente un silogismo. La mayoría de las normas son susceptibles de interpretaciones diferentes y resulta por ello inevitable que, en el acto de interpretación de las normas, sin el cual la aplicación del Derecho es imposible, no influyan en mayor o menor grado las ideas de los jueces, que son personas de este mundo, vinculadas, por tanto, a ideologías, valores, intereses y prejuicios que, lógicamente, terminan influyendo en la aplicación judicial de la ley al caso objeto de litigio. Pero una cosa, claro está, es la irremediable subjetividad en la labor de interpretación-aplicación del Derecho –que explica que, para tratar de corregirla, exista todo el sistema de recursos– y otra muy distinta que el juez realice su importantísima labor siguiendo ordenes, instrucciones o consejos de personas, instituciones o poderes que, de existir, perturbarían con toda claridad la recta administración de la justicia a la que debe aspirar todo Estado de Derecho.

    1.- La inamovilidad de los jueces no es condición suficiente para garantizar la independencia judicial, pero sí completamente necesaria

    Esa es, claro, la razón por la que la mayoría de los textos constitucionales que la Revolución liberal alumbró entre los momentos finales del siglo XVIII e iniciales del siglo XIX recogen la garantía esencial de la independencia judicial, aunque no siempre con esa fórmula moderna, sino con la que entonces le serviría habitualmente de expresión: la de la inamovilidad de los jueces en sus cargos. La relación entre inamovilidad e independencia resulta, por lo demás, de una meridiana claridad, pues nada hay que contribuya en mayor medida a la independencia de los jueces respecto de cualquier poder público o privado que la imposibilidad de removerlos de forma arbitraria –es decir, sin sujeción a la ley y en los casos tasados que aquella determina– de los puestos que tienen legalmente atribuidos. La inamovilidad de los jueces no es, desde luego, condición suficiente para garantizar la independencia judicial, pero sí completamente necesaria. Así se pondrá de relieve en el debate constitucional norteamericano, en el que podrá constatarse con gran rotundidad el importantísimo papel que los Padres Fundadores atribuyen al binomio inamovilidad-independencia. Es verdad que ni la Declaración de Derechos de Virginia (1776) ni, posteriormente, ninguna de las primeras diez enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, aprobadas en conjunto en 1791 como una especie de Bill of Rights al texto federal, garantizan expresamente la independencia y/o la inamovilidad de los jueces. Pero sí lo hará la Constitución de los Estados Unidos de América (1787) con una fórmula similar a la que, según veremos de inmediato, utilizaron las primeras Constituciones aprobadas en nuestro continente: la de que «[…] los jueces, tanto de la Corte Suprema como de las inferiores, continuarán en sus puestos mientras observen buena conducta […]» (artículo III, sección 1). En todo caso, y ello debe subrayarse, la idea de que un Estado constitucional no puede existir sin una judicatura independiente formó parte central de la reflexión constitucional estadounidense. Para comprobarlo, basta leer lo que a ese respecto escribe Alexander Hamilton en el artículo número 78 de El Federalista, que ha pasado a la historia como uno de los textos más importantes de esa obra trascendental de la teoría política y constitucional. Hamilton proclama, en primer lugar, que la independencia judicial es un principio básico de cualquier Estado constitucional digno de tal nombre («La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada»), para añadir, acto seguido, que la mayor seguridad para tan importante independencia procede de la garantía de la inamovilidad: «Nada puede contribuir tan eficazmente a [la] firmeza e independencia [del poder judicial] como la estabilidad en el cargo», razón por la cual «esta cualidad ha de ser considerada con razón como una cualidad indispensable en su Constitución y asimismo, en gran parte, como la ciudadela de la justicia y la seguridad públicas»8. Será, a la postre, esa doble convicción la que explique la importancia que los constituyentes norteamericanos concederán al citado binomio inamovilidad/independencia en el texto constitucional que habían elaborado en Filadelfia y cuya defensa asume Hamilton con su decisiva contribución a los Federalist Papers9.Como en tantos otros ámbitos, la sabia reflexión constitucional de los revolucionarios norteamericanos, que avanzaba tanto los problemas que iba a encontrarse en el futuro el entonces naciente Estado liberal como muchas de sus posibles soluciones, tuvo un claro reflejo en los textos europeos que desbrozaron el camino del constitucionalismo. El primero en el tiempo, el francés de 1791, recogió sin titubeos la garantía esencial de la inamovilidad judicial al afirmar que los jueces no podrían «ser destituidos, a no ser por prevaricación debidamente juzgada, ni suspendidos más que por una acusación admitida». Tan relevante principio se complementaba con la proclamación de lo que hoy conocemos como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: «Ningún mandato ni otras atribuciones o avocaciones que no sean aquellas que se determinen en las leyes, podrá atribuir a los ciudadanos un juez diferente al que la ley les haya asignado» (artículos 2 y 4, capítulo V, sección III, título III). Con una redacción legal más clara y más completa, en la primera de las Constituciones españolas se incluían también el principio y el derecho referidos. El segundo quedaba recogido en el artículo 247 del texto gaditano: «Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por las leyes». En cuanto al principio central de la inamovilidad como garantía de la independencia judicial, la Constitución de 1812 no era menos terminante: «Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada» (artículo 252)10.¿Ha funcionado en España a lo largo de la historia y funciona hoy en nuestro país de forma efectiva el sistema de inamovilidad/independencia judicial como aquel inmejorable instrumento que, en palabras de Alexander Hamilton, podían los gobiernos discurrir para asegurarse la administración serena, recta e imparcial de las leyes? A ambas preguntas, aunque no sólo a ellas, trata de dar respuesta Francisco Sosa Wagner en un libro escrito con el rigor del brillante jurista que sin duda es el autor, la prosa de notable calidad a que sus lectores estamos ya bien acostumbrados y un finísimo sentido del humor que ayuda a entender, mejor si cabe, las peculiaridades de una evolución marcada por multitud de triquiñuelas destinadas a desvirtuar por medio de la ley lo que disponían las Constituciones, convirtiendo de ese modo en mera caricatura lo previsto en estas últimas, a través de un sistema caciquil de favores y prebendas.

    2.- España: dos siglos de politización de la justicia

    No se anda Francisco Sosa con chiquitas, ciertamente, a la hora de emitir un juicio de conjunto sobre la evolución que la independencia judicial tuvo en España desde el alumbramiento del Estado liberal. Y así, aunque ya en el Discurso Preliminar a la Constitución de 181211, texto que proclamó el principio de la inamovilidad de los jueces en los términos aludidos previamente, don Agustín de Argüelles dejaría constancia solemne de que «la absoluta separación e independencia de los jueces», formaba parte esencial de «la sublime teoría de la institución judicial», la realidad de los hechos discurrió por caminos completamente diferentes: «Vamos a ir viendo –escribe nuestro autor– cómo este deseo, formulado en los albores del siglo XIX, no se verá hecho realidad en todo el siglo». ¿Por qué? El detallado recorrido histórico que realiza Sosa Wagner no deja lugar a dudas sobre la correcta respuesta a tal cuestión: porque durante todo el período constitucional previo a la aprobación de la Constitución de 1978 la intromisión del poder ejecutivo en la designación de los magistrados fue tan descarada como insidiosa y permanente. Por eso pudo escribir el jurista Florencio García Goyena a comienzos de la Regencia de Espartero que «casi la mitad de los magistrados y mucha más de la mitad de los jueces fueron lanzados de sus plazas a título de suspensión que se convirtió en cesantía». La depuración de los jueces por motivos políticos, en un país donde las recurrentes mudanzas de Constitución (1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931, más las frustradas de 1856 y 1873) se traducían en constantes cambios de régimen, llevó a la España de los cesantes, los amigos políticos, las recomendaciones generalizadas y las clientelas partidistas como forma de acceso a la función pública, esa que describirá Benito Pérez Galdós de forma magistral en novelas como Miau, La de Bringas o La desheredada. No tiene sobre todo desperdicio el diálogo que en otra novela del mismo autor, Doña Perfecta (1876), esta mantiene con varios personajes del relato, conversación que ilustra de forma insuperable la interinidad de facto a que estaban sujetas todas las autoridades –también las judiciales– en la España de comienzos de la Restauración12. Un poco antes, apenas abierta la segunda mitad del siglo XIX, Juan Bravo Murillo había intentado «acabar con el espectáculo de las cesantías y las colas de pretendientes en los despachos ministeriales», pero nada cambió de forma sustancial, lo que explica que los impulsores de La Gloriosa intentaran después del triunfo revolucionario de 1868 una reforma similar para acabar con una situación en la que la intromisión política en la conformación del poder judicial corría en paralelo a su penuria material, según se expresaba en una exposición elevada entonces al Gobierno y que recoge con acierto Sosa Wagner: «Los tribunales españoles están mal establecidos, su mobiliario suele ser hasta indecente a veces y sus recursos son tan mezquinos que no alcanzaron hace poco tiempo en el Supremo de Justicia para comprar tinteros con destino a las mesas». Intromisión política y falta de medios materiales: nada que no nos resulte, por desgracia, conocido.

    Los vicios que acechaban la independencia de los jueces no fueron siquiera desterrados cuando la norma más importante aprobada en la materia durante todo el siglo XIX –la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870– introdujo, junto con el principio de la responsabilidad de los jueces, un cambio sideral: su selección a través de oposiciones, es decir, con arreglo al principio de mérito y capacidad característico de cualquier orden burocrático moderno. Sosa Wagner, que no se queda en la superficie de las cosas, bucea en la legislación para lograr ver más allá. Más allá, en efecto, porque si ya la citada Ley Orgánica había previsto la posibilidad de destituir a un magistrado por decreto del Gobierno sin más limitación que la de dar audiencia al Consejo de Estado, una Ley Adicional de 1882 permitía al Gobierno cubrir libremente dos tercios de las vacantes judiciales. Se abusó de forma tan desvergonzada de tal posibilidad que, a principios del siglo XX, un decreto del ejecutivo reconocía, en su preámbulo, la distancia entre el sistema de selección objetiva que la ley de 1870 había previsto y la red de trampas que habían convertido la propia ley en «origen de favoritismos, postergaciones injustificadas y desmoralización interna de la judicatura». La realidad seguía siendo muy similar a la inicial cuando tocaba a su fin el siglo XIX, pese a los intentos recurrentes realizados con la intención de corregirla: el poder político hacía mangas y capirotes con los mismos jueces que deberían haber actuado como un elemento de control de sus acciones.

    Nuevos movimientos hacia el cambio marcaron el comienzo del siglo XX, pues, subraya Sosa Wagner, durante su primer tercio se producen avances sustanciales en la funcionarización de los jueces, lo que redundó en la mejora de su capacidad técnica y el aumento de su neutralidad política. De hecho, en 1915, un decreto del Gobierno conservador de Eduardo Dato trató de acabar con la capacidad discrecional del ejecutivo en los nombramientos judiciales. Poco después, durante la dictadura de Primo de Rivera, se crea una Junta Organizadora del Poder Judicial que, formada por jueces y fiscales elegidos corporativamente, asume la trascendental misión de proponer al Gobierno con carácter vinculante normas sobre nombramientos, ascensos y traslados. Pero muy pronto la Junta será sustituida por un Consejo Judicial en el que el Ejecutivo de Primo interviene sin disimulo, de modo que a finales de 1928, ya en sus estertores, la dictadura «se permitió un repaso por el escalafón judicial, dejando un número apreciable de cadáveres insepultos».

    La Segunda República, que cambió tanto tantas cosas, mantuvo, sin embargo, la fuerte inercia histórica de la intromisión gubernativa en la esfera judicial. Francisco Sosa, que recuerda oportunamente que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuya única exigencia profesional consistía en tener la licenciatura en Derecho, era designado para un período de diez años por el presidente de la República española a propuesta de una asamblea formada por diputados y representantes elegidos por jueces y abogados, recoge, además, un testimonio de valor extraordinario: las reflexiones de Manuel Azaña sobre la independencia judicial o, por expresarlo de forma más precisa, la convicción del gran político republicano de que tal cosa no existía: «Yo no creo en la independencia del poder judicial», sostenía Azaña, en cuyas ideas al respecto («Lo que yo digo es que ni el poder judicial, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional […]») es fácil encontrar un eco, por más sorpresa que ello pueda ahora producir a los lectores, de las formuladas por Maximilien de Robespierre cuando justificaba, en octubre de 1790, y ante la Asamblea Nacional, que las dudas sobre las interpretación de las leyes no debería resolverlas el Tribunal de Casación, sino el propio poder legislativo en tanto que legítimo representante de la nación13. «Con este espíritu –escribe Sosa Wagner–, no extraña que las intromisiones en el poder judicial por parte de todos los gobiernos republicanos –de cualquiera de los bienios, y no digamos del Frente Popular– fueran constantes». Ni puede extrañar tampoco, según constata nuestro autor, que el artículo 98 de la Constitución de 1931 («Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales») fuera «infringido alegremente en sonadas ocasiones».El final de esta historia triste de constante confusión entre política y justicia, que desnaturaliza la segunda cuanto más quiere ponerla la primera a su servicio, no podía, claro, ser peor. La Guerra Civil hizo «trizas los escalafones en ambos bandos, cuyas autoridades se dedicaron con celo digno de mayor empeño a limpiarlos de desafectos»; y el franquismo convirtió en hábito que «para el cargo de alcaldes, gobernadores y demás se nombrara a jueces que luego volvían tan tranquilos a su juzgado o se iban directamente al Supremo, lo que ocurría invariablemente con quienes ostentaron el cargo de directores generales de Justicia». Cuando se aprobó en 1978 una nueva Constitución, que era al fin capaz de poner fin al movimiento pendular que había caracterizado un pasado de casi dos centurias, se abrió la posibilidad de romper con una inercia histórica nefasta al servicio de un nuevo tipo de relaciones entre esos dos polos esenciales del Estado democrático de Derecho. La tesis de Sosa Wagner es que «el viento de la democracia ni se llevó tales prácticas ni las convirtió en mustias escorias». La explicación pormenorizada de esa idea constituye sin duda la parte central y de mayor interés de La independencia del juez. ¿Una fábula?, lo que explica que sea en ella en la que me centraré seguidamente, para coincidir en lo esencial con la tesis del autor.

    3.- La razonable solución de 1978 para garantizar la independencia judicial

    Impulsados por un espíritu muy distinto –opuesto, en realidad– al de sus predecesores en los numerosos procesos constituyentes que se celebraron en España entre 1812 y 1931, los diputados y senadores que redactaron la Constitución de 1978 no sólo trataron por todos los medios de aprobar una norma que recogiese aquello que, más lejano o más cercano a sus posiciones e ideología respectivas, consideraban aceptable la inmensa mayoría de los partidos presentes en las Cortes –no otra cosa fue el célebre consenso–, sino que lo hicieron, además, con la decidida voluntad de resolver los principales problemas que nuestro país venía arrastrando desde hacía un siglo, si no más. Entre ellos –y en medio de otros, como los de configurar un Estado descentralizado, asegurar su aconfesionalidad, someter la administración militar a los civiles, configurar un verdadero sistema de libertades y derechos o asentar una monarquía democrática y, por tanto, fuertemente parlamentarizada– figuraba, sin duda, el de la independencia judicial, desafío que las Cortes elegidas en 1977 decidieron resolver recurriendo a dos instrumentos jurídicos de naturaleza bastante diferente. En primer lugar, dejando constancia en la Ley Fundamental de los dos principios esenciales que hasta ahora han venido refiriéndose, los de independencia e inamovilidad, que la Constitución no se limitaba sólo a proclamar solemnemente en el apartado primero de su artículo 117. Y ello porque la propia Ley Fundamental expresaba, por un lado, el contenido esencial de la inamovilidad («Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley»: artículo 117.2) y preveía, por otro, la existencia de un rígido sistema de incompatibilidades dirigido a reforzar, junto a la inamovilidad, la independencia judicial: así, mientras se hallasen en activo, los jueces y magistrados no podrían desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, de modo que la ley establecería el sistema y modalidades para su asociación profesional; además, deberían sujetarse al régimen de incompatibilidades legalmente previsto con la finalidad de asegurar su total independencia (artículo 127). Ante la posibilidad, en todo caso, de que los principios proclamados y los sistemas previstos para hacerlos efectivos no fueran suficientes para lograr el objetivo perseguido, el constituyente dio, ¡ay!, en segundo lugar, un paso más, con una buena fe que no cabe poner en entredicho, pero quizá con una ingenuidad política de similares proporciones. Hablo, claro está, de la creación de un órgano específico destinado a asegurar la independencia de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial.Sosa Wagner, que otorga a la decisión de las Cortes constituyentes de instituir el Consejo la relevancia que sin duda se merece, destaca tres aspectos de la misma de los que no es posible, a mi juicio, discrepar: en primer lugar, la ya apuntada buena fe de las primeras Cortes democráticas, pues nuestros «beneméritos diputados» deseaban sin duda «contribuir a robustecer la separación de los poderes y a garantizar la independencia del poder judicial»; en segundo lugar, el impulso último que determinó su decisión, relacionado sin duda con el pasado franquista y la necesidad de desapoderar al poder ejecutivo «de sus tradicionales competencias en la administración de justicia», para lo que se estimó indispensable la creación de un órgano propio de gobierno del poder judicial, «independiente, libre de toda mácula, dispuesto a inaugurar una nueva era en la asendereada historia española de las relaciones entre los poderes públicos»; y, en fin, la ausencia de un «debate a fondo y general entre los miembros de la ponencia [constitucional] acerca de la criatura a la que estaban dando cuerpo y alma», es decir, de un debate parlamentario riguroso sobre si el Consejo de nueva creación, vista las experiencias comparadas y, de manera muy especial, la del Consiglio Superiore della Magistratura que venía funcionando en la República Italiana, iba a poder cumplir adecuadamente las tareas que con tanta confianza en el futuro se le atribuían.Porque aquí, claro, residiría en gran medida la madre del cordero: la Constitución disponía que el Consejo General del Poder Judicial, «órgano de gobierno del mismo», tendría, entre otras, funciones en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Es decir, y siendo claros, el Consejo desempeñaría un papel fundamental en todo lo relativo a la organización y funcionamiento del poder judicial, algo que, según resultaba fácilmente previsible desde el momento mismo de su creación, tendería inevitablemente a convertirlo en un preciado objeto de deseo para quienes tuvieran la intención de influir en las decisiones de ese poder esencial del Estado democrático. Pero el Consejo, dada su configuración y sus funciones, pasó pronto a ser también una institución fundamental para el futuro desarrollo de la carrera profesional por parte de los miembros de la judicatura, quienes, por razones evidentes, tratarán de establecer buenas relaciones con las diferentes corrientes de opinión en torno a las que se agrupaban los miembros del Consejo, en la medida en que, de tenerlas o no tenerlas, pasaría a depender en no pequeña medida el progreso corporativo de los jueces y magistrados, dadas las importantísimas decisiones que quedaban en manos de los miembros del nuevo órgano de gobierno de los jueces.El legislador constituyente no se limitó, en todo caso, a hacer del Consejo el centro de las más importantes decisiones judiciales no jurisdiccionales, es decir, en la institución judicial de tipo corporativo de mayor relevancia del país, sino que, en un acto que, visto retrospectivamente, resulta sencillamente incomprensible, dejó parcialmente abierta su futura forma de elección. Lo explicaré con sencillez: además de su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, y que elige el propio Consejo, este se compone de veinte miembros: doce de ellos deberán elegirse entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca una ley orgánica; cuatro más se elegirán a propuesta del Congreso de los Diputados y los cuatro restantes a propuesta del Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos de los miembros de cada cámara y entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Parece bastante evidente, a la vista de la redacción del artículo 122.3 de la Constitución, que la intención del constituyente se dirigía a que, de los veinte miembros del Consejo, doce fueran elegidos corporativamente por jueves y magistrados, entre ellos mismos, y los ocho restantes, entre juristas prestigiosos, por una mayoría cualificada de cada una de las dos cámaras de las Cortes Generales.Tal fue, de hecho, la interpretación que se hizo de nuestra Ley Fundamental por la primera norma que desarrolló sus previsiones en este ámbito concreto: la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Pero, tras la estrepitosa derrota de Unión de Centro Democrático, la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español dio lugar a una polémica reforma legislativa que estaría en el origen de un recurso de inconstitucionalidad presentado por Alianza Popular y de un conflicto entre órganos constitucionales que enfrentó a las Cortes Generales y al Consejo General. Y es que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, alteró radicalmente el sistema de elección al disponer que todos los consejeros fueran elegidos por las Cortes, diez de ellos por los tres quintos del Congreso de los Diputados (seis entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocida competencia) y los diez restantes por el Senado, con idéntica mayoría y sistema interno de reparto. Aunque esta nueva interpretación, motivo de profundas polémicas en el mundo político y en la esfera judicial, fue considerada no contraria a la Constitución por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, de 29 de julio, la demostración palpable de la envergadura de la brecha que la falta de acuerdo al respecto había provocado entre los partidos y las asociaciones judiciales que son, de un modo u otro, su trasunto, se puso de relieve cuando, tras un nuevo cambio de mayoría parlamentaria, el procedimiento de elección de los miembros del Consejo fue de nuevo reformado, por la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, para establecer una especie de sistema mixto, que trata de combinar, con mejor o peor fortuna, la propuesta corporativa y la designación parlamentaria de los doce miembros del Consejo a elegir entre jueces y magistrados.

    4.- El Consejo General del Poder Judicial, padre de todas las batallas

    Los arduos enfrentamientos parlamentarios, y en cierto modo judiciales, derivados del radical desacuerdo sobre su forma de elección –los constantes «enredos» al respecto, escribe Sosa Wagner– no fueron, de todos modos, y esto es sin duda lo verdaderamente relevante, más que la punta del iceberg, la parte visible, del conflicto político partidista en que ha vivido inmerso el órgano de gobierno de los jueces desde su nacimiento mismo. ¿Por qué motivo? El propio Sosa Wagner lo explica con una notable claridad, poniendo el dedo en una llaga que conoce todo el mundo que tenga o haya tenido alguna relación con el que es, sin duda, uno de los principales problemas del poder judicial en España: «El busilis (o el quid) de tanto enredo y tanta diligencia partidaria se debía a que el CGPJ –el pleno del mismo– ostentaría muchas atribuciones, pero entre ellas […] la de nombrar, ¡nada menos!, que a los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y “los demás cargos de designación discrecional”. Ítem más: designaría a los miembros no electivos de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Todo ello en condiciones de discrecionalidad y en medio de la mayor opacidad, porque los vocales del pleno juran o prometen guardar secreto sobre las deliberaciones o acuerdos (aunque pueden emitir votos discrepantes)».¿Cuál era la casi irresistible tentación que tal sistema suponía para los partidos que, bien directamente –en las Cortes–, bien indirectamente –a través de las asociaciones judiciales vinculadas a ellos en mayor o menor grado–, iban a participar en el nombramiento de los miembros del Consejo? ¿Cuál el peligro que nacía para la independencia judicial que el Consejo debería asegurar de resultas de esa tentación de las fuerzas políticas fácil de prever, a poco que se conozca la voracidad con que los partidos tratan de colonizar las instituciones del Estado? La primera pregunta queda casi respondida en la formulación de la segunda: la irresistible tentación de los partidos en relación con el Consejo no sería otra que la de hacerse con él mediante el sistema que los italianos, buenos conocedores por propia experiencia de tal perversión de la democracia, denominan lottizzazione, un procedimiento en virtud de cual los partidos se reparten los puestos disponibles en un órgano o en una institución haciendo en él lotes proporcionales a la presencia porcentual que le corresponde a cada fuerza política en el Parlamento. Es decir, los partidos no eligen o designan –desde el Parlamento o, en su caso, desde el Gobierno– a las personas que han de formar parte de un órgano o una institución teniendo en cuenta la trayectoria profesional y personal de los candidatos (sus méritos, profesionalidad, rigor, seriedad, independencia de criterio), sino valorando de forma primordial la cercanía a sus postulados políticos e ideológicos de quienes van a ser designados y su previsible lealtad a la fuerza que en cada caso impulse su candidatura.Demostrando una curiosa capacidad para culminar las degeneraciones del sistema democrático, con el transcurso de los años hemos perfeccionado en España el sistema de lottizzazione al negociar los partidos no ya la composición de un órgano o institución por separado, sino la de varios a la vez (por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o, incluso, el ¡Consejo de Seguridad Nuclear!), lo que ha convertido la elección en lo que el constitucionalista Francisco Rubio Llorente, refiriéndose a una de esas negociaciones de conjunto, calificó en su día, con tanta razón como sentido del humor, y en un artículo publicado en el diario El País el 29 de septiembre de 2001 que no tiene desperdicio, como «la feria de San Miguel». Una comparación la suya –entre la citada feria y la negociación que entonces desarrollaban los partidos– que ofrecía «una buena ocasión para denunciar la progresiva degradación de nuestros usos políticos, tan arraigada ya que, al parecer, sus protagonistas han perdido incluso conciencia de ella […]. De otro modo –explicaba Rubio Llorente– sería imposible que no percibieran el daño atroz que causan a esas instituciones al abordar su renovación con el estilo propio de los tratantes de ganado. Como el intercambio es más fácil cuanto mayor es el número de cabezas, en esta ocasión comenzaron por agrandar la partida a negociar, saltándose a la torera los plazos que la Constitución y la ley establecen para hacer los nombramientos en cada una de ellas. Aunque el ejemplo que se ofrece a los ciudadanos al tratar con ese desenfado las normas jurídicas no es bueno, ni escaso el perjuicio que se causa a las instituciones afectadas, que naturalmente no pueden funcionar normalmente en esa situación de provisionalidad, la consecuencia más perniciosa de esta concentración de nombramientos es la de que con ella se difuminan las características propias de cada una de esas instituciones, que debería ser la perspectiva desde la que se apreciase la adecuación de los respectivos candidatos. Las consideraciones basadas en la preparación, la inteligencia o la integridad de éstos desaparecen o pasan a muy segundo término, y todo queda reducido al regateo entre partidos, a una simple lucha entre rivales políticos, para los que el único factor que cuenta, el único rasgo relevante, es el de las «simpatías» políticas de esos candidatos».

    El triunfo de la Justicia, de Jean-Baptiste Jouvenet

    Nos queda pendiente la respuesta a la segunda de las preguntas antes formuladas, a saber, la relativa a los riesgos que de esa práctica perversa en la forma de designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial se derivan para la independencia judicial. Francisco Sosa nos lo aclara –el gran riesgo es la politización de la justicia– y explica su respuesta con suma claridad: «Siendo esto así, ¿dónde está el problema? ¿Por qué se habla de politización de la justicia, dicho así, sin matices? Pues porque hay […] determinados cargos judiciales a los que se llega por medio de nombramientos en los que intervienen instancias que participan de la sustancia política. Son los de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de salas en ese mismo tribunal, presidentes de la Audiencia Nacional y de sus salas, presidentes de los tribunales superiores de justicia y asimismo de sus salas, y presidentes de audiencias y magistrados de las salas de lo civil y lo criminal competentes para las causas que afectan a los aforados. Con carácter general, salvo parte de los últimos citados, es el Consejo General del Poder Judicial (el pleno del mismo, por mayoría simple […]) el que efectúa los nombramientos y lo hace de forma discrecional y secreta, aunque está obligado a motivar su decisión». Y añade luego, dando pleno sentido a las consideraciones anteriores: «Como es fácil imaginar detrás de cada uno de esos nombramientos, al haber personas concretas, hay inevitablemente pasiones, ambiciones, anhelos y otros sentimientos –buenos unos, deplorables otros–, propios del humano proceder. La consecuencia es que en un sistema político como el que tenemos, que blasona de haber sometido (desde 1978) a control toda la actividad de las administraciones sin dejar resquicio alguno fuera de la mirada de Argos de los jueces, es lógico que cause extrañeza –y aun estupor– el hecho de que el ascenso de un magistrado al cielo del Tribunal Supremo –la culminación de una carrera– delimite un territorio exento en buena medida de ese control, al calificarse tal promoción de discrecional».

    La respuesta del profesor Francisco Sosa me parece incuestionable, aunque yo la completaría explicitando el que considero un decisivo efecto adicional para entender en su totalidad los que produce la politización del Consejo General. Me explicaré. La apropiación partidista del Consejo General del Poder Judicial a través de una práctica constante y descarada de reparto de sus miembros en proporción a la presencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados de las fuerzas políticas que entran a pactar la composición del órgano cada vez que procede su renovación no ha tenido como única consecuencia que los nombrados queden sujetos en mayor o menor grado a una relación de lealtad política con sus patrocinadores como consecuencia de la forma puramente clientelar a través de la cual son designados. Más allá de ello, la conversión final del Consejo en una especie de parlamento judicial provoca además que la tan lógica como legítima ambición de hacer carrera profesional por parte de los miembros del poder judicial dé lugar a lo que en otro lugar he calificado como una politización en cascada de la justicia, pues los jueces saben bien desde que entran a formar parte de la carrera judicial que su futura promoción profesional dependerá de decisiones que tomará un órgano que funciona en la práctica más con arreglo a criterios políticos que profesionales y mas pendiente de la futura lealtad ideológica, e incluso directamente partidista, de los nombrados que de su mérito y capacidad14. Es esa anómala situación la que predispone a muchos jueces, diríamos que obligatoriamente, a ir tejiendo, desde que entran en la carrera judicial, amistades políticas que faciliten su futura promoción, relaciones que en algunos casos pueden acabar transformándose en amistades peligrosas para la independencia con que realizan su función.En suma, la existencia del Consejo no sólo politiza la justicia porque los que llegan a los altos cargos judiciales lo hacen en gran medida por el procedimiento de las lealtades político-partidistas, sino también, y en no menor medida, porque el general conocimiento por parte de los jueces de que la consecución de futuros apoyos entre los miembros del Consejo forma parte del sistema normal de progreso en la carrera judicial determina un sistema de lealtades, y consecuente politización, en cascada. La idea de las Cortes constituyentes de apartar al poder judicial del poder ejecutivo –es decir, de desgubernamentalizarlo– era, sin duda, razonable y coherente con los principios que deben regir el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. Pero esas buenas intenciones no pudieron evitar que la creación del Consejo diese lugar en realidad a una clara politización del sistema de gobierno judicial, controlado por los partidos a través de un Consejo General del Poder Judicial convertido, de hecho, en un parlamento judicial. En realidad, el sistema de gobierno del poder judicial no sólo se politizó por influencia de los partidos, sino que, además, tampoco se logró desgubernamentalizar al Consejo, pues el sistema de cuotas establecido de facto para la elección de sus miembros se tradujo a la postre en que el poder ejecutivo iba a seguir controlando la mayoría de un órgano de gobierno de los jueces que venía a traducir la propia mayoría parlamentario-gubernamental15 existente en el Congreso de los Diputados.Cualquiera que conozca con cierto detalle la historia del Consejo General del Poder Judicial sabe que, tristemente para nuestro sistema democrático y, en concreto, para uno de sus principios esenciales –el de la separación de los poderes del Estado–, las cosas han venido funcionando según las pautas que acaban de apuntarse, lo que desde hace ya algunos años puso, claro, en primer plano, la decisiva cuestión de cómo evitar la indiscutible degeneración de la naturaleza y las funciones del llamado órgano de Gobierno de los jueces al objeto de lograr que acabe respondiendo de verdad a las expectativas que en él pusieron los constituyentes como clave de arco destinado a asegurar una efectiva independencia judicial. Francisco Sosa analiza a ese respecto los pasos positivos que en el camino de la progresiva reducción del margen de discrecionalidad del Consejo a la hora de llevar a cabo sus nombramientos ha supuesto, sobre todo a partir de 2005, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tendente a asentar un sistema en el que aquellos nombramientos deben ajustarse a los méritos y capacidades de los diferentes candidatos propuestos para cubrir los puestos vacantes de que en cada caso se tratase. En una resolución del alto tribunal de 7 de febrero de 2011, que oportunamente cita Sosa Wagner, queda, de hecho, clarísima constancia de los efectos profundamente negativos que el mecanismo de designación político-clientelar estaba provocando incluso en la visión social sobre el funcionamiento de nuestro sistema judicial: «Esta sala no puede dejar de señalar que hoy es una realidad notoria que la administración de justicia es uno de los servicios del Estado peor valorados y que amplios sectores sociales han manifestado su preocupación por considerar que la profesionalidad no es el criterio prioritario que rige en los nombramientos de los altos cargos judiciales decididos por el Consejo General del Poder Judicial. Basta para comprobarlo con acudir a los medios de comunicación, en los que con frecuencia aparecen noticias referidas a valoraciones o quejas de que en los nombramientos prevalecen sobre todo las cuotas y pactos asociativos, y la designación de jueces o magistrados no asociados es un hecho muy excepcional (a pesar de constituir estos un amplio contingente del escalafón judicial)».

    5.- Para salir del embrollo: mejorar el servicio público de la justicia, profesionalizar a sus servidores

    ¿Cómo, a la vista de esta descripción, igual de cruda que veraz, podemos enfrentarnos a una situación que amenaza la confianza social en la imparcialidad de la acción jurisdiccional del Estado, esencial para su funcionamiento como un verdadero Estado de Derecho? ¿Cómo, por expresarlo con el tono literario del autor de la obra que se comenta en este ensayo, «podríamos liberar el palacio que habitan los tribunales de las cadenas que arrastran sus fantasmas»? La respuesta que ofrece Sosa Wagner pivota sobre dos elementos esenciales con los que, por mi parte, no puedo más que coincidir sin ningún tipo de reservas: de un lado, la consideración de la administración de justicia como un servicio público esencial de los modernos Estados sociales de Derecho; de otro, la defensa a ultranza de la profesionalización de los jueces en tanto que llave esencial de su independencia. La primera consideración nos coloca ante la necesidad de mejorar de forma sustancial los medios materiales y humanos de que dispone la administración de justicia para cumplir adecuadamente sus funciones en una sociedad que, como todas las desarrolladas, experimenta una tendencia creciente a la litigiosidad, tendencia esa que somete a dura prueba la capacidad de respuesta de jueces y tribunales. Tal es el motivo por el que Francisco Sosa insiste, con toda la razón, en la urgencia que tiene en la actualidad «avanzar en el mejor funcionamiento del servicio público de la justicia», con la finalidad, entre otras, de que «los ciudadanos se sientan a gusto» y la propia justicia «no esté a la cola de la estimación social». En efecto, «si existen algunos juzgados bien dotados de medios personales y materiales, si las audiencias no acumulan polvorientos legajos en los pasillos, si los tribunales superiores son vistos como piezas de una jurisdicción cercana al ciudadano y sensible a sus angustias, si los recursos se resuelven en plazos medibles por la vida humana y no en plazos geológicos, y lo mismo ocurre con la ejecución de las sentencias (dos cánceres de nuestra justicia), en fin, si quienes se acercan a un juez o a su oficina son tratados dignamente, pues «al que has de castigar con obras no trates mal con palabras» (dice Don Quijote a Sancho), si todo esto ocurre, será un bien para los litigantes y para la sociedad. Porque nos alegra saber que los conflictos tienen un cauce de solución en las manos hábiles de los jueces y que los delincuentes acabarán viviendo largas temporadas al cuidado de las instituciones penitenciarias».Pero el correcto funcionamiento del servicio publico de la justicia no sólo exige, aunque lo exija imperiosamente, mejorar los medios materiales y humanos de los que dispone en España el poder judicial para acometer las misiones que tiene legalmente asignadas y que nuestra Constitución resume a la perfección con la fórmula de ejercer «la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (artículo 117.3). La mejora urgente del sistema jurisdiccional exige también imperiosamente asegurar esa independencia judicial que da título y es motivo esencial de la obra de Francisco Sosa Wagner, quien no tiene tampoco duda alguna respecto de cuál es la regla de oro que puede tendencialmente asegurarla: «Para que exista una justicia independiente es necesario que el juez –individualmente considerado– sea independiente. Y para conseguirlo la receta es clara: pruebas públicas de ingreso, especialización como jurista (mercantil, laboral, menores, contencioso…), carrera asegurada sin sobresaltos ni trampas, trabajo razonablemente valorado, sueldo digno, jubilación asimismo reglada. Dicho de otra forma: un estatuto jurídico del juez regido en todo por el principio de legalidad, alejado de componendas políticas y asociativas». Dado que esa regla es clara y dado, además, y sobre todo, que sobre ella existe sin duda gran consenso entre políticos, jueces y ciudadanos informados, la pregunta subsiguiente es de cajón: ¿qué hacemos, pues, con el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces llamado a asegurar una justicia independiente? Porque, aunque parece claro, como afirma Sosa Wagner, que el sistema de autogobierno judicial a través del Consejo General por el que, para garantizar la independencia judicial, apostaron, con más entusiasmo que profunda reflexión, los constituyentes de 1978, es, en realidad, un «trampantojo», el acuerdo respecto de la eventual necesidad y, en su caso, el grado de profundidad de su reforma es muchísimo menor. Tanto que el debate sobre el futuro del Consejo General del Poder Judicial –o su mantenimiento tal y como ahora existe; o la modificación de su composición, forma de elección y funciones; o su pura y simple supresión mediante la oportuna reforma constitucional– resulta hoy un elemento central de la discusión sobre la necesaria reforma de nuestro sistema judicial. Es verdad que los elementos esenciales de esa reforma son los dos que acaban de citarse (mejora del servicio público de la justicia y efectiva independencia judicial), pero ello no tiene por qué significar, como sostiene Sosa Wagner, que convertir la discusión sobre la reforma del Consejo en «centro neurálgico del problema» sea «lisa y llanamente disparar sobre un objetivo equivocado». Por el contrario, a mi juicio, la naturaleza y el papel constitucional del Consejo General son hoy, mal que nos pese, un asunto capital para la reforma de la justicia en España, como consecuencia sobre todo del proceso de politización en cascada de aquella que el Consejo ha producido, según he destacado previamente. En consecuencia, no parece irrelevante en absoluto la solución que se adopte respecto al mismo. Francisco Sosa apunta las dos posibles alternativas de futuro: bien mantener el Consejo, «aun a sabiendas del carácter forzado de ese invento, una vez afeitadas sus barbas de señor poderoso, si se le priva de la libertad para designar altos cargos», bien suprimirlo y confiar sus atribuciones al presidente del Tribunal Supremo o restituirlas al Ministerio de Justicia, «cuyas decisiones, como ha de actuar sometido al principio de legalidad, siempre serán juzgadas en último término por los tribunales de lo contencioso-administrativo».Ante la evidencia de que el Consejo General del Poder Judicial no puede seguir como hasta ahora, pues las disfuncionalidades que provoca tanto en el funcionamiento del sistema judicial español como en el desarrollo de la carrera de los jueces y magistrados resultan ya decididamente insoportables, la cuestión que se sitúa en primer plano es la de si su reforma podría despolitizarlo hasta privarlo de esa naturaleza de parlamento judicial que hoy lo define. Mi opinión es que no, que el Consejo ha estado partidistamente viciado desde sus orígenes y que si, en cualquier situación, su papel político sería profundamente perturbador para el servicio público de la justicia, lo es mucho más en la que hoy vive España como consecuencia del hecho de que los jueces deben hacer frente al gravísimo desafío de la lucha contra la corrupción vinculada o no a la financiación partidista, desafío al que todo apunta que tendremos que enfrentarnos. no sólo a corto. sino también a medio plazo. Por eso creo que, de las dos opciones posibles que plantea Sosa Wagner, la segunda, con suscitar problemas, es sin duda la mejor o, cuando menos, la menos mala. Para decirlo de una vez: creo que cualquier reforma constitucional que se plantee en España debería tener, entre sus objetivos, la supresión del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones y competencias deberían ser repartidas entre el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia. Ello, entre otras cosas, ayudaría, por añadidura, a evitar la creación de órganos similares al Consejo General en las Comunidades Autónomas, lo que ya intentó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y frustró, con muy buen criterio jurídico, el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, que resolvió el recurso presentado contra la nueva norma estatutaria por noventa y nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Y es que las perversiones provocadas por el Consejo General en nuestro sistema judicial se multiplicarían de forma exponencial si el sistema de consejos autonómicos llegase a generalizarse en el conjunto de las comunidades españolas. ¡Sólo pensarlo da pavor!

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    Como en otras ocasiones –recuerdo el libro El Estado fragmentado. Modelo austrohúngaro y brote de naciones en España, escrito al alimón con su hijo Igor Sosa Mayor–, Francisco Sosa ha escrito una obra que cumple sobradamente dos de las condiciones esenciales de un ensayo indispensable: su valentía y su necesidad. El autor llama a las cosas por su nombre, no se esconde en el a veces abstruso lenguaje del Derecho para huir de la claridad a la hora de destripar la naturaleza de los problemas que quiere analizar y aborda en su último libro un tema capital para el futuro del Estado de Derecho en un país en el que su funcionamiento viene poniendo de manifiesto no pocos problemas desde hace varios años. De hecho, Francisco Sosa dedica en su libro sendos capítulos finales a los problemas de funcionamiento del Ministerio Fiscal y a los planteados por un órgano, el Tribunal Constitucional, que,

    institucional globalmente positivo. Pero el núcleo de su obra se centra en aquello a lo que, por ello mismo, se han referido esencialmente estas reflexiones: en la importancia que para un moderno Estado social y democrático de Derecho tiene la independencia de los jueces y magistrados en nuestro sistema de administración de justicia, un servicio público esencial en la vida diaria de miles de ciudadanos que deben recurrir a ella (en procesos civiles, laborales o contencioso-administrativos) o enfrentarse a ella (en procesos penales), en ocasiones varias veces a lo largo de su vida. Hubo un tiempo en que cuando los juristas hablábamos de los derechos prestacionales típicos del Estado social (o, en otro enfoque político, del Welfare State), nos referíamos a la sanidad, a la educación o a la protección pública frente a situaciones de desamparo individual. Lo cierto es que, a estas alturas, el derecho a la justicia tal y como aparece recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución es también una clara manifestación del carácter social del Estado, un componente básico de su naturaleza prestacional, pues su efectividad exige la existencia de un perfeccionado aparato judicial que pueda hacer efectivo el derecho procesal de todos a obtener la protección de los derechos materiales garantizados en la Constitución y en las leyes. El juez es el protector natural de esos derechos y, por ello, su independencia es la condición sine qua non para que el servicio público de la justicia pueda sanar nuestros padecimientos sociales de forma similar a como el sistema sanitario cura nuestras enfermedades personales. Ni más. Ni menos”

     

    Mil gracias por la lectura y difusión de esta Agenda  de Prensa y no sean cándidos. No crean en las palabras y solo se fíen de los hechos 

     

    Manuel.portelap@gmail.com

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