• Como si se hubieran puesto de acuerdo, todos los Gobiernos europeos intentan reducir el importe de las pensiones futuras, limitar el acceso al sistema público sanitario y controlar el crecimiento de toda clase de gasto corriente, financiero, en personal o de serrvicios. Puede llegar a ser un recorte indiscriminado con tal de que sea rápido. Hay que reducir el ritmo de crecimiento del gasto público para, dicen, preservar el Estado de Bienestar del ciclo económico. Así que, por miedo, se ha impuesto un modelo único de ajuste, de reducción de la deuda, para que la resistencia de los agentes económicos perjudicados por ello sea mínima.

    El protocolo de ejecución es, también, único en toda la UEM. Por ejemplo, el modelo es nítido y visible, cuenta con un rápido respaldo parlamentario y afecta un poco a muchos en vez de un mucho a pocos. Hasta ahora, el ajuste sólo se había aplicado de manera fragmentaria, y dependiendo del equilibrio político nacional y de la resistencia relativa de las fuerzas sociales directamente, o indirectamente, afectadas. De manera generalizada el ajuste sólo se había aplicado cuando las economías del este de Europa quisieron ingresar en el euro y proteger la entrada de inversiones nuevas para modificar el sistema productivo comunista. El Gobierno de Berlusconi, ha sido quien ha conseguido un consenso político transversal suficiente para imponer un ajuste generalizado de prestaciones que afecta a casi todos en casi todo los flujos económicos  procedentes de una devolución socializada de la presión fiscal del sistema.

    Los acreedores de la deuda soberana, institucional y de particulares están demostrando tener suficiente conocimiento del entramado político y del equilibrio económico de los países de la OCDE como para reducir la difencias en soberanía nacional, terminar legalmente de un plumazo con los llamados derechos implícitos a la ciudadanía. Por eso es que el sesgo político de los Gobiernos europeos se ha desplazado tan rápidamente desde la ideología media socialdemócrata hacia la integrada de un el social-liberalismo conservador. Por eso los sistemas fiscales progresivos de redistribución de la riqueza están dejando paso al gasto fiscal a las empresas y a las desgravaciones a la inversión de la clase media. Ante la urgencia de cumplir con el compromiso de pagar lo adeudado, los gobernantes ya están planificando un escenario de elasticidad/ingresos fiscales en los Presupuestos para 2012 que mejor incorpore una subida de tasas e impuestos indirectos reduciendo los directos. Cuanto más rápido sean el cambio fiscal y el recorte del gasto corriente mayor será el apoyo financiero para acelerar la recuperación de la actividad y, con ello,  la devolución de la deuda del capital e intereses. Pero, a la vez, mayor  será la presión para que se negocie la unificación de las políticas económicas anticíclicas y la gobernanza de un Gobierno Federal europeo con un Tesoro  que emitiera eurobonos y que pudiera actuar de contrapeso de la olítica monetaria del BCE. En ese camino de reforma del estado de Bienestar, el motor del cambio está siendo el impulso soberano de Alemania en el plan para impedir que el default griego afecte a la banca privada europea y al control del eurodólar en el mercado global de divisas.

    Imaginen que la asignación de recursos sea indiciada a la productividad relativa y no a la inflación. Supongan qué cosa podría sucederles a sociedades tan subsidiadas como la andaluza, asturiana o extremeña.

    El alcance de este terremoto en la estructura económica italiana ha sido descrito por el corresponsal  del “El País”

    Pills http://www.elpais.com/articulo/economia/Italia/golpea/debiles/reducir/deficit/79000/millones/elpepieco/20110715elpepieco_6/Tes

    «de mannera  indiscriminada, las familias con hijos, los estudiantes universitarios, los inválidos y los niños que reciben ayuda para acceder a las guarderías, entre otros muchos ciudadanos, verán desvanecerse el 5% de las deducciones en 2013 y el 20% a partir de 2014. De esta forma, los italianos aportarán de su bolsillo al erario público 24.000 millones de euros, casi un tercio del total del ajuste. El texto reintroduce además el copago sanitario y lo hace sin piedad; desde el lunes, los italianos tendrán que pagar 10 euros por visitar a un especialista y 25 euros por usar las urgencias que no requieran ingreso hospitalario.. En cuanto a las pensiones, se retocan de forma progresiva las más altas, al reducir con un «fondo de solidaridad» las superiores a 90.000 euros anuales en un 5%, y detraer un 10% a las mayores de 150.000 euros (que las hay). Pero también se retrasa la jubilación anticipada a quienes ya han cotizado 40 años, y desde 2013, y de forma escalonada, se retarda la edad del retiro en tres meses respecto a las vigentes ahora: 65 años para los hombres y 60 para las mujeres”.

    En España, este tipo de cambios en la estructura económica apenas son un indicio del ajuste por venir en las llamadas prestaciones del Estado de Bienestar. Respecto de los funcionarios, se cuenta hoy en “Expansión”

    http://www.expansion.com/2011/07/14/catalunya/1310665573.html

    “el Conseller de Economía Andeu Mas-Colell asegura que después de la reducción del 5% del sueldo de los funcionarios que se llevó a cabo en 2010, lo que se está planteando son ajustes marginales como alargar 15 minutos algunas jornadas laborales. Otra de las opciones sería reducir el tiempo de trabajo diario, recortando también los días de vacaciones. El Consejero de Economía ha asegurado que se trata de un «llamamiento a la cooperación solidaria dentro del sector público, porque más vale que lo hagamos minimizando las medidas más dolorosas y distribuyendo el dolor».

    Respecto de las Order pensiones públicas, la periodista Lucía Abellán resumía las cifras del sistema público de pensiones

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Congreso/avala/retrasar/67/anos/jubilacion/elpepiesp/20101217elpepinac_4/Tes

    “Número de pensiones. En los últimos diez años se han incorporado un millón de pensionistas más al sistema como consecuencia del envejecimiento de la población española y del aumento de la esperanza de vida. De los 7.649.000 de pensiones que había en el año 2000 se ha pasado a 8.614.000 a finales de 2009.

    –         Gasto. El gasto en pensiones ha subido en los últimos diez años hasta alcanzar el 9% del PIB. Además de que hay un millón de personas más que antes entre los beneficiarios, la pensión media ha subido, y ha pasado de 471 euros en el año 2000 a 761 euros en 2009, lo que significa un incremento superior al 60%, muy por encima del aumento del IPC en este periodo”.

    http://hattrix.co.uk/how-much-nexium-can-i-give-my-baby/

    Respecto del final anunciado de las subvenciones generalizadas a los perjudicados por la depresión, se decía en el digital “Diario Abierto”

    http://www.diarioabierto.es/43951/el-gobierno-estudiara-si-prorroga-la-ayuda-de-los-400-euros

    “El Gobierno va a estudiar a petición de los sindicatos la prórroga otros seis meses de la ayuda de 400 euros para los parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones. Este programa de ayudas finaliza el 16 de agosto” La ayuda de 400 euros destinada a los parados de larga duración que hayan agotado las prestaciones está vinculada a la formación y sustituyó al llamado Prodi de 426 euros mensuales destinado a desempleados que habían agotado el subsidio.. La intención de los sindicatos pasa  por sprorrogar los 400 euros por lo menos hasta el próximo febrero dada la situación del paro y el agotamiento de las prestaciones contributivas”.

    Y respecto de la sanidad pública generalizada y gratuita, cuanto mayor es la calidad y extensión del servicio, mayor será el sacrificio exigido por los acreedores del peso de la deuda.

    online

    http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Objetivo/salvar/sanidad/publica/elpepisoc/20110630elpepisoc_1/Tes

    “La sanidad pública, accesible y de calidad, es uno de los mejores indicadores del Estado de bienestar español. Su cobertura casi universal y los buenos resultados hacen que esos elogios no se queden solo en el papel: es también uno de los servicios mejor valorados por los ciudadanos. La realidad de las cuentas, sin embargo, ofrece una imagen distinta; la de una sanidad pública con una deuda que los expertos cifran en unos 11.000 millones de euros. Es un déficit crónico que las autonomías -responsables de su gestión- tratan de atajar. Una inyección de fondos que solventase ese agujero (algo que se ha hecho otras veces) es prácticamente inviable en esta época de estrecheces, con lo que el margen de maniobra es escaso a corto plazo»

    La experiencia de la asistencia médica en poblaciones con tendencia al envejecimiento enseña que “el gasto que el gasto farmacéutico siempre ha crecido por encima de los ritmos de la demografía, inflación y economía”.

    Los Gobiernos afectados por ello en las cuentas públicas han intentado manejar la situación de diversas  maneras. Los más arriesgados han limitado el ritmo de crecimiento de la calidad de las prestaciones sanitarias. Quizás hayan sido los mejor parados, porque han provocado la emigración de enfermos “complejos” a otras Autonomías evitando así el gasto propio. Hay quienes han aplicado medidas de control interno que han derivado en una guerra permanente de “trincheras” con la industria farmacéutica. Las cifras dicen que siempre se ha producido el mismo efecto: frenazo del gasto durante un corto plazo de tiempo después de la aplicación de una medida de control y repunte superior a continuación. En unos casos hay reducción en el número de recetas pero aumenta la factura de cada una de ellas; en otras ocasiones, aumenta tanto el número de recetas como el gasto medio de cada una de ellas.

    Y, por último, están los políticos que han establecido el “copago” (Alemania, Francia o Suecia). Para intentarlo, en España en plan depresión con tanto desempleo de larga duración, frente a tanto salario garantizado para los 8 millones de jubilados y los 3,5 millones de funcionarios hace falta que coincida la voluntad y el calendario político. El copago dice que nada cambiará si no se limita la demanda, puesto que el gasto en la “farmacia gratuita para el ciudadano” crece rápidamente por tres razones independientes de las intenciones de los gestores. Unas son estructurales: la inercia del sistema, el envejecimiento de la población y la extensión del aseguramiento público. Otras razones son: siempre que se anuncia una reforma que afecta a sus ingresos, todos los intermediarios “adelantan” la facturación de recetas. Y las últimas son de gestión: el medicamento suple la insuficiencia en la atención personalizada de la asistencia sanitaria; la estrategia de las farmacéuticas se basa en sustituir productos por otros más caros a los que se han incorporado ligeras y prescindibles modificaciones de su calidad y en impedir la venta de unidosis. Todo ello hace que los Gobiernos Autonómicos ahora y el Gobierno central luego, tengan que aprobar rápidamente el copago generalizado y el escaso corte respecto del ingreso IRPF a 10 euros la visita en Ambulatorio y 30 euros en especialista. Y eso antes de noviembre para los Gobiernos Autonómicos  y antes de marzo para el Gobierno Central.

    Gracias por la lectura y difusión de esta Agenda de Prensa.

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