• La Generalitat de Catalunya, hoy día en poder de CiU está cumpliendo, por fin, su proyecto de iniciar el proceso hacia la independencia, hacia la petición a la UE de ingreso, como nuevo país miembro de la Unión. Algo de ello, aunque en tono de burla decía Xavier Rubert de Ventós en una opinión que publicaba La Vanguardia del sábado pasado en la que decía “Según este guión, no se trata de empezar por lo más emocionante, sino por lo que a priori suscita mayor acuerdo en Catalunya: eso del pacto fiscal, por ejemplo. Un concierto económico que tanto si “sale bien” como si “sale mal” puede tener efectos beneficiosos. Si sale bien (como es poco probable) y Madrid acepta el reto, porque cargará nuestras arcas y nos dará medios económicos para enfrentar a la vez la crisis fiscal y la construcción estatal de Catalunya… Y si sale mal, si Madrid se resiste, servirá para cargar definitivamente de razones nuestro independentismo. Como dice Terricabras, “el rechazo habrá servido entonces ´pedagógicamente´ para que, de aquí a cuatro años, el independentismo tenga más munición”… y menos lastre”. El proceso cuenta con dificultades en forma de barreras de entrada entre las cuales la principal es el momentum elegido. La Generalitat de Catalunya aprobará este viernes su plan de viabilidad para controlar la deuda y controlar el déficit. El documento se remitirá el lunes al Gobierno Central añadiéndose así al terremoto mediático que provocará la publicación, el viernes, de la EPA correspondiente al último trimestre del año que arrojara, previsiblemente un incremento en la tasa de paro existente al cierre de 2010. Lentamente los dos gobiernos, el del Estado y el de la Generalitat van a verse obligados por los mercados de acreedores a eliminar las subvenciones al funcionamiento del Estado de Bienestar. La Comunidad Murciana ya no puede mantener las prestaciones gratuitas de la Sanidad Pública, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares han tenido que emitir bonos al 4,75% anual para garantizar el pago a proveedores farmacéuticos. En Catalunya se anuncia un ejercicio de ingeniería financiera y organizativa para no poner en peligro el carácter universal del servicio: “no todos los hospitales lo harán todo. Los usuarios deberán desplazarse a un centro que no es el más cercano a su casa”. Ningún gobierno quiere iniciar la aplicación del copago en la antesala de las elecciones locales y autonómicas. Ni Esperanza Aguirre ni José Antonio Griñán quieren dar el primer paso hacia el copago. Pero tendrán que hacerlo y pronto si no quieren que disminuya el rating de la emisión de deuda. Lo mismo pasa con la enseñanza universitaria cuyas tasas tendrán que aumentar ya para poder cubrir el gasto corriente del servicio. Y de esa subida del precio de las matriculas de los hijos de la clase media española ningún gobierno quiere saber nada, ni Esperanza Aguirre ni Artur Mas, ni Camps ni Guillermo Fernández Vara. ¿Ustedes creen que algunos de los Gobiernos Autonómicos van a querer anunciar subidas de los impuestos antes de la primavera?. Ni siquiera Esperanza Aguirre, ni si quiera Jordi Hereu. Los delirios de grandeza van a terminarse cuando el tanto el Gobierno Central como los Autonómicos tengan que revisar a la baja el gasto de los presupuestos vigentes de 2011. Los acreedores exigirán una auditoría de las cuentas 2010. Una auditoría que no será a cargo del IGAE Ustedes ¿qué creen que pasará con el delirio de Fraga en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela? Saben cuantos museos locales de Arte Contemporáneo se han creado?. ¿Saben cuantas Universidades nuevas? ¿Saben cuantos aeropuertos nuevos ha construido AENA en cada provincia?. Ahí tienen el de León, o las concesiones para los privados de Ciudad Real y Castellón. Y luego está el AVE para cada pueblo. Se saben cuantas Oficinas de Representación en Bruselas tienen las Comunidades Autónomas?: las tienen Catalunya, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Castilla-León, Canarias y Baleares.  La cuestión es ¿qué hacer con el gasto corriente presupuestado para este año?. Hay quien, como el Ministro de Fomento  que todavía habla de una reforma del sistema aeronáutico, del transporte marítimo, ferroviario y por carretera que tardará en completarse toda una década. Es decir, para cuando él ya no esté, para cuando el PSOE no tenga que gestionar el Presupuesto.

    El Consejo de Ministros del viernes aprobará una perdida más del status del Estado de Bienestar: la reforma del sistema público de pensiones que será tanto más doloroso cuanto mayor sea el número de trabajadores afectados. Hay 400.000 personas que no tienen 35 años cotizados y hay decenas de miles que nunca llegarán a tener 39-41 años que podría exigir la reforma de la ley que se aprobará el viernes que viene. Para los pensionistas habrá más daño si es que el Gobierno revisa la indización y consolidación de la revisión anual de las pensiones. La viabilidad del futuro del sistema público de pensiones se basará, tal como quería el profesor José Barea en las siguientes medidas: 

    • Alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años.
    • La base reguladora para calcular la pensión se extendería a todo el periodo contributivo.
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    • El porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados.
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    • Todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva.
    • Supresión de las jubilaciones anticipadas.

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    José Barea fue el cancerbero del gasto público cuando Aznar gobernaba. Y demostró ser un buen gestor de las cuentas consiguiendo la entrada de España en el euro y, posteriormente diseñando y haciendo aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Para evitar que se queden con la idea de que las medidas que propone Barea son inevitables a continuación les recomendamos la lectura de un lote de opiniones de diversos economistas, periodistas y políticos que analizan la reforma que propondrá la alianza PSOE-CiU-PNV al Congreso sobre la reforma de la edad de la jubilación. 

     

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