• Noticias maquetadas 28.10.2010

    Libro blanco sobre la mediación en Catalunya MEDIADOR: Un complemento de la justiciaLa sociedad catalana desarrolla una alternativa

    JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona  – 28/10/2010

    TOTAL MEDIACIONES 141.602 Personas mediadas 154.384 % sobre población 2%

    Datos Si un alumno sufre una agresión en clase, si a un cliente le venden un producto que considera defectuoso, si un trabajador es despedido, si un internauta compra una litografía por internet y no la recibe…, el caso puede acabar en el juzgado. Tardará meses, quizás años, en resolverse y probablemente quedará insatisfecho. Pero hay otra alternativa: buscar una mediación e intentar un acuerdo aceptable para las dos partes.

    Lo que hace unos años parecía una fórmula voluntariosa se ha convertido en una práctica habitual. Los mediadores, con o mayor o menor grado de regulación, intervienen en todo tipo de casos, desde separaciones hasta reclamaciones por consumo, conflictos en las redes, problemas en barrios o escuelas, polémicas por una mezquitas o una fábrica contaminante. El libro blanco de la mediación en Catalunya, que ayer presentó la consellera de Justícia, Montserrat Tura, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, indica que sólo en el año 2008, el del estudio, se llevaron a cabo 141.602 mediaciones, que implicaron a algo más del 2% de la población catalana.

    El voluminoso trabajo, que han llevado a cabo dieciséis equipos multidisciplinares dirigidos por Pompeu Casanovas, Jaume Magre y Elena Lauroba, llega a la conclusión de que las mediaciones «complementan» al sistema estatal de la administración de justicia. Casanovas, coordinador del proyecto, explicó ayer que en los últimos años Catalunya ha vivido un cambio demográfico muy relevante, con la llegada de más de un millón de inmigrantes, lo que ha acentuado la complejidad de la convivencia social. Por cada cien habitantes hay 18,26 asuntos que llegan a los órganos judiciales, eso supone que uno de cada cinco catalanes está inmerso en algún litigio. Aunque hubiese un salto numérico importante en la administración de la justicia, probablemente tampoco sería suficiente para desatascar el sistema judicial (en el 2010 se llegará a un millón y medio de asuntos ingresados en la justicia ordinaria).

    Pompeu Casanovas reconoce que existe una «cierta saturación del modelo judicial, que la sociedad ve como un sistema largo, costoso e incierto, y se buscan otras alternativas para la resolución de conflictos».

    El libro blanco – un trabajo de más de dos años y un millar de páginas, que ha contado con el apoyo económico de la Obra Social de La Caixa-descubre la expansión de la figura del mediador en muy en poco tiempo y su amplia aceptación en determinados sectores.

    Así, concluye que la mayoría de las grandes empresas conoce los sistemas de mediación (con más efecto según tengan más trabajadores y más años de existencia), y que en un año hubo hasta 47.699 mediaciones laborales. Otro ámbito donde se han extendido es en el de consumo (más de 30.000 mediaciones según los protocolos de la Agència Catalana de Consum por los 113 organismos encargados de regular las reclamaciones entre consumidores y empresas o entre proveedores y empresas.

    Telefonía / internet, compras y transporte aéreo acaparan el 68 de las reclamaciones.

    Maria Munné, coordinadora del equipo de mediación comunitaria y profesora de la Universitat Pompeu Fabra, ha analizado el importante papel de los entes locales. Desde el primer servicio de mediación conocido, el del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat en 1996, que dirigía Javier Jiménez, se ha pasado a la situación actual con 17 consejos comarcales y 56 grandes ayuntamientos que cuentan con servicios propios de mediación. Sólo en Reus se atendieron 6.158 casos en un año y unos tres mil por parte del Consell Comarcal del Alt Empordà. Esos servicios gratuitos han permitid atender en primer lugar conflictos vecinales, pero también, y cada vez en mayor número, conflictos por los espacios públicos (problemas en las plazas con los perros o los niños; oposición a las iglesias de culto y las ubicaciones de fábricas o supermercados, discusiones por las basuras, etcétera). Munné señala el incremento reciente de cuestiones relacionadas con la violencia juvenil. También destaca el programa de cobertura a 80 municipios desarrollado por la Diputación de Barcelona, que ha permitido homogeneizar los protocolos y formar mediadores (en su mayoría han seguido un posgrado o máster en mediación comunitaria). Ciudades como l´Hospitalet tienen 10 mediadores y Badalona, 6.

    «En términos globales – se dice en el estudio-existe una clara disonancia entre el importante número de mediaciones y la situación en la que está esta institución». Catalunya ha sido pionera en la regulación, primero con la creación del Centre de Mediació Familiar, a partir de la ley del 2001, y luego con la ley de mediación en el ámbito del derecho privado, en el 2009. Pero aun así se requiere un mayor desarrollo de reglamentos y normativas y el impulso de códigos de buenas prácticas y protocolos concretos.

    Ahora un 34% de los grandes ayuntamientos y un 36% de los consejos comarcales declaran tener protocolos de mediación. También dicen tenerlo el 56% de los CAP y hospitales. Y además está el Tribunal Laboral de Catalunya, las agencias autonómicas de consumo y los consorcios mixtos en mediaciones familiares, escolares, sanitarias, medioambientales y penales. Todo ello dibuja un escenario donde se percibe que es el dinero público el que lo sostiene en gran parte. Y el estudio plantea el temor a la incidencia que pueda tener la crisis.

    No es fácil contabilizar tampoco el número de mediadores. Si se descuentan los escolares, no llegan al millar. En cuanto a su perfil, predominan los abogados por delante de los psicólogos, y el resto proviene del campo educativo o de servicios sociales. Muy pocos desarrollan su labor en exclusiva. Las tres cuartas partes son mujeres y un 83% tiene estudios universitarios. En cuanto a las mediaciones, se calcula que requieren una media de dos a tres sesiones y la duración media es inferior a tres meses. El porcentaje de acuerdos es superior al 75% y en otro 16% de los casos se considera que ha sido productiva.

    Y un dato relevante: si el 20% de los casos de la jurisdicción civil se llevase a la mediación podrían ahorrarse unos 4 millones de euros anuales, sin tener en cuenta el valor de la reducción drástica del tiempo de espera.

     

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