• Noticias maquetadas 26.10.2010

    MERCEDES GÓMEZ / Madrid

    Blanco ‘rescata’ a las autopistas de la ruina
    online Fomento inyectará 200 millones a las sociedades al borde de la quiebra por el fiasco de las radiales

    En un intento de aplacar al sector de la construcción por el drástico recorte en la inversión en obra pública, el Ministerio de Fomento ha decidido echar un cable a las empresas que participan en el grupo de autopistas de peaje al borde de la quiebra.

    El Gobierno ultima una inyección de capital de 200 millones de euros para esas concesiones, según anunció ayer la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, en unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Esta inyección, sin embargo, era un compromiso adquirido por el propio ministro José Blanco con las concesionarias para 2010 y que ahora ha decidido desbloquear.

    Este apoyo a las autopistas de pago se articulará mediante créditos participativos. Esto es, no representará más gasto público ni computará en déficit. Las concesionarias tendrán que devolver los importes consignados, aunque en condiciones ventajosas. Contarán con tres años de carencia, un tipo de interés del 1,75% y un plazo de amortización equivalente al periodo que reste de la concesión, con un máximo de 50 años.

    Los créditos participativos se dirigen principalmente a las autopistas radiales de Madrid y a las que unen Madrid y Toledo, Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera.

    Con estos préstamos, Fomento busca ayudar a las vías a recomponer su equilibrio económico-financiero y eludir el riesgo de quiebra que afrontan por el hecho de que el coste de las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron se encareciera en hasta un 200% respecto a las estimaciones iniciales.

    La autopista radial R-2 Madrid-Guadalajara, participada por Abertis y ACS, es la primera vía en la que Fomento está a punto de conceder el primero de estos préstamos, según indicó la alto cargo de Fomento a Europa Press.

    Para el próximo ejercicio, el Ejecutivo también quiere establecer mecanismos para que estas sociedades puedan mantener la explotación de estas vías de peaje y que el Estado no se vea forzado a acudir en su rescate. Además de los sobrecostes de las expropiaciones, el volumen de usuarios de estas vías se han quedado muy por debajo de las previsiones con las que se sacaron a concurso durante el Gobierno de José María Aznar.

    De hecho, el PSOE registró ayer una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 con la que el Gobierno se compromete a establecer los «mecanismos necesarios» para compensar a las empresas concesionarias, informa Europa Press.

    El texto de la enmienda justifica estas medidas, que no se cuantifican, para atender aquellos casos en los que «por motivos de movilidad y seguridad vial» sea necesaria la rebaja de peajes a los usuarios por la utilización de esas vías.

    No obstante, Fomento, en sus presupuestos para 2011, contempla 135 millones de euros en créditos participativos para resarcir a las constructoras por los sobrecostes de las expropiaciones. Por su parte, ASETA, la patronal de las concesionarias de autopistas, estima que esa cantidad debería elevarse a 800 millones para cubrir esos sobrecostes.

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    Precisamente, las patronales de la construcción consideran que la situación de insolvencia de las últimas autopistas de pago licitadas es uno de los factores de inseguridad jurídica que disuadirá a la banca a la hora de financiar los proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras -valorado en 17.000 millones de euros- con el que Fomento quiere compensar el recorte en obra pública.

    Ayer mismo, Rodríguez-Piñero advirtió al sector de que la financiación privada tendrá cada vez más peso en la construcción de infraestructuras de transporte en España, ante el descenso de los presupuestos públicos. «El sistema de financiación mediante colaboración público-privada ha venido para quedarse», indicó en un intento de calmar a las empresas ante la cancelación y la reprogramación de obras que se está negociando.

    En un cambio de 180 grados en el discurso que hasta ahora había mantenido el Gobierno, la alto cargo de Fomento defendió que la colaboración con capital privado permite una financiación «más justa» de las infraestructuras, dado que se costean a lo largo de su vida útil, y no sólo por una generación a través de impuestos.

    Rodríguez-Piñero también adelantó que el ministerio ultima una norma ministerial para reducir el coste de ejecución de las infraestructuras en un 22%. La denominada Orden Ministerial de Eficiencia se aplicará a las obras en proyecto y a las programadas, pero también a aquellas actualmente en construcción que lo permitan por el grado de ejecución que presenten.

    Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende controlar los modificados – revisión de los presupuestos del proyecto al alza- y ganar en eficiencia dentro del plan de austeridad.

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