• Noticias maquetadas 25.10.2010

    > LA CAÍDA DE MARSANS

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    Tras la pista de los bienes de Díaz Ferrán

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    Los acreedores de los mil millones que debe el presidente de CEOE siguen su rastro en España, Irlanda y Argentina.

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    Por M. Recuero

    El nombre de Gerardo Díaz Ferrán tiene colapsados los juzgados de lo Mercantil de Madrid. El 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 11 y el 12. Hasta nueve. Incluso el de instrucción número 35 de Primera Instancia. El aún presidente de la CEOE tiene abiertas 16 causas por la situación de quiebra en la que se encuentran sus empresas. Hasta sus dos sociedades patrimoniales -Inversiones Grudisan y Holdisan Inversiones- y él mismo, como persona jurídica.

    El empresario y su socio Gonzalo Pascual deben cerca de 1.000 millones de euros a cientos de acreedores. Aparentemente, no tienen bienes con los que hacer frente a esa deuda millonaria. Sin embargo, los impagados están tirando hasta de despachos de abogados especializados en el cobro de morosos para encontrar cualquier resquicio patrimonial que se les pueda embargar.

    Y es que ante la falta de financiación para pagar a sus clientes, Díaz Ferrán y Pascual firmaron pagarés avalados con su propio patrimonio, según confirmaron a este diario directivos de grupos hoteleros españoles. En esa investigación jurídico-económica sobre el crédito, la solvencia o la responsabilidad patrimonial de ambos empresarios, los acreedores descubrieron fincas que tienen en España.

    Así, Díaz Ferrán tiene una finca heredada de su familia en Los Molinos, en la sierra de Guadarrama de Madrid, que ocupa 4.882 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad. Está distribuida entre una casa-hotel, la vivienda para el guarda, un garaje de 40 metros cuadrados y un jardín. El presidente de la CEOE comparte la titularidad con dos hermanos. En la actualidad, un acreedor solicitó el embargo de esta propiedad.

    También es propietario de otra finca en Toledo, conocida con el nombre de El Alamín. Inicialmente, tenía 4.000 hectáreas, pero vendió parte y se quedó con 1.500, según confirmaron fuentes del entorno del empresario madrileño.

    Gonzalo Pascual, por su parte, dispone de una finca en Navahermosa (Toledo), llamada El Sauceral, en una superficie de 523 hectáreas, según el Registro de la Propiedad. La titularidad la comparte con su esposa. A diferencia de Díaz Ferrán, Pascual tiene tres hipotecas de esta finca. En la actualidad, está embargada, de manera preventiva. Fuentes cercanas a Pascual apuntaron que el empresario tiene también tres parcelas en Argentina.

    Los acreedores rastrean sin piedad la pista best online casino de los bienes que les quedan al presidente de la CEOE y a su socio. Precisamente, hace 27 días NH Hoteles instó a concurso necesario a Díaz Ferrán como persona jurídica. El pasado martes, el empresario solicitó al juez los cuatro meses que contempla la Ley Concursal para intentar negociar la deuda que debe a esta compañía.

    En los últimos 10 años, Díaz Ferrán y Pascual realizaron tres operaciones financieras que les beneficiaron. Primera, la compra de Aerolíneas Argentinas, en 2001, por la que recibieron financiación de la Sepi. El Grupo Marsans, del que ambos eran dueños, se quedó con la aerolínea cuando ésta estaba en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 600 millones de euros. La compra coincidió con el famoso corralito argentino y la devaluación del peso.

    Segunda, la venta de Pullmantur a la compañía de cruceros estadounidense Royal Caribbean por 700 millones de euros, en 2006. Marsans se quedó con la división aérea de la empresa, Pullmantur Air, con una participación del 51%.

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    Y tercera, el contrato de 68 aviones que el grupo firmó con Airbus ese mismo año. Precisamente, entonces, ambos empresarios constituyeron la sociedad Astra, filial de Marsans para el leasing de los aviones. Su sede social estaba en Irlanda, país considerado como el paraíso fiscal de la aviación.

    El citado contrato contemplaba, entre otras cláusulas, una bonificación de más de siete millones de euros para Marsans, en concepto de ayuda por cada avión para adaptar la compañía al cambio de flota.

    Durante los últimos cuatro años, Díaz Ferrán y Pascual incumplieron el reglamento del Registro Mercantil que obliga a los administradores de una sociedad a formular en tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales de una empresa. Según los datos del Registro Mercantil, ambos empresarios tardaban entre siete y 10 meses en presentar las cuentas de algunas de sus empresas. Ahora le toca investigar a la Justicia.

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