• Noticias maquetadas 28.09.2010

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    Carlos Segovia

    La economía sumergida mueve 1 de cada 4 euros.

     

    Las transacciones en ‘dinero negro’ en España superan ya los 250.000 millones.

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    Los españoles mueven 250.000 millones de euros en la economía sumergida a estas alturas del siglo XXI en un fenómeno que, además, es creciente. El Círculo de Empresarios difundió ayer un informe que estima que entre un 19,5 y un 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de España escapa al control del Estado.

    «Parece haberse agudizado en los últimos tres años como consecuencia de la mala coyuntura que atraviesa nuestro país», afirmó el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada. El informe se apoya, entre otros aspectos, en una estimación del profesor Friedrich Schneider, que sitúa la economía sumergida de España como la tercera más importante en el grupo de países más industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sólo por debajo de Italia y de Grecia. Boada presentó ayer la XXVI edición del llamado Libro Marrón del Círculo de Empresarios consagrado esta vez a las Implicaciones de la economía sumergida en España.

    Lo prologa la ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide. Ésta, al igual que Boada, admitió que «es probable que gracias a la economía sumergida no hay actualmente más gente en la calle, porque cinco millones de parados son muchos millones».

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    Para Alcaide, el fenómeno «puede ser llevadero como algo muy coyuntural, pero se instala de forma estructural como está ocurriendo en España, es un fracaso del sistema económico y social y de la moral del país».

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    El informe se compone de diversos capítulos sobre la forma de medir la economía sumergida y sus implicaciones. El primero de ellos, que ha sido elaborado por el director ejecutivo y la analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Pablo Vázquez y Brindusa Anghel, respectivamente, resalta que «España es uno de los países que ha registrado un crecimiento sustancial de la economía sumergida».

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    No obstante, resaltan que, al menos hasta 2009, la economía sumergida de España no había aún superado el 22% del PIB que sí registró en los años 1994 y 1995 cuando la anterior recesión. En su opinión, el Gobierno debe intentar reducir esta parte oscura de la economía nacional actuando «en las rentas de alquileres no declarados, la compraventa de inmuebles o la adquisición de coches de lujo». El informe estima que «una vigilancia más cercana o el aumento de las multas por infracciones legales en este tipo de transacciones podrían reducir significativamente el amaño de la economía informal en España». «Un mercado laboral más flexible y la reducción de la excesiva burocracia» también contribuirían, en su opinión.

    Alcaide resaltó que los protagonistas del fraude resultan perjudicados a la larga. Los trabajadores estarán desprotegidos y sin derecho a la pensión que les correspondería. Y las empresas, no podrán consolidarse al no tener acceso a créditos de los bancos y cajas de ahorros.

    Carlos Manuel Moyano, presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo, sostiene que «la crisis económica ha favorecido el florecimiento de la economía informal, irregular o sumergida, dando lugar a la reaparición o sustancial incremento de conductas infractoras referidas al incumplimiento de obligaciones básicas». Cita entre ellas, «la inscripción de empresas, afiliación y alta de trabajadores y disfunciones en la cotización a la Seguridad Social, el aumento de falsos autónomos y el repunte de la utilización fraudulenta de las modalidades de contratación temporal, así como la compatibilización de prestaciones de desempleo o Seguridad Social con el trabajo por cuenta ajena o propia».

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