• Noticias maquetadas 27.09.2010

    Las agencias de calificacion crediticia bajo control.

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    Alvaro Saavedra

    Purchase En el punto de mira. Aunque en muchas ocasiones se trata de empresas centenarias, las agencias de calificación crediticia (o agencias de ráting) han empezado a resultar familiares para el ciudadano de a pie en estos tiempos de crisis económica. Su trabajo consiste básicamente en valorar la capacidad de pago de los países, instituciones públicas y privadas, y los riesgos de proyectos o finanzas estructuradas.

    Tres empresas privadas americanas copan casi el 90% de este negocio y han demostrado sus carencias en los primeros estadios de la crisis financiera actual, y para aquellos que conservamos memoria histórica, ya con anterioridad, en casos como Enron o Parmalat.

    Estas mismas empresas reconocían en el Comité de Supervisión de Estados Unidos de octubre de 2008 (US Government Oversight and Reform Committee) no haber sido capaces de anticipar la velocidad y el deterioro de los bonos respaldados por hipotecas en la famosa crisis subprime.

    No obstante, por encima de su grado de fallos o de aciertos, su influencia en los mercados está fuera de toda duda, y sus decisiones siguen teniendo el poder de desestabilizar una economía nacional, siendo precisamente esta capacidad de influencia en las decisiones de los países, uno de los argumentos mas utilizados por aquellos Estados (Italia, Grecia, Portugal, Francia, Malta y España) proclives a endurecer el control sobre las agencias de ráting, frente a la postura más blanda de los que consideraban que se trataba de una intromisión excesiva en los mercados financieros (Reino Unido, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca).

    Un nuevo entorno regulatorio. Como resultado de la crisis crediticia emergió un fuerte consenso a nivel mundial sobre la necesidad de regular a las agencias. Este consenso fue recogido en la declaración del G-20 del 2 de abril del 2009, por la que se recomendaba que las iniciativas legislativas debían respetar cuatro pilares básicos: (i) calidad e integridad del proceso de calificación; (ii) independencia y conflictos de interés; (iii) transparencia y oportunidad en la comunicación de la calificación, y (iv) utilización de la información confidencial (IOSCO 2003).

    Actualmente existen procesos regulatorios en la Unión Europea, Japón y Australia con diferentes grados de implementación. En Estados Unidos, (también en México), las iniciativas de regulación empezaron antes de la crisis con un código de conducta en septiembre de 2006, y normas de registro y control en junio de 2007.

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    En la UE, el 16 de septiembre de 2009 se aprobó un reglamento en el que se determinan las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión.

    La implementación en España. La adaptación de la normativa europea a España supondrá la reforma de cuatro normas financieras, entre ellas la Ley del Mercado de Valores, para incluir a las agencias de ráting bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a partir del año 2011, para lo que se creará un registro de entidades establecidas en España. Tras la reforma, la CNMV supervisará a todas las personas que participen directa o indirectamente en las actividades de calificación.

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    La futura norma permitirá a la CNMV sancionar a las agencias que incumplan sus obligaciones de información, así como la falta de colaboración ante actuaciones de supervisión.

    La fase de consulta de este Anteproyecto de Ley finalizó el pasado 6 de septiembre, pasando al Consejo de Ministros para su aprobación, que a su vez deberá remitirlo al Congreso para tramitación parlamentaria.

    Consideraciones finales… Quienes participamos directamente en el sector financiero confiamos que este esfuerzo regulatorio se traduzca en una mayor transparencia en las operaciones, mayor protección para los inversores y mayor competencia en el sector de la calificación crediticia. Se espera que al mejorar la transparencia del proceso de supervisión, los participantes en el mercado recuperen la confianza en la labor desarrollada por las agencias de calificación, lo que podría permitir la reactivación de ciertos mercados, como el de titulizaciones.

    Dado el carácter internacional de algunas agencias de calificación crediticia, el marco de supervisión de las distintas jurisdicciones debería ser semejante, y existir un intercambio adecuado de información entre las autoridades nacionales responsables de la supervisión.

    Se debería garantizar con un enfoque regulatorio internacional la coherencia de las regulaciones relativas a las agencias de calificación crediticia de las distintas jurisdicciones, mediante revisiones y actualizaciones regulares.

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    Los reguladores en todos los países deben tener cuidado en exceder los estándares existentes dado el efecto que ese enfoque podría tener sobre las agencias que operan en múltiples jurisdicciones y el conflicto de regulaciones que en última instancia podrían dañar la consistencia de las calificaciones debido a los requerimientos específicos del país o de la región.

    Será interesante ver en los próximos meses cómo termina de configurarse la escena normativa en los distintos países y si los supervisores de valores son capaces de enfrentarse eficientemente al reto de coordinar sus actividades supervisoras en un sector de naturaleza tan global y que cambia rápidamente con la constante aparición de nuevos instrumentos, productos y mercados.

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