• Noticias maquetadas 27.09.2010

    Presente y futuro del CIS

    Elisa Chuliá

    Actualizado domingo 26/09/2010 19:48 horas

    En una democracia íntegra y efectiva, basada en principios de transparencia y rendimiento de cuentas, las personas que ocupan puestos de libre designación han de someterse a exigentes pruebas de legitimidad. Precisamente porque su legitimidad ‘de origen’ no procede de las urnas, ni tampoco de la superación de determinados ejercicios en igualdad de condiciones con otros elegibles, el desempeño del cargo –fundamento de la legitimidad “de ejercicio”– es crucial para justificar la permanencia en el puesto.

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    Corresponde por ello a los ciudadanos pedir explicaciones a los responsables de la elección de estos cargos cuando se mantiene en ellos a personas que demuestran incapacidad para ejercerlos adecuadamente. Naturalmente, la demostración ha de apoyarse en información documentada de los resultados del desempeño y contrastable respecto a la finalidad que, según la ley, debe cumplir la institución a la que el puesto está adscrito.

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    Pero corresponde, asimismo, a los ciudadanos pedir explicaciones en aquellos casos en los que se destituye de un puesto de libre designación a una persona cuya gestión se demuestra, también a la luz de evidencias contrastadas, muy positiva. Un gobierno que practica la libertad de nombrar y cesar de manera incondicionada o absoluta, no sujeta a justificación pública, no puede librarse de las críticas de arbitrariedad e irresponsabilidad.

    Tampoco puede escapar a la acusación de dispendio, porque seguramente nada hay tan ineficaz e ineficiente en la gestión pública como relevar a personas que han empleado tiempo y esfuerzos en aprender y familiarizarse con el desempeño de las funciones que se les han confiado. Aunque difíciles de cuantificar, los costes de transacción y productividad derivados de relevos semejantes no deben de ser desdeñables.

    Cese fulminante
    Estos argumentos vienen al caso del fulminante cese de Belén Barreiro como presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), único cese en la historia democrática de esta institución que se ha producido en medio de una legislatura.

    Precisamente, cuando parecía que el CIS se había aproximado más que nunca a la encomienda de garantizar “la plena transparencia y acceso público a los resultados de la actividad científica del centro” (RD 1214/1997), el cese de Barreiro resulta difícilmente justificable para muchos de quienes integramos la comunidad de científicos sociales en España.

    Aunque en 2008 Barreiro contaba con méritos académicos no menos solventes que otros de sus predecesores en el CIS, su designación en mayo de ese año fue objeto de polémica no sólo porque, en contra de lo que establecía la normativa entonces vigente y luego modificada, no era funcionaria, sino también porque, en un momento en el que algunas decisiones de cese y nombramiento al frente de organismos autónomos de carácter técnico sugerían el creciente partidismo del Gobierno, la elección de alguien que había sido vocal asesora del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia bajo el primer mandato de Zapatero se interpretó en algunos círculos políticos y profesionales como un indicio más de esa tendencia.

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    No obstante, en estos dos años y casi cuatro meses al frente del CIS, Barreiro y su equipo han ganado una innegable legitimidad de ejercicio mediante logros tales como la ordenación del calendario de los barómetros de opinión, tratando así de sustraerlos a la manipulación política de las fechas de realización del trabajo de campo; la puesta a disposición de cualquier interesado, gratuita e inmediatamente, de las matrices de datos de las encuestas (que forman la mayor base de datos demoscópicos en España); la apertura del acceso a las transcripciones de todos los estudios cualitativos realizados hasta la fecha; la mejora en la distribución de las publicaciones, y el refuerzo de una política editorial ambiciosa, ajustada a criterios de calidad y claridad análogos a los que rigen en instituciones de investigación serias y acreditadas.

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    La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de quien como ministra de la Presidencia depende el CIS, propuso el pasado 17 de septiembre al Consejo de Ministros el cese de Barreiro. Lo hizo más de doce horas después de que la noticia se hubiera filtrado a la prensa, convirtiendo su propuesta en una decisión prácticamente irreversible. Obtuvo el cese, pero nos deja a deber una explicación convincente a los científicos sociales y a todos los ciudadanos que demandamos que nuestros impuestos se gasten eficaz y eficientemente. Con la que dio tras la reunión del Consejo de Ministros lamentablemente no consiguió sino dar respaldo a las críticas de actuación arbitraria, irresponsable y dispendiosa.

    Como una de tantos usuarios habituales de los datos y las publicaciones del CIS, me parece justo agradecer a Barreiro y a sus colaboradores la intensa actividad que, con rigor académico y vocación de servicio público (y seguramente sin la más mínima ingenuidad sobre los riesgos políticos que ello comportaba), han desplegado durante estos dos años y los logros demostrables que han cosechado. De que sus sucesores los mantengan dependerá, en gran medida, la credibilidad y el prestigio del CIS como organismo autónomo cuya finalidad no es nada más, pero tampoco nada menos, que “el estudio científico de la sociedad española”.

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    Profesora de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

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