• Noticias maquetadas 24.09.2010

    Ocho mitos sobre la reforma de las pensiones

    Gabriel Calzada

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    Después de años repitiéndonos que el sistema de jubilación de reparto es sólido como una roca y que gracias a la bondad de nuestros políticos las pensiones se revalorizarían año tras año, el Gobierno se dispone a realizar una reforma que supondrá un sustancial recorte de las prestaciones.

    El déficit toca a la puerta y, en lugar de reconocer los enormes problemas del modelo, Zapatero prefiere rodearse de una serie de mitos y falacias para defenderlo, al tiempo que lo recorta.

    La primera falacia es afirmar que la reforma es un ajuste para garantizarlas. En realidad, es el incumplimiento de una promesa repetida hasta la saciedad, un default si se prefiere. Los políticos prometieron unas condiciones mínimas y la inmensa mayoría de la población les creyó.

    Ahora resulta que pretenden elevar el periodo de cálculo de 15 a 25 años (rebajando en torno a un 10% la pensión) y obligarnos a trabajar hasta los 67 años para poder cobrarla. Para colmo, quieren ampliar el periodo de carencia. Obligar a trabajar más años para recibir una pensión aún más pobre, o suspender pagos a una parte de los jubilados porque los políticos cambian a su antojo los años mínimos requeridos para acceder a ella, no parece que sea una forma de garantizarlas, sino, más bien, una forma de estafarnos.

    La legitimidad del sistema es otro de los argumentos utilizado por quienes defienden el sistema de reparto. Frédéric Bastiat decía que para saber qué acción estatal era legítima bastaba con pensar si lo sería en caso de que la llevara a cabo un ciudadano de a pie. En el caso de las pensiones, no cabe la menor duda. El artículo 23 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece la prohibición de “la venta realizada por el procedimiento llamado “en cadena o piramidal” y cualquier otro análogo”, así como “proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas”.

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    La única diferencia entre el sistema de pensiones público de reparto y los hechos prohibidos en la ley es que las pensiones ni se venden ni se proponen, porque cuando la clientela se encuentra obligada coactivamente a pagar el producto no es necesario vendérselo. Siempre habrá quien diga que la legitimidad de un sistema de reparto resulta de la solidaridad intergeneracional que promueve. Sin embargo, quitarle a unos para darle a otros difícilmente puede promover la solidaridad. Más bien al contrario. Los jóvenes terminan viendo a los mayores como una carga impuesta que socava sus posibilidades de progreso, y los mayores ven a los jóvenes como unos desagradecidos. El resultado lógico es el conflicto intergeneracional.

    Otro mito en torno a las pensiones es la afirmación según la cual no habría pensiones si el Estado no las hubiera creado. No es cierto. En general, el Estado usurpó las pensiones porque encontró una bolsa de ahorro a la que meterle mano. El caso más estudiado es el inglés. Las friendly societies eran unas mutuas de trabajadores que cubrían en 1803 a 704.350 empleados y en 1910 a 6.600.000. Sólo un número residual de trabajadores sin grandes recursos quedaba fuera de la protección de los riesgos de la vida y jubilación.

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    Otra falsedad repetida sin descanso es que el sistema de capitalización implica trabajar más y cobrar salarios menores. Nada más lejos de la verdad. El sistema individual de capitalización significa trabajar lo que uno quiera y tener que ser responsable a la hora de tomar esa decisión, porque uno se retira con el fruto de su ahorro. Además, en general, significa cobrar más, porque al capitalizarse los ahorros aumenta la productividad del trabajo, que es el principal factor detrás del nivel de los salarios.

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    Hay quienes reconocen que, en muchos casos, el sistema de capitalización individual puede ser mejor a nivel individual, pero dudan que sea bueno para el conjunto de la sociedad. Basta observar que la actual crisis se debe al escaso ahorro con el que tratábamos de llevar a cabo enormes inversiones para darse cuenta de que un sistema de capitalización ayudaría a volver la economía mucho más sostenible. El sistema de ahorro no sólo posibilita pensiones mayores y fomenta la responsabilidad, sino que ayuda a sostener el desarrollo económico, aumentar la productividad del trabajador y elevar sus salarios.

    Una de las últimas líneas de defensa del sistema coactivo de reparto es que es el que tiene la mayoría. Cierto. Sin embargo, ya son 27 los países que han pasado a un sistema de capitalización desde que hace 30 años José Piñera (hermano del actual presidente de Chile) diseñara el primer sistema de capitalización moderno. ¿Por qué no preguntamos a los españoles qué prefieren? En todos los países donde se ha hecho la consulta, la inmensa mayoría ha preferido la capitalización privada al reparto público.

    Quizá la más razonable de todas las defensas del sistema de reparto sea que aunque el sistema de capitalización sea mejor sobre el papel e infinitamente más libre, ya es demasiado tarde para cambiar, debido al enorme volumen de recursos comprometidos con quienes se jubilarán en los próximos años. Es el problema de la transición. El argumento olvida que en España se han diseñado al menos dos planes para hacer esa transición y que distintos países han ideado modelos de transición muy diversos. No hay razón para que no podamos recalcular y rediseñar las condiciones y los tiempos de un cambio de modelo en nuestro país que sustituya el fraudulento sistema de pensiones públicas de reparto por el sostenible modelo de capitalización individual.

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