• Noticias maquetadas 23.09.2010

    MARISA CRUZ / Madrid

    El Gobierno tiene un plan para el CIS.
    El objetivo es sacarlo de la órbita de Presidencia y hacerlo depender del Parlamento. Buy

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    La vicepresidenta primera del Gobierno negó ayer haber ordenado por conveniencia partidista el cambio de fechas para la realización de la encuesta del CIS del mes de julio. De la Vega rechazó también la acusación de que el relevo de Belén Barreiro al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas haya sido un castigo por la oposición de ésta a cumplir sus órdenes. Es más, la polémica generada por este asunto ha servido para sacar a la luz el plan que el Ejecutivo ha perfilado para el CIS y que, en su fase final, supondría sacar a este organismo de la órbita de Presidencia para hacerlo depender del Parlamento.

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    Por el momento, el relevo de Barreiro por el sociólogo Ramón Ramos, que ayer tomó posesión, ha dado pie a un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el PP.

    Desde Presidencia se asegura que todos los portavoces parlamentarios fueron consultados a finales del pasado mes de junio acerca de la conveniencia de cambiar el trabajo de campo del CIS para la elaboración de la encuesta de julio -que incluye intención de voto y valoración de líderes- de la primera semana del mes a la segunda quincena; es decir, después del Debate sobre el estado de la Nación. También se afirma que ninguno de los portavoces se opuso al cambio de fechas.

    El encargado de contactar con los grupos fue el secretario de Estado para Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, quien afirma haber hecho con cada portavoz una doble gestión, telefónica y por correo electrónico.

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    Desde el PP, sin embargo, recalcan que Presidencia sólo les informó del cambio en la recogida de datos cuando la decisión ya estaba tomada. Los populares dan credibilidad, pues, a la versión que se ofrece desde círculos próximos a la destituida Barreiro, según la cual su destitución fue decidida por la vicepresidenta en castigo a la oposición que mostró a trasladar el trabajo de campo del sondeo de julio de la primera a la segunda quincena del mes.

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    En el Gobierno explican que el nombramiento de Barreiro siempre fue pensado como «de transición». Belén Barreiro procedía de la propia Moncloa, es decir, de un ámbito político, cuando, según el plan de De la Vega, la dirección del Centro debía recaer sobre alguien procedente de círculos académicos.

    Señalan también que ahora, a año y medio de las elecciones generales, se impone la necesidad de imprimir un sello técnico al CIS. El plan incluye una segunda fase que sólo podría ponerse en práctica si el PSOE vuelve a ganar las elecciones y que consistiría en desgajar el Centro de la estructura del Ministerio de Presidencia para situarlo bajo control del Congreso de los Diputados. En esta nueva etapa cabría pensar incluso en eliminar del trabajo del CIS las encuestas con intención de voto, dejando éstas para los partidos políticos y los medios de comunicación.

    En Presidencia no ocultan la falta de sintonía entre Barreiro y De la Vega, pero insisten en que el relevo de la directora no se debió en concreto a la discrepancia entre ambas por la encuesta de julio. «Las diferencias han sido reiteradas», asegura una fuente ministerial que cita, por ejemplo, el sondeo de abril, realizado durante la semananegra del PP (en la que hubo revelaciones clave sobre el caso Gürtel). El asunto disgustó a la número dos del Ejecutivo, que de inmediato dio por hecho, tal y como sucedió, que desde el PP se la señalaría como artífice de una coincidencia planeada para perjudicarles.

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