• Noticias maquetadas 08.09.2010

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    Gaspar Ariño Ortiz. Catedrático de Derecho Administrativo |

    Actualizado martes 07/09/2010 20:51 horas

    Con el título de este artículo se celebró la semana pasada el Encuentro de las Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que organiza Aetic. Cada año acuden a él representantes de las más importantes empresas del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), junto a analistas, consultores, abogados y representantes de la Administración.

    Unos y otros exponen sus puntos de vista sobre los problemas más candentes. Este año, junto al extraordinario desarrollo de la telefonía móvil, apoyada en la riqueza y potencialidad de los smartphones, los dos temas que han suscitado mayor interés –y posterior eco en los medios– han sido el debate sobre la neutralidad de la red y el régimen de acceso a las redes de nueva generación que permiten ofrecer banda ancha o muy ancha, de más de 30 megabits por segundo (Mbps).

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    Impresiona, ante todo, el asalto que las redes móviles están haciendo del último reducto de las fijas: la banda ancha multimedia. Los smartphones, notebooks, tablets y demás parafernalia portátil, armados de unas pantallas y aplicaciones que crecen vertiginosamente en tamaño y atractivo. De ahí que estén haciéndose con los usuarios más apetecidos, los de mayor ARPU, que se están pasando al móvil. Si esto se generaliza –o cuando esto se generalice– tendremos unas redes fijas que soportarán tráficos multimedia masivos a bajo precio y unas redes móviles que controlarán los mejores tráficos. Ambas luchan como pueden contra la gran oleada de contenidos audiovisuales que está llegando a las redes.

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    Por eso, no debe extrañar que uno de los grandes temas que aparecía una y otra vez en el trasfondo de las exposiciones haya sido la creciente amenaza de saturación de las redes por lo que alguien ha llamado “el desafío audiovisual”.

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    La transmisión de un solo mensaje multimedia que incluya un vídeo de dos minutos equivale a medio millón de SMS tradicionales, nos dijo uno de los ponentes. Subiendo y bajando vídeos, un solo usuario podría bloquear durante 24 horas uno de los canales de la estación base a la que está conectado, que normalmente se compartiría entre 50, 100 o más clientes a lo largo del día. Si lo hace en régimen de tarifa plana, pagaría exactamente lo mismo que otro usuario que no alcanza ese nivel de consumo en todo un año.

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    Hasta ahora, las redes de telecomunicación han tenido siempre una estructura abierta y descentralizada, de modo que tanto los proveedores de aplicaciones y contenidos como los usuarios finales acceden libremente a ella sin que haya existido hasta el momento ningún gestor de lo que a través de ella circula. El tráfico en Internet se desarrolla en condiciones de igualdad, sin preferencias ni discriminaciones (first in, first out); los titulares de la red –proveedores del acceso– no cobran por el uso, mayor o menor, que de la red se haga; cobran sólo por la conexión y la capacidad contratada, en régimen de tarifa plana.

    Se ha creado en Internet una cierta cultura de gratuidad; el “todo gratis” afecta al correo, música, bajada de películas, llamadas de voz IP y, en general, a cualquier otro acceso a la información y servicios que ofrezcan los agregadores de contenidos (casi siempre, también gratuitos; son financiados con publicidad).

    Acaparamiento
    Mientras la red tuvo capacidad excedentaria respecto al tráfico que recibía, ello no presentó mayor problema. Pero cuando el tráfico ha crecido de manera exponencial y algunos usuarios o proveedores de contenidos y servicios acaparan una gran parte de la capacidad de la red (un 5% de usuarios intensivos generan entre el 75% y el 80% del tráfico), se plantean dos problemas:

    1) un problema de congestión de la red, que sólo se soluciona con incrementos continuos de capacidad y nuevas inversiones, y 2) un problema de financiación y asignación correcta de los recursos disponibles, pues la inversión recae hoy únicamente sobre los operadores y es financiada por los usuarios finales de forma indiscriminada, de modo que el usuario medio, normal, subvenciona con sus cuotas de conexión al usuario intensivo y a quienes tienen montado su negocio sobre la red, como son Amazon, e-Bay, Google o Youtube, entre otros.

    En tales términos, se discute si las empresas de telecomunicación, propietarias de la red y proveedoras de acceso a Internet, deben seguir tratando todo el tráfico en régimen de igualdad o si, por el contrario, pueden –y deberían–, por un lado, priorizar determinados servicios en función de su naturaleza, contenido, origen o destino, de modo que se dé preferencia a aquéllos que ofrecen mayor trascendencia social, mayor interés público o, simplemente, mayor importancia para sus usuarios (servicios médicos, de seguridad, docentes, financieros), y, por otro lado, cobrar en función del uso de las redes, de modo que paguen más aquellos agentes que superen determinados umbrales máximos (especialmente aquellos que tienen montado su negocio sobre la red). Algo que parece bastante lógico. Se establecería, con tarifa plana, un umbral de uso suficientemente alto, como ya se hace en los móviles, y se cobraría un plus añadido a quienes lo sobrepasen.

    Los titulares de redes entienden que esta situación de acceso indiscriminado, ilimitado, en el que no hay proporcionalidad entre el uso de las redes y el precio que se paga por ellas, no es mantenible ante el crecimiento imparable del tráfico y las inversiones que ello requiere. De seguir así, los costes llegarían a superar los ingresos, las redes dejarían de renovarse, la calidad del servicio se degradaría y el sistema de comunicaciones dejaría de ser fiable, con grave daño para todos.

    La Administración entiende que la situación no es tan grave, que no existe por el momento peligro de colapso en las redes y que la mejor terapia contra la congestión es la inversión, que ha descendido notablemente en los últimos años.

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    En un mercado competitivo –afirmó el Secretario de Estado–, si quieren tener clientes, vendrán obligados a hacer ofertas atractivas y ello les exigirá invertir (salvo, naturalmente, que nadie vea en ello retornos suficientes y nadie invierta). Éste ha sido, en esencia, el debate sobre la neutralidad de la red, que, tal como lo ha visto este cronista, no afecta tanto al régimen de tarifas planas del ciudadano normal, sino a la participación en la financiación de las redes de los grandes usuarios de las mismas, es decir los creadores de aplicaciones y contenidos on line, los cuales tienen montado su negocio sobre infraestructuras de otros y no las pagan. El reciente acuerdo Google-Verizone parece un cierto reconocimiento por el primero de su obligada contribución a la financiación de las redes.

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