• Noticias maquetadas 07.09.2010

    M.Valverde. Madrid

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    CEOE alerta de que la reforma de las pensiones obstaculiza el despido el estado del bienestar. online

    La patronal advierte al Gobierno de que limitar las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios va a volver a complicar la polémica reducción de empleo por causas objetivas.

    Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoLa patronal CEOE considera que varias de las propuestas del Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones contradicen los planteamientos que el Ejecutivo ha hecho en la reforma laboral para agilizar la tramitación y reducir los costes del despido.

    El Gobierno quiere poner freno a las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas que hacen muchas empresas para rejuvenecer y reducir plantillas y que, a la larga, terminan aumentando el gasto de la Seguridad Social. Por esta razón, en su propuesta sobre la reforma de las pensiones plantea, según la interpretación de la CEOE, «limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la exclusión temprana de trabajadores del mercado laboral».

    En sus Aportaciones al documento sobre la revisión del Pacto de Toledo, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la patronal explica que llevar a cabo esta propuesta «supondría una modificación legal sustantiva en la Ley del Estatuto de los Trabajadores» y, más en concreto, en el llamado despido por causas objetivas. Es decir, el que se produce por causas tecnológicas, organizativas, económicas y de producción, y que tiene una indemnización de veinte días por año de trabajo hasta una cuantía máxima de un año de salario.

    Por lo tanto, y de acuerdo con la interpretación de CEOE, la propuesta del Ejecutivo añadiría más complicación al actual debate parlamentario sobre este tipo de despido.

    La patronal insinúa que con su idea de limitar las reducción de plantilla en las empresas con beneficios, el Gobierno «parece ignorar» lo que es una práctica habitual y «la estrecha relación existente entre la Seguridad Social, el mercado de trabajo y la actividad productiva».

    Por otra parte, los empresarios recuerdan al Ejecutivo que ya están reguladas las obligaciones de las empresas con la financiación del sobrecoste que para la Seguridad Social suponen las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Efectivamente, así está establecido en la reforma de la jubilación flexible, de 2002. Entonces, el Gobierno del Partido Popular, CEOE y CCOO acordaron un sistema particular de financiación de las prejubilaciones de trabajadores -antes de los 61 años- como consecuencia de expedientes de regulación de empleo.

    Hasta que el trabajador cumpla los 61 años, y pueda acogerse a la jubilación anticipada, las empresas están obligadas a complementar, con un convenio especial con la Seguridad Social, las cotizaciones de los empleados que han despedido con el fin de que éstos no pierdan en la cuantía de la pensión.

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    A partir de los 61 años, los trabajadores en esta situación deben escoger si ellos continúan financiando el convenio.

    En todo caso, la patronal también aborda en el documento sobre la reforma de las pensiones, que ha enviado al Gobierno, la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años.

    La confederación que preside Gerardo Díaz Ferrán no parece muy contenta con la idea, porque contradice la capacidad de la dirección de la compañía y del comité de empresa de fijar en el convenio colectivo los 65 años como edad obligatoria de la jubilación de los trabajadores mayores, siempre que se compense con la creación de empleo joven.

    Es más, puestos a comparar entre el retraso en la edad de jubilación y el mandato de los convenios, la patronal se decanta por la segunda propuesta. «Esto supone la prioridad en la consideración o protección de un bien jurídico de carácter colectivo -como el mantenimiento del empleo para una empresa o sector – sobre la protección de un bien jurídico de carácter individual», dice el documento de la CEOE.

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    Bien es verdad que, pese a defender el establecimiento de una edad límite para fijar la jubilación, la patronal se muestra partidaria de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización obligatorio a la Seguridad Social para calcular la cuantía de la pensión. «El cálculo de la prestación debe guardar la mayor relación posible con el importe de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral», dice el documento de la patronal. Este es uno de los puntos de la reforma que, en estos momentos, está abordando la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Actualmente, está en quince años el periodo obligatorio de cotización a la Seguridad Social para calcular la cuantía de la pensión.

    En todo caso, a lo largo de su documento, la patronal acusa al Gobierno en reiteradas ocasiones de presentar su propuesta para reformar las pensiones sin acompañarla de un estudio completo sobre sus consecuencias económicas. Entre otras cosas, la patronal pide al Gobierno que incentive los planes de pensiones complementarios.

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