• Noticias maquetadas 07.09.2010

    Las dificultades para un acuerdo y la huelga general ponen en jaque la reforma de las pensiones.

    El muro del pacto de Toledo.

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    LUIS IZQUIERDO – Madrid  – 16/08/2010

    Mientras la UE pide la reforma del sistema de pensiones, los partidos muestran criterios divergentes. Cuando alguien en el Gobierno decidió incluir  la congelación de las pensiones en el 2011, no valoró lo suficiente hasta qué punto la decisión podría paralizar la reforma estructural del sistema. La medida no sólo amenaza con hacer naufragar cualquier posible acuerdo sobre pensiones, sino que anticipa un flanco débil en el que la oposición se ha posicionado ya en varias ocasiones unida en contra del Ejecutivo. Nadie duda en el Congreso de que a esas derrotas en las últimas semanas les seguirán más en otoño.

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    Después de que, a principios de año, el Gobierno lanzase su propuesta de prorrogar la edad de jubilación de 65 a 67 años, la comisión parlamentaria del pacto de Toledo inició una serie de comparecencias para abordar la reforma del sistema de pensiones. Los trabajos transcurrían con lentitud pero con firmeza hasta que, el 12 de mayo, Rodríguez Zapatero dio cuenta del denominado pensionazo.Desde entonces, la ruptura del pacto de Toledo parece interponerse a cualquier posible acuerdo en la materia.

    Tras numerosas comparecencias, los trabajos preliminares de la comisión concluyeron a finales de junio con los secretarios generales de UGT y CC. OO. Fuentes del grupo socialista explicaron a La Vanguardia que, aunque en principio estaba previsto tener una primera versión de la propuesta del informe final de la comisión para finales de julio, esta se ha retrasado hasta atar la mucho más urgente reforma laboral. Pero, aunque la urgencia no es cuestión de semanas, el Gobierno no quiere que el año concluya sin haber conseguido un acuerdo que satisfaga a la UE.

    A pesar de ello, fuentes del grupo popular niegan que se hayan fijado por ahora plazos y explican que socialistas y el resto de la oposición hablan por el momento diferentes lenguajes. Mientras el grupo que sostiene al Gobierno no tiene ningún interés en regresar sobre el pensionazo,fuentes tanto del PP como de CiU y de ERC insisten en que esta no es una cuestión ni mucho menos cerrada hasta que se hayan debatido y aprobado los presupuestos generales del Estado para el 2011.

    Además, tanto populares como nacionalistas catalanes y republicanos consideran que hay muchas materias previas que abordar antes de llegar a hablar sobre la edad legal de jubilación.

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    Explican en uno y otro grupo que la edad real a la que se retiran los españoles se sitúa en los 63 años, por lo que tendría mucho más sentido enfocar las decisiones sobre medidas que permitan prolongar esa edad real de jubilación.

    Tanto en CiU como en el PP se muestran partidarios de fórmulas para incentivar la continuidad de los trabajadores después de los 65, más que de imponer los 67 años como edad de jubilación.

    Y en ERC afirman que no se puede asfixiar ahora a los ciudadanos con una decisión de estas características en medio de una tormenta económica que está pesando como una losa en los aspectos materiales, pero también en los sociales y psicológicos.

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    El problema es que desde Bruselas se ha apuntado al Gobierno español que la reforma del sistema de pensiones es uno de los pilares sobre los que se debe asentar el saneamiento de las cuentas públicas a medio y largo plazo. Y, extrañamente, mientras algunas semanas reformar las pensiones parece una cuestión vital que hay que acometer de inmediato, otras queda en un silencioso barbecho.

    Tampoco ayuda el hecho de que quien debe impulsar la renovación del sistema de pensiones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lleve meses enfangado con la reforma laboral, que todo apuntaba que se cerraría en agosto con un paso fulgurante por el Senado, pero a la que todos dan por seguro deberá regresar el 9 de septiembre a un agitado pleno del Congreso.

    Los sucesivos retrasos aconsejan, además, dejarla para entrado el otoño, pues reavivar el debate en medio de la marea de la huelga general podría parecer una auténtica provocación y podría dinamitar definitivamente cualquier remota posibilidad de acuerdo.

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