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    Es alucinante leer cómo la policía comenzó en 2008 la operación «repesca» contra el clan de «Los Charlines». También es increíble leer cómo la policía inició en 2006 una operación llamada «Brugal» contra y el presidente de la diputación, varios empresarios alicantinos, concejales de Orihuela. Con la boca abierta se queda uno controlando cómo Millet y Montull guardan silencio ante el Parlament de Catalunya a causa de las estafa de Palau. La sorpresa es algo parecida si se trata de informes inútiles Pills que el Govern pagaba desde 2007 o los 292.000  euros que las Xunta de Galicia pagó por la entrega de una carretera que todavía no estaba apenas empezada. Mejor todavía era aquel la historia de aquel Fernando Ferré, «propietario de un ‘holding’ con 60 hoteles y 1.500 trabajadores en Ibiza, nunca pagó impuestos ni usó tarjetas». Ni qué decir de «El Bigotes» o Jaume Matas o del «caso Pretoria».

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    Lo maravilloso de este modelo de conducta en el que se confunde la economía negra la estafa al Estado y la evasión fiscal a Suiza, es la del caso aparecido en Francia recientemente: «el caso Loreal», en el que un ministro que era responsable del control de la evasión fiscal a paraísos fiscales gestionaba indirectamente la evasión a Suiza del capital Liliane Bettencourt.

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    Todos estos montajes tienen que ver con la “estandarizada” de la contabilidad empresarial. Las trampas contables han existido siempre de forma generalizada. Lo extraño es que lleguen a ser tan habituales  como en estos momentos. Normalmente se descubrían antes que “engordasen” tanto. Ahora son escandalosas porque las cautelas necesarias para sostener las trampas  han aumentado la probabilidad de ser descubiertas.

    Pills

    De hecho dos coincidencias muestran el aumento de esa fragilidad: cuando se descubre el artificio todo el tinglado se desmorona en cuestión de pocos días y casi todas las trampas han sido descubiertas casi por accidente. Por lo demás, la vocación de ser tramposo es una simpleza, una tentación universal que combina la avaricia y vanidad de unos con la dejadez del entramado de instituciones que regulan y supervisan a los anteriores. Siempre ha sido así todas las veces. Piensen en los casos anteriormente mencionados.

    Las trampas contables se construyen sólo para transferir dinero a los bolsillos particulares de unos pocos, normalmente los gestores. A veces también se benefician los propietarios, pero no es lo habitual. Se hace trampa para robar mejor en los mercados de crédito, es decir a los proveedores y a los acreedores. Por eso, éstos reaccionan tan mal cuando se descubre el éxito de los fraudes. Porque las cautelas son enormes. Para que un fraude tenga éxito es preciso contar con tiempo, una gran capacidad técnica, instrumentos financieros adecuados, paraísos fiscales, agujeros en las leyes y colaboraciones “blandas” de los reguladores. Es necesario que los auditores trabajen mal, las empresas de ráting trabajen de trámite y los bancos  den por buena la mala información recibida. Demasiados participantes y demasiadas coincidencias. Por eso, lo único que “echa” atrás a los estafadores es que el riesgo de ser descubiertos sea superior al de no serlo y que el beneficio a obtener en el fraude sea inferior al del castigo posible. Puede ser que todo este diseño se arregle cuando la crisis política derive ya en una elecciones generales. Pero sería útil hacer reformas de normas y procedimientos sucediera cuanto antes. Porque siempre se trata del mismo entramado de expertos que dicen “garantizar” la corrección de las cuentas de las empresas. Un entramado del cual resulta que son responsables los reguladores, el fisco y las autoridades políticas.

    Estamos en época de pago de impuestos IRPF y de devoluciones de Hacienda. Parece ridículo que Hacienda prefiera  hacer brillar una trivialidad como es el logro de unas devoluciones rápidamente ejecutadas, en vez de llamar la atención de la población sobre la capacidad real que ahora tendría el Gobierno para reducir impuestos si se persiguiera eficazmente el fraude fiscal. Un asunto de reputación. En España siempre ha habido un exceso de benevolencia fiscal, sea por una falta de conocimiento real de los flujos de renta de los impositores, por carencia de medios para detectarlos o porque las elevadas cifras de paro han pesado más que las necesidades de recaudación para reducir el déficit público. Ejemplos históricos de ello son los negocios del calzado en Elche, la fresa en Huelva o del textil catalán.

    Para evitar el blanqueo de dinero negro hay que demostrar primero la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. Y ello puede estar ahora en cuestión debido a  la mayor sofisticación de los instrumentos financieros utilizados por los evasores, a la desmotivación laboral de los variados colectivos de la Agencia o simplemente al descontrol en la planificación de objetivos.

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    A mí me molesta mucho que el Estado no considere como «tarea de Estado»  la lucha  contra el fraude fiscal. Me molesta que Economía retire su proyecto de abril 2009 para vigilar las cuentas de los políticos españoles. Me ofende mucho que la Guardia Civil documente cuentas de Prenafeta y Alavedra en Andorra, Madeira, Costa Rica, Suiza e Islas Caimán. Y que además Hacienda flexibilice el Plazo para regularizar las cuentas en Suiza del caso HSBC por miedo al conflicto con los abogados por el procedimiento de información confidencial de la lista de HSBC. Y lo que me subleva es que el Gobierno haya decidido dejar para septiembre la subida fiscal de impuestos IRPF para los ricos.

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