• Noticias maquetadas 05.07.2010

    La convergencia de Mas y Rajoy

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    José Luis Álvarez

    Plutarco, en Vidas paralelas,comparó dúos de personajes griegos y romanos para ilustrar la dinámica entre carácter y destino. Mas, griego, y Rajoy, romano, con trayectorias análogas pero con separación constante en el espacio político, serían un interesante capítulo de una versión contemporánea de esta obra. Hasta ahora.

    Hace dos legislaturas en Catalunya y legislatura y media en España, Mas y Rajoy deberían haber alcanzado sus presidencias. A Rajoy se lo impidió una tragedia inesperada gestionada con desdén esperable por Aznar. A Mas se lo imposibilitó una coalición de bloqueo insostenible como de gobierno: la vocación administrativa del PSC no compensa la hiperventilación de ERC ni el sistemático antisistema de ICV.

    Sin embargo, el destino que esperaba entonces a Mas y Rajoy, de gobernar, era poco halagüeño: presidir ciclos políticos a la baja, rebasado su cénit, epígonos de líderes gloriosos a cuyo lado siempre serían novicios, soportar – como hicieron aún sin gobernar, públicamente Rajoy, discretamente Mas-el desprecio de colegas más experimentados, leales al líder anterior o ideologizados. Hubieran sido el triste correlato de Major, Brown, Bush senior y Calvo-Sotelo entre otros.

    La suma de crisis económica, vacío ideológico socialista y, en Catalunya, el error del PSC, para su propio largo plazo, de competir en la oferta nacionalista, de atolondradamente lanzarse en los brazos de ERC e ICV, sin esperar desde la oposición el agotamiento del ciclo convergente, proporciona a Rajoy y Mas una nueva oportunidad. Que sea siquiera posible que a la tercera Mas y Rajoy puedan llegar a presidentes da la razón a Camilo José Cela cuando se regodeaba, tremendista, en el carpetovetónico «quien resiste gana».

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    Más allá de la constatación del dominio del destino sobre el carácter en las trayectorias de Mas y Rajoy, lo estratégicamente relevante es que, actualmente, ambos cuentan con mayores posibilidades de liderar un ciclo político robusto prolongado, con la condición de que realinear sus proyectos políticos hasta ahora paralelos, haciéndolos asintóticos, por usar metáforas geométricas que tan sugerentes son con Enric Juliana.

    El quid pro quo aunque asimétrico – Mas necesita a Rajoy más que Rajoy a Mas-es claro. Vencida ERC en el campo nacionalista, nada amenaza tanto a CiU como un independentismo verosímil. Por eso está tan discretamente feliz de usar la crisis como pretexto para aplazar, si por ella fuera ad calendas graecas,el debate independentista, y por eso tan incómoda se manifestaba ante una sentencia sobre el Estatut previa a las elecciones, que hacen más difícil medir retórica y controlar emociones. CiU y Mas saben que, como Moisés con la Tierra Prometida, no son ni el partido ni el líder para gobernar en la independencia, una idea, por suerte para CiU, todavía reactiva, difusa y sentimental, e inviable sin el compromiso activo de las élites económicas. Mas requiere de la actividad o pasividad concertada de Rajoy para sus «nuevas vías», que aplaquen la frustración del catalanismo que CiU ha excitado en su competencia con ERC. A cualquier modificación del statu quo territorial actual se aplica la máxima de que en política los cambios más controvertidos sólo los pueden implementar aquellos que más los rechazan de salida. CiU necesita al PP, no al PSOE.

    Rajoy precisa de Mas, aparte de por votos quizás necesarios para su investidura, para implementar sus políticas económicas, sin legitimidad por haber hecho oposición ocultando su alternativa económica. Y Rajoy necesita a Mas para que el encaje de Catalunya en España no sea el tema dominante en una hipotética presidencia suya, y así preparar sin apuros su sucesión, que si por Rajoy fuese tiene ya candidato, y pasar a la historia de la derecha por haber planificado un ciclo largo en el poder – no como Aznar.

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    Es en el ámbito económico donde reside la conexión entre PP y CiU, la condición material de posibilidad de su convergencia, a la vez condición de imposibilidad del independentismo. Ambos partidos son, en su territorio, los partidos de referencia del empresariado. No son sólo eso, pero son imprescindiblemente eso. Sin ello son inviables. El empresariado español y catalán pertenecen al mismo sistema de negocios y no se aprecian en el mismo contradicciones internas que puedan convertirlos en conjuntos disjuntos, ni tan siquiera complementarios – lo único que haría factible el independentismo-.Lo demás es fantasía.

    Mas y Rajoy tendrán que activar su carácter para aprovechar la oportunidad que el destino, tan cicatero hasta ahora con ellos, les proporciona. Será difícil en los tiempos sobreactuados y electorales post sentencia del Estatut. En especial para Mas quien, aunque sea después de las elecciones catalanas, deberá ejercer el noble arte político de tragarse un sapo para desayunar, un batracio con la cara de Rajoy. Porque sin cierta confluencia, sin convertirse en extraña pareja, carecerán de la tracción política para dejar de ser lo que iban a ser hace unos años en sus presidencias y han sido hasta ahora en la oposición: caracteres políticos menores administrando destinos políticos decadentes.

    J. L. ÁLVAREZ, doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y profesor de Esade

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  • Noticias maquetadas 05.07.2010

    Coto a las donaciones de fundaciones a los partidos

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    El Tribunal de Cuentas, por la prohibición de esa vía de financiación

    BARCELONA – Redacción

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    La financiación de los partidos políticos sigue siendo un asunto sin resolver que, en Catalunya, el caso Millet ha puesto en primera línea de la actualidad. El Tribunal de Cuentas, institución que fiscaliza las cuentas de las formaciones políticas, aboga en un informe remitido al Congreso por prohibir aportaciones de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciban subvenciones de las administraciones públicas, así como que asuman de forma efectiva gastos de la campaña electoral de los partidos políticos.

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    El catálogo de 15 propuestas sobre financiación de los partidos pretende evitar que se reproduzcan situaciones como las que ahora investiga el Parlament de Catalunya sobre una supuesta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música. En un ámbito judicial se situaría ya el caso Gürtel y, en este sentido, la institución fiscalizadora exige «que se establezca expresamente la prohibición de que los partidos acepten, directa o indirectamente, que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de operaciones aplicables a la campaña». A todo ello, el Tribunal de Cuentas añade la conveniencia de determinar, en caso de incumplimiento, la sanción correspondiente a cargo de las partes implicadas. La institución también apuesta por armonizar la normativa sobre financiación electoral, que – recuerda-«es distinta en función de las comunidades y en relación con la legislación estatal». Además, propone contemplar la potestad de solicitar las cuentas a todas las formaciones que han participado en una campaña, aunque no hayan logrado escaño, y abrir la posibilidad de sancionar a los administradores electorales que no faciliten la información que se les requiere.

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    Mientras en el Congreso se discute la incorporación de estas propuestas a la ley electoral, en el Parlament se retoman hoy las comparecencias en la comisión de investigación del Palau. Hoy es el turno de los responsables de la Fundació CatDem – antes Trias Fargas-,vinculada a CDC. El primero en comparecer será Joaquim Ferrer, presidente de CatDem, seguido del concejal de CiU Antoni Vives, ex director de la Fundació, y de Agustí Colomines, actual director. También comparecerá Daniel Osàcar, responsable de finanzas de CDC y administrador de CatDem.

    La vinculación entre los pagos de Ferrovial al Palau y las donaciones posteriores a la fundación nacionalista serán uno de los ejes de las comparecencias. Así como las supuestas comisiones por la adjudicación de obra pública. También comparece hoy la secretaria de Millet. Mañana será el turno de los dos grandes protagonistas del desfalco del Palau: Fèlix Millet y Jordi Montull.

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  • Noticias maquetadas 05.07.2010

    Fallece Fadlalah, el ayatolá que pasó de Hizbulah a posiciones dialogantes

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    Adiós a una voz moderada

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    TOMÁS ALCOVERRO – Beirut. Corresponsal

    El único ayatolá libanés, Sabed Mohamed Husein Fadlalah, murió ayer en Beirut a los 75 años aquejado de una larga enfermedad diabética. Poseyendo la calidad religiosa de marja (fuente de emulación) fue uno de los dirigentes chiíes más reverenciados y más influyentes, y no sólo en Líbano. También lo fue en Iraq, en cuya ciudad santa de Nayaf había nacido, yen los pueblos musulmanes desde el golfo al Asia central.

    Sus sermones y pláticas en la mezquita de Haret Hreik, cabe a su modesta vivienda, eran escuchados atentamente, incluso en taxis y servicios públicos de esta capital. Sus casetes eran muy populares en el mundo del islam.

    La primera vez que le entrevisté, mediada la década de los ochenta, se había convertido para la opinión publica de Occidente en un personaje político inquietante. Estaba reciente el mortífero atentado del invierno de 1983 efectuado por combatientes suicidas chiíes contra el acuartelamiento norteamericano cerca del aeropuerto de Beirut, en el que perecieron 260 marines – el mayor número de víctimas militares después de la guerra del Vietnam-,en el que se especuló sobre su indirecta intervención. Circularon rumores de que los atacantes, antes de estrellarse con su camión trufado de explosivos sobre la base, recibieron su bendición.

    Se le consideraba mentor espiritual de Hizbulah, a veces su oficioso portavoz. Y cuando llegó la ola de los secuestros de extranjeros, se recababa su mediación para salvar a los rehenes. No eran sus numerosas obras teológicas lo que interesaba, sino su vinculación con la secreta jerarquía del Partido de Dios, fundado en 1982 bajo la sombra de los guardianes de la revolución iraní.

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    Por su alta dignidad religiosa debía dársele un tratamiento de «su excelencia» o «su ilustrísima». Las opiniones de Fadlalah eran una referencia dentro y fuera del mundo del islam.

    En 1966 se trasladó a Líbano, de donde procedía su familia, dedicándose a la enseñanza de la religión y la composición de libros. El islam y la lógica trata del enfrentamiento del «partido de Dios con el partido del Diablo» para instar a los musulmanes a guardar sus valores frente a las fuerzas políticas seculares.

    En 1985, una enorme explosión, una de aquellas habituales explosiones del tiempo del terror en Beirut, provocada por un automóvil con carga de dinamita, devastó su edificio de los suburbios, dando muerte a ochenta vecinos. Fadlalah escapó del atentado, que fue atribuido a agentes de la CIA, en venganza por el ataque al acuartelamiento de marines.

    Pero Fadlalah, y esto se ha ido corroborando con el fluir del tiempo, fue tomando distancias respecto al Hizbulah, adoptando una posición moderada. Sus diferencias más profundas se refieren al concepto fundamental de la revolución islámica del imán Jomeini, o el poder religioso del nuevo Estado, con el que no comulgaba.

    No creía, en una palabra, que el ayatolá de Qom tuviese el monopolio de la verdad. Esto también le ha alejado del régimen islámico de Teherán.

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    En sus numerosas fetuas o decretos religiosos, que marcan la pauta de conducta de centenares de miles de sus seguidores, se mostró mucho más liberal que otros teólogos y hombres de religión con los derechos de la oprimida mujer musulmana. En estos textos jurídicos arremete contra el gobierno de Bagdad, con cuyo actual primer ministro, Nuri al Maliki, había fundado el histórico partido chií Al Daua en tiempos de Sadam Husein, por legitimizar la presencia de tropas extranjeras en vez de exigir su inmediata evacuación.

    Al lado de su acción religiosa y política, organizó una fundación de hospitales, dispensarios, orfanatos y escuelas en la zona chií del valle de la Beqaa. Fadlalah ha sido, sin eufemismos, una voz de moderación entre cristianos y musulmanes libaneses, y un destacado jefe espiritual de los movimientos islámicos de Oriente Medio. «Era – me decía su médico, el doctor Mahmud Chukeir-el religioso más laico y el laico más religioso de nuestra sociedad. Ha intentado modernizar el islam».

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  • Noticias maquetadas 05.07.2010

    El endiablado cohecho impropio

    Enrique Gimbernat

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    ENTRE los años 2005 y 2008, Álvaro Pérez Alonso (el Bigotes), administrador único de la entidad Orange Market, S. L., y cabeza visible en Valencia de la trama Gürtel, puso en contacto a Francisco Camps, presidente de la Generalidad Valenciana; a Ricardo Costa, en su día portavoz del PP en las Cortes Valencianas; a Rafael Betoret, a la sazón jefe de la Consellería de Turismo de la Comunidad Autónoma Valenciana; y a Víctor Campos, por aquel entonces vicepresidente del Consell de la Generalidad Valenciana, con los establecimientos madrileños de prendas de vestir Milano y Forever Young.

    Dichos establecimientos suministraron a Camps trajes y otros complementos de vestir por un importe total de 7.700 euros; a Costa, por un valor de 2.400; a Betoret, por una suma de 6.799; y a Campos, por la cantidad de 32.458. Diferentes organismos de la Comunidad Valenciana habían adjudicado a Orange Market, entre 2005 y 2009, por un importe total de casi siete millones de euros, contratos de muy variado objeto, especialmente el que anualmente se convocaba para la instalación del pabellón de la Generalidad Valenciana en FITUR.

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    Iniciadas diligencias por un delito de cohecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra los cuatro políticos valencianos (dos de ellos aforados en dicho Tribunal), el instructor de la causa, José Flors, por auto de 6-7-2009, desestimó la petición de sobreseimiento solicitada por los imputados, acordando dirigir el procedimiento contra Camps, Costa, Campos y Betoret por un delito de cohecho impropio del art. 426, primer inciso, del Código Penal [CP] («La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses»).

    Contra ese auto del instructor, los imputados interpusieron recurso de apelación ante el TSJCV. Este Tribunal asume, con el instructor: en primer lugar, que no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que parecen haber sido obsequiados los imputados y los concretos actos de adjudicación de la Administración autonómica valenciana a favor de Orange Market; y, en segundo lugar, que existen indicios más que suficientes de que, en realidad -y en contra de lo afirmado por los cuatro políticos, que manifestaron que fueron ellos mismos quienes pagaron de su propio bolsillo el importe de los artículos comprados en los dos establecimientos madrileños-, se trataba de obsequios que fueron abonados por Orange Market. No obstante, el TSJCV, por auto de 2-8-2009, revoca el auto del instructor y resuelve decretar el sobreseimiento libre de todos los imputados, «por no ser los hechos constitutivos de delito», con el único argumento de que «los imputados no [tenían] competencia para autorizar dicha contratación [los contratos adjudicados por la Administración valenciana a Orange Market], sino que los funcionarios competentes que sí la tenían [ninguno de los cuatro políticos formaba parte de las correspondientes mesas de contratación] actuaron para otorgar dichas adjudicaciones por otras motivaciones ajenas a las dádivas». Contra este auto del TSJCV se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la acusación popular y por el Ministerio Fiscal, recurso que ha sido estimado por el TS, por sentencia de 17-5-2010, por la que se anula el sobreseimiento libre, reenviándose las actuaciones al instructor valenciano para que continúe la tramitación de la causa.

    El auto del TSJCV debe ser rechazado, entre otras razones, porque ese «único argumento» sobre el que basa el Tribunal el sobreseimiento libre es contradictorio, ya que, mientras que el auto descarta tajantemente, por una parte, que las prendas de vestir se hayan regalado a Campos, Costa, Betoret y Campos para que Orange Market consiguiera las adjudicaciones de Valencia (es decir: descarta la existencia de un cohecho propio), fundamenta ese sobreseimiento, por otra, en que los imputados no tenían competencia para adjudicar tales contratos, es decir: en que no cometieron un cohecho propio por el que nunca habían sido imputados. La diferencia entre el cohecho propio y el impropio reside en que, mientras que en aquél (arts. 419 ss. CP) se obsequia a un funcionario para que ejecute una determinado acto u omisión ilegales, en éste (art. 426, primer inciso, CP, que es el precepto que, según el auto del TSJCV, sería aplicable a los cuatro políticos valencianos) la dádiva al funcionario no va vinculada a la realización de ningún acto, sino que se entrega, sin contraprestación alguna, en consideración exclusivamente al cargo que ostenta; de ahí que constituya un razonamiento que carece de cualquier sentido inteligible, argumentar, como hace el TSJCV, que en la conducta de los imputados no concurre un cohecho impropio (que es aquél por el que venían imputados) porque no han cometido un cohecho propio (delito por el que no se les había inculpado en ninguna resolución).

    A pesar de las dificultades que, como en el cohecho impropio, siempre se le presentan al jurista cuando de lo que se trata es de interpretar «conceptos jurídicos indeterminados» («adecuación social»), no obstante, y en referencia a este delito, creo que se puede llegar a conclusiones relativamente seguras operando cumulativamente -aunque no exclusivamente- con tres clases de criterios: el de la adecuación social, el del significado de la expresión «en consideración a su función» y el del bien jurídico protegido por el art. 426.

    Adecuación social. Según el Apartado 3º, núm. 6, párrafo primero, del Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado (CBG), publicado en el BOE núm. 56, de 7-5-2005, «[s]e rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía», de donde se sigue que, aunque, de acuerdo con la literalidad del art. 426 CP, cualquier dádiva o presente admitidos por autoridad o funcionario público cumplen formalmente el tipo del cohecho impropio -y como lo que rige para los miembros y los altos cargos del Gobierno rige también, sistemáticamente, para los restantes funcionarios y autoridades de las Administraciones central, autonómica y local-, no obstante, cuando de lo que se trata es de un regalo que entra dentro de los «usos sociales», dicha conducta no es delictiva por estar cubierta por la causa de justificación del art. 20.7º CP («obr[ar] en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo») en relación con el citado precepto CBG.

    Dentro de los «usos sociales» hay que incluir, por ejemplo, y por la permanencia que tales costumbres tuvieron en su día, el aguinaldo con el que se obsequiaba a los carteros en las fiestas navideñas. Y, en la actualidad, deberían considerarse también dentro de las «normas de cortesía», los eventuales regalos a autoridades y funcionarios de ramos de flores, cajas de bombones o, por ejemplo, del último best-seller de Javier Cercas. Por lo que se refiere al concepto jurídico indeterminado de «usos sociales», y tal como ha fijado el TS con otros conceptos de esa clase -la «especial gravedad» de la estafa la ha establecido el TS en más de 36.000 euros; la «notoria importancia» en el tráfico de cocaína se ha determinado en 750 gramos-, estimo que no están incluidos dentro de los «usos sociales» obsequios que tengan un valor superior a -al menos- 600 euros.

    «En consideración a su función». Esta expresión del art. 426 CP debe entenderse en el sentido de que la dádiva se entrega en razón del cargo que el recipendiario desempeña y no cuando es evidente que la motivación del regalo obedece a otras razones. Por ejemplo: Si el facultativo, que habitualmente trata a un paciente, recibe de éste todos los años una generosa cesta por Navidad desde que se inició la relación médico-enfermo, y aquél, posteriormente, pasa a ocupar una Secretaría de Estado, la persistencia en el tiempo de tales regalos anuales es obvio que no tiene nada que ver con la función política que el médico ha pasado a desempeñar. Y, por las mismas razones, tienen toda la razón los autos del TS de 1-6 y 27-9-2007 que negaron la existencia de un cohecho impropio en la concesión a María Emilia Casas, presidenta del TC, del premio Pelayo Mutua de Seguros para juristas de reconocido prestigio, cuya cuantía asciende a 36.000 euros; pues, independientemente de que el premio fue otorgado por un jurado imparcial, presidido por Sabino Fernández Campo, la galardonada, catedrática de Derecho del trabajo, reúne unos tan sobresalientes méritos como laboralista que están por encima de cualquier discusión posible. La inexistencia de cohecho impropio debe afirmarse igualmente de la concesión de galardones a otros juristas-funcionarios que los han merecido por su eminencia jurídica, como, por ejemplo: el magistrado Ruiz Vadillo, el mismo premio Pelayo, y los catedráticos de Derecho García de Enterría, Menéndez y Uría, el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales.

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    POR LO DEMÁS, y como acertadamente expresa la sentencia de 17-5-2010, el funcionario que recibe la dádiva no necesita ser el estrictamente competente para adjudicar un determinando contrato, sino que basta que, por su «rango y posición» -como lo pueden ser la de presidente de una Comunidad Autónoma-, esté integrado jerárquicamente en un «círculo de influencia» potencial.

    Bien jurídico protegido. Según la opinión jurisprudencial y doctrinal dominante, el cohecho impropio es un «delito de peligro abstracto» que protege el bien jurídico de la «preserva[ción] de la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función». Con otras palabras: Cuando el funcionario recibe una dádiva integrante de un cohecho impropio, como no existe contraprestación alguna por parte de aquél, tampoco se ha realizado todavía un acto injusto, pero el funcionario pasa a ser desde ese momento un sujeto corruptible y sospechoso, en cuanto que con la aceptación del regalo se ha generado una relación de dependencia respecto de quien realizó el obsequio. De ahí que no exista un cohecho impropio cuando, por ejemplo, un bombero, que ha salvado heroicamente a unos niños de un incendio, recibe una generosa recompensa del padre de éstos, o cuando el regalo se entrega por los familiares del rehén al policía que, jugándose la vida, ha conseguido liberar al secuestrado. Ciertamente que en estos dos casos el funcionario recibe el regalo «en consideración a su función», pero con ello no se convierten en personas corruptibles y sospechosas, pues es prácticamente inimaginable que se repita un suceso en que los mismos niños o el mismo secuestrado se encuentren en la misma situación extrema que tenga que ser remediada por el mismo bombero o por el mismo policía.

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    Aplicando los principios que se han desarrollado a lo largo de esta Tribuna al caso concreto de los políticos valencianos, habría que concluir que, como los regalos recibidos por éstos van «más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía», en cuanto que su valor oscila entre los 2.400 y los 32.548 euros, como tales obsequios se han realizado «en consideración a [la] función» que desempeñaban, dado que caen dentro de su «círculo de influencia» las adjudicaciones a una empresa que operaba habitualmente con la Administración autonómica valenciana, y que había llegado a facturarle casi 7 millones de euros, y como el bien jurídico protegido por ese delito ha sido vulnerado con los regalos recibidos, ya que, al haberlos admitido, han adquirido la apariencia de personas corruptibles y sospechosas, por todo ello, y en el supuesto de que, como parece, las prendas de vestir no hayan sido compradas por Camps, Costa, Betoret y Campos, sino que han sido un obsequio de la trama Gürtel, estaríamos en presencia de un -tanto en sentido coloquial como técnico-jurídico- cohecho impropio con todas las de la ley.

    Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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