• Noticias maquetadas 01.07.2010

    AGUSTÍN YANEL / Madrid

    La Justicia podrá anular cualquier lista con miembros de Batasuna

    PNV e IU votan en contra de la propuesta de reforma de la ley pactada por PSOE y PP

    El PSOE y el PP han pactado unas propuestas para reformar la Ley Electoral que permitirán anular listas de EA u otro partido legal si incluyen a miembros de Batasuna o de otra formación ilegalizada o que no rechace la violencia terrorista.

    Con las propuestas que aprobó ayer el Congreso, se pretende impedir que la ilegalizada Batasuna o personas próximas al terrorismo puedan presentarse a las elecciones, ya sea en candidaturas propias o en las de partidos legales.

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    Los candidatos electos que se vean en esa situación podrán optar entre renunciar al cargo -diputado, concejal o miembro de una Diputación provincial- o abandonar «la situación que dé origen a la referida incompatibilidad». Es decir, condenar la violencia.

    El PNV e IU-ICV votaron en contra y CiU se abstuvo, porque consideran que algunas propuestas pueden ser inconstitucionales. Sólo Coalición Canaria sumó su apoyo.

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    Después de más de año y medio de trabajo, la Comisión Constitucional aprobó un informe en el que recomienda distintos cambios en la Ley Electoral, pero sin el consenso que se pretendía en un principio.

    El artículo más polémico del informe -que PSOE y PP quieren aprobar como proyecto de ley antes de fin de año, para aplicarla en las elecciones municipales y autonómicas de 2011- es la llamada «incompatibilidad sobrevenida».

    Según ese artículo, si después de que una persona sea elegida en unos comicios, la Justicia declara ilegal la formación con la que se ha presentado, le será retirada el acta de diputado o concejal salvo que en el plazo de 15 días declare «expresa e indubitadamente» que rechaza la violencia.

    Si esa persona empieza a ejercer su mandato y después se comprueba que no cumple esa declaración, «a través de hechos, omisiones o manifestaciones», incurrirá definitivamente en causa de incompatibilidad y le será retirada el acta.

    La Comisión Constitucional también recomienda ampliar los plazos para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado puedan pedir la anulación de listas «contaminadas» -hasta una semana antes de la jornada electoral, mientras ahora sólo es posible antes de que comience la campaña electoral- o solicitar al Tribunal Supremo que declare ilegal una formación política, algo que podrán plantear desde el día de la votación hasta la proclamación de los candidatos electos.

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    Aitor Esteban, del PNV, lamentó que PSOE y PP ni siquiera hayan intentado alcanzar un consenso con los demás. Opinó que esos partidos utilizarán la ley en algunos ayuntamientos vascos en beneficio de sus listas, algo que negó el socialista José María Benegas.

    José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, dijo que proponen estas medidas porque «la democracia tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza» o con un «fraudulento disfraz».

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    Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, criticó que PSOE y PP se hayan negado a reformar la ley para que IU tenga en el Congreso los escaños que le corresponderían en proporción a su casi millón de votos: 14 en vez de los dos de ahora.

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