• Noticias maquetadas 30.06.2010

    Order Pills online La razón y la ley

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    Isabel Garcia Pagan

    Simple movilización ciudadana o elecciones anticipadas. Esa es hoy la cuestión. El presidente de la Generalitat, José Montilla, llamó ayer a los catalanes a hacer de la senyera su pancarta y demostrar que Catalunya es una nación. Pero no al resto de España sino a Catalunya mismo. Por el contrario, a la enésima, Artur Mas se apuntó hace unos días a pedir elecciones. Quizás porque el caso Millet ya aprieta en las filas convergentes; quizás, como dice, para que sea un nuevo Govern quien gestione la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional segando el Estatut que refrendó el pueblo de Catalunya.

    No son reacciones incompatibles, son dos formas de gestionar la indignación con la vista puesta cada uno en sus intereses. Cierto es que Mas y Montilla se han mantenido en contacto con la quizás imposible pretensión de coordinar una respuesta del catalanismo al fallo del Alto Tribunal. Pero la batalla preelectoral puede que no sea compatible con la responsabilidad suficiente para permitir en este momento uno de esos pactos nacionales a los que Catalunya se abona en tiempos de tribulaciones.

    También cuesta imaginar que los otros padres de la criatura, el Gobierno de Zapatero y las Cortes españolas, pongan fin a su pública indiferencia ante los efectos políticos de la sentencia. Los apaños del Constitucional constituyen hoy el último de los problemas del presidente del Gobierno, que ya no sabe cómo parar la sangría de la crisis en las cuentas públicas, pero sobre todo en el electorado socialista. Alfonso Guerra se vanagloriaba de la buena faena del PSOE cepillando el texto que llegó a Madrid desde el Parlament. El abogado del Estado lo defendió ante el tribunal de los ataques del PP con un particular estilo, eso sí. Y la vicepresidenta De la Vega proclamaba sin más la derrota del PP.

    Quizás ahora la preocupación de los socialistas debería situarse ya en un plano superior. Más aun cuando Catalunya, uno de sus viveros vitales de votos, puede convertirse en el principio del fin de una historia de poder perdido gota a gota.

    Hace cuatro años que el Estatut está en funcionamiento, casi los mismos que el Alto Tribunal deliberaba sobre si más de un centenar de sus preceptos son constitucionales o no, y es precisamente ahora, a las puertas de unas elecciones catalanas, cuando la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, se ha decidido a tomar las riendas de un tribunal díscolo. Hasta ahora, la única urgencia ha sido defender el estatus, no de la institución, sino de sus señorías.

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    La ley es poderosa y el pacto político que sustenta el Estatut no tiene más precedente que la Carta Magna. Pero más poderosa ha sido la necesidad de los magistrados del tribunal de preservar lo que les queda de digna profesionalidad. Aunque sea a costa de socavar la complicada convivencia de Catalunya en España. La evidencia es que la ley, incluso la mayor de las leyes, no está para cumplirla, sino para interpretarla. Y que, efectivamente, la razón y la ley, o su interpretación, no son sinónimos.

  • Noticias maquetadas 30.06.2010

    A CONTRAPELO

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    SANTIAGO GONZÁLEZ

    Sólo palabras

    Vale la declaración preambular de Cataluña como nación, aunque el término nación carece de validez jurídica. O sea, vale, pero no vale. «Las palabras han de estar al servicio de la política y no al revés» (Zapatero, junio de 2005).

    Rubalcaba ha realizado una valoración sorprendente: si lo tradujésemos al lenguaje del fútbol, el PP habría perdido por 290 a 1. 290 son, en su opinión, las impugnaciones presentadas por el PP y 1 es el artículo declarado inconstitucional en las cuentas del Gobierno. Ninguna de las dos cifras es cierta. Los populares opusieron 114 enmiendas, no 290. El Estatuto de 2006 consta de un preámbulo, 223 artículos y 15 disposiciones adicionales. Y los declarados inconstitucionales son 14, no 1, amén de otros 29 interpretables. Con la lógica de Rubalcaba podría decirse que el PP, al igual que el TC, considera constitucional la mayor parte del Estatuto: de 239 epígrafes, impugna 114, menos de la mitad.

    Si el más listo del Gobierno razona así, no había motivos para grandes esperanzas al oír al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se explayó ayer en Onda Cero. También dijo que tumbar, tumbar, sólo han tumbado uno. También es mala suerte que el artículo que se han cargado entero sea precisamente el de la Justicia, que él había avalado con conocimientos se supone que profesionales. En los otros 13 han cambiado algunas palabras, qué son apenas un centenar de palabras frente a las 38.000 que tiene el Estatuto, sostiene nuestro hombre.

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    Han eliminado, por ejemplo, la palabra «preferente» para el catalán. Ya no es la lengua normal y preferente. Pero el TC, al retirar el segundo calificativo, deja obscenamente desnudo al primero. ¿Qué es normal? El castellano, ¿es anormal o subnormal en Cataluña? Trate de decir el ministro «soy partidario de las relaciones sexuales normales» ante el ejecutivo Zerolo, a ver qué pasa.

    Vamos a ponerle ejemplos más fáciles: cambiar un sí por un no, donde dije ‘digo’, digo ‘Diego’. Una palabra es un mundo. A veces basta el orden para conferir sentido: hombre pobre y pobre hombre es un ejemplo de mi lejanísimo bachillerato. Otras, basta una coma, y no pensemos en el caso de los números. Se cuenta que Pedro el Grande tenía la misma fórmula para dar el visto bueno a una ejecución que para suspenderla. Bastaba con correr la coma: «Clemencia imposible, ejecución», en el primer caso, y «clemencia, imposible ejecución» en el segundo. Sí, ministro, es sólo una leyenda y en España no está vigente la pena de muerte.

    Baltasar Garzón está acusado de prevaricación por haber confundido una letra con otra, según la ciencia jurídica parda del ministro de Justicia. La L.O.G. Penitenciaria dice en su artículo 51.2 que las comunicaciones de los presos con sus defensores «no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo». Donde hay una copulativa, ‘y’, el juez leyó una disyuntiva, ‘o’ y ahí empezó todo. Garzón pensaría como Caamaño: total, una letra u otra, qué más da. Los dos deberían saber que la interpretación de la cuestión copulativa viene a ser una jodienda, mayormente.

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  • Noticias maquetadas 30.06.2010

    TRIBUNA / LA SENTENCIA / MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

    El ‘Estatut’ y la conciencia del compromiso

    El autor teme que las reacciones al fallo del Constitucional estrangulen el normal desarrollo de la vida política

    Lamenta que Zapatero alimentase la creencia nacionalista de que era preciso ‘perfeccionar’ nuestra democracia

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    Hasta cierto punto todo ha ocurrido como era previsible que ocurriera. Una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, unos y otros han hecho públicas sus divergencias. Como se esperaba, los dos grandes partidos nacionales han hecho lecturas diferentes. En cuanto a los partidos que conforman el parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña, tampoco ha habido demasiadas sorpresas. Buena parte de ellos habían anunciado cuál sería su respuesta si el Alto Tribunal modificaba algún aspecto del Estatuto. Los nacionalistas no habían ocultado que esa respuesta sería la consecuencia lógica de su negativa a reconocer ninguna legitimidad en ese Tribunal. Así pues, con independencia de lo que unos y otros puedan señalar sobre los límites razonables del Estado autonómico, y del histrionismo de que hagan gala en sus manifestaciones, la cuestión capital ha sido otra: qué pasa con las reglas del juego y con su aplicación.

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    De hecho, lo previsible de las respuestas de unos y otros no oculta, al contrario, lo preocupantes que éstas resultan. Es así porque parecen rubricar una crisis institucional que puede llegar a estrangular el normal desarrollo de la vida política democrática. El Constitucional tiene, sin duda, una parte muy importante de responsabilidad, en la medida en que su tardanza en resolver esta cuestión, así como el bochornoso espectáculo que nos ha ofrecido con el ir y venir de ponencias, resultan inadmisibles. Pero ese descrédito del que le resultará difícil librarse, así como el modo en que ha contribuido a cansarnos y menoscabar nuestra confianza en las instituciones, no son sino el reflejo de algo más inquietante. Cabe preguntarse, ahora que ya sabemos lo que piensan nuestros expertos en Derecho Constitucional sobre la ilimitada elasticidad de las reglas del juego y lo poco que les importa esa opinión a nuestros sufridos nacionalistas, si todo este asunto de la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña no es un síntoma de una afección más seria que creíamos superada.

    Algunos creen a estas alturas que la democracia española padece de los achaques propios de un sistema político que no fue capaz de romper radicalmente con el franquismo, de tal manera que algunos rasgos de una cultura política autoritaria todavía nos acompañan. Estos también tienden a pensar que la democracia no funciona bien porque algunas instituciones interfieren en las decisiones que toman los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Desde su punto de vista, la voz del pueblo, traducida en una mayoría parlamentaria, está sometida a una tutela insoportable. Si esto ocurre es porque determinadas transacciones que resultaron capitales para traer la democracia se han convertido en un serio problema para su desarrollo. Estaría pendiente otra transición que permitiera alcanzar esa democracia completa que hace 30 años no pudimos lograr. Hasta cierto punto, con el nuevo Estatuto de Cataluña se habría dado un paso importante en ese sentido. Al parecer, el mero hecho de que el Tribunal Constitucional tenga reconocida la competencia para fallar sobre su constitucionalidad, resulta en sí mismo un problema. Qué duda cabe que en esta postura sobre la necesidad de completar nuestra democracia, los nacionalistas no han estado solos. El Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha fomentado, allí donde le ha interesado, ese diagnóstico.

    Esto último es lo realmente inquietante. Es cierto que los socialistas españoles no han cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional ni han pedido una reforma de la Constitución que suprima el control de constitucionalidad de las leyes que regulan el funcionamiento de las autonomías. Pero han estado facilitando el alimento ideológico a quienes anhelan perfeccionar la democracia española propiciando una descentralización sin límite que desdibuje no sólo el sujeto de la soberanía nacional, y consiguientemente la igualdad civil de los españoles, sino también la razón de ser de unas reglas del juego comunes.

    Éste es el quid de la cuestión: cómo hemos de actuar para que las normas que presiden nuestra democracia sean percibidas por una amplia mayoría como sus reglas, no las del partido en el gobierno, ni las del partido de la oposición, sino las reglas de todos los españoles. Esto es lo que, a mi juicio, ha salido debilitado del espectáculo al que hemos asistido desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometiera a respaldar el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña, y ese compromiso no incluyera la necesidad de que el principal partido de la oposición también lo considerara suyo. Esto es lo que realmente está debilitando nuestra democracia, una democracia entre cuyas inmensas virtudes estaba la de haber roto con el empeño de nuestros antepasados en los proyectos de exclusión política.

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    Lo que la polémica sobre el Estatuto de Cataluña, tanto sobre la forma en que se aprobó como el contenido de algunos de sus artículos y del preámbulo, ha sacado a la luz es el resurgimiento de actitudes nefastas del pasado. Hace mucho tiempo que sabemos que el fracaso de la democracia española en los años 30 no se debió a razones tan simples como siguen apuntando algunos novelistas de la Historia. En la raíz de ese fracaso hubo mucho más que una derecha autoritaria y antiliberal. Entonces predominó una cultura política que hacía de la intransigencia una virtud, de tal forma que la participación democrática no era una forma de arbitrar pacíficamente el conflicto, sino un modo de aplastar al adversario para imponer un modelo de sociedad. Esta actitud favorecía la consideración de las instituciones como un instrumento de partido e impedía apreciar la importancia de las garantías formales para la consolidación de una democracia pluralista. Por eso, cuando las izquierdas republicanas y los socialistas tuvieron que desarrollar legalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales que habían previsto en su Carta Magna, se asustaron sobre las posibles consecuencias que podía tener el control de constitucionalidad. De ahí que no les costara nada reconocer públicamente que no iban a tolerar que un tribunal dictaminara sobre la validez de las normas que desarrollaban la Constitución. No lo harían porque no creían que debieran ponerse límites a la voluntad de los representantes de la soberanía. Que el Alto Tribunal pudiera revisar las leyes de desarrollo constitucional chocaba con lo que el portavoz de la comisión parlamentaria llamó una «misión francamente revolucionaria y constituyente». Tenían, como dijo el ministro de Justicia del gobierno Azaña, «motivos políticos, franca y noblemente políticos», para impedir el control de constitucionalidad de las normas de desarrollo de la revolución republicana. Si la intransigencia era una virtud y la exclusión un objetivo, es lógico que la división de poderes no estuviera bien vista.

    Hoy podemos estar tranquilos porque la reacción de nuestros dos partidos nacionales a la sentencia del Constitucional no ha incluido un cuestionamiento de su legitimidad. Ahora bien, tenemos motivos para preocuparnos porque el modo en que se aprobó la ley que regula el Estatuto catalán y la forma en que el Tribunal Constitucional ha conseguido aprobar una sentencia ponen de manifiesto que hay quienes piensan que existen «motivos políticos, franca y noblemente políticos», para evitar que las garantías formales previstas en las Constitución de 1978 impidan que cada cual utilice las mayorías electorales para profundizar en una especie de democracia a la carta. Pero proyectos de exclusión, aunque se disfracen de identidades nacionales, derechos históricos y profundización de la democracia, no son lo que necesitamos.

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    Lo que el Partido Socialista y el Partido Popular deberían analizar, más allá de sus visiones a corto plazo sobre cómo ganar elecciones, es el modo en que el episodio del Estatuto de Cataluña y el tiempo y la forma en que se ha resuelto han podido debilitar la confianza de una parte importante del electorado en sus instituciones. Su tarea, por tanto, no es sólo la de pensar en común sobre el futuro de la organización territorial de la nación, sino también la de reforzar la confianza de los españoles en su democracia. Podrán hacerlo si recuerdan que lo esencial en una democracia liberal es, como insistía Raymond Aron, la «conciencia del compromiso».

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    Manuel Álvarez Tardío es profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Acaba de publicar El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República.

  • Noticias maquetadas 30.06.2010

    La sentencia

    Víctor Ferreres Comella

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    Por fin tenemos sentencia. Tras casi cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional consiguió el pasado lunes resolver el recurso presentado por el Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya. Aunque el texto de la sentencia no se publicará hasta dentro de unos días, el Tribunal ha dado a conocer el contenido de su resolución, por la que declara inconstitucionales 14 artículos, somete a determinadas interpretaciones otros 27, y avala el resto del Estatuto. Tiempo habrá para analizar con calma los razonamientos que han llevado al Tribunal a esta conclusión. De momento, cabe hacer algunas reflexiones.

    En primer lugar, es una buena noticia que el Tribunal haya dictado finalmente esta sentencia. Es lamentable que haya tardado tanto, y que el procedimiento de discusión y votación haya sido tan atormentado. Pero habría sido peor que el Tribunal se hubiera mostrado incapaz de cumplir con su obligación, que era, sencillamente, determinar si el Partido Popular tenía o no razón, en términos jurídicos, cuando sostenía en su recurso que el Estatut contenía preceptos contrarios a la Constitución. Ningún experto sensato ha puesto en duda que el Tribunal, con la ley en la mano, tenía plena competencia para conocer de este asunto.

    Es verdad que la aprobación del Estatut por dos Parlamentos (el catalán y el español), así como por la propia ciudadanía catalana en referéndum, obligaba al Tribunal a ser especialmente cuidadoso antes de decir no a un precepto estatutario. Pero la deferencia, la prudencia de un tribunal, no equivale a abdicación. Las instituciones deben cumplir con sus cometidos. Contrariamente a lo que han dicho algunos políticos, no es raro en otros países que los jueces constitucionales anulen normas que han sido aprobadas por el pueblo en referéndum.

    En segundo lugar, al estudiar los diversos bloques de preceptos sobre los que se ha pronunciado el Tribunal, habrá que distinguir entre los aspectos más técnicos, y los menos técnicos. Respecto de los primeros, no parece que haya habido una gran división de fondo entre los magistrados del «grupo conservador» y los del «grupo progresista».

    Así, por ejemplo, la conclusión de que el Estatut contiene normas inconstitucionales en la parte relativa al poder judicial ha sido apoyada por una amplísima mayoría de magistrados. Yes que, en efecto, no hace falta adscribirse auna ideología conservadora para darse cuenta de que el Estatuto de Catalunya puede regular las instituciones propias de la Generalitat, pero carece de competencia para regular (aunque sea de manera fragmentaria) la organización de las instituciones del Estado, como las que integran el poder judicial.

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    Con respecto a otros temas más delicados, como el relativo a la nación o ala lengua, las discrepancias entre los magistrados parecen haber sido más profundas, seguramente porque en estos asuntos la técnica jurídica es más frágil ante el embate de la política. No parece, sin embargo, con la información de la que disponemos en estos momentos, que el Tribunal Constitucional haya restringido de manera irrazonable las políticas públicas de protección y fomento de la lengua catalana.

    En tercer lugar, el Partido Popular puede esgrimir con razón que ha tenido un éxito parcial con su recurso, pero tendrá que pedir excusas por no haber recurrido preceptos similares que figuran en otros estatutos, como el andaluz, a los que ha dado respaldo político.

    Esta doble vara de medir es totalmente inaceptable. El argumento que ha dado el PP es que el Estatuto de Autonomía andaluz se aprobó con el consenso del Partido Socialista y del Partido Popular. Pero este argumento no es válido: el propio Partido Popular ha dicho reiteradamente que los estatutos deben respetar la Constitución, y que eso no depende de cuántos apoyos políticos hayan obtenido. Por su parte, los juristas tendremos que buscar fórmulas para poder extender a los otros estatutos la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia.

    En cuarto lugar, es descabellada la idea de convocar un referéndum para que los ciudadanos fijen su posición tras la sentencia. Basta con plantearse cuál sería la pregunta a la que deberían responder para darse cuenta de que el referéndum sería un disparate. Algunos han dicho que los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse acerca de si les gusta o no el Estatut rebajado, el que resulta del dictamen del Tribunal Constitucional. Probablemente, una gran mayoría diría que no, pero el problema es que la poda parcial que ha sufrido el Estatut ha sido necesaria para asegurar su encaje con la Constitución. Frente al Estatut parcialmente corregido por la sentencia, ¿cuál sería la alternativa? ¿Volver al Estatut de 1979?

    Obviamente, eso supondría dar un paso atrás. El nuevo Estatut constituye un importante avance en muchos temas. Naturalmente, siempre se podrá hacer un nuevo Estatut. La sentencia no lo impide en absoluto. Pero seamos serios: ¿dónde está la fuerza política dispuesta a proponer a los sufridos ciudadanos que se inicie otra vez un proceso de reforma estatutaria?

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    Parece mucho más sensato aceptar los límites constitucionales que el Tribunal Constitucional ha señalado, y lograr por otras vías lo que se pretendía conseguir a través del Estatut. Así, por ejemplo, del mismo modo que no era necesario la reforma estatutaria para lograr un nuevo sistema de financiación autonómica, se puede conseguir una nueva configuración del poder judicial a través de las correspondientes leyes orgánicas. Existen muchas posibilidades abiertas. La ciudadanía agradecería una lectura menos dramática de las consecuencias de esta sentencia.

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    V. FERRERES COMELLA, profesor de Derecho Constitucional. Universitat Pompeu Fabra

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