• Noticias maquetadas 30.06.2010

    LA SENTENCIA DEL ESTATUT

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    Joan Vintró

    La valoración del fallo de la sentencia del Estatut d´Autonomia de Catalunya debe proyectarse fundamentalmente sobre los preceptos declarados inconstitucionales y nulos con la consiguiente expulsión del texto estatutario. Al respecto debe subrayarse como elemento positivo que, en comparación con el muy elevado número de artículos impugnados en el recurso planteado por el Partido Popular, el total de preceptos estimados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional es reducido.

    Ahora bien, el criterio fundamental de análisis no debe ser, claro está, el puramente cuantitativo. En este sentido cabe agrupar las reflexiones sobre estos preceptos inconstitucionales en los siguientes términos:

    1. La eliminación de la obligación del catalán como lengua de uso preferente de las administraciones públicas catalanas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya puede resultar en términos prácticos relativamente poco relevante en la medida en que se mantiene en el Estatut su carácter de lengua de uso normal, o bien podría implicar la exigencia de un bilingüismo generalizado. En este punto habrá que estar atentos a lo que señale el fundamento jurídico de la sentencia para calibrar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad.

    2. Las inconstitucionalidades en el terreno institucional tienen una diversa dimensión en cada caso. Por una parte se produce un debilitamiento institucional cuando el Síndic de Greuges pierde la exclusividad en el control de la Administración de la Generalitat y el Consell de Garanties Estatutàries se ve privado de la competencia que otorgaba sentido a la denominación de esta institución como era la de emitir dictámenes vinculantes sobre propuestas legislativas en materia de derechos estatutarios.

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    Por otra parte, el tribunal declara inconstitucional la definición del Consell de Justícia de Catalunya y la mayor parte de las atribuciones de este órgano concebido como un instrumento de articulación entre el ámbito autonómico y el gobierno del poder judicial en Catalunya. Con respecto a esta última cuestión hay que señalar que esta institución todavía no había sido creada, ya que para ello era necesaria la intervención de la ley orgánica del Poder Judicial. Cabe esperar que la sentencia del Tribunal Constitucional no impida que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial contemple en el futuro la creación de los Consejos de Justicia en las comunidades autónomas.

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    3. La supresión en la definición de las competencias compartidas de que las bases estatales debían figurar normalmente en normas con rango de ley y limitarse a ser principios o mínimo común normativo supone un revés para la pretensión estatutaria de garantizar el ejercicio de las competencias propias y de condicionar indirectamente el ejercicio de las competencias estatales.

    Puede ser oportuno recordar en este apartado que la previsión estatutaria declarada ahora inconstitucional por el tribunal no ha supuesto un gran freno a la extralimitación estatal en este ámbito y que en cualquier caso el Estado central sigue estando obligado, por mandato de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde hace muchos años, a establecer normalmente unas bases principales y en normas con rango de ley.

    4. La desaparición de uno de los criterios condicionantes de la contribución de la Generalitat a la solidaridad con otros territorios, como es que estos lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar, deja a la regulación del sistema de financiación autonómica sin uno de sus principios jurídicos más importantes.

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    Ciertamente este principio podrá ser invocado políticamente en las negociaciones sobre financiación autonómica pero sin el aval jurídico de la previsión estatutaria, ahora anulada, y con el inconveniente añadido de que no se encuentra recogido tampoco en la Lofca.

    La valoración del fallo de la sentencia sobre el Estatut debe cerrarse con una referencia a los interrogantes que plantean los preceptos sometidos a la decisión interpretativa del Tribunal Constitucional que todavía no se conoce.

    Piénsese que entre ellos se encuentran los artículos relativos a materias tan trascendentes como las siguientes: los derechos históricos; el derecho y el deber de usar y conocer la lengua catalana; el carácter del catalán como lengua vehicular de la enseñanza; la definición de las competencias exclusivas y ejecutivas; el régimen competencial del derecho civil catalán, de la inmigración y de las consultas populares. También la organización territorial y las veguerías; y diversos aspectos de la financiación autonómica, así como la disposición adicional tercera, referencia para las inversiones del Estado en Catalunya.

    Una interpretación restrictiva del alcance de todos estos preceptos supondría una desnaturalización profunda del Estatut aprobado en el 2006 por las Cortes y refrendado en Catalunya. Habrá que examinar, pues, con detalle los fundamentos jurídicos de la sentencia.

    J. VINTRÓ, catedrático de Derecho Constitucional de la UB

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