• Noticias maquetadas 30.06.2010

    Order Pills online La razón y la ley

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    Isabel Garcia Pagan

    Simple movilización ciudadana o elecciones anticipadas. Esa es hoy la cuestión. El presidente de la Generalitat, José Montilla, llamó ayer a los catalanes a hacer de la senyera su pancarta y demostrar que Catalunya es una nación. Pero no al resto de España sino a Catalunya mismo. Por el contrario, a la enésima, Artur Mas se apuntó hace unos días a pedir elecciones. Quizás porque el caso Millet ya aprieta en las filas convergentes; quizás, como dice, para que sea un nuevo Govern quien gestione la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional segando el Estatut que refrendó el pueblo de Catalunya.

    No son reacciones incompatibles, son dos formas de gestionar la indignación con la vista puesta cada uno en sus intereses. Cierto es que Mas y Montilla se han mantenido en contacto con la quizás imposible pretensión de coordinar una respuesta del catalanismo al fallo del Alto Tribunal. Pero la batalla preelectoral puede que no sea compatible con la responsabilidad suficiente para permitir en este momento uno de esos pactos nacionales a los que Catalunya se abona en tiempos de tribulaciones.

    También cuesta imaginar que los otros padres de la criatura, el Gobierno de Zapatero y las Cortes españolas, pongan fin a su pública indiferencia ante los efectos políticos de la sentencia. Los apaños del Constitucional constituyen hoy el último de los problemas del presidente del Gobierno, que ya no sabe cómo parar la sangría de la crisis en las cuentas públicas, pero sobre todo en el electorado socialista. Alfonso Guerra se vanagloriaba de la buena faena del PSOE cepillando el texto que llegó a Madrid desde el Parlament. El abogado del Estado lo defendió ante el tribunal de los ataques del PP con un particular estilo, eso sí. Y la vicepresidenta De la Vega proclamaba sin más la derrota del PP.

    Quizás ahora la preocupación de los socialistas debería situarse ya en un plano superior. Más aun cuando Catalunya, uno de sus viveros vitales de votos, puede convertirse en el principio del fin de una historia de poder perdido gota a gota.

    Hace cuatro años que el Estatut está en funcionamiento, casi los mismos que el Alto Tribunal deliberaba sobre si más de un centenar de sus preceptos son constitucionales o no, y es precisamente ahora, a las puertas de unas elecciones catalanas, cuando la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, se ha decidido a tomar las riendas de un tribunal díscolo. Hasta ahora, la única urgencia ha sido defender el estatus, no de la institución, sino de sus señorías.

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    La ley es poderosa y el pacto político que sustenta el Estatut no tiene más precedente que la Carta Magna. Pero más poderosa ha sido la necesidad de los magistrados del tribunal de preservar lo que les queda de digna profesionalidad. Aunque sea a costa de socavar la complicada convivencia de Catalunya en España. La evidencia es que la ley, incluso la mayor de las leyes, no está para cumplirla, sino para interpretarla. Y que, efectivamente, la razón y la ley, o su interpretación, no son sinónimos.

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