• Seguro que están de acuerdo con la afirmación que el escritor Javier Marías hacía en su habitual columna del pasado domingo: “O vivimos con un descomunal agujero de dinero negro, que se nos sustrae a todos, o debemos hasta el pellejo y la totalidad de nuestros órganos, o, lejos de reñir a España, las agencias financieras internacionales deberían darle una medalla a cada habitante de este país incomprensible, por obrar prodigios”.Vivan ustedes de la nómina fija, el contrato temporal, la chapuza o la ayuda familiar o el paro, no les hará ninguna gracia que mañana vaya a subir el IVA y el gas. Les importará un bledo que el nuevo IVA coincidiera con una moderación del IPC y desde luego ya no creerán nada de lo que dice el Gobierno cuando dice confiar en que la mayor parte de la subida del IVA se vaya a absorber por las empresas. Por desconfiar de los políticos, ya sólo esperan que la reforma del mercado de trabajo, que según Zapatero requiere una corrección a los pocos días de haberse aprobado, acabe perjudicándoles todavía más. Todos ustedes no esperan más que perjuicios en el debate parlamentario de esta ley que se inicia el próximo 5 de julio. Todos ustedes tienen la mosca detrás de la oreja, porque han sabido que el Gobierna estudia eliminar los 420 euros a los parados de larga duración, a partir del 18 de agosto. También habrán podido saber que Corbacho quiere “quiere reducir el periodo de cobro del seguro de desempleo, aunque los cambios no se harán hasta que se produzca la recuperación económica”. Una recuperación que siempre ha prometido Zapatero para “ya mismo” y que nunca se ha llegado a llevar a cabo. Incluso, “Salgado descarta que el PIB vuelva a descender en los próximos trimestres” y dice que en septiembre ya verán si suben nuevos impuestos.

    Aunque el “maligno” Ferrán tenga la cara de decir que el despido se ha encarecido con la reforma, todos sabemos que todos los abogados laboralistas están preparando despidos masivos para el próximo 6 de septiembre. De hecho Marcos Peña (CES) ha explicado que casi medio millón de trabajadores fueron despedidos el año pasado sin causa alguna. Para redondear, se habrán encontrado hoy una información que dice que el Fogasa sólo subvencionará las extinciones de nuevos contratos con un año de antigüedad. Y todas éstas ideas y reflexiones citadas se les ocurren cuando saben que la huelga salvaje del metro de Madrid no es más que un avance de la huelga general del próximo mes de septiembre. O sea que, ustedes refunfuñan entre Malaga y Malagón, entre la subida de impuestos y  el miedo al desempleo, al calor de agosto y el miedo a encontrarse con una carretera bloqueada por los huelguistas.

    Seguro que no esperan ustedes mucho de los aparatos sindicales pero sí que pueden confiar en que Méndez y Toxo van a verse obligados a hacer encaje de bolillos con sus próximas decisiones para no verse de patitas en la calle debido al desprestigio de su táctica sindical. Si siguen así podrían encontrarse con una Margaret Thatcher y la huelga de mineros en Inglaterra de hace unos 25 años. UGT y CC.OO. tiene que hacer explícita la estrategia sindical de defensa de sus intereses en la reforma del mercado de trabajo y en ésa estrategia no puede haber tácticas que les aislen de una masa de trabajadores que todavía no han sido despedidos y que sufren los efectos de una falta de cumplimiento de servicios mínimos. A los agrupaciones locales que no cumplan los servicios mínimos deberían ser denunciados por UGT y CC.OO y ser metidos en la cárcel, para disciplinar a su base de cotizadores.

    Es muy cierto que Zapatero ha estrangulado el Estado de Bienestar de los trabajadores con contrato indefinido y que ha recortado el salario de los funcionarios, pero Esperanza Aguirre, que tiene un morro que se lo pisa, no puede apuntarse al carro de Zapatero bajando los salarios de los maquinistas del Metro de Madrid argumentando que son unos salvajes. Aguirre lo que quiere es aparecer como Margarte Thatcher rompiendo la negociación colectiva de unos pocos trabajadores  privilegiados.

    Los sindicatos no pueden en estos momentos admitir que nadie rompa con la aplicación de un convenio colectivo ya firmado y pendiente de aplicación; sencillamente sería su suicidio político y de afiliación, por eso dicen enrocarse, sobre todo porque la reforma de la ley ha resultado ser muy ambigua en lo que afecta a la aplicación temporal y espacial de los convenios.

    En esto de la huelga de metro de Madrid las dos partes enfrentadas, CAM y sindicato de maquinistas, sólo dicen medias verdades para poder confundir a la población. Para que la gente decida el sentido de su apoyo en función de ideologías, en vez de por intereses. Por ejemplo hay mucha gente que cree que el derecho a la huelga de los trabajadores (que son los que cotizan por estar trabajando) es un derecho que el Gobierno no debería poder manipular y, a la vez, cree que debe perseguirse el fraude de  huelga con métodos directos e indirectos. Al final el éxito o fracaso de esta huelga no representará nada porque el conflicto se habrá trivializado o será un voto de fidelidades.  En esta ocasión ya se han dividido los papeles: El ministerio de Trabajo (el bueno), Esperanza Aguirre (la mala) y Rubalcaba (Dios).

    Si Zapatero renueva el Gabinete ante del mes de agosto, debería nombrar a un ministro de trabajo que reforme la ley de huelga para aplicarla en la oleada de conflictos laborales del próximo otoño. El nuevo ministro debería anunciar la redacción de una Ley de Huelga distinta de la 2001 haciendo que “la actual normativa basta para hacer incompatible el derecho de huelga con la atención que deben tener los servicios esenciales para la sociedad”.

    Los sindicatos españoles están cumpliendo por ahora su papel más clásico  son organizaciones que satisfacen a los trabajadores “medios”, mientras que es el mercado laboral el que se ocupa de los trabajadores “marginales”. Si los clientes/la cuota de mercado/la afiliación objetivo de  los sindicatos son los trabajadores con empleo resulta explicable porque no pueden aceptar bajo ningún concepto la rebaja de un derecho “incondicional” como consideran es el seguro de desempleo y el derecho a la huelga, ni pueden querer rebajar el ámbito de aplicación de la negociación colectiva. Puestos en la tesitura ganan más adeptos enfrentándose a las reformas que colaborando para conseguir una aplicación benevolente. Alguien se ha equivocado en el calendario y objetivo. Es decir, que los sindicatos van a tener la clave de la coherencia del Presupuesto 2011 que Benegás y Marugán están negociando con el PNV. Con el PNV todavía quedan cromos que cambiar porque con CiU no hay nada que hacer hasta que gane las elecciones en Catalunya y con el resto de partido nacionalistas poca cosa hay que ofrecer cuando la propia reforma del Estatut ha provocado un “seísmo de la sentencia que puede dañar incluso las estructuras del propio PSOE. El atasco de la reforma de la financiación autonómica, intrínsecamente vinculada al Estatut”.

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  • “La Moncloa espera a que amaine la tormenta”. “Zapatero recibirá a Montilla después de que se conozca el texto íntegro de la sentencia” [>>>]

    “CiU da por roto el pacto de 1978 y plantea desbordarlo”. “Mas y Duran constatan el fin de la “interpretación flexible” de la Constitución” [>>>]

    “La reforma electoral no variará la representación”. “PP y PSOE entierran la posibilidad de mejorar la proporcionalidad” [>>>]

    “La Generalitat impulsa la creación de una caja rural catalana” [>>>]

    A continuación les dejamos con una selección de artículos y análisis que ayudará a la comprensión de los diversos intereses que subyacen en la interpretación del Estatut, cuya tramitación ocupará todo el próximo otoño:


    EL PAÍS

    Opiniones en página 12: “Una resolución jurídica convulsa”, de Miguel Ángel Aparicio Pérez [>>>] y “El Estatuto catalán y el respeto”, por Gregorio Peces-Barba [>>>]

    Pág 27: “Una sentencia en el camino”, del catedrático Juan José Solozábal.  “Tenemos, pues, sentencia. Pero no puede hacer imposibles: no puede transformar un Estatuto ambiguo, con alma de Constitución y cuerpo de reglamento, en una norma irreprochable desde el punto de vista técnico”.


    LA VANGUARDIA

    Pág 12: “¿Y ahora qué hacemos?”, crónica de Jordi Barbeta.

    Pág 13, análisis de Enric Juliana: “La manifestación del cambio”. “Montilla es un buen táctico, pero puede haber tirado por la ventana todo el periodo 2003-2010″.

    Pág 18: “Interrogantes”, por el catedrático Joan Vintró. En la misma página, “España tiene un problema”, de Miquel Roca.

    Pág 19: “Derrotados”, por M. Dolores García.

    Pág 24: “No puede ignorarse”, de Miquel Roca i Junyent.

    Pág 25: “Autonomía bajo vigilancia”, de Francesc-Marc Álvaro.

    Pág 28: “La sentencia”, por el profesor Víctor Ferreres Comella.


    PÚBLICO

    Pág 9: “De sentencia y votos”, por el catedrático Francisco Balaguer Callejón.

    Pág 11: “El cuento de la lechera”, por Nativel Preciado.

    Contraportada: “Lo que rompe España”, por Ignacio Escolar.


    EL MUNDO

    Pág 6, “Sólo palabras”, de Santiago González.

    Pág 7: “Desactivación parcial”, por Casimiro García Abadillo.

    Pág 25: “El ‘Estatut’ y la conciencia del compromiso”, por el profesor Manuel Álvarez Tardío. “El autor teme que las reacciones al fallo del Constitucional estrangulen el normal desarrollo de la vida política”.


    ABC

    La Tercera del profesor Félix Ovejero: “La realidad catalana y mafalda”.

    Pág 15: “Inconstitucional”, por Ignacio Camacho. “El veredicto parte de un principio más político que jurídico: tratar de contentar a todos a base de no dejar satisfecho a nadie”.


    EXPANSIÓN

    Pág 29: “A ver quién le pondrá el cascabel al Estatu”, del periodista Msrti Saballs Pons.

  • Noticias maquetadas 30.06.2010

    A FONDO

    CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

    Desactivación parcial

    Un reloj consta de muchas piezas, pero, si carece de pila, no funciona. Por ello, analizar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la base del número de artículos declarados inconstitucionales, como han hecho el Gobierno y el PSOE, es un error. Más que un error, es una forma de utilizar la sentencia contra el PP. No olvidemos que en este asunto la lectura política pesa tanto o más que la lectura puramente jurídica.

    El ciudadano debe quedarse, en principio, con la idea de que Gobierno y PP han dado una valoración positiva a la sentencia, lo cual ya es mucho teniendo en cuenta que hablamos de un contencioso tan sensible como Cataluña y su margen de autogobierno.

    El debate de fondo está en determinar si el Constitucional ha desactivado el soberanismo que contenía el Estatuto o lo ha dejado intacto, limitándose a retoques cosméticos. Es decir, si le ha quitado la pila al reloj de la independencia.

    Para determinarlo con exactitud habrá que esperar a conocer la sentencia y los votos particulares. Pero, con todo, ya se pueden apuntar algunas cosas.

    Es importante que se haya desactivado jurídicamente el término nación porque es de ahí de donde emana la soberanía.

    Sin embargo, el TC ha podado algunos aspectos del Estatuto, quizás menos vistosos, pero de mayor relevancia práctica.

    Por ejemplo, ha mutilado en gran parte todo lo referente a la financiación, no sólo por la eliminación del párrafo que condicionaba la participación de Cataluña en la nivelación de otras autonomías, sino porque elimina una disposición adicional que obligaba al Estado a fijar la inversión en infraestructuras en función del PIB catalán. Además, recorta las disposiciones sobre cesiones de IRPF, impuestos especiales y el IVA. Claramente, al Estatuto se le ha privado de la energía de la financiación, que era uno de sus pilares esenciales.

    En cuanto a las competencias compartidas, el Constitucional ha eliminado el párrafo clave del artículo 111 que circunscribía los límites legislativos del Estado frente a la Generalitat a las normas con rango de ley. A partir de ahora, los decretos también serán de aplicación en Cataluña, lo que hubiera evitado, por ejemplo, la supresión de la tercera hora de castellano en la ley de educación. Esta desactivación tiene también enormes consecuencias en asuntos como legislación sobre cajas de ahorros, la regulación de la función pública, la organización administrativa, el medio ambiente, etc.

    En cuanto a la lengua, es relevante la eliminación del término «preferente» en el uso del catalán en la administración. Pero es igualmente importante la reinterpretación del párrafo 1 del artículo 35, que es el que establece el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

    También se han reconducido preceptos relativos a la bilateralidad y se ha privado a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de su carácter vinculante.

    ¿Está totalmente desconectada la pila soberanista del Estatuto? Probablemente, no. Pero la exigencia de Montilla a Zapatero de que compense con nuevas leyes los recortes acordados por el TC demuestra que el Estatuto ha resultado seriamente desactivado.

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