• Noticias maquetadas 28.06.2010

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    MARÍA PERAL / Madrid

    Cheap El TS avala poner micros en celdas

    Considera legítimo espiar las conversaciones de los detenidos en prisión, salvo las que tengan con sus abogados, protegidas por «la reserva del secreto profesional»

    En medio de una fuerte controversia y por tres votos frente a dos, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha avalado que la Policía, con autorización judicial, instale micrófonos ocultos en las celdas donde se encuentran los detenidos para espiar sus conversaciones y averiguar así datos sobre los hechos delictivos que se investigan. La Sala exceptúa las entrevistas que los detenidos mantengan con sus abogados, «que quedan bajo la reserva del secreto profesional».

    El Supremo ha confirmado las condenas de entre 27 y 30 años de prisión impuestas por la Audiencia de Zaragoza a los tres autores del secuestro y asesinato de A. D. M., relacionado con el narcotráfico. Sospechando que podía esconder dinero por valor de 1,2 millones de euros, Fernando Ariel, Francisco Javier Arias y Rubén Moral abordaron a la víctima cuando iba a entrar en su casa, la introdujeron por la fuerza en una furgoneta y empezaron a hacerle cortes con un cuchillo para que revelara dónde tenía el dinero.

    A. D. M. no habló. Sus secuestradores registraron minuciosamente las dos viviendas que poseía y no encontraron el dinero. Entonces le dispararon con una pistola, primero en una rodilla y luego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte inmediata. Arrojaron el cadáver a una acequia de riego y quemaron la furgoneta utilizada en los desplazamientos.

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    A los asesinos les perdió la imprudencia de apoderarse de dos teléfonos móviles de su víctima desde los que, mientras ocurrían los hechos, llamaron a sus novias. Estas llamadas fueron investigadas por la Policía, que logró detener a Arias y a otra persona inicialmente sospechosa. La Brigada de Delincuencia Violenta solicitó entonces al juez de instrucción permiso para instalar en los calabozos de la comisaría un sistema oculto de grabación de la imagen y del sonido.

    El juez lo autorizó, aunque con determinadas condiciones, entre ellas que la instalación se realizase en presencia del secretario judicial y «con la separación debida» entre las celdas y el lugar donde los detenidos se entrevistasen con sus abogados, dado que estas últimas conversaciones debían quedar al margen de toda interceptación.

    Por este procedimiento, la Policía logró enterarse de la intervención en el secuestro y asesinato de A. D. M. de otro de los condenados, cuya identidad mencionaron los detenidos cuando hablaban entre ellos en la celda.

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    En una sentencia con ponencia de Juan Ramón Berdugo, la Sala Penal del Supremo ha considerado que la prueba incriminatoria así obtenida fue «legítima» y «proporcionada». El Tribunal argumenta que «no es concebible» que un juez pueda intervenir una conversación telefónica con amparo en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que no pueda hacerlo con una conversación no telefónica entre dos personas en un recinto cerrado.

    También argumenta que, si la ley penitenciaria permite al director de una prisión grabar las conversaciones de dos internos, «mucho más [debe permitirse] al juez de instrucción autorizar la grabación de las conversaciones entre detenidos en calabozos policiales cuando su finalidad y su labor sea garantizar una pluralidad de valores en una sociedad democrática que no pueden desconocerse».

    La Sala aprecia diferencias entre la instalación de micrófonos y la utilización por la Policía de «subterfugios» como introducir en la celda a otra persona para sonsacar información a un detenido cuando no quiere declarar. En este supuesto, dice, «está consiguiendo de manera incorrecta información que no habría podido obtener de haber respetado el derecho constitucional del detenido a permanecer en silencio, violando sus derechos porque se le priva de su opción» a declarar o no declarar.

    «Sin embargo», señala, «en ausencia de comportamiento para obtener esa información por parte de la Policía, no existe violación del derecho del acusado a elegir si quiere o no declarar. Si el detenido habla [en la celda] es su propia opción y se debe suponer que ha aceptado el riesgo de que quien reciba esa información pueda informar a la Policía o de que su conversación está siendo grabada».

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