• Noticias maquetadas 24.06.2010

    Las irregularidades en la gestión del Palau

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    La Fiscalía acusará también a cargos públicos por el hotel del Palau

    La querella se ampliará a responsables del Ayuntamiento y la Generalitat y añadirá más delitos

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    SANTIAGO TARÍN – Barcelona

    La Fiscalía ampliará la semana que viene la querella presentada por las supuestas irregularidades en el proyecto del hotel junto al Palau de la Música, y pedirá la imputación de altos cargos de la Generalitat y el Ayuntamiento, además de incrementar los presuntos delitos por los que acusa.

    Así lo informaron fuentes del caso, que agregaron que el ministerio público sustentará sus pretensiones en los testimonios recogidos a lo largo de esta semana y en la documentación sobre la operación urbanística que ha llegado al juzgado en los últimos días, remitida por los actuales gestores del Palau. En este sentido, las mismas fuentes añadieron que personas que han acudido estos días al juzgado serían llamadas de nuevo, pero en lugar de como testigos, como imputadas, a fin de que se presenten con abogado y se las pueda interrogar acerca de cuestiones sobre las que podrían tener responsabilidades. Es por ello que la juez interrumpió la línea de interrogatorio llevada por el fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrí, a Ramon Massaguer, gerente de Urbanismo del Consistorio de Barcelona. Ayer ocurrió lo mismo con Ramon García Bragado, actual cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

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    En la querella original se acusaba únicamente a Fèlix Millet y Jordi Montull por los presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida. Ahora se aumentará la lista de infracciones, y probablemente se agregará la figura de la prevaricación, dirigida a funcionarios públicos que dictan resoluciones a sabiendas de que son injustas. Sobre las diligencias, los abogados de Millet y Montull han presentado un escrito a la juez solicitando que se inhiba en favor del juzgado 30, que se encarga de tramitar el desfalco del Palau, o que, alternativamente, se encargue únicamente de tramitar el tráfico de influencias, pasando al otro magistrado la apropiación indebida.

    Entre tanto, la juez Míriam de Rosa continua con la ronda de declaraciones y ayer pasó por el juzgado Ramon García Bragado, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Al concluir, declaró a los medios de comunicación que la tramitación «fue correcta y más larga de lo normal» y negó haber sido influido por Millet o Montull. «Se trataba de un proyecto muy reconocido» que él siguió, primero, como gerente de Urbanismo del Consistorio, luego desde Presidència de la Generalitat y después de nuevo en el Ayuntamiento. Así, explicó cómo los servicios técnicos de la Generalitat buscaron un edificio que permitiera la permuta de calificación urbanística, a fin de edificar el hotel.

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    Bragado, al igual que el martes Ramon Massaguer, añadió que se enteró por la prensa de que el propietario de las fincas era Olivia Hoteles, en lugar de la Fundació del Palau. En relación con este asunto, que es uno de los nudos gordianos de la investigación y que será abordado en la ampliación de la querella, explicó que para modificar el Plan General Metropolitano no tenía trascendencia, porque no cuentan los propietarios, sino las fincas. Sin embargo, en lo que se refiere al Plan de Mejora Urbana que debía permitir la remodelación de la zona, admitió que debía constar el propietario real del terreno, cosa que no ocurrió.

    Antes que él declaró Carles Martí, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, quien aseguró tener un papel tangencial y que no recibió las cartas que Millet dijo haberle dirigido.

    El último en comparecer fue Xavier Trias, líder de CiU en el Consistorio, quien negó haber sido presionado por Fèlix Millet o Jordi Montull para llevar a buen puerto el proyecto, y explicó que no le preguntaron por el cambio de titularidad de la propiedad, cuestión de la que le hubiera gustado que el gobierno municipal informara, aunque no fue así.

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    En relación con la documentación que está manejando el juzgado, consta un informe jurídico de la Generalitat sobre el convenio firmado en el 2006 que permitía la permuta de la calificación urbanística de los edificios de la calle Ciutat y junto al Palau. Este texto avala que la operación fue legal, si bien tiene fecha de agosto del 2009, un mes después de que los Mossos d´Esquadra hubieran llevado a cabo el registro en las oficinas del Palau de la Música, informaron fuentes judiciales.

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