• Noticias maquetadas 24.06.2010

    EL ÁGORA

    Catalunya y el concierto

    José Antonio Zarzalejos

    Sorprende que cuando amplios sectores catalanes están aún absorbiendo la frustración de un Estatut que, poco o mucho, será rebajado por el TC, Artur Mas plantee en la arena política preelectoral la consecución del concierto económico para Catalunya. El líder de CiU sabe que el sistema de financiación de los territorios forales – los que conforman EuskadiyNavarra-constituye una excepción que viene avalada por la Constitución en su disposición adicional primera y por el Estatuto del País Vasco y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra. En otras palabras: Catalunya, ni en el anterior ni en el actual Estatut, jugó la baza del sistema concertado como en su momento lo hicieron vascos y navarros.

    Por otra parte, no es ni jurídica ni políticamente cierto que se pudiera establecer un concierto económico entre Catalunya y el Estado mediante un acuerdo que se tradujese en una ley: carecería de habilitación constitucional y estatutaria. Así que encelar al electorado con la posibilidad de disfrutar de un régimen de financiación tan beneficioso como el concertado constituye una irresponsabilidad que se suma a la de Zapatero cuando prometió lo que no estaba en su mano sobre el autogobierno estatutario catalán.

    El concierto vasco y el convenio navarro fueron opciones constitucionales y estatutarias que se decantaron en 1978, coyuntura en la que la representación catalana en la elaboración de la Constitución, y luego en el Estatut de Sau, decidió no tener en cuenta. El sistema concertado, además, no se ajusta a la tradición de Catalunya porque convierte a las diputaciones forales en haciendas autónomas cuya demarcación es la provincial. Euskadi es, de hecho, una comunidad internamente confederal. Son las diputaciones forales las que pagan un doble cupo: al Estado, a través del Gobierno vasco, y a las instituciones comunes de la autonomía. Todo ello después de no siempre fáciles negociaciones. De ahí también que cada uno de los territorios vascos disponga en el Parlamento de Vitoria, al margen de su demografía, de igual número de escaños: 25 por cada uno de los tres, evidencia de lo que significa un régimen de confederación.

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    Pero la sostenibilidad del concierto vasco y del convenio navarro no se basa sólo ni en lo jurídico ni en lo político, sino en su impacto real en el conjunto de las cuentas públicas del Estado. El sistema concertado es posible porque el

    País Vasco y Navarra no representan ni la mitad de lo que es Catalunya en el conjunto del Estado, sea por demografía, sea por territorio, sea por PIB. Si se aplicase a Catalunya – hipótesis que ahora plantea

    Mas-,el Estado en su actual conformación no podría soportarlo desde el punto de vista financiero.

    La cuestión medular es que Catalunya debe disponer de una financiación suficiente pero conforme a metodologías que no podrán ser las propias del siglo XIX – como los sistemas concertados-cuya viabilidad en el plazo medio es más que problemática. No hay que suscitar, pues, expectativas que generen frustración. Bastantes se han alentado ya.

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    PSE y PSOE están irritados con Jesús Eguiguren, muñidor de conversaciones constantes – e inútiles-con Batasuna y protagonista del fracasado proceso de paz. Su insistencia en que la izquierda abertzale va en la buena dirección – alejándose de ETA-es más un voluntarismo que una constatación. Ferraz le ha exigido, terminantemente, que se calle.

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    Desde la Moncloa se ha pedido a medios de comunicación próximos un desmentido rotundo a una posible e inmediata remodelación del Gobierno. La operación mediática ha provocado incredulidad: casi nadie se explica cómo podría llegar Zapatero a negociar los presupuestos del 2011 con un Gabinete como el actual. «Sería suicida», comenta un ex ministro veterano.

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    El mundo de la edición, de la música y de los medios de comunicación, azotados por la piratería digital, reprochan agriamente al Gobierno que no impulse la normativa antidescargas prevista en el proyecto de ley de Economía Sostenible, que, de gran hito legislativo, ha pasado a constituirse en el mayor fiasco del programa legislativo gubernamental. Duerme el sueño de los justos en el Congreso. Y decían que era urgente.

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