• Noticias maquetadas 22.06.2010

    ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

    Los cambios en la ley pactados por PP y PSOE no impedirían que Batasuna se cuele en EA

    La reforma de la Ley Electoral que preparan el Gobierno y el PP no podrá impedir la presencia de candidatos de la izquierda abertzale en las instituciones si Eusko Alkartasuna (EA) les ofrece sus listas. Semanas de reuniones no han dado con la fórmula infalible y, a menos que se encontrasen pruebas de que EA, en el momento de los comicios ha sido prácticamente abducida por Batasuna, los radicales podrán colar candidatos blanqueados sin que el Estado pueda actuar contra ellos. Sigue en página 4

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    A finales del mes de marzo, y después de que hubieran pasado dos años de la ilegalización de ANV por parte del Supremo, el Ejecutivo hizo pública su propuesta de reforma de la Ley Electoral (Loreg), cuya finalidad era que los radicales viesen endurecidas todavía más las condiciones de acceso a las instituciones. La modificación legal planteada incluía, entre otras cosas, una ampliación hasta la campaña electoral de los plazos de impugnación de las candidaturas y una medida especialmente novedosa: si la Fiscalía y la Abogacía del Estado ilegalizan un partido después de las elecciones, los cargos electos serán obligados a abandonar su puesto a menos que condenen de manera expresa y clara el terrorismo de ETA.

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    Este cambio fue acogido muy favorablemente porque hasta ahora -en realidad hasta el momento en que la reforma sea aprobada-, prevalece el criterio de considerar que cada cargo electo es dueño de su escaño o de su concejalía porque ha sido elegido por sus electores, aunque incuestionablemente esté a las órdenes de un partido. Es una modificación que sirve para que no se vuelvan a repetir los casos de ANV y Tierras Vascas, cuyos candidatos permanecieron en las instituciones a pesar de que sus formaciones habían sido ilegalizadas. Pero la reforma no sirve si los candidatos se presentan en las listas de Eusko Alkartasuna.

    EA, un partido plenamente democrático, una escisión del PNV que hasta la legislatura pasada formaba parte del Gobierno tripartito vasco, ha condenado desde siempre los atentados y a ETA, y -al menos a día de hoy- sería muy difícil política y jurídicamente asumir el hecho de que la izquierda abertzale pueda vaciarlo prácticamente para convertirlo en la carcasa que dé continuidad a la ilegalizada Batasuna. Al conocerse los cambios legislativos, se constató que esta grieta potencial existía, pero quedaban pendientes las reuniones con el PP en las que tanto el Gobierno como la oposición tenían la oportunidad de intentar remediarla.

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    Sin embargo, al menos por el momento, las medidas propuestas por los populares tampoco parecen haber cubierto ese hueco. El PP ha propuesto que, si un partido es ilegalizado, sean anulados, de manera inmediata, todos sus electos, pero, de este modo, a menos que se hagan otras aportaciones, el problema persiste porque la condición previa para la expulsión de las personas que ocupan los cargos sigue siendo la ilegalización del partido.

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    Tanto el Gobierno como la oposición tienen la intención de llegar a un acuerdo antes de que finalice este periodo parlamentario, es decir, antes de acabar julio. Las fuentes consultadas han explicado respecto a este asunto que el Estado de Derecho puede tener grietas que no se puedan subsanar, y desechan una medida como la exigencia de una condena en la toma de posesión de cada cargo como condición ineludible para acceder a él, porque, aunque podría resultar efectiva, sería inconstitucional.

    Mientras tanto, la izquierda abertzale sigue avanzando. El pasado domingo escenificó con EA una plataforma de fuerzas soberanistas. No necesariamente fue el preludio de una unión electoral, pero, si lo fuese, tomar medidas contra la izquierda abertzale sería tan difícil como suspender ese acto celebrado en el Palacio Euskalduna y que fue convocado por un partido perfectamente legal y democrático.

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    Fuentes del Ejecutivo señalan que no hay que precipitarse ni preocuparse excesivamente, porque pueden pasar muchas cosas hasta las próximas elecciones, incluido que la izquierda abertzale se desvincule definitivamente de ETA o que la banda entre en una crisis irreversible. Y, desde luego, la izquierda abertzale aprovecha todas las oportunidades para alimentar la tesis de sus buenas intenciones.

    A pesar de que sus representantes ganaron el debate interno a la dirección de ETA, no han condenado a la banda terrorista porque, según argumentan, ellos administran sus tiempos, pero desde que se supo hace 10 días que iban a celebrar el acto con EA, han venido difundiendo lo que por el momento es un rumor: la izquierda abertzale habría exigido a la banda la publicación de un comunicado a finales de julio, en el que deberá asumir estos cinco puntos: el anuncio de una tregua sin pedir nada a cambio; un pronunciamiento a favor exclusivamente de las vías políticas; la aceptación de los principios Mitchell; la garantía de que no habrá marcha atrás y aceptar que sean nombrados negociadores y mediadores internacionales que constaten un desarme rápido.

    Si todo esto fuera cierto, estaríamos en otro escenario, que igualmente debería ser tratado con cautela. Por el momento sólo es el márketing que adorna los intentos de la izquierda abertzale de llegar a las instituciones y de iniciar un proceso político para cambiar la naturaleza política y jurídica de Euskadi a lomos del frente soberanista que está constituyendo.

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