• Noticias maquetadas 11.06.2010

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    Pills El despido impidió el acuerdo en la reforma laboral

    Los sindicatos no accedieron a convertir en ley la doctrina del Supremo como pedía la CEOE

    MAR DÍAZ-VARELA – Madrid

    La concreción de las causas del despido impidió ayer el acuerdo de los agentes sociales en la reforma laboral. El borrador del Gobierno incluía la conversión en ley de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el despido objetivo. Los sindicatos se negaron a que se detallaran los ejemplos. A partir de ese momento, avanzada la madrugada, la patronal, que había admitido reducir la temporalidad, decidió que no era posible el acuerdo.

    La reunión se dio por concluida a las seis de la madrugada y las negociaciones, rotas. En cumplimiento de la legislación, que exige la consulta previa a las patronales y sindicatos representativos, el Gobierno se reunirá por separado con UGT y CC. OO. y conla CEOE y Cepyme para comunicarles el borrador del decreto que aprobará el próximo día 16. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que «la reforma será profunda», lo que ha creado las expectativas de que sea posible un acuerdo con el PP y con CiU.

    La definición de las causas de despido objetivo parece una barrera infranqueable. En 1984, el gobierno de Felipe González fue incapaz de cambiarlo y, a petición de la UGT, creó los contratos temporales. Esta solución es la que ha creado la dualidad del mercado laboral por la que un tercio de la población activa está sometida a una fuerte precariedad. Contratos eventuales que se disparan en momentos de bonanza y que se destruyen con un enorme facilidad (indemnización de 8 días) en época de crisis.

    En el 2002, el gobierno de José María Aznar tampoco logró cambiarlo y aprobó el llamado despido exprés.Un despido improcedente con una indemnización de 45 días por año que no requiere la intervención del juez ni salario de tramitación. El empresario paga más y resuelve. El 80% de los despidos realizados en el 2009 se hicieron así. Esto explica que España sea el país con los costes de despido más elevados de la OCDE y que la contratación fija siga paralizada.

    Inicialmente, los técnicos del Gobierno admitían la transposición a la ley de las sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, en la reunión de ayer los sindicatos argumentaron que no querían que se enumerasen los ejemplos recogidos en las sentencias, aunque reconocían que la recopilación realizada por los empresarios era veraz. El argumento, dijeron, es que «sería ejemplarizante». De hecho, como reconocen los técnicos de la Moncloa supondría dar un vuelco a la situación actual y «desatascar» la utilización del despido objetivo. «Daría certeza al juez y evitaría que sustituya al empresario en sus decisiones, se limitaría a verificar que las razones son reales», reconocen fuentes ministeriales. Supondría, como explicó el profesor Juan José Dolado a La Vanguardia, acabar con la situación actual en la que tres cuartas partes de los pleitos por despido se fallan a favor del trabajador. Esto se explica porque ahora se considera despido objetivo por causas económicas, organizativas, tecnológicas y de producción, una definición que deja un enorme margen para la arbitrariedad.

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    La importancia de clarificar las causas del despido no sólo tiene una incidencia sobre el coste del despido, sino también sobre la flexibilidad interna de las empresas, que tampoco quedó clara a juicio de los empresarios.

    El tercer punto de discrepancia entre los agentes sociales fueron las limitaciones para hacer contratos de fomento de empleo. En el documento se limita a los parados con más de tres meses en desempleo, conversión de temporales en fijos y solo hasta diciembre del 2012. Los empresarios pedían que este contrato (con indemnización de 33 días por año de servicio) se aplicara a todos los trabajadores, para que fuera sustituyendo progresivamente al actuales indefinido (45 días de indemnización).

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    Los sindicatos tampoco admitieron la petición de la patronal de eliminar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos.

    El acuerdo había sido posible en la penalización de la contratación temporal. Los empresarios habían admitido que se aumentará de 8 a 12 días la indemnización por despido, e incluso que se subieran las cotizaciones – Economía discrepa de esta penalización-.Sin embargo, no estaban de acuerdo con el objetivo sindical de desestacionalizar la temporalidad. Es decir, que los contratos eventuales se convirtieran en fijos discontinuos, ya que en sectores como el turismo o el comercio impone una fuerte rigidez en la contratación. En el fondo, ni Comisiones Obreras ni la CEOE tenían muy clara la propuesta del Gobierno sobre la financiación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Este fondo, dotado con 3.400 millones a partir de las cotizaciones del 0,2% del salario que pagan los empresarios, es la base para financiar una rebaja de la indemnización que pagan los empresarios. Actualmente, financia los despidos de las empresas con menos de 25 trabajadores, y el hecho de generalizar sus ayudas exige aumentar un 0,3% las cotizaciones sociales. Los empresarios no tienen muy claro por qué hay que financiar los despidos de todas las empresas, cuando en el modelo austriaco es el trabajador quien financia su propio fondo, mientras que CC.OO. dice que ahora está contabilizado como deuda y supondrá un aumento de déficit en casi medio punto.

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