• Noticias maquetadas 09.06.2010

    El TC no detiene la deliberación del Estatut pese a los recursos en trámite

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    El pleno pregunta al PP y al Defensor del Pueblo si debe declararse incompetente

    JOSÉ MARÍA BRUNET – Madrid

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    Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Eso es lo que el Tribunal Constitucional (TC) respondió ayer al Govern y al Parlament de Catalunya, que presentaron un recurso contra la escueta resolución por la que fue rechazada hace una semana la pretensión de que los actuales magistrados de la institución admitieran su falta de competencia para dictar sentencia sobre el Estatut.

    En lugar de ello, el TC decidió someter la cuestión al resto de partes personadas en el asunto, es decir, todos los recurrentes -el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas-, y el Abogado del Estado, en representación del Gobierno. Paralelamente, sigue el debate sobre la sentencia del Estatut, y el pleno volverá a reunirse mañana para discutir la última propuesta de fallo, que será ya la séptima, esta vez elaborada por la presidenta del TC, María Emilia Casas.

    El resultado de esta ronda de consultas es previsible. Todas las organizaciones e instancias recurrentes quieren que el asunto se falle ya, por lo que su identificación con los argumentos del Govern y el Parlament será, previsiblemente, algo que menos que escasa. El Gobierno, a su vez, se ceñirá al argumento de que el actual TC es el que hay mientras no se renueve. De modo que el Constitucional se va a encontrar con ocho escritos pidiéndole que siga con su ya muy dilatada deliberación sobre el texto del Estatut, lo que le dará materiales en los que apoyarse para hacerlo.

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    El recurso del Govern y el Parlament no sólo buscaba paralizar la discusión del fallo por entender que el actual TC ha de admitir su falta de competencia en el asunto. Ambas instituciones perseguían que si se les deniega su petición se les explique al menos por qué. La resolución que tomó elTC en este sentido hace una semana destacó, ciertamente, por una parquedad considerada en medios políticos como reveladora de la «arrogancia» de los magistrados

    La providencia dictada resumía toda la reflexión del TC en la expresión «no ha lugar», es decir, en tres palabras, y en la cita entre paréntesis del artículo 17.2 de la ley orgánica que regula el funcionamiento de la institución. Este artículo dice que los magistrados «continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles».

    El recurso elaborado por los letrados del Parlament afirmaba que la prórroga de mandato se ha producido por un periodo «desproporcionado y no justificado en razones objetivas», sino en la voluntad de quienes «tienen interés político en los diversos procesos» sobre el Estatut.

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