• Noticias maquetadas 08.06.2010

    MARÍA PERAL / Madrid

    Nueva treta de Montilla para atrasar la sentencia del Estatut Purchase

    El Pleno del Tribunal Constitucional volverá a reunirse hoy, aunque no para abordar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña sino para analizar los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento catalán contra las providencias en las que el TC resolvió «no haber lugar» a declararse incompetente para decidir sobre el Estatut.

    Son recursos abocados al fracaso pero que hay que tramitar, lo que obliga a oír a las comunidades autónomas recurrentes y a las otras partes procesales. En el TC es generalizada la opinión de que se trata de impugnaciones que pretenden obstaculizar el fallo sobre el Estatuto catalán.

    El 27 de mayo, en paralelo a la ofensiva que inició en Madrid el presidente de la Generalitat, José Montilla, pidiendo que el Senado reactivara urgentemente la renovación del TC, el Parlamento y el Gobierno autonómicos presentaron en el Constitucional un informe de los letrados del Parlament sobre la situación de prórroga de funciones de cuatro magistrados del Tribunal. Sobre esa base, pidieron al TC que se declarase incompetente para dictar la sentencia sobre el Estatut.

    El Pleno del TC rechazó esa pretensión el mismo día en que recibió los escritos. Dictó ocho providencias (una por cada uno de los procesos sobre el Estatut) resolviendo «no haber lugar a lo solicitado». Como apoyatura a su decisión, el Tribunal citó el artículo 17.2 de su ley orgánica, precepto que establece que los magistrados «continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles».

    Pese a ello, la Generalitat y el Parlament consideran que las providencias carecen de motivación, por lo que ayer presentaron recursos de súplica contra las ocho resoluciones.

    Purchase

    El Pleno del TC está convocado a las 12.30 horas de hoy para, en principio, dar trámite a los recursos. Si es así, daría a todas las partes procesales un plazo común de tres días para oír su opinión sobre unas impugnaciones que de forma notoria carecen de fundamento jurídico, pero sirven para complicar un poco más el proceso sobre el Estatut.

    Cheap

    Lo más probable es que esos tres días se convirtieran en varios más debido a que las notificaciones suelen recibirse en momentos distintos. Las comunicaciones al Defensor del Pueblo (que interpuso un recurso contra el Estatut), el abogado del Estado, el Congreso o el Senado (los tres son parte en los ocho procedimientos) son más rápidas. Pero las cinco comunidades autónomas que impugnaron el Estatuto catalán (Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana) no están personadas con procurador, de forma que las notificaciones se realizan por correo.

    Los magistrados tendrán que decidir si, en esta situación y ante unos recursos que cuestionan la legitimación del Tribunal para sentenciar, procede mantener o no la reunión plenaria del jueves, convocada para iniciar el debate de la ponencia de la presidenta. María Emilia Casas expresó hace dos semanas su seguridad de que habrá sentencia sobre el Estatut antes del verano, una seguridad basada en su decisión de que, si la ponencia no obtiene un respaldo mayoritario, el fallo será producto de una votación por artículos o por bloques de artículos.

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    Se trata de una fórmula que tiene un expreso respaldo legal en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial («La votación, a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse o parte de la decisión que haya de dictarse»), pero contra la que el PSC y CiU están descargando su artillería.

    El portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, rechazó ayer que la sentencia sobre el Estatut sea votada artículo por artículo. «Lo que esperamos es que sea una sentencia, no un patchwork o una especie de un trencadís de trozos que se recortan y se enganchan para intentar mayorías precarias», dijo. Y el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, anunció que combatirán política y legalmente una sentencia «fragmentada, troceada y destrozada», informa Europa Press.

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