• «Tendría razón el ganador de siete Tours: de lo que habla la gente del ciclismo estos días -casi dos millones de visitas a un vídeo en Youtube- es de Gruber, un cilindrín de fabricación austriaca que, acoplado a una pila, se introduce por el tubo del sillón de la bicicleta hasta tocar con el eje del pedalier. Una vez activada la batería con un botón oculto entre las teclas del cambio de piñones, se pone en marcha un generador que procura una potencia de hasta 100 vatios. No hace falta pedalear para que la bici se mueva» [>>>]

    Dijó Warren Buffet que el futuro de la economía española estaba en el desarollo de la agricultura. También el profesor Lorenzo Dávila dice que, al igual que hemos subrayado muchas veces nosotros,  la economía española tenía futuro invirtienedo en el eje 16 (Centro Europa-España-África a través de estrecho de Gibraltar). Pero ha llegado el momento de purgar y pagar por el ajuste y ha llegado la hora también de hacer sacrificios , y así lo explica el famoso Ángel de la Fuente online .

    Dice el Banco de España que las compras con tarjeta de crédito se recuperaron el el primer trimestre del año [>>>]

    Ya saben que muchas veces hemos dicho que los indicadores de economía real habían estado arrojando cifras positivas durante los últimos meses y que desde el http://erapeetersverboven.be/?p=5496 default de Grecia, la crisis de la economía financiera debía estar produciendo  daño en las expectativas de futuro de los agentes económicos. Por ejemplo, y a la espera de los indicadores cualitativos de expectativas del CIS, ICO y Cámaras, ayer se publicaba el Publiscopio (muestra de 2.400 entrevistas)  en pág 24/ 25 Cheap : «Cae la confianza en el futuro de la economía». «El 30,7% de los españoles cree que su situación económica personal irá a peor y uno de cada cuatro tiene problemas para llegar a fin de mes».

    Llevamos meses advirtiendo sobre el hecho de que lis medios de comunicación intervienen en la lucha política utilizando encuestas de opinión sin el debido contraste de alguna agencia profesional que las califique, es decir alguna institución que avale la credibilidad de quién afirma algo obtenido mediante una encuesta. El analista Jorge DíazCardiel publicaba un artículo en pág 15 CINCO DÍAS de ayer, señalando que «trabajando -como mínimo- sobre una muestra de 1.000 encuestados y con un margen de error del 3%, las empresas de sondeos somos capaces de mostrar la realidad social sobre una cuestión política o económica concreta, con una aproximación o índice de confianza del 95,5%». Recuerden que las últimas muestras con las que han trabajado EL PAÍS han sido sólo entorno a las 500 entrevistas y alguna de EL MUNDO de unas 800. Debe haber un mercado de compra-venta de la llamada «cocina» de las encuestas de intención de voto. Cuanto más agrio sea el clima político más valdrá «cocinar» y cuanto más cercanas estén unas elecciones, lo mismo. El Gobierno tiene ante sí un denso calendario de exámenes ante la opinión pública y también ante los llamados mercados. Este próximo día 16 se aprobará el Real decreto de la reforma laboral que luego irá al Congreso hacia primeros de julio y el 14 de julio toca  el debate del estado de la Nación. En la segunda quincena de julio se debatirá sobre el importantísimo Techo de Gasto para el 2011 abriendo así la confección del Cuadro Macroeconómico de los Presupuestos del próximo año. Llegarán las vacaciones posteriormente, «la cuesta» de septiembre, y el final de la legislatura en Catalunya. En paralelo se celebra el calendario de las subastas del Tesoro Público con unos vencimientos de deuda que suman hasta Buy 135.647 millones de euros y con pico en julio cuando el Estado tenga que conseguir dinero para el mayor vencimiento del año: 24.663 millones; es decir, que dentro de menos de un mes, los acreedores deberían haber recibido un mensaje positivo del Gobierno concretando el plan de ajuste para 2011 y 2012 y que tendrá que dar más carnaza a Rajoy en la lucha política por el poder.

    El empobrecimiento de la gente del país va a comprobarse lenta pero continuamente: «los ayuntamientos piden auxilio» para que no les corten la luz; el imserso fracciona el pago de los atrasos de la dependencia; cada vez se habla más del copago en la sanidad pública; y el alcalde de Madrid ya no tiene dinero para hacer recoger la basura los fines de semana. Lo peor de todo es que con el calendario antes mencionado, el Gobierno ya no tiene discurso y el Ecofin de hoy aprueba en Luxemburgo la concesión de poderes de auditoría de las cuentas públicas nacionales a Eurostat: imagínense lo que eso significa en manos de Angela Merkel http://jangadeiros.org/?p=1969 . Una solución políticamente complicada pero técnicamente sencilla: atar en corto el gasto, dejar quebrar las cajas de ahorros y dejar de jugar con los sindicatos. El dilema está así, tal y como lo describía el economista Edward Hugh: «Tal como lo veo, solamente hay ahora
    dos posibilidades: o bien los países del sur emprenden sustanciales medidas para restaurar la competitividad (y no sólo reducir el déficit fiscal), o bien

    Alemania se verá obligada a regresar al marco, con todos los riesgos que eso supondría para el futuro de la integración política.

    europea». Recuerden que hasta el FMI está ya estudiando un escenario de reestructuración de la deuda europea. El periodista Pablo Pardo contaba ayer que: «Algunos, propugnan un sistema que permita crear un mecanismo para que los países se declaren en quiebra, como si fueran empresas privadas. Otros, por el contrario, defienden lo contrario: que EEUU no aporte ni un dólar al rescate de esos países y los deje caer. La primera opción es la defendida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya trabajó en ella al principio de esta década, tras las suspensiones de pagos de Rusia y Argentina y la reestructuración de la deuda de Corea del Sur, en 1997. La principal valedora de esa opción fue la entonces número dos del Fondo, Anne Krueger, una economista republicana cuyas relaciones con el entonces máximo responsable del organismo, el español Rodrigo Rato, eran de dominio público». Por su lado, el director de la LSE, Sir Howard Davies afirmaba que «Es posible que un Estado miembro deje el euro, nada es para siempre».

    La alternativa es el colapso del euro,  cuyos términos  se describían por la consultora Independent Strategy. Los anuncios de Merkel y Camerón acerca de la falta de sostenibilidad del Estado del Bienestar en Alemania-Reino Unido han representado una verdadera sorpresa contable, como si los bancos centrales y los ministerios de Economía respectivos no hubieran hecho nunca números, además está la coincidencia temporal del contenido y del mensaje: Keynes ya no explicaría la realidad en una economía global en trasformación tecnológica y restricción crediticia.

    Con un bajo crecimiento en la zona euro, es lógico que suba el déficit/PIB y se encarezca el acceso a la deuda tan sólo porque aumente la demanda. Con tanta demanda de financiación de los déficits, ¿quién hará de oferta?  pues los países emergentes con un gran mercado interior con elevado crecimiento tecnológico con sociedades jóvenes. Ahora no serán los petrodólares sino Brasil-China-India,que transfieren dinero a cambio de propiedad y riqueza. Ésto es lo que explica el sentido de las palabras de Cameron: que para recuperar el pasado es preciso emprobrecerse. El periodista Rafael Ramos habla de ello en un extraordinaria noticia en LA VANGUARDIA, pág 49: dramamine over the counter medicine «Cameron se inspira en el Canadá de los noventa para aplicar su recorte».

    En el pasado la historia económica decía que el ajuste de las economías eran función de las izquierdas políticas pero en una época tecnológica, ese papel les toca a las derechas de la política. Ha llegado el momento de que el centro derecha gobierne en la OCDE, sobren los sindicatos y que , tal como decía Pills Margaret Thatcher, la sociedad ya no exista y sólo lo hagan los individuos. Por eso, ha llegado la época de la meritocracia, de la productividad, la inflación y el dinamismo del riesgo de los jóvenes emprendedores.

    Rajoy ya no pide rebaja de impuestos IRPF, Ferrán ya pide una caída de los salarios de 5 %, Ignacio Camacho recuerda aquello de «El poder no me hará cambiar» y Leguina pide que echen a Zapatero.

  • Noticias maquetadas 08.06.2010

    LA GUERRA AFGANA

    «Los talibanes viven de sus amigos del Pérsico»

    Richard Holbrooke, representante especial para Afganistán de la Administración Obama

    XAVIER MAS DE XAXÀS – Barcelona

    El vestíbulo del hotel Arts de Barcelona no es un lugar muy adecuado para entrevistar a un diplomático que habla bajo y con la cautela propia de quien lleva toda la vida obligado a callar. No había alternativa y el pasado viernes, a primera hora de la Cheap mañana, Richard Holbrooke, artífice de la paz en Bosnia y el hombre de Obama para Afganistán, repasó en una entrevista con La Vanguardia los obstáculos que minan su misión: conseguir que afganos y pakistaníes vivan de espaldas al fundamentalismo y la violencia.

    ¿No le recuerda Afganistán un poco a Bosnia? Otra sociedad multiétnica con sufrimiento acumulado…

    La verdad es que no. En Bosnia cada bando tenía su gobierno, pero en Afganistán es más complejo. Los talibanes no son un movimiento único y organizado, sino todo lo contrario. Están los talibanes afganos y los pakistaníes, y luego están Cheap los afines a Al Qaeda y otros grupos que operan desde Pakistán y golpean en el corazón de Afganistán.

    Usted repite que no habrá paz en Afganistán sin solucionar los problemas de Pakistán.

    Sí, deben coexistir.

    ¿No sería necesario realizar ajustes geopolíticos?

    ¿Como cuáles?

    Reconsiderar la frontera, la línea Durand, tan conflictiva desde el imperio británico, y modificar la Constitución del 2004 para dar más autonomía a las regiones.

    Sí, mucha gente ha sugerido renegociar la Línea Durand, pero eso causaría un enorme problema añadido para ambos países.

    ¿No ayudaría a anular los santuarios de los talibanes, Al Qaeda y otros grupos?

    No lo creo, aunque es cierto que mientras estos santuarios se mantengan no habrá solución. ¿Ha estado usted en Afganistán?

    No

    Pues sobre el terreno se ve de inmediato la enorme importancia que tienen estos santuarios.

    Ustedes utilizan drones para atacar esas áreas. La ONU critica esta estrategia con dureza. Afirma que supone una licencia para matar con impunidad.

    No podemos decir mucho en público sobre este programa pero, evidentemente, la gente debe entender que gracias a estos aviones sin piloto hemos podido eliminar a sujetos muy peligrosos y que la seguridad, no sólo en la región, sino también en Europa y EE. UU., ha aumentado.

    ¿No cree que la Constitución del 2004 fue un error al concentrar tanto poder en el presidente y en el gobierno de Kabul?

    Creo que si se analiza a fondo la Constitución se aprecia que no es bien bien así. Afganistán está muy cost flomax walmart descentralizado, como lo ha estado siempre.

    ¿Cuál es entonces la raíz del problema afgano?

    Treinta años sin conocer la paz. Afganistán ha sufrido más guerras que ningún otro país excepto, tal vez, Congo. El tejido social está desgarrado y es necesario un buen liderazgo.

    ¿Karzai es un buen líder?

    Es un líder político muy habilidoso. Mucha gente lo subestimó. Se impuso en unas elecciones marcadas por la corrupción. Sí, fueron un desastre, pero no hay duda de que, de haberse celebrado la segunda vuelta, habría obtenido más del 50% de los votos. Su victoria es legítima.

    La corrupción, como usted ha denunciado, golpea a su gobierno.

    La está combatiendo.

    El cultivo de opio se dispara.

    No. Está estabilizado, y lo que estamos reconstruyendo poco a poco online es la agricultura. Hay muchos programas sociales y económicos sobre los que nadie dice nada.

    ¿Cómo luchar contra el opio?

    Por ejemplo, perseguimos a los narcotraficantes, no a los agricultores. Antes les quitábamos sus cosechas y fue un error. Sin recursos, estos campesinos se echaban en brazos de los talibanes. Ahora vamos en busca de Purchase los almacenes donde se secan las semillas de amapola y desmantelamos los bazares donde se vende la droga.

    ¿Es esta una guerra para erradicar el opio?

    En absoluto. No tendría sentido. Se cultivaría en otro lugar. El opio demuestra la corrupción que hay en Afganistán, pero no es la causa de la guerra.

    Financia a los talibanes…

    Aún sin opio, los talibanes obtendrían dinero de sobra para sus actividades a través de la corrupción, la extorsión y las ayudas de sus amigos en el golfo Pérsico.

    La anunciada ofensiva en Kandahar coincide con la cosecha de amapolas.

    No es bien bien una ofensiva. Es una campaña. Kandahar no es Faluya. Los militares no esperan grandes combates, aunque ya veremos. Lo que buscamos es aumentar nuestra presencia para construir una base de seguridad sobre la que colocar una estructura política fuerte que permita aplicar los programas de desarrollo económico y social.

    La gran esperanza para el nuevo Afganistán.

    Es la clave.

    ¿Cómo definiría usted la victoria, cuál es el objetivo final?

    Yo no hablaría de victoria, planteada así. No esperamos obtener un éxito militar mayor al que logramos en Bosnia, es decir, suficiente para implantar las nuevas estructuras políticas y económicas con ayuda de la comunidad internacional.

    El éxito, entonces…

    Tendremos éxito el día que Afganistán pueda hacerse cargo de sus propios asuntos políticos, económicos, sociales y de seguridad.

    ¿Cómo va la formación de soldados y policías?

    Aún es pronto para Cheap evaluarla, pero no hay duda de que si no podemos formarlos para que nos sustituyan nuestra estrategia fracasará, no tendrá éxito.

    Más tiempo llevará aún reconstruir el tejido social.

    Efectivamente. No hay y no debe haber una fecha de caducidad al compromiso internacional de ayudar al desarrollo de Afganistán. No cometeremos el error de 1989, cuando nos fuimos tras la derrota de la Unión Soviética.

    ¿Por cuánto tiempo deberá prolongarse esta ayuda?

    Por mucho.

    ¿Bajo paraguas de la OTAN o de la ONU?

    De la OTAN. No creo que la ONU pueda hacerlo.

    Las ayudas deben ser también para Pakistán.

    Es fundamental. Pakistán necesita agua y energía, además de escuelas, hospitales y carreteras. Es un país en graves dificultades. Karachi, con 18 Buy millones de habitantes, la más grande del mundo musulmán, no tiene suficiente electricidad. EE. UU. ha aumentado la ayuda y la UE debería hacer lo mismo. Insisto en que sin ayudar a Pakistán no se podrá hacer nada en Afganistán.

  • Noticias maquetadas 08.06.2010

    TRIBUNA / ADMINISTRACIÓN / ELISA DE LA NUEZ

    Pills

    La reforma del sector público

    Nadie puede discutir que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público empresarial, constituyó un completo fracaso. Su impacto efectivo en la reducción del gasto no ha llegado ni a la categoría de simbólico, y su repercusión mediática en términos de imagen resultó hasta contraproducente. No son pocos los comentaristas que calificaron la medida de «tomadura de pelo», por lo que, lejos de insuflar confianza en la voluntad del Gobierno de atajar el déficit y el actual descontrol del gasto público, vino a incrementar exponencialmente las sospechas de ciudadanos e inversores sobre la falta de competencia de nuestros gobernantes para realizar las reformas estructurales imprescindibles que requiere una auténtica racionalización administrativa y no una mera operación de cosmética.

    Por eso lo más preocupante del asunto no es que el Gobierno carezca de la voluntad política necesaria para asumir el coste de acometer una racionalización en serio y en profundidad del sector público español. Al fin y al cabo esto es algo que en cualquier momento puede cambiar. De hecho, cambió sólo 12 días más tarde, con el anuncio de los históricos recortes en el gasto público que anunció el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo de 2010. No, lo más preocupante con diferencia es que el Gobierno, dado el actual estado de la Administración Pública española, carece de la competencia técnica necesaria para abordar una reforma estructural de estas características.

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    No nos referimos, por supuesto, a la personal competencia técnica de los funcionarios y empleados del sector público, muchos de ellos profesionales muy valiosos que probablemente sí podrían sugerir -por lo menos en sus respectivos ámbitos de competencia y si se les diese oportunidad para ello- las medidas necesarias para conseguir esta racionalización. Nos referimos a la falta de una competencia técnica transversal o de Gobierno, o si se quiere, a la existencia de un criterio que permita abordar con rigor y con seriedad un proceso muy necesario de racionalización del sector público español y de modernización de sus Administraciones. Sin esto estamos abocados a ocurrencias luminosas, en el mejor de los casos, o en el peor a reformas cuya única explicación es una lucha de poder interna o simplemente las ganas de quitarse de encima el tema dándole cualquier solución por poco presentable que sea.

    Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso del acuerdo de 30 de abril. A falta de un criterio serio instrumentado en un plan ordenado y riguroso, fueron los destinatarios de la supuesta racionalización los que decidieron a la postre qué es lo que procedía racionalizar. Desde arriba se transmite la orden de aligerar estructuras y suprimir alguna Dirección General, y, a falta de cualquier plan, se delega en los propios interesados la correspondiente ejecución. A nadie puede extrañar que el resultado no fuese precisamente el previsto por el Gobierno. Lo sorprendente no es que en las decisiones hayan pesado cuestiones personales, clientelares o de índole semejante, o que, en algún caso incluso se hayan pretendido maquillar como reestructuración y recorte la eliminación de organismos ya sin función. Lo sorprendente hubiera sido que, con estos mimbres, semejante cosa no hubiera ocurrido.

    Por eso resulta perfectamente previsible y normal que la única supresión de una dirección general en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio afecte a la Dirección General de Servicios de la Sociedad de Información, que se supone que algo tendrá que ver -aunque sea por el nombre- con el nuevo modelo productivo cuyo deseado advenimiento tanto se proclama. Como previsible y normal es que se hayan suprimido direcciones generales vacantes, con independencia de su mayor o menor relevancia, como ha sucedido en el Ministerio de la Presidencia; o que en caso de conflicto entre direcciones a suprimir se haya optado por la ocupada por una persona no protegida (Dirección General de la Biblioteca Nacional frente a Dirección General del Libro); o que se supriman sociedades de la SEPI que ya se encontraban en proceso de liquidación, es decir, que se consagre formalmente un proceso que ya estaba en marcha; o bien que se presente como una medida de racionalización administrativa una supuesta reducción de los órganos directivos de las empresas públicas, vago compromiso que queda a expensas de las propias empresas y cuyo más que posible incumplimiento carece de sanción alguna.

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    Por todo ello, la verdadera pregunta que procedería hacerse hoy, más que repetir una vez más las retóricas referencias a la inanidad de la medida, es por qué en España es tan fácil tomarle el pelo, no tanto a los españoles como especialmente al propio Gobierno, en una materia tan delicada como es la reforma estructural del sector público español o, si se quiere, la racionalización administrativa. Y por cierto, no sólo al Gobierno, sino también a la oposición, dado que la respuesta de Rajoy en la sesión histórica del 12 de mayo de 2010 a las medidas del Gobierno está también muy condicionada por propuestas del tipo fusión o supresión de Ministerios, que aparte del caos organizativo que suponen, y de pérdida de tiempo y esfuerzos, tienen una trascendencia mínima en el gasto público, dado que la mayoría de su personal es funcionario. No es que no haya en su caso que proceder a estas supresiones o fusiones, y no digamos ya a nivel autonómico, pero sólo como consecuencia de una reestructuración en profundidad del sector público español, y no a manera de parches o de recetas milagrosas.

    Para comprender lo difícil que le resulta al Gobierno y a la oposición abordar una reforma estructural del sector público español es necesario reflexionar sobre un hecho evidente. La Administración no es sólo el instrumento principal de la acción del Gobierno, sino su principal repositorio de información y de criterio. Pero para que la información fluya adecuadamente en ambos sentidos, es decir, para que la dirección política tenga una adecuada comprensión de la realidad que pretende modificar y la Administración de los verdaderos fines de la acción de Gobierno, es preciso que el instrumento se encuentre en las condiciones mínimas necesarias para desempeñar tal cometido. Y lo cierto es que esto no ocurre hoy en España.

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    A mi juicio, lo que ha ocurrido en estos últimos años es un acelerado proceso de descapitalización de la Administración Pública española y, si se quiere, de dispersión del talento existente. Este proceso ha afectado especialmente a la Administración General del Estado, que ha visto reducido el número de funcionarios, sus competencias y su presupuesto, como consecuencia de un proceso de descentralización acelerado y no siempre racional. También ha visto cómo no se ha producido una adaptación de los perfiles de los funcionarios a sus nuevas tareas, más orientadas a la estrategia, la gestión y la coordinación y menos a la ejecución. En este sentido, hay exceso de perfiles no técnicos o de escasa formación frente a los perfiles técnicos o de gestión. No se ha producido ninguna reforma en profundidad de esta Administración para adaptarla a la nueva situación y a las nuevas exigencias derivadas de la descentralización territorial, entre otros motivos por la resistencia a alterar las condiciones de los funcionarios.

    Pero, paradójicamente, de este deterioro no se han librado tampoco las Administraciones autonómicas y locales. Es cierto que éstas han crecido enormemente en cuanto a número de personal y en cuanto a competencias y presupuestos, como demuestran numerosos estudios. Pero esta circunstancia no ha garantizado una mayor solvencia profesional y técnica, particularmente a nivel municipal, por las peculiaridades del proceso de selección de los empleados públicos, que no siempre ha respetado los criterios del mérito y la capacidad que en nuestro país todavía se garantizan mediante el sistema de oposición pública o de concurso-oposición.

    Y si bien con relación a las Administraciones autónomicas podemos decir, con carácter general, que el reclutamiento puede calificarse de más profesional, lo acelerado del proceso, o simplemente sus peculiares características, han determinado la proliferación de entes, empresas y fundaciones públicas con procesos de selección bien distintos. Todo ello al margen de que por razón de su empeño, más o menos voluntario y consciente, de convertirse en miniestados, han replicado el mismo diseño organizativo de la Administración General del Estado, diseño que ya en los años 90 reflejaba una cierta obsolescencia, por lo que sus estructuras responden más a esa imitación (que en miniatura y replicada tiene todavía menos sentido) que a las necesidades de los servicios transferidos.

    Una consecuencia lógica ha sido la asunción de competencias para cuya adecuada gestión no se dispone en muchas ocasiones del personal suficientemente preparado. Por último, y a veces como efecto de lo anterior, no cabe olvidar que las Administraciones territoriales son mucho más sensibles a fenómenos de clientelización o colonización, lo que frecuentemente redunda en un deterioro del criterio técnico.

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    En conclusión, es imprescindible una reforma profunda de nuestro sector público, una puesta al día inexcusable si se pretende que pueda cumplir de manera adecuada su función. Es imperativo abordar las reformas necesarias para acabar con fenómenos como la disparidad de las cargas de trabajo, para lograr que las ofertas de empleo público no obedezcan sistemáticamente a presiones corporativas o sindicales sino a necesidades previamente evaluadas, para imponer los incentivos retributivos necesarios para fomentar la responsabilidad y las sanciones en caso de irresponsabilidad y falta de productividad, incluida la separación del servicio.

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    Y también en ese contexto, sin duda, podemos reflexionar acerca de la racionalización de la estructura administrativa con rigor y con seriedad, enlazando con el comienzo de estas reflexiones. Pero para ello es necesario realizar un estudio detallado, tanto del sector público estatal como autonómico o local, analizando todos los datos ya disponibles y los que deben proporcionarse a los responsables políticos por los excelentes y competentes técnicos con los que cuentan a lo largo y a lo ancho de su sector público. Identificar a esos técnicos no es tan complicado -muchos de ellos escriben en los medios de comunicación- aunque no siempre resulten ser los titulares de los cargos públicos o los componentes de los grupos de trabajo a los que se dirigen las comunicaciones formales solicitando ideas o sugerencias para la racionalización.

    Eso sí, esta tarea no es una tarea cosmética. Requiere esfuerzo, dedicación y conocimiento. En definitiva, criterio. Pero, sin duda, resultará bastante más eficiente desde el punto de vista del déficit y de la adaptación del sector público español a una sociedad más moderna, plural, competitiva y libre.

    Elisa De la Nuez es abogada del Estado.

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  • Noticias maquetadas 08.06.2010

    Cunde la angustia en el PSOE por la pérdida de credibilidad del Gobierno

    La ejecutiva socialista, muy preocupada, insta a sus barones a dirigir sus críticas al PP

    JUAN CARLOS MERINO – Madrid

    El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no se pudo reprimir ayer ante los micrófonos de Onda Cero: «Al Gobierno le falla la credibilidad en Europa». Y las luces de alarma se encendieron en la ejecutiva del PSOE. Atemorizados por las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo del 2011, destacados dirigentes territoriales del PSOE comienzan a tomar distancias del Gobierno y, de manera muy particular, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De la calle Ferraz ha salido la orden de cerrar filas y centrar las críticas en el PP.

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    «Sé que no voy a hacer amigos con el ajuste presupuestario del Ministerio de Fomento – ha admitido José Blanco-.Sé que alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, diputados y senadores, de todos los partidos, también del mío, mostrarán sentimientos de agravio. Rebajar expectativas siempre es doloroso. Pero no es momento para el victimismo». Con estas palabras, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE ha reconocido públicamente que el tijeretazo en las inversiones en infraestructuras también ha dado al traste con uno de los últimos activos que les quedaban a los socialistas para intentar atenuar el batacazo que todas las encuestas les auguran en las elecciones municipales y autonómicas del 2011.

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    No obstante, en la ejecutiva federal del PSOE hay quien se rebela contra el «fatalismo» del que creen que están haciendo gala algunos presidentes autonómicos socialistas, convencidos de que serán ellos quienes pagarán los platos rotos de la gestión de la crisis llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero y por su Gobierno.

    Pero en Ferraz ya se han oído las voces de los que reclaman que los presidentes autonómicos socialistas «salgan a degüello» contra el PP en lugar de dedicarse a cuestionar o criticar a Zapatero y a su Gobierno, echándoles las culpas de todos los males electorales que les acechan. «Se tienen que hacer valer por sí mismos, que no esperen a que Zapatero les venga a salvar o a que Blanco les ponga el AVE, porque las cosas además no van a mejorar en los próximos meses», reclaman fuentes de la ejecutiva del PSOE.

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    Y ponen el ejemplo de José María Barreda, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, a quien animan a atizarle duro a su adversaria María Dolores de Cospedal, para recuperar el terreno que le ha comido la secretaria general del PP, en vez de intentar ganar perfil propio cuestionando la Zapatero o criticando que no suprima ministerios.

    En este ambiente de serias inquietudes entre los socialistas – que a algunos dirigentes territoriales recién llegados les lleva incluso a exigir cambios inmediatos en el Gobierno y el regreso de veteranos dirigentes del felipismo-,ayer retumbaron las palabras del extremeño Guillermo Fernández Vara, que puso en duda la credibilidad del Gobierno.

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    Pese a que Vara no dijo nada que no piensen muchos socialistas, yque constatan sobre el terreno algunos eurodiputados del PSOE, el hecho de que lo dijera en público encendió algunas alarmas que después intentó apagar Leire Pajín en Ferraz. Vara admitió que España «tiene algún problema de credibilidad en el extranjero», y por tanto «hace falta gente que cuando diga una cosa fuera se la crean a pie juntillas». En su opinión, si algunos miembros del Gobierno no tienen esa capacidad, habría que sustituirlos. «A veces uno tiene que mirarse al espejo y ser consciente de su insuficiencia», razonó.

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