• Noticias maquetadas 07.06.2010

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    XAVIER BORRÁS / Valencia

    Climent paga la hipoteca de su sede con dinero público

    3,2 millones de ayudas del ‘Govern’ catalán y 1,2 millones de la Diputación de Tarragona avalan las letras entre 2003 y 2011

    La habilidad desarrollada durante más de dos décadas por el editor valenciano Eliseu Climent Corbera para obtener subvenciones de las instituciones catalanas con las que sostener y ampliar su holding catalanista con sede en la Comunidad Valenciana parece no tener límites.

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    El denso entramado de asociaciones, fundaciones e institutos de «reflexión» creados bajo su influencia le permite cazar ayudas para cualquier propósito. En total, más de 17,2 millones entre 1999 y 2009 sólo de la Generalitat de Cataluña, sin contar las de los ayuntamientos -como ha quedado acreditado gracias al caso Pretoria- y diputaciones.

    De hecho, la hipoteca de su cuartel general en Valencia, el magnífico edificio Octubre, en pleno centro de la capital, está avalada y sostenida con dinero público. Concretamente con dos subvenciones. La primera, de 1.278.310 euros de la Diputación de Tarragona, cubrió las letras entre 2003 y 2007; la segunda, de 3.220.732, de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, sostiene las letras entre 2008 y 2011. Esta última lleva la rúbrica de Isaías Taboas, secretario general y miembro del PSC, el 9 de julio de 2008.

    El inmueble que alberga el Centre Octubre de Cultura Contemporània -histórica sede de los grandes almacenes El Siglo- fue adquirido en 2003 por la organización de Climent y escriturado al 50% por dos de sus asociaciones: Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Institució Cívica Joan Fuster.

    Estas dos organizaciones son dos de los dos pilares del entramado pseudocultural de Climent. La primera, ACPV, fue la promotora de la red de repetidores de la señal de Televisió de Catalunya en la Comunidad Valenciana y sostiene una red de casales en los que, bajo el paraguas de la actividad cultural, se da cobijo al pensamiento independentista. ACPV ha captado más de 6,2 millones de euros de la Generalitat de Cataluña en la última década.

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    Asamblea nacionalista

    La segunda organización, la Institució Joan Fuster, es la que mantiene viva la llamada Assemblea de Regidors (AdR), creada en 2000 a modo de parlamento nacionalista virtual para unir a ediles de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andorra y el Alguer, el ámbito de su idea de països catalans.

    Aunque el nivel de influencia política de ambas asociaciones en la Comunidad Valenciana está restringido a la minoría que simpatiza con el nacionalismo radical de izquierdas, Climent explota al máximo las actividades de su organización para que no se detenga la maquinaria de captación de fondos, sobre todo en ayuntamientos del territorio de habla catalana.

    Disponer en Valencia de una sede permanente para todas sus organizaciones era uno de los grandes proyectos de Eliseu Climent, sobre todo cuando el PP llegó al poder en la Comunidad Valenciana en 1995 y corría el riesgo de que su actividad quedara en la clandestinidad.

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    Climent contó con el apoyo económico del Gobierno presidido por Jordi Pujol para afrontar la compra de un edificio histórico. Corría el año 2003. Según la nota registral, la hipoteca inicial concedida por Caixa Cataluña fue de 7,2 millones de euros, aunque el precio de compra rondó los tres millones de euros. El tipo de interés inicial se fijó en el 3,833% y se acordó la duración de las letras hasta 2023. El edificio, de 3.500 metros repartidos en tres plantas, había estado 25 años cerrado y necesitaba una importantísima remodelación.

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    Ese esfuerzo de rehabilitación obligó a ampliar la hipoteca en 2007 por 2,4 millones de euros más. En total, 9,6 millones para levantar bien alta la bandera del catalanismo. Climent ha admitido públicamente que la sede rondó los 10 millones. Y han sido la Diputación de Tarragona y el Gobierno presidido por Montilla los que sucesivamente garantizaron subvenciones para el pago de la hipoteca, tras el impulso inicial de Pujol. Ambas ayudas obligan a que el edificio se destina durante 40 años a «promover las relaciones entre los territorios de habla catalana».

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