• Decía ayer Enric Juliana en LA VANGUARDIA, pág 25, que «desde el desierto de Pitis la desfachatez, acento básico del actual momento español, se observa con gran claridad».

    LA RAZÓN de hoy publica Encuesta sobre la Reforma Laboral (muestra de 1000 entrevistas), pág 16: «El 68,8% de los españoles, contra el «decretazo» laboral de Zapatero».

    Barómetro de clima social de junio-Sondeo de metroscopia para el EL PAÍS de ayer (Muestra de 506 entrevistas), pág 12: «Crisis de Gobierno, sí; elecciones, aún no». «El 86% de los ciudadanos expresa poca o ninguna confianza en Zapatero – Seis de cada 10 piden al presidente cambios inmediatos en el Ejecutivo». El sábado, reportaje de Fernando Garea en pág 17: Order «A la caza del voto del PSOE».»El PP centra su estrategia en captar hasta un 6% de electores socialistas que según los expertos pueden cambiar de bando».

    El sociólogo Carles Castro en LA VANGUARDIA de ayer, pág 21: «Y si se diera este supuesto, en combinación con un resultado en Barcelona similar al que dibujaba el sondeo de Noxa, los nacionalistas empatarían en número de diputados con el PSC y reunirían junto al PP un total de 25; es decir, a apenas uno de la mayoría absoluta».

    En EL PAÍS, pág 20 de ayer suplemento DOMINGO,  comentaba el historiador Santos Juliá que «el tiempo del presidente Zapatero está a punto de expirar: queda por administrar la difícil salida de la crisis. Y lo hará mejor, para su partido y para el gobierno, si se compromete a no volver».

    Decía ayer el periodista Manuel Sánchez en EL MUNDO pág 8: «En voz baja, algunos dirigentes socialistas admiten que a Zapatero le sería muy difícil seguir en el Gobierno con los Presupuestos de 2009 prorrogados durante año y medio, por lo que el escenario de las elecciones anticipadas sí se debería contemplar en esa situación.Si esto ocurriera, Zapatero tendría sólo dos opciones para el adelanto electoral que, en cualquier caso, nos llevaría a la cita con las urnas en 2011».

    El periodista Juan Carlos Merino, ayer, en LA VANGUARDIA, pág 17: «Lo que no añadió González es que el PSOE perdió un importante número de votos y escaños. Y de lo que sí son muy conscientes en Ferraz es de que, con sus 169 diputados, están muy lejos de la mayoría absoluta. Así que prefieren evitar cualquier tipo de bravuconada ante una huelga general (…)». Y el sábado señalaba el periodista Gregorio Morán en pág 28: «Hace ahora veinticinco años justos, un primero de junio de 1985, Miguel Boyer explicaba a los jóvenes empresarios de entonces – ahora veteranos del crédito, imagino-que se debía abaratar el despido. Y se hizo». Por su lado, Fernando Ónega, también el sábado 5, destacaba El tridente en pág 22: «Los conocedores de las interioridades de la Moncloa sitúan un nuevo nombre en el trío del poder, del que dependen las grandes decisiones, y que ahora quedaría formado así: José Blanco-Pérez Rubalcaba- José Enrique Serrano. ¿Y Zapatero? ¿Dónde queda Zapatero?, pregunta el inocente cronista. «Eso era antes –le responden–. Ahora Zapatero sobrevuela».

    El periodista José Manuel Garayoa, para LA VANGUARDIA; suplemento DINERO de ayer, (página 11): «Según el mercado, una reforma light supondría que el Gobierno maneja la posibilidad de unas elecciones anticipadas en un plazo corto y no desea enajenarse el apoyo de las cúpulas sindicales. Una reforma profunda implicaría que cree que el plan de ajuste va a funcionar, que la economía y el empleo crecerán a medio plazo, y que en su momento podría envanecerse de haber hecho lo necesario en su momento aun cuando fuera impopular. Mientras eso se ventila, según fuentes consultadas, el Gobierno estaría vendiendo inversiones en el exterior realizadas por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social entre el 2006 y el 2008, cuando acumuló un superávit cercano a 40.000 millones de euros, la mitad de los cuales invirtió fuera. Como locos tapando agujeros».

    CINCO DÍAS, pág 11, del fin de semana informaba de que «Trabajo se guiará por el Supremo para facilitar el despido de 20 días«.  Y el economista Anselmo Calleja afirmaba ayer en el suplemento MERCADOS de EL MUNDO Buy pág 17, que «esta solución tiene efectos dolorosos importantes para los trabajadores, pero no hay más alternativas».

    El pasado 31 de marzo PÚBLICO pág 19 titulaba: «El Gobierno recorta un 87% la oferta de empleo público» Order . «Fuerte rechazo sindical al tijeretazo, que permitirá ahorrar 280 millones».

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    LA VANGUARDIA, pág 59 del viernes pasado: <<Josep Oliver destacó ayer que, en los últimos meses, otro elemento preocupante es «el peso cada vez mayor de los parados de larga duración». El catedrático, que dijo que este fenómeno afecta por igual a jóvenes y adultos, demuestra que «la gente que entra en el paro es incapaz de salir». Oliver añadió que «cuanto más tiempo se pasa fuera del mercado laboral, más se tarda en volver»>>.

    El periodista Miguel Tejo en EXPANSIÓN pág 24 del sábado informaba: «Es la primera vez desde que el Inem guarda datos comparables (2001) que el número de parados asistidos por el Estado supera a los que cobran una prestación contributiva».

    En PÚBLICO del viernes 4, pág 16«El PSOE apuesta por el PNV para salvar la legislatura». «La Y’ vasca y las políticas de empleo figuran en las exigencias del PNV». Y pág 17, titulaba «Urkullu negociará los Presupuestos de 2011».

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    El economista Ángel Laborda en EL PAÍS, suplemento DOMINGO, pág 24: » (…)lo que hace prever que en la segunda mitad del año el PIB vuelva a registrar tasas negativas. Pero ello no debe crearnos dudas de la estrategia en marcha: sanear y reformar. Cuanto antes y más profundamente lo hagamos, mejor».

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    LA VANGUARDIA, pág 69 del sábado: «Los países del G-20 apuestan por el rigor fiscal frente al crecimiento».

    Ayer, el periodista Manel Pérez opinaba en la pág 76 de LA VANGUARDIA: » (…) el que la Generalitat, por primera vez en 30 años, haya tenido que aplazar el pago de más de 600 millones de euros a los hospitales concertados ha generado auténtica ansiedad».

    RTVE: «El PP propone prohibir por ley el déficit público y reformar el Estado autonómico» [>>>]

    El periodista Casimiro García Abadillo, en portada y pág 4: «Amnistía fiscal a cambio de deuda» y por la corresponsal Irene Hernández Velasco: «Berlusconi ha aplicado tres veces este indulto tributario». El mismo Pedro J. Ramírez dedicó ayer  su Carta del director a hablar de lo mismo, pág 2, diciendo: «Entonces, ¿por qué no…? Con la cantidad de dinero negro que hay en España, la cantidad de billetes de 500, los miles de millones que se han ido fuera…».

    De esta forma, ¿vendrá la contrarreforma en el sentido que describe  el ultramontano Salvador Sostres (EL MUNDO, pág 13)? «La moda del agnosticismo empieza hoy a parecer excéntrica y algo ridícula, como todo lo que estuvo de moda en los 80. Los ajustes a los que la crisis nos obligará pasan sin duda por una regeneración moral y por la recuperación de una cierta espiritualidad. Muscular el alma, hasta estilizarla».

  • Noticias maquetadas 07.06.2010

    Secuelas del 11-S (1)

    Guantánamo, prisión de Obama

    El legado de Bush pervive en la cárcel, sin perspectivas próximas de cierre

    MARC BASSETS – Guantánamo Enviado especial

    Cuando en otoño del 2008 Barack Obama ganó las elecciones presidenciales, los detenidos de Guantánamo lo celebraron.

    Que ganase alguien «con sangre musulmana» y negro, y que encima quisiese cerrar la prisión donde llevaban años encerrados, era motivo de esperanza.

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    Lo recuerda ahora un intérprete que lleva más de cinco años en contacto con los detenidos, y que pide anonimato por temor a que los autoridades le denieguen el acceso.

    El 22 de enero del 2009, dos días después de jurar el cargo, Obama firmó un decreto presidencial que obligaba a cerrar «no más de un año después de la fecha de esta orden» el centro de detención de Guantánamo, símbolo de la vulneración de los derechos humanos durante la administración Bush.

    Una copia del decreto cuelga desde entonces de un tablón de anuncios en un patio de la prisión donde los detenidos se reúnen para jugar al futbolín y hacer gimnasia.

    Visible para los presos y los carceleros, el decreto es un recordatorio de la promesa incumplida del presidente. Durante la campaña electoral y al asumir el poder, Obama enarboló el cierre de Guantánamo como la prueba de que EE. UU. regresaba a la senda de la legalidad internacional.

    Casi seis meses después de la fecha anunciada del cierre, Guantánamo sigue funcionando con normalidad. Nada ha cambiado. Y los mandos del centro de detención, ubicado en la base naval de EE. UU. en el oriente de Cuba, están preparados, si es necesario, para mantenerla abierta durante años y décadas.

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    «Probablemente tendríamos que hacer pequeñas modificaciones», dice el almirante Thomas Copeman en su despacho de la base. Copeman se refiere a las mejoras de una infraestructura en gran parte provisional.

    «En lo que concierne al trato de los detenidos, no hubo cambios políticos con el cambio de administraciones. Simplemente no hubo ninguno», asegura en otro momento de la entrevista.

    «Respecto a Guantánamo, nada ha cambiado desde enero del 2009», corrobora Joseph Margulies, uno de los abogados más prominentes en EE. UU. en la defensa de los detenidos.

    En Guantánamo viven ahora 181 detenidos, la mayoría de ellos capturados tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos. De los 779 prisioneros que han pasado por el centro de detención debido a su supuesta relación con Al Qaeda o los talibanes, 530 fueron liberados o trasladados a otros países antes del 2009, durante la administración Bush. La Administración Obama ha trasladado a 59.

    Obama quiere llevar a una prisión de máxima seguridad en Illinois a los presos que deban ser juzgados ante un tribunal, y a los que afronten una detención indefinida. Pero el Congreso – dominado por los demócratas del presidente-bloquea la financiación para cerrar Guantánamo.

    Los mandos de la prisión se resisten a entrar en debates jurídicos. Pero insisten en dos argumentos. Primero, el trato de los prisioneros es óptimo: el Guantánamo del 2010 no es un gulag, ni un infierno. «Tratamos a todos nuestros detenidos con dignidad.

    En el lado estadounidense de la frontera, no hay un Guantánamo, sino dos, separados por un check point.A un lado de los controles militares, la base naval de Estados Unidos, abierta en 1903 tras un acuerdo con Cuba, que acababa de independizarse. Al otro, el archipiélago de campos de detención – arrendados a la base naval-en los que Estados Unidos tiene encerrados a 181 presos a los que cree implicados en los atentados del 11 de septiembre del 2001 o son un peligro para la seguridad nacional.

    Uno y otro lado tienen en común el calor pegajoso, las iguanas que asoman la cabeza tras los arbustos, la omnipresencia de símbolos nacionales: banderas, vehículos del ejército, uniformes militares. Uno y otro lado tienen en común, también, la sensación de claustrofobia. Guantánamo, la única base estadounidense en un país comunista, está aislada. A parte de ir al cine al aire libre, al McDonald´s, o a un chiringuito junto al mar, hay poco más que hacer. La opción de salir de la base los días de permiso no existe.

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    A la base sólo se puede acceder en avión. En una de las dos compañías civiles que recorren los 650 kilómetros desde Florida, el viaje dura más de cuatro horas: la avioneta de cuatro plazas debe esquivar el espacio aéreo cubano. Una vez en el aeropuerto, el visitante, escoltado por militares, cruza la bahía en transbordador hacia la zona habitada de la base.

    La oficina de prensa responsable del llamado Grupo de Trabajo Conjunto de Guantánamo (JTFG, en sus iniciales inglesas), que gestiona los campos de detenidos, organiza visitas para periodistas. Casi tres mil han visitado la prisión de Guantánamo desde su apertura, en el 2002; los mandos se jactan de que no hay prisión más escrutada que esta.

    Las visitas incluyen entrevistas con los mandos de la JTFG. Los militares siguen en todo momento a los periodistas, que no pueden fotografiar ni los rostros de los prisioneros – a los que está prohibido entrevistar-ni algunos edificios estratégicos. Al final de la jornada, revisan y censuran las fotografías y vídeos.

    Los periodistas tienen acceso a los campos de detención 4, 5 y 6, donde los presos se dividen según el comportamiento, todos a orillas del Caribe. «Seguro. Humano. Legal. Transparente», son las palabras que encabezan el folleto que la oficina de prensa reparte a los periodistas al llegar.

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    Hay, sin embargo, un campo de detenidos cuyo acceso está vedado a los visitantes, e incluso a los abogados de los detenidos. Excepto los altos mandos, los cerca de dos mil militares que trabajan en la prisión ignoran dónde se encuentra. Se trata del mitificado campo 7, una prisión de máxima seguridad escondida entre las colinas de Guantánamo.

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    En el campo 7 de encuentran algunos responsables del 11-S, entre ellos Jalid Sheij Mohamed, que ha confesado ser el cerebro de los atentados y está pendiente de juicio – no está claro si ante un tribunal civilomilitar-en territorio estadounidense.

    «Allí tenemos algunos detenidos de alto valor», dice, en alusión al campo 7, el general Timothy Lake, número dos de Guantánamo. «Para ellos las normas también son un cuidado y una custodia segura, humana, legal y transparente». La seguridad nacional justifica el secretismo, según los mandos. Sólo la Cruz Roja puede acceder a ese campo.

    No está claro si el campo 7 es el denominado campo no, una instalación secreta a la que el jurista Scott Horton se refiere en un reportaje publicado en febrero por la revista Harper´s.Horton, citando fuentes militares, sugiere que, en contra de la versión oficial, los suicidios de tres prisioneros en el 2006 no fueron tales, y que en la noche de su muerte los prisioneros pasaron por el citado campo secreto.

    Los mandos niegan la versión de Horton. Una respuesta frecuente cuando se les pregunta por los abusos pasados es – además de negarlos-que ellos no estaban aquí. Y es cierto que las rotaciones de las fuerzas armadas hacen que en Guantánamo la memoria histórica sea inexistente. Es difícil encontrar a alguien que lleve más de dos años destinado.

    En la prisión más famosa del mundo, los únicos con memoria histórica, los que han estado desde el principio hasta ahora, son los prisioneros.

  • Noticias maquetadas 07.06.2010

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    XAVIER BORRÁS / Valencia

    Climent paga la hipoteca de su sede con dinero público

    3,2 millones de ayudas del ‘Govern’ catalán y 1,2 millones de la Diputación de Tarragona avalan las letras entre 2003 y 2011

    La habilidad desarrollada durante más de dos décadas por el editor valenciano Eliseu Climent Corbera para obtener subvenciones de las instituciones catalanas con las que sostener y ampliar su holding catalanista con sede en la Comunidad Valenciana parece no tener límites.

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    El denso entramado de asociaciones, fundaciones e institutos de «reflexión» creados bajo su influencia le permite cazar ayudas para cualquier propósito. En total, más de 17,2 millones entre 1999 y 2009 sólo de la Generalitat de Cataluña, sin contar las de los ayuntamientos -como ha quedado acreditado gracias al caso Pretoria- y diputaciones.

    De hecho, la hipoteca de su cuartel general en Valencia, el magnífico edificio Octubre, en pleno centro de la capital, está avalada y sostenida con dinero público. Concretamente con dos subvenciones. La primera, de 1.278.310 euros de la Diputación de Tarragona, cubrió las letras entre 2003 y 2007; la segunda, de 3.220.732, de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, sostiene las letras entre 2008 y 2011. Esta última lleva la rúbrica de Isaías Taboas, secretario general y miembro del PSC, el 9 de julio de 2008.

    El inmueble que alberga el Centre Octubre de Cultura Contemporània -histórica sede de los grandes almacenes El Siglo- fue adquirido en 2003 por la organización de Climent y escriturado al 50% por dos de sus asociaciones: Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Institució Cívica Joan Fuster.

    Estas dos organizaciones son dos de los dos pilares del entramado pseudocultural de Climent. La primera, ACPV, fue la promotora de la red de repetidores de la señal de Televisió de Catalunya en la Comunidad Valenciana y sostiene una red de casales en los que, bajo el paraguas de la actividad cultural, se da cobijo al pensamiento independentista. ACPV ha captado más de 6,2 millones de euros de la Generalitat de Cataluña en la última década.

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    Asamblea nacionalista

    La segunda organización, la Institució Joan Fuster, es la que mantiene viva la llamada Assemblea de Regidors (AdR), creada en 2000 a modo de parlamento nacionalista virtual para unir a ediles de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andorra y el Alguer, el ámbito de su idea de països catalans.

    Aunque el nivel de influencia política de ambas asociaciones en la Comunidad Valenciana está restringido a la minoría que simpatiza con el nacionalismo radical de izquierdas, Climent explota al máximo las actividades de su organización para que no se detenga la maquinaria de captación de fondos, sobre todo en ayuntamientos del territorio de habla catalana.

    Disponer en Valencia de una sede permanente para todas sus organizaciones era uno de los grandes proyectos de Eliseu Climent, sobre todo cuando el PP llegó al poder en la Comunidad Valenciana en 1995 y corría el riesgo de que su actividad quedara en la clandestinidad.

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    Climent contó con el apoyo económico del Gobierno presidido por Jordi Pujol para afrontar la compra de un edificio histórico. Corría el año 2003. Según la nota registral, la hipoteca inicial concedida por Caixa Cataluña fue de 7,2 millones de euros, aunque el precio de compra rondó los tres millones de euros. El tipo de interés inicial se fijó en el 3,833% y se acordó la duración de las letras hasta 2023. El edificio, de 3.500 metros repartidos en tres plantas, había estado 25 años cerrado y necesitaba una importantísima remodelación.

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    Ese esfuerzo de rehabilitación obligó a ampliar la hipoteca en 2007 por 2,4 millones de euros más. En total, 9,6 millones para levantar bien alta la bandera del catalanismo. Climent ha admitido públicamente que la sede rondó los 10 millones. Y han sido la Diputación de Tarragona y el Gobierno presidido por Montilla los que sucesivamente garantizaron subvenciones para el pago de la hipoteca, tras el impulso inicial de Pujol. Ambas ayudas obligan a que el edificio se destina durante 40 años a «promover las relaciones entre los territorios de habla catalana».

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  • Noticias maquetadas 07.06.2010

    El avance de CiU en la ciudad de Barcelona amenaza a la mayoría de izquierdas en la Diputación provincial

    Purchase El último refugio del PSC, en peligro

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    CARLES CASTRO – Barcelona

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    Los gabinetes de estrategia comienzan a formularse una pregunta en apariencia extravagante: ¿Quedará algún reducto de poder en manos de los socialistas catalanes cuando concluya el actual ciclo electoral que empieza en otoño con las autonómicas, sigue en primavera con las municipales y termina a comienzos del 2012 con las elecciones legislativas? La pregunta puede parecer absurda teniendo en cuenta que el PSC está hoy presente en el Gobierno del Estado, en el de Catalunya y en el de las cuatro capitales de provincia catalanas. Sin embargo, las expectativas socialistas son más bien sombrías con vistas a revalidar la mayoría en el Congreso, son aún peores cara a las autonómicas catalanas de otoño y son pésimas en Barcelona, si se confirman los pronósticos de la última encuesta de Noxa para La Vanguardia, publicada el 30 de mayo.

    Ante semejante horizonte abismal, el único y principal asidero socialista se reduciría a la Diputación de Barcelona, la institución catalana con mayor volumen de recursos gestionados, tras la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, ni siquiera la Diputación permanece como un baluarte imbatible del socialismo catalán. Si ahora la mayoría de izquierdas es muy clara (30 diputados sobre un total de 51), un retroceso del PSC en línea con el que dibujaba en Barcelona el último sondeo de Noxa pondría a CiU y PP (que ahora suman 21 asientos en el plenario provincial) a apenas dos o tres escaños de la mayoría absoluta (que se eleva a 26). Y eso sin contar un retroceso generalizado del PSC en los municipios de la provincia que, aunque fuese de pequeña magnitud, podría privar a los socialistas de algún representante más en otro de los 14 partidos judiciales que eligen a los miembros de la corporación.

    Concretamente (véase gráfico adjunto), l´Hospitalet sería uno de los partidos judiciales donde resulta más factible una pérdida de escaños socialistas. En este caso, el beneficiario sería CiU, que en el 2007 ya se quedó a apenas 1.500 papeletas de obtener representación a costa del cuarto representante socialista. Y si se diera este supuesto, en combinación con un resultado en Barcelona similar al que dibujaba el sondeo de Noxa, los nacionalistas empatarían en número de diputados con el PSC y reunirían junto al PP un total de 25; es decir, a apenas uno de la mayoría absoluta.

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    A partir de ahí, ¿es factible que CiU conquistase ese escaño decisivo? A la luz de los resultados del 2007 es factible, pero difícil. Para empezar, CiU no puede mejorar su resultado en distritos como Berga, Vic o Vilafranca (que sólo adjudican un diputado). Y también parece improbable que se registren cambios en circunscripciones como Arenys, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu, Terrassa o Vilanova, donde los actuales resultados de CiU quedan muy lejos de los necesarios para arrebatar un escaño al PSC. Sólo el partido judicial de Igualada, donde la distancia entre nacionalistas y socialistas es de unos 4.000 votos sobre un censo de 87.000 electores, podría brindar a CiU el diputado que permitiría a nacionalistas y populares desbancar a la izquierda del gobierno de la Diputación.

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