• Noticias maquetadas 02.06.2010

    Los catalanes pagarán aún más

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    El tripartito sube varios impuestos, incluido el IRPF, y ralentiza las inversiones

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    El plan de austeridad incluye no cubrir jubilaciones y suprime entidades públicas

    El Govern no reduce consellers pero asegura que rebajará un 5% de altos cargos. Osea, 10

    CRISTINA SEN – Barcelona

    El tripartito ha dado un paso que hasta ahora nadie había recorrido en España. El Govern puso ayer definitivamente su sello al plan de recorte del déficit público para este año con el objetivo de cumplir con las recomendaciones europeas de contención del gasto y Catalunya se convierte en la primera autonomía que decide subir los impuestos en una situación de crisis económica y de nulo crecimiento.

    No es que la presión fiscal se vaya a disparar, pero sí que la alianza gubernamental de izquierdas deja un mensaje de corte ideológico. Los catalanes pagarán más por comprar un piso usado, por suscribir una hipoteca, por matricular determinados vehículos y las personas que declaren a partir de 120.000 euros tributarán más a partir del año que viene.

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    El Consell Executiu dio luz verde a un nuevo paquete de medidas continuación del plan que se aprobó el sábado, que estaba encaminado a recortar, principalmente, el salario de altos cargos, funcionarios y las transferencias a las empresas públicas y concertadas. Los consellers Antoni Castells y Joaquim Nadal comparecieron en rueda de prensa para resumir las líneas maestras – véase cuadro superior-de unas decisiones cuyo objetivo es rebajar en total 1.670 millones el déficit este 2010, dejándolo en 4.700 (2,4% del PIB) y cumpliendo así los criterios de estabilidad.

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    El debate que se ha suscitado durante las últimas semanas entre los socios del tripartito por el incremento del IRPF demuestra que esta subida impositiva responde a un criterio ideológico. Los catalanes serán los que más pagarán y aunque Castells consideró que en breve el Ejecutivo y otras autonomías tomarán este camino, la realidad es que hasta la fecha ninguna lo ha hecho. En caso de que el Gobierno de España incremente la presión fiscal a los «que más ganan» – así lo ha señalado José Luis Rodríguez Zapatero-,es evidente que los ciudadanos de Catalunya no quedarán exentos.

    El conseller de Economia, como es bien sabido, no era partidario de aumentar el IRPF y han sido los socios de ERC y de ICV los que reivindicaban un gesto que dejase claro que no sólo del recorte de salarios se nutre la contención del déficit sino que deben aportar los que «más tienen». El president Montilla avaló la posición de sus socios, seguramente interesado en acentuar su identidad izquierdista en el momento más difícil de los socialistas.

    Tras la negociación entre los socios del tripartito, el Govern se comprometió a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley en el que se incrementará dos puntos la presión sobre los que declaran más de 120.000 euros, y 4 puntos más para las superiores a 175.000 euros. Los cambios afectarán a unos 20.000 contribuyentes – un 0,5% de los declarantes-y supondría una recaudación el año que viene de 175 millones. Castells consideró que esta medida no detraerá el consumo al entender que son rentas considerables y admitió que sí habría sucedido si se hubiese aplicado a rentas «medias». No es que los 175 millones vayan a solventar los problemas de las arcas de la Generalitat, ni los 100 que supondrán este año el incremento de los tributos antes citados, pero sirve de argumento para proclamar el eslogan «los ricos también pagan».

    El Consell Executiu también dio luz verde a un plan de reducción de la Administración, con la desaparición de 63 entidades dependientes de la Generalitat de las 247 actuales. Calculan que esta decisión supondrá un ahorro de 25 millones. Asimismo, se eliminará el 5% de altos cargos, o sea, en total, diez. El Govern ratificó que no tiene intención de reducir departamentos.

    La contención de las inversiones, de las que dio cuenta Joaquim Nadal, es también una importante parte de esta reducción del gasto. El conseller explicó que no se paralizará ninguna obra pero sí que se ralentizarán. Otro ahorro intenta el Govern a base de no cubrir 9 de cada 10 vacantes por jubilación, excepto en sanidad y educación que se cubrirán la mitad. Y esto es sólo el principio. El año que viene aún habrá que recortar 900 millones más.

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