• Noticias maquetadas 31.05.2010

    AN EMILIO MAÍLLO / Madrid

    El 70% rechaza intromisiones políticas en las cajas

    El 44% de los españoles considera inadecuada la actuación del Gobierno en la reconversión de estas entidades de ahorro

    Así lo revela una encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, que señala que al 70,2% de los españoles no le parece bien que los políticos autonómicos intervengan en estas entidades. Apenas son un 18,9% los que sí defienden el estatus actual que tienen las regiones.

    En este asunto apenas hay diferencia entre los votantes del PP y del PSOE, aunque sí se marcan distancias con los de Izquierda Unida, más partidarios, aunque no mayoritariamente, de preservar los poderes de las comunidades autónomas.

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    La intromisión política ha desempeñado su papel en el actual proceso de reestructuración del sector. Por ejemplo, el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán vetó que CajaSur se fusionara con Caja Murcia y, unos meses después, en concreto el pasado día 22, la entidad cordobesa fue intervenida por el Banco de España al fracasar su unión con la malagueña Unicaja. El episodio puede tener un coste de más de 2.000 millones de euros para el erario público. Hasta esa cantidad pueden ascender las necesidades de ayudas de la entidad que, hasta hace 10 días, estaba controlada por la Iglesia Católica.

    Del mismo modo, la Xunta de Galicia, gobernada por Alberto Núñez-Feijóo, se negó a que alguna de sus dos cajas, Caixanova y Caixa Galicia, se unieran a entidades foráneas y ha acabado imponiendo una integración entre ambas. Estas dos entidades van a pedir ayudas de más de 1.160 millones de euros.

    Y la historia se repite en Cataluña, con José Montilla. El presidente de la Generalitat se opuso, casi al inicio de la crisis, a que cajas de fuera de la región acudieran en ayuda de Caixa Catalunya, que atravesaba dificultades económicas. Ahora esta entidad se va a fusionar con otras dos diminutas cajas catalanas (Tarragona y Manresa) y recibirá para ello 1.250 millones de euros.

    Los políticos se resisten a perder el control de unas entidades que usan como brazo financiero y en las que consiguen colocar a un buen número de colaboradores en los diferentes órganos de gobierno.

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    No en vano, hasta cuatro gobiernos autonómicos, dos del PSOE -el catalán y el extremeño- y dos del PP -el de Galicia y el de Madrid- han recurrido al Tribunal Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

    En estos momentos, 34 de las 45 cajas de ahorros están inmersas en algún proceso de fusión, en gran medida gracias al apoyo que da el citado Frob, aprobado por el Gobierno con el respaldo del PP, y a las amenazas del Banco de España.

    Pero el 44,1% de los españoles, y más entre los que votaron al partido de la oposición (56,7%), consideran inadecuada la actuación del Gobierno en la reconversión de las cajas. En el caso de los votantes socialistas, un 29,4% reprocha el papel del Ejecutivo. Apenas un 23,6% del total la defiende y esta posición sólo es mayoritaria entre los seguidores del PSOE (37,2%), frente a apenas un 10,5% entre los del PP y un 28,8% en los de IU.

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    El Ejecutivo paga así haberse desentendido en gran medida de este proceso. Buena parte de los mensajes de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, han ido dirigidos en el sentido de que es el Banco de España quien pilota la reestructuración.

    Por el contrario, los encuestados son algo más condescendientes con el papel ejercido por el Banco de España, cuya actuación respalda el 34,9% de los encuestados, frente a un 32% que no lo hace. En la mochila del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya hay dos cajas intervenidas, la citada CajaSur y Caja Castilla-La Mancha.

    Eso sí, los votantes del Partido Popular son más duros con el que fuera alto cargo del Gobierno de Zapatero. El 34,9% ve inadecuada su actuación, frente a un 31,4% que la ve correcta. En el PSOE ocurre lo contrario. Un 43% de sus seguidores no tiene quejas respecto a cómo el Banco de España ha reestructurado las cajas, frente a un 25,3% que ve inadecuada su actuación.

    Lo que los españoles no quieren que se modifique es la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, hasta convertirlas en bancos, con accionistas privados. Es algo que no ve bien el 48,8%, frente a un 31,4% que lo apoyaría.

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    En este caso, los votantes del PP son más proclives a que las cajas se conviertan en bancos -lo defiende el 44,7% de sus votantes-, mientras que los del PSOE opinan lo contrario: un 55% no quiere avances en esa dirección.

    El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se han comprometido a sacar adelante una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) a partir del 30 de junio. Sobre la mesa pondrán medidas para que estas entidades refuercen su solvencia. Entre las barajadas, dar derechos políticos a las cuotas participativas de las cajas (que son como las acciones de los bancos), aunque limitando el volumen que pueden emitir para evitar que las cajas se privaticen.

    Hoy por hoy, sólo una caja de ahorros, la CAM, ha utilizado este instrumento. Quienes confiaron en sus cuotas únicamente son clientes particulares a los que se las colocaron los comerciales de la entidad y otras cajas de ahorros, La Caixa, Caja Madrid y Bancaja, que tienen un buen número de estos títulos que sólo dan derecho a cobrar dividendo, pero no a influir en la gestión.

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