• Los profesores Ignacio Lago (UPF) y José Ramón Montero (UAM),  afirmaban en su estudio «Participaciones y  resultados electorales en España» online online :  «El saber convencional mantiene que una baja participación electoral sesga los resultados electorales de modo que los partidos conservadores gana a expensas de las alternativas de izquierda. La lógica tras este razonamiento es que la participación electoral es desigual: los ciudadanos más ricos tienen mayores posibilidades de votar y se supone que existen diferencias claras en las preferencias partidistas y en las políticas públicas entre ambos grupos (…) el universo político norteamericano puede concebirse como una serie de tres círculos concéntricos: los votantes habituales, los votantes ocasionales o esporádicos y los abstencionistas habituales. A medida que uno se mueve del centro a la perifería aumenta la proporción de quienes se identifican con el Partido Demócrata, puesto que la abstención se corrrelaciona positivamente con un estatus económico bajo y los Demócratas desarrollan políticas favorables hacia los menos privilegiados. Dado que los votantes habituales siempre participan, cualquier incremento en la participación viene de la mano de a movilización de los votantes ocasionales o de los abstencionistas habituales (…) La participación electoral depende del estatus socioeconómico de los individuos, de modo que los que tienen más recursos (estudios o ingresos por ejemplo) son los votantes habituales. En consecuencia, el aumento de la participación es probablemente debido a que hay más votantes con recursos bajos de lo normal. También es probable que éstos votantes esporádicos de recursos bajos apoyen a los partidos cuyas políticas están en sintonía con sus intereses».

    En la reunión del Cercle d`Economía de la semana pasada parece ser que Rajoy, ilusionado con el viento soplando a su favor, «defendió reducir el número de municpios» como ha sucedido en Grecia.

    Decía Josep Borrell en una entrevista del domingo pasado que «en Grecia, el déficit ha causado la crisis, y en España, la crisis ha causado el déficit». El hecho es que en esta misma reunión de Sitges delante de Oliu, Nin afirmó que “España está siendo castigada de forma subjetiva». En la reunión del Cercle, Almunia se atrevió a decir delante de la élite financiera e industrial española que “la profundidad de nuestros debates deja que desear y que aquí se descalifica más que la media europea y criticó que el PP no apoyara el Real Decreto de recorte del gasto: si no se hubiera aprobado, yo hoy hubiera tenido que atender mayores responsabilidades” afirmó en relación a posibles intervenciones. Ángel Gurría, que es un personaje de la OCDE, fue entrevistado el pasado 23 de mayo dejando que se titulara «Las medidas del Gobierno español son acertadas y eran inaplazables».

    Contra lo que dice la sabiduría popular online , el problema de la economía española detectado por las calificadoras de rating no radica en el déficit-deuda pública del Estado, ni siquiera el de las autonomías o de los ayuntamientos; radica sobre todo en la deuda privada. El núcleo  de problema está ahí, en la deuda de las familias y las empresas a los bancos. Es una verdad admitida por todos los analistas, al igual que señala la profesora (Universidad de Maryland)  Carmen Reinhart: «los tenedores de bonos y los accionistas en los bancos españoles van atener que aceptar una quita importante conforme esta deuda privada se

    reestructure». Cuando se habla de reestructurar una deuda se está insinuando que la economía no va a quebrar y va a conseguir pagar más por menos a los acreedores. Y ese es el drama con el que va a enfrentarse la ministra Salgado y por eso el periodista Manel Pérez, habitual de LA VANGUARDIA, llegó a decir ayer que «Elena Salgado perdió este fin de semana una gran oportunidad de esculpir su perfil y buscar aliados». Como han pasado días entre lo sucedido en Sitges y lo que sucederá mañana cuando se publique el mal dato de paro del INEM, ha habido tiempo para descafeinar el supuesto error de  considerar a Duran i Lleida como hombre de Estado y a Rajoy como un oportunista. De repente, el gazapo ha salido de la madriguera y los periodistas de toda ideología se han puesto a disparar reclamando confirmación sobre si aguantarán los del Gobierno hasta por lo menos el otoño o si los de la Oposición lograrán que se convoquen elecciones anticipadas. El periodista de confianza de Zapatero L.R. Aizpeolea llega a decir que «La Moncloa dice que Zapatero agotará su mandato sin cuestión de confianza».

    El gobierno presenta a Rajoy como un vendepatrias que con su negativa a apoyar las medidas de Salgado, que ha puesto en peligro la solvencia del bono del Reino de España. Esto es lo que dice PÚBLICO cheap aciclovir en que ha dicho Almunia en Sitges. Rajoy ha pretendido, también en Sitges, transmitir a la élite económica que ellos son más patriotas que nadie porque lo que han intentado que desaparezca el presunto causante real del riesgo. Por eso están muy cabreados con Lleida: cuando Durán se abstuvo Zapatero respiró con independencia de que mantuviera la amenaza sobre la aprobación de los Presupuestos 2011 el próximo otoño. Lleida ha tenido que aclarar su posición diciendo que «Se necesita un bisturí, no otro médico» El argumento de Rajoy de que hay que expulsar a Zapatero para salvar la patria, parece muy traído por los pelos, pero es completamente racional, en el sentido que  emplea el famoso Enric Juliana: «Rajoy decidió votar no al ajuste, creyendo que CiU y PNV se abstendrían». Rajoy se comporta racionalmente porque si a riesgo de equivocarse supone que el riesgo mayor para la solvencia del bono del Reino de España, lo inmediato a hacer no es apoyar medidas de ajuste, sino cambiar a quien propone esas medidas de ajuste concretas». El gobierno cree que tiene fuelle porque como dice López Alba, el presidente actúa como si tuviera una mayoría absoluta.

    En esta semana se han publicado diversas encuestas electorales con mayor o menor fiabilidad dependiendo del número de encuestados, según dictaminan las normas de los sociólogos: El Periódico de Catalunya, El Mundo y La Vanguardia. En todas ellas se denota un efecto arrastre de confianza en la gestión actual sin expectativas sólidas en una gestión sustitutiva.Para incidir en ese desfase gestión mala.gestión buena, es por lo que «Rajoy reta al PSOE a que cambie a Zapatero». Rajoy está diciendo en público que es mejor tener el original que la fotocopia, que es el mal futuro que el mal presente, la esperanza que la depresión.

    Dentro de poco veremos como, debido a la continua aparición de indicadores negativos de la economía real española, los directivos de las grandes empresas internacionalizadas españolas coincidirán en la exigencia de algún tipo de gobierno de consenso, coalición o formal gestión para el cual evidentemente, se barajará la persona de Duran i Lleida el que,  según titulaba ayer EL PAIS, aseguraba: “Se necesita un bisturí no otro médico”. A partir de ahora, los intereses, las venganzas utilizarán las fotocopiadoras para utilizar la prensa como elemento de desgaste contra un Gobierno acorralado y ello servirá para impulsar la desafección y estimular el apoyo de las instituciones hacia un Gobierno en la sombra. Tengo un amigo que trabaja en una oficina de un banco cotizado español en extremo oriente que leyó en el Pills Financial Times que el gobierno español había intervenido una caja de ahorros perteneciente al clero católico ¡en pleno escándalo mediático por los casos pederastia! Este amigo tenía dinero en un fondo de inversión en cuya cartera había bonos emitidos por esa caja “católica”. La caída de los bancos españoles sería la quiebra de la confianza en la economía española, por eso Strauss-Kahn afirma en una entrevista que «Es necesario recuperar cuanto antes la confianza en la economía española».

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    Aquí tienen un ejemplo de la guerra de terrorismo mediático Pills que a partir de ahora nos va a inundar: «Zapatero pierde medio billón de pesetas».

  • Noticias maquetadas 31.05.2010

    SAL online EMERGUI / Jerusalén, Especial para EL MUNDO

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    Israel pierde el escudo protector de su ambigüedad nuclear

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    Washington deja a su aliado ‘a merced’ de los inspectores

    Prácticamente es una norma sagrada que la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos y el jefe de Gobierno israelí se inicie reafirmando el acuerdo sobre la política de ambigüedad nuclear de Israel. Sin embargo, el pacto, iniciado por Richard Nixon y Golda Meir en el 69, se ha visto ahora dañado ante la sorpresa y enfado del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

    Fuentes de su Ejecutivo criticaron ayer al presidente Barack Obama por adherirse al documento final de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) que pone en duda una «ambigüedad» basada en no confirmar ni desmentir que la central de Dimona no es una planta textil. Es la primera vez que Washington permite que se exija a Israel sumarse al TNP y abrir a los inspectores la central nuclear en el Néguev. «Prometo que Israel nunca renunciará a su fuerza y su derecho de defensa ante sus enemigos y amenazas», aseguró anoche Netanyahu en Toronto en una clara alusión al documento.

    Según el comunicado del Gobierno, el texto aprobado por 189 países «señala a Israel, la única verdadera democracia de Oriente Medio, pero ni siquiera menciona al régimen terrorista de Irán, que está en una carrera para desarrollar armas nucleares y que amenaza abiertamente con borrar a Israel del mapa». Algunos dirigentes reconocen que se trata de «una derrota diplomática ante los países árabes».

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    La protesta de EEUU por la mención explícita de Israel no consuela a Netanyahu que tratará la cuestión con Obama en su reunión de mañana en la Casa Blanca. «No lo esperábamos», se sinceró el viceprimer ministro, Dan Meridor, mientras que otras fuentes, anónimas, denunciaban «la puñalada de Obama». Es un mazazo para la diplomacia israelí que lleva años alertando sobre el proyecto nuclear iraní. «No sólo no citan a Irán sino que por primera vez mencionan a Israel», comenta el analista Alon Ben David.

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    Dimona es la principal arma de disuasión de Israel desde que en 1957 firmara con Francia un acuerdo de colaboración para la creación de una central. Diez años después, contaba con dos cabezas nucleares. En 1986, gracias en parte al testimonio del espía atómico, el israelí Mordejai Vaanunu, se calculaban entre 100 y 200. Hoy, hay más cabezas nucleares pero menos ambigüedad.

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  • Noticias maquetadas 31.05.2010

    AN EMILIO MAÍLLO / Madrid

    El 70% rechaza intromisiones políticas en las cajas

    El 44% de los españoles considera inadecuada la actuación del Gobierno en la reconversión de estas entidades de ahorro

    Así lo revela una encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, que señala que al 70,2% de los españoles no le parece bien que los políticos autonómicos intervengan en estas entidades. Apenas son un 18,9% los que sí defienden el estatus actual que tienen las regiones.

    En este asunto apenas hay diferencia entre los votantes del PP y del PSOE, aunque sí se marcan distancias con los de Izquierda Unida, más partidarios, aunque no mayoritariamente, de preservar los poderes de las comunidades autónomas.

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    La intromisión política ha desempeñado su papel en el actual proceso de reestructuración del sector. Por ejemplo, el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán vetó que CajaSur se fusionara con Caja Murcia y, unos meses después, en concreto el pasado día 22, la entidad cordobesa fue intervenida por el Banco de España al fracasar su unión con la malagueña Unicaja. El episodio puede tener un coste de más de 2.000 millones de euros para el erario público. Hasta esa cantidad pueden ascender las necesidades de ayudas de la entidad que, hasta hace 10 días, estaba controlada por la Iglesia Católica.

    Del mismo modo, la Xunta de Galicia, gobernada por Alberto Núñez-Feijóo, se negó a que alguna de sus dos cajas, Caixanova y Caixa Galicia, se unieran a entidades foráneas y ha acabado imponiendo una integración entre ambas. Estas dos entidades van a pedir ayudas de más de 1.160 millones de euros.

    Y la historia se repite en Cataluña, con José Montilla. El presidente de la Generalitat se opuso, casi al inicio de la crisis, a que cajas de fuera de la región acudieran en ayuda de Caixa Catalunya, que atravesaba dificultades económicas. Ahora esta entidad se va a fusionar con otras dos diminutas cajas catalanas (Tarragona y Manresa) y recibirá para ello 1.250 millones de euros.

    Los políticos se resisten a perder el control de unas entidades que usan como brazo financiero y en las que consiguen colocar a un buen número de colaboradores en los diferentes órganos de gobierno.

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    No en vano, hasta cuatro gobiernos autonómicos, dos del PSOE -el catalán y el extremeño- y dos del PP -el de Galicia y el de Madrid- han recurrido al Tribunal Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

    En estos momentos, 34 de las 45 cajas de ahorros están inmersas en algún proceso de fusión, en gran medida gracias al apoyo que da el citado Frob, aprobado por el Gobierno con el respaldo del PP, y a las amenazas del Banco de España.

    Pero el 44,1% de los españoles, y más entre los que votaron al partido de la oposición (56,7%), consideran inadecuada la actuación del Gobierno en la reconversión de las cajas. En el caso de los votantes socialistas, un 29,4% reprocha el papel del Ejecutivo. Apenas un 23,6% del total la defiende y esta posición sólo es mayoritaria entre los seguidores del PSOE (37,2%), frente a apenas un 10,5% entre los del PP y un 28,8% en los de IU.

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    El Ejecutivo paga así haberse desentendido en gran medida de este proceso. Buena parte de los mensajes de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, han ido dirigidos en el sentido de que es el Banco de España quien pilota la reestructuración.

    Por el contrario, los encuestados son algo más condescendientes con el papel ejercido por el Banco de España, cuya actuación respalda el 34,9% de los encuestados, frente a un 32% que no lo hace. En la mochila del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya hay dos cajas intervenidas, la citada CajaSur y Caja Castilla-La Mancha.

    Eso sí, los votantes del Partido Popular son más duros con el que fuera alto cargo del Gobierno de Zapatero. El 34,9% ve inadecuada su actuación, frente a un 31,4% que la ve correcta. En el PSOE ocurre lo contrario. Un 43% de sus seguidores no tiene quejas respecto a cómo el Banco de España ha reestructurado las cajas, frente a un 25,3% que ve inadecuada su actuación.

    Lo que los españoles no quieren que se modifique es la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, hasta convertirlas en bancos, con accionistas privados. Es algo que no ve bien el 48,8%, frente a un 31,4% que lo apoyaría.

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    En este caso, los votantes del PP son más proclives a que las cajas se conviertan en bancos -lo defiende el 44,7% de sus votantes-, mientras que los del PSOE opinan lo contrario: un 55% no quiere avances en esa dirección.

    El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se han comprometido a sacar adelante una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) a partir del 30 de junio. Sobre la mesa pondrán medidas para que estas entidades refuercen su solvencia. Entre las barajadas, dar derechos políticos a las cuotas participativas de las cajas (que son como las acciones de los bancos), aunque limitando el volumen que pueden emitir para evitar que las cajas se privaticen.

    Hoy por hoy, sólo una caja de ahorros, la CAM, ha utilizado este instrumento. Quienes confiaron en sus cuotas únicamente son clientes particulares a los que se las colocaron los comerciales de la entidad y otras cajas de ahorros, La Caixa, Caja Madrid y Bancaja, que tienen un buen número de estos títulos que sólo dan derecho a cobrar dividendo, pero no a influir en la gestión.

  • Noticias maquetadas 31.05.2010

    MARISA CRUZ / Madrid

    La mitad de los españoles apuesta por el adelanto de las elecciones

    Los votantes jóvenes y las mujeres, principales partidarios de acortar la legislatura

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    El Gobierno se resiste, al menos por el momento. De hecho, hay consigna entre los ministros y dirigentes del PSOE de revolverse como gato panza arriba contra cualquier hipótesis de adelanto electoral. Han insistido en ello ya la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega; el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y seguirán, sin duda, muchos más.

    De nuevo, el Ejecutivo se sitúa a contracorriente porque ya la mitad de los españoles, según revela la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO, apuesta por la convocatoria de elecciones anticipadas.

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    En concreto, a favor de esta posibilidad se manifiesta el 50,6% de los encuestados, en tanto que el 43,6% la rechaza. Esta división demuestra la dicotomía que existe entre los que consideran que lo mejor es cortar por lo sano y evitarle al país dos años de calvario económico y debilidad política, y quienes creen que justo ahora una convocatoria electoral con enfrentamiento encarnizado entre Gobierno y oposición no haría sino complicar la situación y aumentar la desconfianza exterior que suscita España.

    No obstante, el dato encierra, además, dos detalles interesantes: quienes se muestran más partidarios de que el presidente opte por acortar la legislatura llamando a los españoles a las urnas son los votantes jóvenes -situados en las franjas de edad que van desde los 18 años a los 29 y de los 30 a los 44- y las mujeres.

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    Se da la circunstancia de que precisamente estos dos colectivos son los que con más vigor impulsaron el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero hacia La Moncloa. Son los mismos que le gritaron aquello de «no nos falles» y son también -las mujeres- las que han visto cómo el presidente dedicaba muchos esfuerzos -algunos muy cuestionados, como la creación de un Ministerio de Igualdad- por hacer valer sus derechos.

    Ni qué decir tiene que son los votantes del PP los que más ampliamente respaldan la idea del adelanto electoral (82,9%), seguidos de los votantes de otros partidos (CiU, PNV, ERC, UPyD…), que se muestran a favor en un 51,9%. Los votantes de IU y del PSOE se posicionan de manera idéntica; aproximadamente uno de cada tres (27%) se muestra favorable a las elecciones anticipadas.

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    El adelanto electoral ha sido propuesto ya por diferentes fuerzas políticas -CiU, PP, UPyD-, aunque no todas coinciden en el momento en el que deberían celebrarse los comicios. Para los nacionalistas catalanes, el momento óptimo sería después de las elecciones de su comunidad previstas, a más tardar, para noviembre. En ningún caso desean la coincidencia entre generales y autonómicas.

    Los otros dos partidos firmarían por una disolución de las Cortes inmediata porque consideran, evidentemente, que la situación ahora les favorece. Mariano Rajoy votó, en una maniobra política muy arriesgada, en contra de la convalidación del decreto de ajuste y lo hizo, tal y como él mismo reconoció, no sólo porque considere injusta alguna de las medidas que contiene, sino, sobre todo, porque no está dispuesto a facilitar la permanencia de Zapatero al frente del Gobierno.

    Para UPyD, el adelanto es imprescindible porque el país, tal y como viene advirtiendo su líder, Rosa Díez, se encuentra en una «situación de emergencia nacional, sin cuajo político».

    Cierto es que el panorama que se abre ante el Gobierno no es favorable. En el curso de esta semana debe dirimirse la reforma laboral. Si finalmente no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios -y las posiciones se encuentran muy enfrentadas-, Zapatero tendrá que imponer los cambios en el mercado de trabajo por decreto, lo que traerá aparejado de inmediato una huelga general.

    Y esto no es todo. A lo largo del verano y en el mes de septiembre, el Ejecutivo tendrá que cuadrar un proyecto de Presupuestos para 2011 durísimo, al que ya han anticipado su oposición el PP y CiU y que, a buen seguro, tampoco contará con el voto de las formaciones pequeñas de izquierda.

    La tabla de salvación sólo podría proporcionarla el PNV, una formación que sin duda intentará vender muy caro su respaldo a un Zapatero que apenas tiene ya nada que ofrecer en pago.

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    Si finalmente los Presupuestos fueran rechazados, entonces sí, el Ejecutivo no tendría otra salida que llamar a elecciones generales para que los españoles decidieran.

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