• Noticias maquetadas 20.05.2010

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    INMIGRACIÓN / INDIRA GORIS Y VIVIANA WAISMAN

    Arizona, no tan lejos de lo que pasa en España

    EL MUNDO ha dirigido su atención al Estado de Arizona (EEUU), donde una nueva ley de inmigración va a promover con carácter general la clasificación de los latinos a efectos policiales en función de sus rasgos raciales. Si bien los medios españoles han condenado esta norma, el tono de sorpresa y de indignación en general pasa por alto que lo que está a punto de ocurrir en Arizona es ya de lo más común y corriente en España.

    La legislación establece que los agentes de Arizona han de verificar la condición legal de un inmigrante en el caso de que haya «sospechas razonables» de que se encuentra en el país de manera ilegal. Permite, asimismo, la detención de personas sin una orden judicial siempre y cuando haya una «causa probable» de que sean inmigrantes indocumentados.

    Lo más grave es que la ley deja abierta la posibilidad de que la policía se base en el aspecto externo para establecer «sospechas razonables» y «causas probables», que tendrá como resultado que los latinos tengan que someterse a frecuentes comprobaciones de su identidad, aun el caso de que sean ciudadanos de EEUU con todos sus derechos.

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    Hace 18 años, en Valladolid, a Rosalind Williams le pidieron que se identificara sola y exclusivamente en razón del color de su piel. Cuando Williams -una afroamericana, ciudadana española desde hacía más de 25 años- preguntó por qué era la única persona a la que habían dado el alto, el agente le explicó que se limitaba a cumplir órdenes: se daba por hecho que tenía que parar a personas que tuvieran un aspecto como el de ella.

    A raíz de que Williams llevara su caso a los tribunales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó el año pasado que, si bien pueden realizarse comprobaciones de identidad en defensa de la seguridad pública, la prevención del delito y el control de la inmigración ilegal, las características físicas y raciales no pueden servir como justificación de los controles policiales. Y el Comité exigió al Gobierno español que tomara medidas para impedir la repetición de prácticas discriminatorias de esta naturaleza, algo que no se ha hecho hasta la fecha.

    El caso de Rosalind Williams no es más que un ejemplo de cómo se ha utilizado la clasificación racial a efectos policiales como instrumento de la aplicación de la legislación en España. De hecho, desde 2001 los policías españoles han tenido la potestad de guiarse por las características físicas o raciales para determinar la mayor o menor probabilidad de que alguien sea de origen no español y se encuentre en el país de forma ilegal. Una decisión del Tribunal Constitucional dio su conformidad a esta práctica discriminatoria, sosteniendo que una persona de «raza negra» era «por tanto más probable que fuera extranjera».

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    El año pasado, brigadas de la Policía Nacional de diversos lugares de toda España recibieron instrucciones para que, en las redadas contra la inmigración, se centraran como objetivo en determinadas nacionalidades. En respuesta a una circular de enero del 2010 difundida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los sindicatos policiales hicieron constar su preocupación ante el hecho de que se esperara que los agentes alcanzaran unas cuotas determinadas de expulsión de inmigrantes y que realizaran controles masivos de identificación en lugares públicos donde se pensara que se reunían inmigrantes.

    El Gobierno está en condiciones de atajar la identificación racial con efectos policiales sólo con que dé oficialmente instrucciones a todas las fuerzas de policía de que no pueden tener en cuenta las características raciales o cualesquiera otras características físicas para decidir a quién paran o a quién registran, salvo que cuenten con información específica y fiable sobre un sospechoso concreto.

    Además, el Ministerio del Interior debería adoptar con carácter general iniciativas piloto como las lanzadas en 2008 en Fuenlabrada y Girona. En un periodo de seis meses, la policía de Fuenlabrada dio el alto a la mitad de personas que antes -entre ellas, muchas menos pertenecientes a minorías-, pero aumentó del seis al 28% el número de comprobaciones que descubrieron un delito u otras infracciones.

    Por último, en la nueva ley de Igualdad se debería exigir a las fuerzas de Seguridad que identificaran y rectificaran con regularidad las pautas discriminatorias, especialmente en los controles de identificación. Ha llegado la hora de que España se fije más en lo que está ocurriendo dentro de sus fronteras y cambie su política de inmigración en pro de los derechos humanos y sus compromisos constitucionales.

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    Indira Goris es miembro de Open Society Justice Initiative, instituto para una Sociedad Abierta que promueve el financiero George Soros, y Viviana Waisman es miembro de Women’s Link Worldwide, organización internacional en favor de los derechos humanos y en pro de la igualdad.

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