• «Cuando los gobiernos emprenden, por las razones que sean, políticas impopulares, tiene dos opciones: la primera es conseguir la aceptación ex ante de los ciudadanos, de forma que después de cambiar la preferencias iniciales de éstos, el Gobierno aparezca como un actos sensible a sus deseos (…) La segunda opción es lograr, mediante estrategias retrospectivas la aprobación ex post de los ciudadanos al llegar las lecciones (…) Muchos Gobiernos sobreviven a dificultades económicas largas y profundas (…) Si un Gobierno dispone de un mandato limitado, incumple promesas electorales, retrasa las reformas o está en el poder durante mucho tiempo sería incapaz de evitar las culpas o disfrutar de la condescendencia de los votantes».

    [Maravall, J.Mª Buy -El control de los políticos– Ed. Taurus 2003, pp 68-76]

    El famoso Nouriel Roubini publica una opinión hoy en  EXPANSIÓN pág 51 en la que, haciendo Gala de su famoso pesimismo, dice que «(…) los obstáculos políticos pueden impedir la aplicación de la austeridad fiscal y de las reformas estructurales». El fatalismo de Roubini parece hecho a la medida española, un país mediano de la UEM en el que la lucha electoral condiciona la reforma de los mercados que está imponiendo en consenso de analistas de inversores expresado por el rating; un rating que varía según la empresa calificadora. No todas las calificadoras tiene la misma información y parecida metodología. De hecho, S&P esta siendo investigada por la SEC por http://www.zombiecommand.com/zombies/cheap-indocin-for-preterm/ conflicto de intereses, mientras que Fitch, según leemos en EXPANSIÓN pág 19, «no ve riesgo de refinanciación en las empresas españolas». Podría ser, tal y como acusaba José Manuel González Paramo, que las agencias de rating hayan sido procíclicas y tardías en su análisis a la hora de valorar algunos activos. El hecho es que una crisis global con unos incorrectos modelos de valoración de activos ha terminado por producir un desorden en el estallido de las burbujas así creadas y para curar esa enfermedad, los mercados están exigiendo una misma terapia que consiste en «que parte del ajuste pasa por reducir los gastos en pensiones (simplemente aumentando en dos años la edad de jubilación), y recortar los gastos sanitarios. Además sugiere recortes en salarios públicos, gasto social, subsidios a los combustibles y menos gasto militar. Además de una decidida lucha contra la evasión fiscal, el FMI apuntó que hay impuestos indirectos que podrían ajustarse al alza». Por eso, el consenso político sirve para reducir el riesgo porque un acuerdo entre el Gobierno y la Oposición ayuda a minimizar la lucha de intereses de los afectados por el daño y los beneficiados por él. El periodista Federico Castaño reflexiona sobre el acuerdo político que permitiría que mañana se llevase a cabo la aprobación en el Congreso del Plan de ajuste que propone el Gobierno y por eso el viaje del FMI a España, para comprobar si el Pacto de Estado es verosímil.

    La amenaza de los mercados sobre el euro ha obligado a que la UE haya advertido que buena parte de los programas de estabilidad de los Gobiernos hubiesen pecado de optimismo y que haya tenido que priorizar el ajuste fiscal en detrimento del crecimiento. Es más o menos lo que tenía que confesar la ministra Salgado en una reciente entrevista, que afirmaba que se hacía este recorte porque no había otra alternativa. Esa rebaja en el crecimiento ha tenido que ser aceptada a regañadientes por el Gobierno, que ha confesado en Bruselas su intención de revisar a la baja en «unas décimas» su dato de crecimiento establecido en unos Presupuestos 2011 que inician ahora su negociación parlamentaria, mediante la discusión del Techo de Gasto. Y además el Servicio de Estudios del BBVA acaba de publicar el crecimiento en 2011, siendo éste del 1 %. Mala cosa es tener que admitir una temprana revisión de las previsiones de gastos e ingresos, sobre todo a efectos del gasto público de ayuntamientos y autonomías, a los cuales ¿quién les va a pedir, de manera condicionada, el recorte del salario de funcionarios?

    Y como ya hemos llegado ya a los políticos disfrazándose de una ideología que no les corresponde. Por ejemplo, Cospedal diciendo que «el PP es un partido de los trabajadores». Ahora los políticos comienzan ya a vestirse de defensores del gasto o de la subida de impuestos. El canje no solamente se refiere al modo del ajuste, porque también están las cláusulas de la enmienda antiblindaje de los Consejos de Administración de toda clase de empresa española. El PSOE se ve con apoyos suficientes para aprobar el Real Decreto que aprobará mañana el Gobierno; ¡imaginen el fracaso si no lo consigue! El maquiavélico Durán juega con su abstención y Ridao exige ahorrar 5.500 millones eliminando 4 ministerio.

    Ya verán cómo en la autonomías se generalice el mismo debate político sobre la política económica de ajuste. La Generalitat Order recortará en escuelas y hospitales mientras que CiU da por imposible zyprexa how much weight gain la negociación de un pacto anticrisis catalán, y el PP catalán pretende que el Parlament vote una propuesta para suprimir 4 conselleries, según un desglose de LA VANGUARDIA (página 14): «El PP catalán pretendía que el Parlament votara en el próximo pleno una propuesta para suprimir cuatro conselleries y ahorrar así en gastos de servicios no básicos 1.500 millones. El PP propone eliminar la Vicepresidència y fusionar Treball con Acció Social; Innovació, Universitats i Empresa con Economia; Medi Ambient con Agricultura y remitir las competencias de vivienda a Política Territorial. También plantea reducir las entidades autónomas en un 25%. La propuesta tendrá que esperar».

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    El coitus interruptus de Zapatero con las pensiones públicas ha abortado el proyecto de reforma y algo semejante sucederá con la mesa del diálogo social que se celebra mañana para consensuar el modelo austriaco de contrato laboral. Imagínense cómo van a estar los sindicatos en esa reunión cuando hayan leído en la prensa que «Trabajo estudia eliminar en agosto la renta de 426 euros para parados», e imagínense cómo va a estar la CEOE cuando se vea representada por un Ferrán que no puede pagar sus deudas con IATA, AC y Arrecife Hoteles y con la naviera Grimaldi. ¿Se imaginan un interlocutor en la mesa tripartita del pacto social que esté perseguido por un concurso/suspensión de pagos?

    Cuando el Gobierno empleó un minuto para congelar las pensiones, suprimir el cheque bebé y bajar los sueldos a los funcionarios, David Taguas escribió un SMS al presidente que, según un desglose [acompañado de una foto de la pantalla donde se leía el SMS] y que aparecía en PÚBLICO pág 2 del pasado 13 de mayo, decía «Bravo Presidente! Felicidades por tu intervención y por impulsar medidas que son imprescindibles (…)». A partir de entonces, David taguas, en tanto que presidente de Seopan y Ancop, comenzaba a difundir las ventajas que tenía el efecto «arrastre» o efecto demostración de los salarios del sector público sobre los salarios del sector privado. Para ello utilizó un primer artículo bajo el título «Efectos expansivos del ajuste fiscal» y un segundo artículo llamado «Ajuste fiscal y desempleo». En esa tarea de difusión del efecto positivo del plan de ajuste, también ha colaborado Ángel de la Fuente (CSIC) y Escrivá-BBVA.

    Está a punto de llegar el momento de un «Gobierno en la sombra» del PP con la abstención antinatural de los nacionalistas bajo un Pills plan alternativo.

    El verdadero problema que tiene cualquiera de las próximas elecciones son la abstención, el voto nulo y el voto SWING.

    Pills

  • Noticias maquetadas 19.05.2010

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    SOLIDARIDAD Y PROGRESO / JESÚS CALDERA

    La verdadera cooperación al desarrollo Order

    «La Paz no es la ausencia de tensiones, sino la práctica de la Justicia»

    Mahatma Ghandi

    EL 8 DE SEPTIEMBRE de 2000, la Asamblea de la ONU, en un ejercicio de reafirmación en los valores «intemporales y universales» que sirven de cimiento de la propia Carta de Naciones Unidas, resolvió construir «una paz justa y duradera en todo el mundo». Sobre la base del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, los países aprobaron la Declaración del Milenio, la cual establece de manera amplia el concepto de cooperación internacional como piedra angular para resolver los problemas internacionales de raíz económica, social, cultural y/o humanitaria.

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    En la Declaración del Milenio se fijan ocho objetivos conducentes a conseguir en 2015 un mundo más justo: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) universalizar la enseñanza primaria y ampliar la secundaria y superior; 3) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir expresamente el sida, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar el sustento del medio ambiente; y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

    Comparativamente a las cifras del año 2000, alcanzar con éxito los Objetivos del Milenio significaría que, en 2015, 500 millones de personas habrían sido rescatadas de la extrema pobreza, 300 millones de seres humanos no pasarían hambre, 30 millones de niños se salvarían de morir antes de cumplir los 5 años, 2 millones de madres no perderían la vida al dar a luz, 350 millones de personas tendrían garantizado el acceso al agua potable, y centenares de millones más de mujeres y niños tendrían acceso por primera vez a la escuela, lo que incrementaría sus posibilidades de lograr un trabajo digno y emanciparse de yugos familiares y sociales.

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    Quedémonos aquí con el objetivo de lograr una enseñanza universal primaria y una enseñanza superior ampliada, enfocada a fortalecer la capacitación laboral de la persona para aumentar su abanico de posibilidades una vez que accede al mercado laboral. Según Naciones Unidas, la cooperación internacional debe ayudar a los gobiernos locales a mejorar el contenido, la calidad y la pertinencia de los programas de estudio, construyendo escuelas y capacitando a profesores cuando sea necesario, favoreciendo la escolarización de niños y niñas en riesgo de exclusión social, anulando gastos de matriculación y eliminando las discriminaciones por razón de género.

    A mediados de 2007, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo, impulsó la creación de escuelas taller en África Occidental, inicialmente en Mali, Mauritania y Senegal. Después, el programa se ha ampliado a Gambia (está a punto de comenzar una escuela taller de Hostelería), Cabo Verde y Ghana (países donde se inaugurarán a lo largo de 2010) y Guinea Conakry y Guinea Bissau (naciones donde los conflictos internos tienen paralizado el arranque de los proyectos). El propósito: trasladar a África el modelo español de formación teórica y práctica a través de escuelas-taller. Con ayudas en forma de becas y salarios, los jóvenes aprenden un oficio y se cualifican. España contribuye así no sólo a desincentivar la emigración ilegal, sino a fomentar el desarrollo endógeno de estos países, aportando a los jóvenes conocimientos para que, en el día de mañana, puedan crear su propia empresa y ser autosuficientes. Era y es un programa para enseñarles a pescar, no para regalar peces.

    En Senegal en concreto, el programa se ha revelado como un auténtico acierto. España ha puesto en marcha desde entonces cinco escuelas-taller: Turismo, Desarrollo Territorial, Restauración del Patrimonio, Mantenimiento del entorno Urbano y Prácticas Agrícolas, en las que están matriculados 300 alumnos, todos ellos procedentes de familias pobres y en riesgo de exclusión social. Paralelamente, el Gobierno de España financia también el programa FORPEX, que, una vez finalizado, habrá capacitado en el oficio de marinero a 2.000 jóvenes senegaleses, lo que les brindará grandes oportunidades para insertarse en el mercado laboral en flotas de distintas banderas que operan en la zona, así como en los buques de pesca españoles que faenan en terceros países.

    Pese a la crisis económica internacional, el Gobierno de España ha seguido apostando por este tipo de iniciativas, que son la verdadera cooperación al desarrollo.

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    Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación Ideas y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

  • Noticias maquetadas 19.05.2010

    Cheap La IATA podría sumarse al concurso de Marsans

    Sol Meliá también estudia cómo reclamar la deuda al grupo

    BARCELONA – Agencias

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    Los acreedores de Marsans hacen cola. Ante la falta de noticias sobre una posible venta anunciada por el grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, las empresas buscan vías para reclamar la deuda contraída en los últimos meses, ya sea intentando negociar con la compañía o sumándose al concurso de acreedores instado por Grimaldi a finales del mes de abril.

    Ahora le toca a la IATA, que ya le retiró la licencia para vender billetes de avión el pasado 20 de abril ante la falta de garantías para hacer frente al pago a las compañías, y que desde ayer, considera que Viajes Marsans se encuentra en situación de default por haber incumplido con el pago al sistema BSP del importe de las ventas de abril.

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    El grupo de viajes no ha transferido a la IATA el dinero por las ventas de billetes que realizó entre el 1 y el 20 de abril, día en que la IATA le retiró la licencia para realizar tales operaciones. Ante tal situación, la IATA exigirá a Marsans los adeudos a través de las instancias judiciales correspondientes en España, lo que la llevaría a sumarse a las empresas que han instado el concurso de acreedores contra el grupo de Díaz Ferrán y Pascual.

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    La naviera italiana Grimaldi, la cadena hotelera canaria Arrecife Hoteles, AC Hoteles ya han acudido al jugado mercantil de Madrid para reclamar su deuda. El propietario de la sede de Marsans en Madrid, el fondo inmobiliario alemán Union Investment, también ha presentado una demanda de desahucio contra el grupo por una deuda de 4 millones en concepto de alquiler de las oficinas que actualmente ocupa el grupo.

    Por su parte, el grupo hotelero Sol Meliá está analizando cómo reclamar a Marsans la deuda contraída con la cadena hotelera en los últimos meses, aunque fuentes del grupo reconocieron que es «de poca cuantía» en comparación con la que tienen con otro grandes proveedores. Sol Meliá, que tiene parte de la deuda avalada por Marsans, dice que se trata de «cantidades pequeñas, aún así estamos analizando las vías de resarcirlas».

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    No obstante, el importe habría podido ser todavía menor si la cadena hotelera hubiera exigido antes el prepago a Marsans, medida que ha sido aplicada casi enseguida por varios proveedores del grupo. Sol Meliá ha aguantado sin aplicarla más tiempo que otros proveedores porque ha sido socio estratégico de Viajes Marsans que contemplaba ir amortizando la deuda, situación que se cumplió hasta que el grupo de Díaz Ferrán vio agravados sus problemas de liquidez.

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  • Noticias maquetadas 19.05.2010

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    EL ESCENARIO POLITICO ANTE LA CRISIS

    Ridao desafía a Zapatero a ahorrar 5.500 millones quitando 4 ministerios

    La propuesta de ERC consiste en evitar duplicidades con las autonomías http://lechevaletlarobe.com/?p=13139

    BARCELONA – Redacción

    «Presénteme una reducción de ministerios de 4.000 millones de euros y le aseguro que inmediatamente la pondré en marcha». Esta fue la respuesta que ofreció hace una semana en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Joan Ridao, cuando este le planteó la necesidad de reducir el déficit adelgazando la burocracia estatal. Ridao ha hecho los deberes y ha presentado un plan que desafía a Zapatero con «propuesta de reducción del tamaño de la Administración General del Estado» que, según los cálculos de ERC, supondría un ahorro superior a los 5.000 millones de euros (véase cuadro adjunto).

    La novedad de la propuesta es que «distingue entre supresión de ministerios y eliminación de las políticas de gasto, una diferenciación que a menudo no se explicita en este tipo de propuestas, quizás formuladas con menos rigor», en una probable alusión a las propuestas del PP de suprimir varias carteras.

    En este sentido, los republicanos reconocen que «la reducción de los altos cargos y otro personal de designación política, aunque necesaria en términos ejemplificadores, es una medida irrelevante en términos económicos». Así, según el documento de ERC, «el efecto de la supresión total de este tipo de personal sobre el conjunto del presupuesto de gasto del 2010 de los cuatro ministerios cuya supresión se propone significa un ahorro del 0,1%, es decir, 11,4 millones de euros, sobre un total de 11.200 millones de euros».

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    Lo que propone la formación independentista es «una reducción realista pero significativa del gasto estatal». Para ello, ERC reitera su apuesta por «un ajuste de la dimensión económica de la Administración General del Estado coherente con el proceso de reasignación competencial inherente al proceso de descentralización autonómica». Es decir, se trataría de «minimizar el gasto estatal en aquellos ámbitos en los que se produce un mayor contacto con las competencias autonómicas, mediante la supresión de las estructuras políticas y administrativas que las dirigen y el traspaso a las autonomías de una parte de las políticas de gasto vinculadas a la prestación de servicios concretos». Por poner un ejemplo, «la eliminación del Ministerio de Educación no comportaría la reducción de la política de becas que, con un total cercano a los 1.400 millones de euros en el 2010, significa el 44% del conjunto del gasto del ministerio».

    Los ámbitos afectados por el plan de ERC serían «cuatro ministerios completos (Cultura, Educación, Vivienda y Ciencia e Innovación), así como algunos otros programas específicos incluidos en otros ministerios». Y el plan de ahorro incluiría también «la asignación proporcional de algunos gastos de diversos ministerios y la supresión de la vicepresidencia tercera».

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    El análisis de los efectos presupuestarios de la propuesta de ERC «se ha realizado sobre las cifras de los presupuestos generales del Estado para el 2010», excluyendo las empresas públicas, manteniendo «los compromisos de gasto que se derivan de obligaciones jurídicas» y priorizando las «políticas de gasto en materia educativa». Y el resultado de aplicar los criterios de ahorro supone reducir el gasto público presupuestado inicialmente, 23.735 millones de euros, a «16.900, de los cuales 11.400 corresponderían a políticas transferidas a las comunidades autónomas y 5.500 representan ahorros presupuestarios netos».

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