• Noticias maquetadas 13.05.2010

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    Juan Pedro Marín Arrese

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    El presidente del Gobierno ha desgranado en menos de un minuto el severo catálogo del ajuste en el gasto público, tantas veces reclamado. Esta vez va en serio y la cirugía aplicada está a la altura de las circunstancias.

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    Se le podrá reprochar que descartara, sólo hace unos días, introducir recortes adicionales a los ya anunciados, argumentando el efecto depresivo que ejercerían sobre la demanda. O que parezca actuar presionado por sus socios y acuciado por la realidad de un mercado que ha impuesto su dura ley. Pero debe reconocerse que adoptar una batería de medidas tan impopulares como las que afectan a los colectivos de empleados públicos o de pensionistas requiere el coraje que se espera de un responsable político en momentos de crisis.

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    Ya decíamos la pasada semana que la única respuesta para tratar de quebrar las ansias especulativas contra nuestro país consistía en un adelantamiento de las medidas de ajuste. Las esperanzas, largo tiempo abrigadas, de emprender una pausada senda de reducción gradual del déficit no resistieron el embate de los mercados. Lo que importa ahora es determinar si la anticipación inducida por el paquete anunciado nos sitúa definitivamente a salvo de las aguas turbulentas.

    Así debería ocurrir si el plan se cumple y nos situamos pronto en un nivel de

    déficit en torno al 6%, poniendo bajo control la expansión de la deuda pública.

    El remedio se ha practicado en capítulos concretos perfectamente identificados y susceptibles de una cuantificación precisa. Nada que ver con la vaga formulación del paquete de finales de enero, fijado en términos de reducción global de epígrafes tales como las transferencias, auténtico cajón de sastre que encierra desde subvenciones de dudosa eficacia hasta los fondos con que se nutre la Agencia Tributaria. Con tales mimbres, no es de extrañar que todavía esté pendiente de ejecución.

    Es pronto para determinar con exactitud el montante concreto del ahorro. A primera vista, da la impresión que los recortes estatales (unos 10.000 millones, contando con la reducción salarial en la Administración Central), deberán completarse con rebajas adicionales en el gasto autonómico y local para alcanzar la masa crítica necesaria. Llegados a este punto, es cuando se echa de menos la existencia de instrumentos de disciplina en el déficit de las entidades territoriales y, de más, la excesiva gravitación que sobre las cuentas del Estado ejerce la ingente traslación de recursos operada con motivo del cambio en el modelo de financiación autonómica.

    ¿Bastará este ajuste para alejar definitivamente el fantasma de un ataque especulativo? A ciencia cierta nadie puede predecirlo pues, en gran medida, nuestro sino dependerá del margen otorgado por el colosal fondo europeo de rescate. Por si acaso, resulta esencial no bajar la guardia y ejecutar puntualmente lo prometido, pues toda falta de decisión se pagaría muy cara y al contado.

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    Como lo es también diseñar medidas adicionales por el lado de los ingresos fiscales, al antojarse los márgenes de actuación en el gasto cada vez más estrechos. El impacto del paquete sobre nuestra economía, en principio neutral al compensar la mejora en las expectativas el ligero efecto depresivo sobre la demanda, carece de relevancia en estos momentos. No existía alternativa a la exigencia de actuar. No hacerlo hubiera conducido a pagar un peaje infinitamente mayor para evitar una catástrofe segura. Hemos dado un paso decisivo para salvarnos, aunque debemos perseverar en el empeño.

    Economista

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