• Noticias maquetadas 12.05.2010

    online Purchase Cheap Las autonomías, atadas por el gasto en sanidad o educación, rechazan pagar la factura

    Mirar hacia otra parte

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    EDUARDO MAGALLÓN – Barcelona

    Las comunidades autónomas tienen poco margen de maniobra para reducir sus gastos, tal y como ha insinuado el Gobierno español que pretende hacer en su nuevo plan de ajuste. Aunque las comunidades han obtenido la gestión de una serie de competencias que han elevado el volumen de sus presupuestos, no es menos cierto que la mayor parte de esos recursos van asignados directamente a financiar los grandes servicios esenciales. Se trata de partidas como la sanidad o la educación, en las que resulta complicado aplicar la tijera presupuestaria. En algunas comunidades como Catalunya, esas competencias incluyen también la seguridad ciudadana. Por lo tanto, en la mayoría de los casos son recursos que prácticamente están preasignados a determinados actividades imprescindibles para dar servicio a la ciudadanía.

    Oficialmente, en los presupuestos del Estado para el 2010 se destaca que, como consecuencia del proceso de descentralización, «en España la mitad del gasto público es gestionado por comunidades autónomas y corporaciones locales, mientras que la Administración general del Estado apenas llega al 20% del gasto total».

    La matización necesaria que realizar es que cada nivel de la administración gestiona un diferente tipo de gasto. En el caso de Catalunya, por ejemplo, sólo las partidas de salud y educación se llevan 44 de cada 100 euros que gasta la Generalitat. Si se le añade la protección social, la justicia y la seguridad ciudadana – actividades de las que parece difícil recortar su dotación-,se alcanza la mitad del gasto. En el caso de Catalunya debe sumarse el coste de la policía autonómica, lo que se considera también un servicio esencial. En realidad, buena parte del dinero está destinado a partidas finalistas, puesto que nos se pueden reducir. La teoría es que el sueldo de médicos, profesores o policías debe pagarse obligatoriamente,

    No obstante, la Generalitat y otras comunidades están dispuestas a realizar los esfuerzos necesarios para recortar el gasto ya que puede haber posibilidades de racionalizar el gasto. Ayer mismo, el conseller de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, precisó que los recortes de gastos se centrarán en las inversiones y en los capítulos 1 y2de los presupuestos. Estos capítulos son los que hacen referencia a los gastos de personal y a los gastos de bienes corrientes y servicios. En los presupuestos del Estado de este año, esas dos partidas representaron el 50,6% del total.

    No en vano, los gastos corrientes de una administración como la catalana se llevan tres cuartas partes del presupuesto. El resto es inversiones (13% del total) y pago de la deuda (11%). Desde Baleares, el presidente autonómico, Francesc Antich, dijo que «todos somos Estado» yel Gobierno contará con la «solidaridad de todas las comunidades autónomas». No obstante, recordó que su gobierno ya ha aplicado recorte de gastos corrientes igual como lo han hecho otras comunidades. La Generalitat, además de aplicar la tijera, ha creado un grupo de trabajo para que identifique aquellos ámbitos en los que se podría eliminar estructura para un momento de crisis.

    La diferenciación entre las diferentes administraciones se aprecia también en la composición del déficit público del Estado. En el 2009, el conjunto del Estado gastó más de lo que ingresó: concretamente el equivalente al 11,4% del PIB (producto interior bruto), según las última estimaciones. Al descomponer ese déficit se comprueba como el 9,5% proviene del desfase presupuestario del Estado central, un 2,2% de las comunidades autónomas y un 0,5% de las entidades locales (fundamentalmente ayuntamientos). Esas cifras deben corregirse al alza gracias al superávit de la Seguridad Social, ya que ingresó más de lo que gastó en el ejercicio 2009: exactamente el equivalente a un 0,8% del PIB.

    Por otro lado, la Generalitat se ha apresurado a precisar que aunque se recorte el paquete de inversiones en infraestructuras es necesario que se respeten los porcentajes pactados en el Estatut d´Autonomia: un 18,8% del total. Otras comunidades como la andaluza cuentan también con cláusulas particulares para garantizarse una parte sustancial del pastel de inversiones.

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