• Noticias maquetadas 12.05.2010

    Garzón pide irse al Tribunal Penal Internacional para evitar la suspensión

    El juez sería adjunto al fiscal del Tribunal de La Haya durante siete meses

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    JOSÉ MARÍA BRUNET – Madrid

    El juez Garzón ha decidido abrir un paréntesis. Se va por un periodo de siete meses al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya. No huye de la quema, pero tampoco se queda a esperar que caiga la cuchilla de la guillotina. Cualquier día, quizás hoy mismo, el magistrado Luciano Varela, instructor de la querella que se tramita contra Garzón en el Tribunal Supremo (TS), podría decidir la apertura del juicio oral, y el juez de la Audiencia Nacional sería suspendido. Con el paso que dio ayer al pedir su incorporación al TPI, Garzón evitaría ese primer hachazo, aunque el proceso sigue, y tendrá que sentarse en el banquillo si el Supremo así lo acuerda.

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    Garzón formuló su solicitud ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya comisión permanente celebra hoy su habitual reunión semanal, en la que probablemente le dará luz verde. Para el Consejo, también es un respiro. Garzón tiene amigos en el órgano de gobierno de la justicia. Y enemigos. Unos y otros llevan meses compitiendo, unos para carbonizar al juez y otros para ponerle a salvo. Con su marcha, de momento, el forcejeo queda en tablas.

    Garzón será sustituido de momento por el también juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Pero es una medida provisional. La plaza tiene que salir ahora a concurso, para que la desempeñe un sustituto en comisión de servicios todo el tiempo que haga falta. Garzón no pierde el puesto, y puede volver cuando quiera. Hay precedentes. El titular del juzgado central número 6, Manuel García Castellón, está en excedencia desde hace años. Le sustituyó el juez Juan del Olmo, luego instructor del sumario sobre la masacre del 11-M, y ahora Eloy Velasco, que investiga entre la relación entre ETA y las FARC. El nuevo titular del juzgado de Garzón tendrá que hacerse cargo del caso Faisán, sobre el supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA, y el asunto Pretoria, sobre presunta corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet, entre otros casos.

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    En el TPI, Garzón se va a dedicar a la labor que le ha dado mayor proyección, sobre todo fuera de España, la investigación de supuestos casos de crímenes de lesa humanidad. Le invitó a incorporarse a esa instancia el fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, quien aludió a su experiencia en materia de justicia internacional. De hecho, Garzón llevaba largo tiempo escuchando ese y otros supuestos cantos de sirena.

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    El Gobierno, ya le ofreció varias salidas en ese mismo ámbito, como magistrado de enlace con países de Latinoamérica. El juez lo pensó, pero no quería abandonar la Audiencia ni dar la sensación de que salía corriendo después de que se aceptaran tres querellas en su contra. Y tampoco quería perder la plaza en la Audiencia Nacional. Ahora, Exteriores tendrá que informar favorablemente su marcha al TPI.

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    Muchos de los juristas amigos de Garzón le han aconsejado que acepte abrir este paréntesis, con la esperanza de que mejore el clima en su entorno, aunque es difícil que escampe del todo. Es cierto, sin embargo, que el Supremo se ha visto sorprendido por el eco que la defensa de Garzón ha tenido dentro y fuera de España. Muchos de sus magistrados tampoco están cómodos en este ambiente de enfrentamiento social, aunque la Sala Penal del Supremo se ha caracterizado por su determinación y unidad interna a la hora de aceptar las tres querellas contra Garzón. Estos procesos se deben a la investigación sobre la represión franquista, al cobro de más 300.000 dólares en cursos pagados por el Banco de Santander – a cuyo presidente, Emilio Botín, le archivó luego unas diligencias-y a las escuchas de conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus abogados.

    En paralelo a la solicitud del juez para incorporarse al TPI, la defensa de Garzón presentó ayer un escrito ante el Supremo en el que alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al ser rechazada la recusación contra el magistrado Luciano Varela. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, estima que el TS debió indagar mínimamente si Varela está siendo imparcial al frente del caso, sobre todo porque promovió que Falange Española y Manos Limpias intentaran un segundo escrito de acusación contra el juez. La iniciativa anuncia, de hecho, la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) al final de este proceso.

    Las asociaciones de jueces subrayaron ayer la legitimidad del camino que ha tomado Garzón. El presidente de la Audiencia, ÁngelJuanes, estimó que el juez no se va «empujado por las circunstancias», sino porque «le gusta el TPI». Las asociaciones de la memoria histórica recibieron la marcha del juez al TPI como la constatación de que ha tenido que «exiliarse» al verse atacado y perseguido.

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