• Noticias maquetadas 12.05.2010

    X. BORRAS / G.PEÑALOSA

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    Valencia

    Hacienda ve indicios de financiación ilegal en el PP de Camps Order

    El Supremo decide hoy el futuro político de Francisco Camps y éste optó ayer por colocarse de perfil para resistir «pase lo que pase». Su estrategia se complicó por la tarde, al conocerse otro informe de la Agencia Tributaria que confirmaría los indicios de financiación ilegal del PP valenciano. Según la investigación, el PP ocultó gastos de la campaña de 2007 por 2,5 millones. Sigue en página 12

    En el día en que los cinco jueces del Tribunal Supremo deben decidir si devuelven a Valencia el caso de presunto cohecho impropio contra Francisco Camps y otros tres altos cargos para que prosiga la investigación, la sombra de una posible financiación irregular del PP valenciano se hace más alargada.

    El documento de la Agencia Tributaria conocido ayer, que lleva fecha del 6 de mayo, analiza la contabilidad de Orange Market y extrae conclusiones demoledoras sobre los gastos electorales de la campaña del PP de la Comunidad Valenciana en 2007. Fruto de estos trabajos, concluye, el PP pudo defraudar a Hacienda 2,5 millones.

    El informe aportado al magistrado instructor es la radiografía con la que los inspectores de la Agencia Tributaria desarrollan el informe previo de la Unidad de Blanqueo de la Policía el 27 de julio.

    Este nuevo documento revela que en 2007 Orange Market facturó con el PP de Valencia y con la Generalitat Valenciana más servicios de los que declaró. Durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pero también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando el cobro recibido por ellos».

    «El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana», asegura la Agencia Tributaria, que agrega que esos cobros en B se obtuvieron «en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007».

    El informe recoge que Orange Market recibió en 2007 un total de 3,3 millones por los actos electorales del PPCV e indica que 2,8 fueron en B y el resto en A. La empresa de El Bigotes, según el mismo documento, recibió en 2007, también en dinero negro, 200.000 euros de una persona llamada El príncipe, mientras que también recibió 199.000 euros de alguien conocido como El cantante.

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    Según la documentación, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat Valenciana y a organismos dependientes de ésta. Aparte se cita a empresas como Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A., Constructora Hormigones Martínez S.A., Luis Batalla S.A., Padelsa Infraestructuras S.A., Piaf S.L. y otras que contribuyeron a sufragar parte de los gastos de la campaña.

    «De la documentación incautada en la sede de Orange Market se deduce que los servicios prestados al primer bloque de clientes son bastante superiores a los declarados contable y fiscalmente, y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados al tercer bloque pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente del primer bloque», añade Hacienda.

    El informe, asimismo, analiza la relación de los ingresos que pudo ocultar Orange Market con los gastos del PPCV derivados de las dos citas electorales. La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido (en los casos en los que Orange Market emitió factura), una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros». «La opacidad con la que se entregan las cantidades a Orange Market para el pago de los gastos de la campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes; por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas de terceros», afirman.

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    La Agencia Tributaria también constata que Orange Market disponía de una contabilidad B que alimentaba a la trama corrupta con sede en Madrid. La Policía ya señaló en su informe que parte del dinero se destinaba a pagar sobornos a cargos del PP con capacidad para adjudicar contratos. Y Hacienda da una cifra: 1,8 millones de euros.

    El informe agrega que «la aplicación de los principios contables más básicos» obligaba al PPCV «a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones recibidas, y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación».

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    Hacienda recuerda que la ley no permite compensar un ingreso con un gasto sin reflejarlo en las cuentas y subraya que «ése es el fin de la contabilidad, dar información a la propia empresa y a terceros de la situación financiera de la entidad, pero también de la corriente real de bienes y servicios que circulan por ella».

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